Colonialismo verde, el despojo detrás de la transición energética en el sur de Honduras

Los proyectos fotovoltaicos en el sur de Honduras fueron vendidos a las comunidades como proyectos de desarrollo, en cambio llevaron deforestación, desplazamiento, pérdidas de tierras productivas y fuentes de agua, incremento de la temperatura y conflictos socioambientales, detalla el informe “El lado oscuro de la transición energética. Colonialismo verde en el Sur de Honduras”. 

El caso de estudio son los proyectos fotovoltaicos de Los Prados, propiedad de las empresas noruegas Scatec, Norfund y KLP Norfund Investments, ubicados en Namasigüe, Choluteca. En 2023, estas compañías promovieron dos demandas de arbitraje contra el Estado de Honduras por USD 200 millones cada una, mientras diez defensores continúan bajo persecución penal desde hace ocho años. 

Presentado por el Institute for Policy Studies (IPS), Transnational Institute (TI), Terra Justa, el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVida), la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos y Cáritas Honduras, el informe profundiza en cómo la emergencia climática es utilizada para justificar proyectos de inversión transnacional que repiten patrones coloniales de despojo. Además, expone cómo estos proyectos se sostienen mediante marcos legales que castigan a los Estados cuando defienden el interés público o recurren a la institucionalidad estatal para reprimir y criminalizar a quienes se oponen.

Durante el evento también participaron integrantes de las comunidades afectadas. Entre ellas, Anselma Escobar, residente de Costa Azul, en Namasigüe, Choluteca, quien relató que la fuente que durante años abasteció de agua para consumo humano y animal a su comunidad se secó tras la instalación del proyecto fotovoltaico. Agregó que los pozos que posteriormente han logrado perforar no son suficientes para cubrir la demanda de la población. Especialmente, porque según detalla el informe, algunos se encuentran salinizados. 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA BAJO UN MODELO EXTRACTIVISTA

Jen Moore, investigadora asociada del Institute for Policy Studies, planteó que la transición energética es un proceso que prioriza la energía renovable frente a la generada por combustibles fósiles. No obstante, esta ha sido cooptada por grandes poderes –gobiernos del norte global, empresas transnacionales y bancos de desarrollo– que empujan falsas soluciones a una crisis climática real. 

De acuerdo a Moore, la llamada transición energética ha priorizado la creación de nuevos mercados para empresas privadas, mientras países como Estados Unidos y Canadá continúan aumentando el uso de combustibles fósiles y sus emisiones. En Honduras, planteó, este modelo se consolidó durante la narcodictadura –que comprende las administraciones 2014-2018 y 2018-2022 del expresidente indultado Juan Orlando Hernández– cuando se abrieron oportunidades de negocio para empresas transnacionales y actores vinculados al régimen mediante contratos otorgados a empresas de maletín, que posteriormente fueron transferidos a compañías como Norfund y Scatec. 

Las reflexiones de Moore son respaldadas por Carol Hernández, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien durante la presentación del informe afirmó que la llamada transición verde responde a un modelo económico de muerte que promueve el acaparamiento de los bienes naturales bajo la promesa de un desarrollo que no llega a las comunidades. Hernández señaló que está lógica también dio paso al proyecto Aguazarca, sobre el río Gualcarque, por cuya oposición fueron asesinados los defensores indígenas Tomás García y Berta Cáceres. 

En ese contexto, el informe documenta que Norfund, uno de los inversionistas del proyecto fotovoltaico Los Prados, también participó en el financiamiento del proyecto Agua Fría, desarrollado por Scatec junto con la empresa Producción de Energía Solar y Demás Renovables, S.A. de C.V. (Proderssa), propiedad de David Castillo, condenado por su participación en el asesianto de Berta Cáceres y por la obtención corrupta de contratos de generación de energía. 

Para Germán Chirinos, del MASS Vida, más allá de la transición energética el problema radica en la implementación del modelo que se realiza en Honduras, donde la energía se ha convertido en una mercancía, que excluye de la toma de decisiones y beneficios a las comunidades en las que se instalan los proyectos. Como ejemplo, indicó que en el sur del país operan 19 proyectos generadores de energía eléctrica que ocupan más de 3,000 hectáreas, pese a esto aún existen comunidades ubicadas a escasos kilómetros de esas plantas que carecen de energía eléctrica. “Entonces decimos nosotros: ¿Desarrollo para quién? ¿Energía eléctrica para quién?”, cuestionó. 

Chirinos añadió que una verdadera transición energética debe garantizar la participación de las comunidades y el respeto por los bienes comunes, en lugar de reproducir un modelo que profundiza el despojo territorial.

DEFENSA JURÍDICA SIN ACCESO A INFORMACIÓN

Denia Castillo, coordinadora de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, organización que ha acompañado a la comunidad durante 16 años, denunció la falta de transparencia del Estado en torno al caso. Señaló que, incluso durante el arbitraje internacional promovido por Scatec Solar y Norfund ante el CIADI, no tuvieron acceso a información sobre los montos reclamados, las razones de la demanda ni el proceso de negociación, lo que ha dificultado el trabajo de investigación y documentación.

comunidades es el empoderamiento jurídico, ya que les permite conocer y ejercer sus derechos. Aunque reconoció que existen leyes nacionales que afectan a la población, destacó que los tratados internacionales suscritos por Honduras protegen los derechos económicos, sociales y culturales. A su juicio, cuando las comunidades conocen ese marco jurídico pueden organizarse y defender sus territorios de manera estratégica. 

REFORMA A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

El informe cobra relevancia en un momento en que el Congreso Nacional se prepara para el tercer y último debate de la iniciativa de reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica que, de acuerdo con los cuestionamientos planteados por distintos sectores, promueve una mayor participación privada en el sistema eléctrico mediante la división de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres empresas especializadas –generación, transmisión y distribución–, ampliando la participación del sector privado en actividades estratégicas del sistema eléctrico.

Aunque el informe no analiza esta reforma, sí identifica como antecedente la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica de 2013, que, según las organizaciones autoras, profundizó la apertura del sector eléctrico al capital privado al separar las actividades de generación, transmisión y distribución de la ENEE. El documento sostiene que ese marco legal facilitó la expansión de proyectos de energía renovable impulsados por inversión privada y protegidos por incentivos estatales. 

A juicio de Moore, el caso de Los Prados evidencia cómo proyectos presentados como soluciones climáticas pueden reproducir el despojo territorial y desencadenar conflictos sociales cuando se implementan sin la participación de las comunidades. 

Fuente: Criterio.hn