Corazón de piedra: la minería que devora las Sierras de Córdoba
La minería no metalífera, un «extractivismo de cercanía», amenaza con agravar la crisis hídrica y ambiental de la provincia, impulsada por la extracción descontrolada de roca (granito, cal y arena). Esta actividad destructiva implica la voladura de cerros, genera «desiertos blancos» y graves riesgos para la salud de los vecinos debido al polvillo. Ante la debilidad del control estatal, evidenciada en casos como la extracción ilegal de litio en Las Tapias o la expansión de El Gran Ombú en Villa Allende, las asambleas ciudadanas se erigen en la primera línea de defensa del territorio que habitan. Urgen a implementar un ordenamiento territorial comunitario para frenar el avance irracional de la extracción minera. Hasta ahora, los gobiernos ponen de manifiesto su incapacidad ―o su desinterés― por poner límites a un saqueo por goteo que se lleva las sierras de a pedacitos.
Cuando caminamos sobre las sierras cordobesas, nuestros pies se posan en formaciones que datan de hace unos 25 millones de años. Estas estructuras geológicas son el ADN de la identidad de Córdoba y su significado va más allá del simple atractivo turístico. Actualmente, esta identidad se ve marcada por una tensión que caracteriza la época: la implacable presión para la extracción de minerales choca con el irreversible impacto ambiental que el extractivismo provoca en los ecosistemas.
El extractivismo «a la cordobesa» impacta de manera visible y diaria en la fisonomía de nuestras montañas El resultado son paisajes marcados por la extracción: sierras que lucen desnudas, cortes grises que las atraviesan, voladuras y derrumbes. La evidencia tangible de esta situación se manifiesta en el incesante tránsito de camiones con material en avenidas de Villa Allende, junto con el aumento de la minería ilegal en Traslasierra. Las canteras representan la expresión más clara de este problema: el impacto en la biodiversidad y en los servicios ambientales de nuestras sierras es visible a simple vista y en tiempo real para cualquiera que preste atención.
El extractivismo de cercanía: la minería de canteras por goteo
En Córdoba, la actividad extractiva se centra en la roca de aplicación (como granito, arena, cal o piedra partida), a diferencia de la minería de oro o cobre. Este modelo de extractivismo de cercanía tiene un destino local: el material se utiliza en la producción de cemento y asfalto para la infraestructura de las grandes ciudades. La gran paradoja reside en que, para sostener el desarrollo urbano, se está llevando a cabo la «molienda» de las sierras, que son fundamentales para la regulación hídrica y climática de la provincia.
La consecuencia más grave se observa en el ciclo hídrico. Las sierras actúan naturalmente como una gran esponja que absorbe la lluvia para liberarla de forma gradual. Las canteras destruyen esta capacidad de almacenamiento al dinamitar y remover la capa vegetal, inutilizando el «tanque de agua» natural. El resultado son los dos grandes problemas que los cordobeses padecen: inundaciones y sequías. Sin la filtración adecuada, el agua desciende con fuerza en épocas de lluvia, causando desastres, y los arroyos se secan mucho más rápido durante la estación seca.
Vecinos bajo ataque: polvo, voladuras y el desierto blanco
Para los residentes de zonas de canteras (Sierras Chicas, Valle de Punilla y Traslasierra, entre otras regiones), el extractivismo se vive como una invasión al modo de vida serrano. No se requiere ser científico para notarlo: nubes de polvo en suspensión con un polvillo constante de sílice que afecta los pulmones de los vecinos y sofoca el monte nativo, alterando la respiración de plantas y animales, y voladuras que sacuden con sus explosiones diferentes zonas en las que agrietan paredes de las viviendas próximas, ahuyentan a la fauna local y alteran la calidad de vida de los pobladores locales.
El abandono de una cantera agotada por parte de la empresa minera deja como secuela un hueco estéril, un entorno desolado similar a un páramo lunar donde la vida es inexistente. Este «desierto blanco» constituye un terreno irrecuperable, con una pérdida permanente de valor turístico y ambiental, perpetuando el daño paisajístico.
Córdoba no tiene oro ni plata, pero su subsuelo es un gigante invisible. Sin el cuarzo, el feldespato, la caliza y los carbonatos que se extraen de sus sierras, importantes corporaciones como Holcim/Minetti colapsarían.
