Congresistas promotores de leyes que atentan contra la Amazonía buscan volver al poder

El 10 de diciembre de 2025, Jorge Morante Figari, congresista por Loreto que busca la reelección como senador por Somos Perú, acudió a la Dirección Regional de Energía y Minas de esa región para expresar su preocupación por el incremento de la minería ilegal que,  enfatizó, “está intoxicando a la población de Iquitos y a nuestras comunidades”.

Sin embargo, esta preocupación contrasta con su labor legislativa. Morante ha respaldado proyectos de ley considerados lesivos para la Amazonía, entre ellos uno que  proponía modificar la Ley 28736, que protege a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci). 

De acuerdo con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a 64 pueblos indígenas amazónicos, este  proyecto buscaba permitir que los gobiernos regionales determinen la revocatoria o extinción de las reservas indígenas ya creadas a favor de los Piaci. Pese a los intentos de Morante, la propuesta se archivó casi un año después de ser presentada.

Además, el congresista votó a favor de otras siete normas cuestionadas por facilitar economías ilegales, impulsar la deforestación y afectar derechos de pueblos originarios.

Así como este caso, OjoPúblico identificó en total trece normas y proyectos de ley con posibles impactos en la Amazonía de Loreto y Ucayali que han sido promovidas o respaldadas por parlamentarios que buscan volver al poder. Estas incluyen cambios de uso del suelo, apertura de carreteras y ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Se trata de cuatro congresistas y un exparlamentario: además de Morante  —electo por Fuerza Popular en 2021 y luego incorporado a Somos Perú—, están Óscar Zea (Progresemos), Rosío Torres (Alianza para el Progreso), Jeny López (Fuerza Popular) y el excongresista César Gonzales Tuanama (postula por Podemos Perú, pero antes fue elegido por Somos Perú).

Vías que desencadenan deforestación

De las trece normas analizadas, cinco promueven la construcción de carreteras, cuatro flexibilizan el cambio de uso de suelos, tres corresponden a ampliaciones del Reinfo y una afecta directamente a los Piaci.

Aunque el Congreso no ejecuta obras, las declaratorias de interés público para carreteras son recurrentes y pueden acelerar proyectos sin sustento técnico suficiente.

Denisse Linares, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advierte que estas iniciativas pueden impulsar obras mal planificadas que desencadenan deforestación, especialmente cuando atraviesan territorios comunales, y facilitan la expansión de actividades ilegales.

Una de las más recientes es la  Ley 32558, publicada en enero de 2026, que declara de interés nacional la creación del  corredor económico Chancay–Loreto–Brasil. La iniciativa, impulsada por Jorge Morante, busca conectar el megapuerto de Chancay con Brasil para facilitar el intercambio comercial con China.

El proyecto plantea corredores fluviales y terrestres, pero no detalla sus impactos ambientales. La propuesta contempla dos corredores: el primero uniría Chancay, Tarapoto y Yurimaguas; y el segundo, Chancay con Huánuco, Tingo María y Pucallpa. 

Según un  estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la deforestación asociada a nuevas carreteras en la Amazonía puede extenderse hasta 50 kilómetros desde las vías.

El  reporte Desde Chancay a la Amazonía: panorama de expectativas, retos y oportunidades también señala que cualquier estrategia para dinamizar este corredor debe evitar repetir el escenario de la  Interoceánica Sur, que propició la expansión de la minería ilegal y otras actividades ilícitas en Madre de Dios.

Según este informe, la construcción de vías fue la segunda causa de deforestación en el Perú entre 2001 y 2019, y la principal en las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín. 

De acuerdo con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, entre 2001 y 2018 se perdieron más de 1,25 millones de hectáreas de cobertura forestal en las regiones mencionadas.

La iniciativa para unir Perú y Brasil mediante corredores que atraviesen la Amazonía proviene de periodos anteriores en el Parlamento. En abril de 2022, el excongresista por Ucayali y actual postulante a diputado por Podemos Perú, César Gonzales Tuanama, presentó una  propuesta similar para conectar Pucallpa con el estado brasileño de Acre. 

El trazo de la carretera cruza por los corredores biológicos ubicados en el Parque Nacional Sierra del Divisor (Perú y Brasil), y el Área de conservación Regional Alto Tamaya Abujao.

Otra norma cuestionada, publicada en noviembre del año pasado, es la  Ley 32488, que declara de interés diversas obras de infraestructura. Entre ellas figura la carretera San Lorenzo–Saramiriza, en la provincia del Datem del Marañón —que se superpone con nueve comunidades indígenas— y la pavimentación del corredor vial que abarca la ruta Pucallpa–Nuevo Italia–Nueva Victoria–Sawawo–Breu. A favor de esta ley votaron Óscar Zea, candidato a diputado por Progresemos, y Rosio Torres Salinas, candidata a senadora por APP.

