Ataque aéreo contra la escuela de niñas en Irán constituye un delito grave y el colapso de la protección civil

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Los equipos de rescate de la Media Luna Roja iraní, junto con ciudadanos locales, están trabajando para sacar a las víctimas de los escombros de una escuela destruida en un ataque aéreo entre Estados Unidos e Israel en la provincia de Hormozgan. Sábado 28 de febrero de 2026. (Creciente Roja Iraní/UPI)

El bombardeo de una escuela primaria para niñas en el sur de Irán, que resultó en el asesinato de 148 estudiantes y la lesión de docenas más, es profundamente reprobable. Este trágico evento es uno de los ataques más severos contra una institución educativa civil en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ataque aéreo contra la escuela de niñas en Irán, que mató a decenas de estudiantes, constituye un delito grave y el colapso de la protección civil

Euro-Med Human Rights Monitor revisó la información preliminar sobre el ataque del sábado 28 de febrero por la mañana, dirigido a una escuela primaria para niñas en Minab, provincia de Hormozgan, que tenía 170 estudiantes más personal. El ataque causó la muerte de 148 estudiantes y decenas de heridos.

Las imágenes de video circulantes muestran una extensa destrucción del edificio de la escuela, lo que refuerza las fuertes indicaciones de que el ataque golpeó un centro educativo civil protegido por el derecho internacional humanitario. Las acusaciones sobre la presencia de instalaciones militares en otras partes de la provincia de Hormozgan no alteran el carácter civil de la escuela ni justifican su ataque. La obligación de verificar la naturaleza del objetivo y de tomar todas las precauciones posibles antes y durante un ataque sigue siendo contraria a la parte atacante sin excepción.

Incluir instalaciones educativas en el ámbito de las hostilidades, ya sea dirigiéndolas directamente o exponiéndolas al riesgo de ataque, refleja una grave erosión del respeto de las normas que protegen a los civiles

Las escuelas son objetos civiles protegidos, y los estudiantes y el personal docente son civiles protegidos. Cualquier ataque deliberado contra una escuela o contra civiles, así como cualquier ataque indiscriminado o desproporcionado que viole los principios de distinción y proporcionalidad, constituye una violación grave y puede equivaler a un crimen de guerra cuando se establece la intención de atacar la escuela o cuando el ataque es indiscriminado o desproporcionado.

Incluir instalaciones educativas en el ámbito de las hostilidades, ya sea dirigiéndolas directamente o exponiéndolas al riesgo de ataque, refleja una grave erosión del respeto de las normas que protegen a los civiles. Socava el régimen básico de protección establecido en virtud del derecho internacional humanitario para civiles y objetos civiles. Los ataques a las escuelas resultan no solo en muertes y lesiones inmediatas, sino también en la interrupción de la educación, la erosión del sentido de seguridad de los niños y la imposición de miedo y traumas colectivos, lo que afecta directamente los derechos a la vida, la educación y la seguridad personal.

Todas las partes deben evitar que los civiles, en particular los niños, se adhieran a las hostilidades, se abstengan de los ataques dirigidos contra reuniones civiles u objetos civiles y garanticen el respeto de la protección especial que se ofrece a las escuelas y otros servicios educativos. También deben abstenerse de utilizar armas prohibidas o cualquier medio de guerra que sea inherentemente indiscriminado, cuyos efectos no puedan ser limitados, o que causen daños excesivos contrarios a los requisitos del derecho internacional humanitario.

Euro-Med Monitor subraya la necesidad de un estricto cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario, sobre todo el principio de distinción, la prohibición de los ataques indiscriminados, el principio de proporcionalidad y el deber de tomar todas las precauciones posibles antes y durante los ataques para evitar o minimizar el daño civil en la mayor medida posible. Esto implica verificar el objetivo, elegir métodos que minimicen el daño civil y detener un ataque si corre el riesgo de ser desproporcionado o afectar a los objetos civiles. Además, siempre que sea posible se deben dar advertencias efectivas.

El ataque militar contra Irán constituye un acto de agresión y viola la Carta de la ONU, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Las excepciones a esta prohibición sólo existen en dos circunstancias: la autorización explícita del Consejo de Seguridad, o la legítima legítima defensa en virtud del artículo 51, que requiere un ataque armado real como condición previa y permite el uso de la fuerza sólo en la medida necesaria y proporcionada, con la presentación inmediata de informes al Consejo de Seguridad.

Enmarcar esta agresión como un “ataque preventivo” o “autodefensa preventiva” no tiene base en la Carta de la ONU. El derecho internacional no permite el uso de la fuerza por motivos especulativos o anticipatorios. La normalización de ese razonamiento socava los fundamentos del orden jurídico internacional, que se basa en la soberanía del Estado y la solución pacífica de controversias, sustituyendo el estado de derecho por la coerción militar y aumentando así el riesgo de escalada y daño a civiles y objetos civiles.

Se debe iniciar una investigación internacional independiente e imparcial sobre el atentado escolar de Minab. Debe recopilar y preservar urgentemente pruebas, verificar el tipo de municiones utilizadas, identificar a la parte responsable, examinar la cadena de mando y las decisiones de orientación, y evaluar el cumplimiento de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.

Euro-Med Monitor pide establecer la responsabilidad individual y de mando y garantizar la rendición de cuentas de cualquier persona que haya planeado, ordenado, ejecutado, asistido o encubierto violaciones, de conformidad con las normas que rigen la responsabilidad penal por delitos graves.

Todas las partes deben poner fin de inmediato a cualquier ataque que afecte a civiles u objetos civiles, evitar la realización de hostilidades cerca de las escuelas y las instalaciones esenciales, y adoptar medidas concretas para evitar que se repitan esos incidentes. Estas medidas deberían incluir la emisión de órdenes operativas claras para proteger a los civiles, el fortalecimiento de la supervisión y la revisión previa de las decisiones de focalización, la garantía de un acceso sin trabas para los equipos médicos y de rescate, y la prestación de apoyo y atención a las víctimas y sus familias de manera que se salvaguarde la vida de los niños y se mantengan su dignidad y sus derechos fundamentales.

Euro-Med Human Rights Monitor es una organización independiente con sede en Ginebra con oficinas regionales en la región de MENA y Europa.

Fuente:  Euro-Med Human Rights Monitor

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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Créditos: Foto OACNUDH

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