La provincia produce el 30% de los minerales industriales de Argentina y el 40% de los áridos utilizados en la construcción nacional provienen de canteras provinciales.
De esta manera, la dependencia de la piedra tiene un costo ecosistémico que se paga con creces. El extractivismo ha convertido a las sierras en un territorio en disputa, un frente de deforestación y degradación que avanza sobre un monte nativo en buen estado de conservación, hoy reducido a menos del 3% de su cobertura original.
El recuerdo más amargo que tenemos los cordobeses es el de «Los Gigantes». Esta mina de uranio, clausurada en los años 90, es el pasivo ambiental más feroz de la minería en la provincia. Residuos radiactivos y químicos persisten sin remediación total, contaminando acuíferos y dejando una herida que es la antítesis de cualquier discurso de sustentabilidad proveniente de oficinas gubernamentales que no pueden o no quieren darle una resolución definitiva.
Córdoba triturada: la doble batalla de la piedra
Hoy, las «cicatrices» más visibles están en Malagueño y La Calera, zonas históricamente mineras pegadas a los nuevos barrios residenciales. Es aquí donde el concepto de «pasivo ambiental» deja de ser una imagen abstracta. Las lagunas turquesas, que atraen a curiosos y bañistas, son en realidad pozos mineros abandonados. El color se debe a la alta alcalinidad y concentración de carbonato de calcio. Son trampas visuales, un síntoma de un ecosistema roto donde las empresas se fueron de un día para el otro, dejando el hueco, los escombros y la deuda social.
La ley exige un «Plan de Cierre», pero la realidad es que los controles son escasos. Viejas canteras se han convertido en basurales a cielo abierto o «desiertos de vida» que nadie reclama.
El extractivismo minero cordobés tiene dos referencias actuales que desembocan en conflictos territoriales calientes: en Villa Allende, la convivencia entre vecinos y la empresa El Gran Ombú es imposible por las voladuras, casas que tiemblan y fisuras que aparecen en las paredes. El polvillo constante, esa «nieve» gris que no es nieve, se posa sobre los jardines y, peor aún, se introduce en los pulmones. Se trata de sílice, un contaminante silencioso. A metros de allí, el tráfico de camiones pesados, cargados con toneladas de piedra partida, rompe el asfalto y aumenta el riesgo de accidentes.
A 150 kilómetros de allí, en Traslasierra, la minería amenaza el recurso más sagrado para los lugareños de la zona: el agua. Las excavaciones para sacar áridos y piedra a menudo se realizan sobre lechos de ríos o zonas de recarga de acuíferos. «En Traslasierra, la lucha por la tierra y el agua va de la mano. Las canteras profundas amenazan con desviar cauces y contaminar el agua que usamos para riego y consumo», explican desde la Asamblea de Traslasierra.
Para Joaquin Deón, geógrafo y doctor en Estudios Urbano-Regionales-BUW, CONICET-UNC, “el mito de la ‘baja escala’ de la minería de canteras se ha desmoronado: el uso de explosivos de alto poder, palas mecánicas de 45 metros cúbicos y el tráfico constante de bitrenes (monstruos de carga de cuatro acoplados) configuran, de hecho, una megaminería no metalífera que devora el paisaje”.
Deón es tajante: «La mirada debe girar con urgencia hacia el corazón de nuestras sierras. Esto ya no es un refugio; es una frontera crítica. La intensificación extractivista desenmascara una catástrofe hidrológica oculta».
El greenwashing: la máscara de la estafa estadística
Para el investigador, los datos técnicos son brutales: ciertos proyectos consumen hasta 150.000 litros de agua diarios en zonas semiáridas. La contaminación química es evidente: empresas como CEFAS S. A. y Holcim S. A. han dejado legados de óxido de cal en ríos como el Suquía y la magnitud del despojo geológico es impactante: mientras el cráter de la emblemática mina metalífera Bajo La Alumbrera (Catamarca) abarca 361 hectáreas, canteras cordobesas como El Gran Ombú (92 ha) o la zona de La Calera (80 ha) ya presentan dimensiones comparables a la actividad de la megaminería en nuestro país.
