Bolivia Bloqueada

Seis sectores mantienen bloqueado el país y crece el rechazo al Gobierno de Rodrigo Paz

Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas, sociales y económicas de los últimos años. A seis meses de la llegada de Rodrigo Paz al Gobierno, el país permanece prácticamente paralizado por una ola de protestas, bloqueos y movilizaciones que ya involucran al menos a seis grandes sectores sociales y productivos, mientras aumentan los pedidos de renuncia contra el mandatario.

Las carreteras que conectan La Paz, Cochabamba, Oruro y las rutas hacia Chile y Perú continúan bloqueadas en más de 25 puntos estratégicos. Miles de camiones permanecen detenidos desde hace una semana, generando desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, además de millonarias pérdidas económicas.

Según la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), más de 5.000 camiones de alto tonelaje están atrapados en las rutas nacionales. El dirigente Álvaro Ayllón denunció que los conductores ya enfrentan problemas de salud por falta de agua, comida e insumos básicos, mientras el sector pierde alrededor de 5 millones de bolivianos diarios.

En el día de la fecha se vivió una intensa jornada de represión hacia los sectores movilizados:

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Los cinco sectores que mantienen paralizado al país

La presión sobre el Gobierno proviene de distintos sectores que lograron coordinar protestas y bloqueos en todo el territorio:

–La Central Obrera Boliviana (COB) exige aumentos salariales y rechaza el cierre o privatización de empresas estatales.

–Campesinos del Altiplano mantienen bloqueos en rutas hacia Perú y Chile y amenazan con cercar La Paz.

–Transportistas y gremios del transporte pesado denuncian pérdidas millonarias y el colapso logístico nacional.

–Maestros rurales y trabajadores de la educación protagonizan movilizaciones en La Paz y denuncian represión policial.

–Sectores indígenas, campesinos y vinculados al “evismo” marchan contra las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo y exigen la salida de Paz.

–Campesinos e indígenas de las tierras bajas mantienen una movilización de más de un mes contra la Ley 1720, denunciando que la norma pone en riesgo sus territorios, favorece la mercantilización de la tierra y vulnera derechos colectivos conquistados históricamente. Las organizaciones exigen participación directa en el tratamiento de las reformas y advierten que continuarán las marchas y bloqueos hasta garantizar la abrogación definitiva de la ley y el respeto a sus territorios.

En las calles de La Paz la tensión es permanente. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, gasificaciones y personas heridas. “Qué muera este Gobierno hambreador”, gritaban manifestantes durante las marchas de maestros rurales frente a edificios públicos.

La Ley 1720 y el reclamo indígena y campesino

Uno de los principales detonantes de la crisis fue la aprobación de la denominada Ley 1720, cuestionada por organizaciones indígenas y campesinas que denunciaban que la norma abría las puertas a la mercantilización de la tierra y ponía en riesgo los territorios comunitarios.

Durante más de 20 días, marchistas indígenas y campesinos caminaron hacia La Paz dejando atrás a sus familias y comunidades para exigir la anulación de la ley. “Nos quieren tomar por tontos a los campesinos, a los indígenas y a los más humildes. Estamos haciendo respetar nuestra dignidad y nuestros derechos”, señalaron dirigentes movilizados durante las protestas.

La presión social obligó finalmente al Gobierno a retroceder y anunciar la abrogación de la Ley 1720, en un intento por reducir la conflictividad. Sin embargo, pese a la derogación, los bloqueos y movilizaciones continúan porque varios sectores consideran que la medida llegó tarde y que persisten otros problemas estructurales.

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, pidió abrir un diálogo inmediato para evitar una mayor escalada de violencia y restablecer la normalidad en el departamento.

Diversos sectores denuncian que desde la llegada de Rodrigo Paz al poder aumentó la violencia política y la conflictividad social. La detención del expresidente Luis Arce profundizó la polarización y provocó nuevas movilizaciones de sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS), que acusan al Gobierno de persecución política y criminalización de la protesta.

A esto se suma el creciente malestar por la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida. Organizaciones sociales denuncian que el combustible importado por el Gobierno presentaba baja calidad y habría provocado daños en vehículos y maquinaria, aumentando el enojo entre transportistas y productores.

El desabastecimiento sigue golpeando distintas regiones del país. Persisten las largas filas para conseguir combustible y aumentan los precios de alimentos y productos básicos. El turismo también atraviesa pérdidas millonarias debido a la cancelación de viajes y el bloqueo de rutas internacionales.

El Gobierno sostiene que intenta estabilizar la economía mediante un paquete de reformas en hidrocarburos, minería y energía, además de cambios constitucionales. Sin embargo, los sectores movilizados consideran que las medidas profundizan la crisis y benefician intereses privados.

Mientras algunos dirigentes sociales cercanos al oficialismo denuncian intentos de desestabilización política, otros aseguran que el Ejecutivo perdió legitimidad y capacidad de diálogo.

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Con la capital bajo amenaza de cerco, más de 25 cortes de ruta activos y una economía cada vez más golpeada, Bolivia enfrenta horas decisivas en medio de una crisis que ya combina conflictividad social, recesión económica y una creciente disputa por el poder político.

Fuente:  huelladelsur.ar