Bloquean demanda de comunidad contra minera suiza; denuncian contaminación y crisis sanitaria

Entre mayo de 2025 y este marzo, el Juzgado Civil de Espinar reprogramó cinco veces la audiencia de la acción constitucional interpuesta por los comuneros contra la compañía cuprífera Antapaccay, una de las principales productoras de concentrado de cobre del país. La última audiencia fue cancelada el 10 de marzo y reprogramada para el próximo 8 de abril.

En tres ocasiones, el motivo de suspensión de la audiencia argumentado por la sala judicial fue que no se pudo notificar a algunas de las instituciones estatales demandadas, al no encontrarse su domicilio legal.

“Al extender el tiempo, se le permite a la empresa ver formas de responder, tomar medidas para argumentar que sí atienden las afectaciones determinadas en estudios. No se busca reparar derechos vulnerados, sino desestimar responsabilidades. Hay una campaña abierta para desconocer los resultados de los estudios”, declaró a Avispa Mídia la politóloga Karina Castro, integrante de  CooperaAcción. 

El impacto ambiental de la mina a tajo abierto Antapaccay en la provincia cusqueña Espinar ha sido señalado por instituciones públicas. En noviembre de 2025, el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA)  sancionó a la empresa con una multa de 1,6 millones de dólares, debido a que excede los límites permitidos de emisiones de material particulado PM10. Los metales pesados contenidos en estas partículas microscópicas son un grave riesgo para la salud porque penetran profundamente en el sistema respiratorio. 

La demanda de la comunidad Huisa, en la que también participa la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar, incluye a los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Salud; a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Los vínculos entre la empresa y el Estado se manifiestan en la posición del propio Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “En una reunión con la Plataforma de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, el año pasado, funcionarios del OEFA les dijeron que su responsabilidad es apoyar que las actividades extractivas se desarrollen en el país, que era una prioridad y no iban a dificultarlas”, relata la especialista en conflictos mineros. 

Las afectaciones socioambientales en Espinar llevan cuatro décadas, desde la entrada en actividad de la mina Tintaya, predecesora de Antapaccay. Glencore adquirió el yacimiento a la también suiza Xstrata en 2012.

Meses antes de la transacción, cuatro comuneros fueron asesinados y cerca de un centenar heridos por la policía en protestas contra las operaciones de Xstrata. 

Contaminación comprobada

En esta provincia andina hay una crisis de salud pública causada por la megaminería. Según la Dirección Regional de Salud de Cusco y la  Red de Salud Canas Canchis Espinar, el 58% de la población de Espinar presenta en la sangre altos niveles de arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que el arsénico en sus formas inorgánicas es un carcinogénico comprobado tipo I y lo asocia con diversos tipos de cáncer, al igual que el cadmio. 

De acuerdo a una variedad de estudios, la actividad de Antapaccay afecta, además del aire, fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como los suelos, al ganado, la fauna silvestre y la flora. La causalidad, negada por la empresa y el Estado, se sostiene sobre evidencias desde el año 2010. 

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) demostró que el agua que consume la población de Espinar contiene mercurio y arsénico. Puntualmente, las comunidades Huisa y Alto Huancané están expuestas a altos niveles de metales pesados. 

“Más del 80% de la población está expuesta a metales pesados. Crecen la cantidad de niños con problemas de desarrollo relacionados con la exposición prolongada al plomo y los casos de cáncer; la tasa de enfermedades es alta. El impacto en su sustento económico es severo, la actividad agropecuaria casi desapareció, ya no les compran sus quesos, su leche porque su ganado se alimenta de pastos contaminados, y la población no tiene más opción que consumir estos productos. La crianza de truchas no funciona porque los peces se mueren”, indica la representante de la organización de justicia ambiental. 

Informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realizados entre 2022 y 2023, determinan que los efluentes de la zona de beneficio incumplen la norma de calidad de agua para irrigación y uso ganadero. Asimismo, que los lixiviados de botaderos y depósitos de relaves afectan aguas superficiales y subterráneas.

Estos resultados fueron respaldados por un especialista internacional, el experto en química Bernhard Wehrli, profesor del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, quien recomendó una actualización urgente de las evaluaciones de impacto sobre la salud. 

En el estudio  Glencore en el Perú, de Oxfam y CooperAcción, se recogen testimonios de habitantes de Espinar acerca de incidencias de muertes por cáncer y nacimientos de personas con discapacidades. 

En este panorama de expectativas de formas de justicia y necesidades de asistencia médica, se generan tensiones entre las comunidades incluidas en el área de influencia y las que no lo están. Ante la destrucción de la dinámica económica tradicional, hay familias cuyos ingresos dependen de la mina, lo que marca más diferencias en el entorno comunitario. 

Demanda de potencias

Antapaccay, considerada entre los principales activos de Glencore en Sudamérica, produce alrededor de 150.000 toneladas de concentrado de cobre al año. La extensión proyectada de su área hasta el año 2022 era de 20 mil hectáreas, con reservas de oro y plata.

A través del proyecto Coroccohuayco, el grupo suizo planea duplicar su producción de cobre en Espinar a 300.000 toneladas anuales, para lo que tendría que sumar 20 mil hectáreas a la zona de sacrificio de Espinar. Así, Glencore se propone extender la vida útil de Antapaccay —cuya productividad actualmente se estima hasta el año 2034— durante otras dos décadas. Esto implica la desaparición de 85% de la comunidad Pacopata, de acuerdo al informe Glencore en el Perú. 

Las organizaciones en los territorios advierten negociaciones irregulares por parte de la compañía e información imprecisa sobre las dimensiones de Coroccohuayco, que aún no ha pasado por consulta previa. 

Además, en diciembre de 2025 Glencore adquirió el proyecto de extracción de cobre Quechua, también a tajo abierto y en la provincia de Espinar. 

La transnacional se expande en el cinturón cuprífero de la Cordillera de los Andes, en el contexto del aumento de la demanda de cobre —del que el Perú es segundo productor mundial— por parte de las dos potencias globales, China y Estados Unidos. 

En enero, el país suscribió con Estados Unidos un memorándum de entendimiento para  acelerar la extracción de minerales considerados críticos por Washington, requeridos por la industria militar y tecnológica. 

“Vemos un ejercicio de poder de las empresas sobre el Estado, el intento de reducir, desaparecer la estructura de protección ambiental. Presumimos que se incrementarán las presiones, con el fondo de la transición a energías renovables promovida por China, con Estados Unidos como un actor más inescrupuloso. Es una tendencia que vemos que va a incrementarse y traerá más impactos, principalmente a las mujeres”, concluye la politóloga. 

El poder de Glencore en el Perú incluye la participación del 33% en Antamina (región Áncash), uno de los mayores complejos polimetálicos del mundo. 

La alta rentabilidad, las nulas responsabilidades y la escasa inversión de la industria minera en el Perú, más allá de sus costos de operaciones, anticipa, para los especialistas, un crecimiento incluso más agresivo de las zonas de sacrificio, este sí realmente crítico para la existencia de poblaciones campesinas de los Andes. 

Fuente: Avispa Midia