Para Deón, ante la resistencia social, las corporaciones han sofisticado su discurso con el greenwashing: “La ‘Responsabilidad Social Empresaria’ (RSE) actúa como una máscara verde para simular una ‘licencia social’ inexistente. Empresas como El Gran Ombú S. A. organizan visitas escolares con plantines, transformando un acto pedagógico en una ‘prueba de expediente’. La aritmética del despojo es una estafa estadística: se promocionan viveros que plantan 3.000 árboles anuales, mientras la maquinaria remueve 135.000 árboles en el mismo periodo”.
“La convergencia entre el extractivismo minero y el urbano es la firma de la política de saqueo actual. Una vez vaciado el cerro, el cráter se reconvierte en un activo financiero. Es la ‘desecologización planificada’: el uso de circuitos clandestinos para degradar el bosque y provocar incendios. Luego, el desastre se vende como paisaje exclusivo, transformando el cráter en ‘lagunas artificiales’ para barrios de élite como La Deseada o Acquavista», asevera el especialista.
El laberinto ilegal de Mina Las Tapias
La situación en Las Tapias ha escalado al terreno de la clandestinidad y la justicia. Lo que se promocionaba como una simple cantera de cuarzo reveló ser una operación ilegal de extracción de espodumeno, el mineral que contiene litio, ejecutada a pocos metros de una escuela primaria y de la toma de agua del pueblo.
En el corazón de Traslasierra, la Mina Las Tapias (Expte. n.° 912/1938) opera bajo un andamiaje legal de 1938, una era ciega a los riesgos ambientales. La ubicación del yacimiento define el conflicto: a escasos 700 metros de la escuela primaria y a 950 metros de la toma de agua.
Tras la detección de un extraño polvillo blanco en agosto de 2025, la Asamblea No a la Mina de Las Tapias resurgió. La presión forzó a la Secretaría de Minería de la provincia a dictar un cese de actividades. El 27 de noviembre de 2025, una inspección de la Policía Ambiental reveló la magnitud del engaño: una galería subterránea de 350 metros de longitud que no figuraba en ningún mapa autorizado. La empresa, Integración Minera SRL, ejecutaba una explotación subterránea agresiva de espodumeno/litio, totalmente prohibida por el cambio de objeto y método, sin nuevos Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Lo que siguió fue un despliegue de desacatos sistemáticos. La mina violó la clausura preventiva al menos dos veces. «El conflicto se agrava con el problema de la ‘zona gris’: al quedar la mina fuera del ejido municipal de Las Tapias por un cambio de 2023, la vigilancia recae en una provincia desbordada», cuenta Laura Ortiz de la Asamblea «No a la Mina de Las Tapias».
Finalmente, el 8 de abril de 2026, la Secretaría de Minería emitió la Resolución n.° 013-26, ratificando la clausura preventiva para la extracción de Litio. Hoy, la Asamblea se mantiene como la única barrera real. En cada entrada al pueblo, se repite el mismo símbolo: una mano abierta de color rojo con la palabra «NO».
El caso de Las Tapias no es solo una batalla prolongada contra una operación ilegal, es la reafirmación de que la participación ciudadana informada es el motor indispensable para la justicia ambiental, demostrando que la vigilancia del polvillo en el aire y los sedimentos en el agua puede frenar al capital extractivista que intenta inscribir sus cicatrices en el corazón hídrico de Córdoba.
El extractivismo, esa práctica de agotar el recurso natural para una ganancia rápida y fuerte de algunas empresas privadas, enfrenta al dilema de la piedra y la vida. La clave, según los ambientalistas, está en el ordenamiento territorial comunitario: decidir dónde sí y dónde no. Porque si se permite que la riqueza del subsuelo sea la ruina de la biodiversidad, habremos extraído el corazón de piedra de la provincia solo para descubrir que, sin el latido de sus bosques y ríos, el desarrollo es apenas un espejismo en el desierto serrano.
Por eso, frente a la alianza entre los intereses privados y el Estado, las asambleas ciudadanas emergen como los únicos defensores de la vida. Victorias como las de «Saldán Sin Canteras» (que expulsó a Minetti y El Gran Ombú en 2015) o la «Asamblea Mi pueblo no es tu cantera» marcan el límite al avance del desierto de piedra en Córdoba.
Fuente: Huella del Sur