En el caso de la vía San Lorenzo - Saramiriza, la minería ilegal ya alcanzó la sección del río Marañón que va paralela a la carretera, lo que facilita la distribución de insumos a esta actividad, según  reportes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas realizó diversas  interdicciones en esta zona. 

Especialistas también cuestionan la falta de estudios técnicos en este tipo de iniciativas. Carol Mora Paniagua, directora del programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que tanto el Congreso como el Ejecutivo han permitido el avance de estos proyectos sin evaluación adecuada.

Es el caso de la  Ley 31938, que declara de interés público la construcción de 12 vías de comunicación y que fue aprobada con los votos a favor de Jorge Morante, Rosio Torres y Jeny López. Las obras priorizadas incluyen la carretera Balsapuerto- Moyobamba,  rechazada por el Gobierno Territorial Autónomo Shawi (GTAN Shawi). 

Sobre el impacto ambiental que podría generar esta vía, el  proyecto de ley solo detalla tres párrafos donde se indica que “no hay ningún proyecto  —cualquiera sea su naturaleza e índole — que no tenga impacto social o ambiental” y que estos deben ser mitigados antes de su ejecución. 

OjoPúblico contactó con los congresistas Jorge Morante, Óscar Zea, Yeny López y Rosio Torres para obtener su versión, pero al cierre de este informe no se obtuvo respuesta.

Ampliaciones del Reinfo e iniciativas propias

Durante este periodo legislativo, el Congreso aprobó tres ampliaciones del Reinfo, mecanismo que regula la formalización minera. Jeny López y Óscar Zea votaron a favor de esta norma todas las veces que se discutió en el pleno; mientras que Jorge Morante lo hizo dos veces. En el caso de Rosio Torres, votó a favor una vez, en otra ocasión no asistió a la votación y en una tercera ocasión se abstuvo. 

Para Mora, el problema es estructural porque el Estado ha evitado implementar una estrategia transectorial que involucre no solo temas de defensa e integridad, mientras que el Congreso ha optado por no legislar sobre la formalización minera y ha extendido un sistema que no exige el cumplimiento de estándares ambientales.

“Los mineros informales siguen operando al margen de la ley sin tramitar sus instrumentos de gestión ambiental, y la respuesta ha sido facilista, simplista y de complicidad con la ilegalidad”, afirmó a OjoPúblico. 

Estos congresistas no solo han apoyado normas cuestionadas mediante su voto, sino que en varios casos asumieron un rol activo como autores o principales impulsores de las propuestas. 

El 11 de marzo, Óscar Zea presentó el  proyecto de ley 14196, que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de la carretera Nauta–San Lorenzo, en Loreto. Esta vía, de 380 kilómetros, tendría un trazado próximo a la Reserva Nacional Pacaya Samiria y se superpondría a 49 comunidades indígenas.

Aunque Zea fue electo en 2021 como representante de Puno, en los últimos años impulsó diversas iniciativas vinculadas a Loreto y finalmente anunció su postulación por esta región. 

Sobre la flexibilización y cambios de suelos, una propuesta cuestionada es el  proyecto de ley 09653, denominado Ley de Desarrollo Sostenible de las Actividades Agrarias en la Amazonía, impulsado por la congresista de Ucayali, Jeny López, cuyo dictamen en la Comisión Agraria contó con el respaldo de Rosio Torres. 

Según alertó la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú), esta propuesta debilita la protección ambiental al permitir actividades agrícolas en zonas antes boscosas sin estudios ni autorizaciones previas. En concreto, propone la creación de dos nuevas categorías de uso de la tierra: la Zona Forestal Amazónica y la Zona Agropecuaria Amazónica.

La primera está constituida por los bosques y otros ecosistemas de vegetación silvestre en la Amazonía, que deben ser gestionados sosteniblemente con la finalidad de conservar o recuperar su valor; mientras que la segunda permitiría la titulación y el desarrollo de actividades agrícolas en zonas que antes eran bosques sin la necesidad de estudios técnicos ni autorizaciones ambientales previas.

Las normas aprobadas también fomentan el cambio de uso de suelos, como las leyes 31973, que modificó la Ley Forestal; la Ley 32293, que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas; o el proyecto de ley 03377, que pretende establecer un régimen especial para otorgar concesiones mineras en Madre de Dios. 

Esta última iniciativa se encuentra en la agenda del pleno. A los congresistas les quedan cuatro meses en el cargo, un periodo en el que aún podrían debatirse y votarse iniciativas de este tipo.

Fuente: OjoPúblico