Comunidades de la Amazonía brasileña denuncian violaciones por proyecto de venta de carbono

El proyecto fue inscrito ante la certificadora norteamericana Verra, en 2023, por la empresa que afirma ser propietaria de más de 900,000 hectáreas en el estado de Amazonas, en los tres municipios. El proyecto REDD+ abarca el 20% de esa extensión, totalizando 123,762 hectáreas, y prevé la incorporación de nuevas porciones de tierra a lo largo del tiempo, pudiendo alcanzar un área de hasta 668,116 hectáreas.

En el documento de descripción del proyecto se afirma que fueron identificadas diez comunidades que viven dentro o en el entorno de su área de influencia: Riozinho, Vila Nova, Reforma, Lago Serrado, Ressaca, Santa Cruz, Concórdia, Marapatá, São João y Bacaba. 

La comunidad de Riozinho, en Carauari, es señalada como la más impactada por estar situada dentro de la zona de implementación del proyecto y por depender del bosque para sus actividades tradicionales de subsistencia. Está compuesta por poblaciones ribereñas y recolectores, quienes viven del corte de caucho, de la recolección de frutos como açaí, burití y patauá, y de actividades como la pesca y la caza. Es una comunidad que habita el territorio desde hace más de 50 años y que viene luchando por el reconocimiento de su territorio tradicional y por la regularización colectiva de la tierra. 

En abril de 2024, la comunidad presentó una solicitud oficial ante la Secretaría de Estado de las Ciudades y Territorios de Amazonas para el reconocimiento territorial, proceso que ocurrió de manera paralela a las acciones de la empresa BR Arbo para implementar el proyecto Mejuruá.

La Asociación de Moradores del Bajo Riozinho (ASMOBRI) ha venido realizando denuncias sobre violaciones de derechos cometidas por la empresa BR Arbo en el proceso de implementación del proyecto. Entre las denuncias se encuentran la violación del derecho a la consulta previa, libre y informada, prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como prácticas de acoso, presión, cooptación y desinformación por parte de la empresa. Existen también denuncias de que BR Arbo contactó a moradores de la comunidad de Riozinho para la firma de contratos mediante los cuales cederían parcelas de 5, 10 o 15 hectáreas a cambio de apoyar el proyecto Mejuruá, informándoles que sólo tendrían derecho a esas parcelas de tierra. Esto constituiría una cesión del propio territorio tradicional de la comunidad, cuyo derecho está garantizado independientemente de la ejecución del proyecto y de la actuación de la empresa BR Arbo.

Con base en las denuncias presentadas, el Ministerio Público Federal emitió una recomendación (Recomendación Legal n.º 1/2025) a la empresa BR Arbo y a la certificadora Verra para suspender inmediata el proyecto Mejuruá en el estado de Amazonas. Tras las denuncias, el proyecto llegó a tener su solicitud de registro rechazada por Verra en abril de 2025, pero dicha decisión fue revertida en julio del mismo año, encontrándose actualmente el proyecto a la espera de aprobación del registro por parte de la certificadora.

El Ministerio Público Federal del estado del Amazonas abrió un proceso de investigación contra el Proyecto Mejuruá, teniendo como base las alegaciones de que la empresa utilizó la premisa de que las comunidades no reivindican una identidad étnica, de manera a diluir la necesidad de la obligatoriedad de cumplir el Convenio 169 de la OIT. Además, el documento de descripción del proyecto no presenta propuesta concreta de división de beneficios para las comunidades locales, ya que usurpa el territorio tradicional de las comunidades reivindicandolo como propiedad privada de la empresa. 

En un informe técnico realizado conjuntamente por el Ministerio Público Federal de Brasil, la Defensoría Pública de la Unión y la Defensoría Pública del Estado de Pará, en el cual los órganos públicos analizan diversos proyectos de REDD y de compensación de carbono forestal, señalan que los proyectos son frecuentemente implementados con asedio y cooptación de liderazgos comunitarios, resultando en división comunitaria y restricciones en el modo de vida tradicional.

De acuerdo con el documento, los proyectos y programas de compensación de carbono forestal poseen casi dos décadas de experiencia, “periodo en el cual se consolidó una crítica robusta sobre su naturaleza. Los datos científicos demuestran que la grande mayoría de los proyectos poco o nada contribuye para la mitigación de la emergencia climática. Por el contrario, críticas contundentes resaltan que tales proyectos no son útiles para el combate a la emergencia climática y pueden ser perjudiciales al fomentar prácticas de greenwashing y retrasar la disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero”. 

En este contexto de “inconsistencias y violaciones de derechos”, los órganos públicos de Brasil sostienen que es necesaria “la moratoria (suspensión) de los proyectos y el comercio de crédito de carbono en el mundo, conforme orientaciones del relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, José Francisco Calí Tzay”.

Denuncias

Las comunidades y organizaciones internacionales han denunciado una serie de presiones e intimidaciones directas por parte de la empresa. Entre ellas: creación de un ambiente de miedo e inseguridad, especialmente entre familias con menor acceso a información jurídica; amenaza de judicialización y abuso de poder; estrategia deliberada de debilitamiento de la asociación comunitaria, aislando a los habitantes y rompiendo las formas colectivas de organización y defensa; violación de derechos territoriales y productivos; reducción drástica de las áreas de uso tradicional, con relatos de pobladores que pasaron a recibir parcelas mucho menores que los territorios históricamente utilizados; discurso engañoso y manipulación de la información; negación de la identidad de comunidades tradicionales; intentos de cooptación de liderazgos e ilegalidades institucionales; amenazas explícitas de expulsión y pérdida del territorio; reconfiguración territorial en beneficio del proyecto.

Organizaciones internacionales como Salva la Selva y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales han denunciado la actitud de la certificadora Verra quien, hasta el momento, no ha adoptado una posición pública frente a las prácticas descritas. “Verra debería adoptar medidas urgentes para cancelar el proceso de certificación [de la empresa BR Arbo] ”, sostienen en un comunicado.

Fuente: Avispa Midia