Crisis climática empuja migración en Centroamérica, pero México niega refugio
La migración climática no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de un sistema económico injusto y ecocida que degrada tanto el entorno como las condiciones sociales, denuncia el informe “Cambio Climático y Migración desde Centroamérica”. El documento vincula la crisis ambiental, comúnmente invisibilizada, con la violencia y la exclusión que han forzado a cientos de miles a migrar desde Centroamérica en la última década.
En los foros y negociaciones climáticas, la migración ha sido sistemáticamente relegada, porque su reconocimiento implicaría señalar responsabilidades concretas entre los Estados. A ello se suma el silencio sobre las empresas transnacionales, cuya actividad contribuye directamente a las afectaciones del clima, señalaron las defensoras de derechos humanos en la presentación del informe en colaboración con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
El informe se basa en 87 encuestas realizadas en la Ciudad de México a personas originarias de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes esperaban el proceso de CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Dicho proceso tiene como objetivo solicitar cita de asilo para migrantes en los puertos fronterizos terrestres de Estados Unidos de julio a diciembre de 2024.
Debido a las políticas migratorias, implementadas por el gobierno del ex presidente norteamericano Joe Biden en ese periodo, los migrantes quedaron varados por meses en campamentos improvisados en algunas ciudades del país donde se permitía el trámite.
Migrantes centroamericanos durante su recorrido, a través de caravanas, para cruzar territorio mexicano rumbo a EEUU en 2019.
Para la elaboración del informe fueron encuestadas personas de diferentes nacionalidades: 48% de Honduras, 25% de El Salvador, 15% de Guatemala y 11% de Nicaragua; del total, el 11% se identificó como indígena. El 56% se reconoció como mujer, el 43% como hombre y el 1% como persona transgénero. Todas eran mayores de 18 años; el 60% se encontraba en albergues, mientras que el 40% residía en campamentos.
Del total, más del 80% experimentó las consecuencias negativas derivadas de al menos un evento climático en los cinco años previos a salir de su país, mientras que el 55% respondió haber enfrentado cuatro eventos o más.
El 64% mencionó los huracanes, 56% olas de calor y 55% las inundaciones; 45% frecuentes deslizamientos de tierra, 41% sequías, 38% cambios en las temporadas de cultivos y 37% incendios forestales.
Más de la mitad reportó pérdida de empleo, además de las pérdidas de cosechas, daños a la vivienda o a otros bienes, pérdida de acceso a agua o electricidad y enfermedades infecciosas. El 74% reportó también la falta de acceso a agua potable y el 67% falta de alimentos como resultado de los impactos climáticos.
En el caso de las personas originarias de Honduras y Nicaragua hicieron visible la devastación por los huracanes Eta e Iota acontecidos en 2020, y patrones de la respuesta gubernamental que fue débil y discriminatoria. En consecuencia, el 62% de originarios de Honduras citaron los impactos ambientales como un factor que influyó en su decisión de migrar. Mientras que, el 92% de las personas de origen guatemalteco pudo estar motivado por eventos climáticos como olas de calor y la alteración de ciclos en la cosecha.
Presentación del informe “Cambio Climático y Migración desde Centroamérica”
En general, tras los eventos climáticos, las mujeres resultaron con tasas más altas que los hombres en pérdida de empleo y de cosechas, interrupciones en el acceso a alimentos y agua e incomunicación tras eventos climáticos. Las jefas de familia también asumieron de manera desproporcionada mayores cargas de cuidado, es decir, el 71% de ellas reportó más labores en comparación con el 50% de los hombres jefes de familia encuestados. Este contexto deriva en mayores riesgos de violencia de género, pues 22% de las mujeres encuestadas huyó por esta razón.
El grupo de personas indígenas y afrodescendientes describió haber vivido huracanes e inundaciones, despojo de tierras y amenazas relacionadas con su labor como defensoras y defensores del medio ambiente. Por ejemplo, el informe relata cómo un defensor afro-miskito del norte de Honduras fue obligado a abandonar su territorio en una reserva ambiental tras recibir amenazas de muerte por parte del crimen organizado, que lo expulsaron de su comunidad.
Entre las personas encuestadas, el 90% de la población indígena reportó haber vivido al menos un evento climático, frente al 82% de la población no indígena. La mayoría provenía de territorios especialmente expuestos, como las costas caribeñas de Honduras y Nicaragua y las tierras altas de Guatemala y El Salvador. Las inundaciones fueron el evento más frecuente con 80%, seguidas de huracanes con 70% y de incendios forestales, olas de calor y terremotos con 50% cada uno.
Crisis de invisibilidad
Durante la presentación del informe, el panel integrado por defensoras de derechos humanos del IMUMI, de la Clínica Jurídica de la UNAM y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, (UC Berkeley), coincidieron que los impactos materiales tras los eventos climáticos son graves y relevantes para la protección internacional.
“Los datos y los testimonios muestran cómo los impactos del cambio climático profundizan la vulnerabilidad frente a la persecución y la explotación. En algunos casos, estos impactos provocaron la pérdida de medios de vida o el desplazamiento interno, lo que a su vez aumentó la exposición a riesgos a manos del crimen organizado, autoridades estatales u otros actores”, reza el informe.
Las defensoras hicieron hincapié en que en la actualidad no existe un marco jurídico internacional que regule o de cuenta de los temas de migración climática, pero hay otro tipo de responsabilidades jurídicas que tampoco se cumplen. “Tienen responsabilidad jurídica los países en temas climáticos y en temas de desplazamiento, pero la parte del cumplimiento es otra cosa que no siempre se hace y que lamentablemente no hay sanciones directas o que tenga consecuencias coercitivas sobre los países”, explicaron.
Aunque la legislación mexicana contempla instrumentos amplios de protección, como la Convención de 1951, mecanismos de protección complementaria y la Declaración de Cartagena, el estudio denuncia que estas garantías rara vez se aplican a los casos vinculados al cambio climático.
Para las organizaciones, es necesario que se aplique un marco jurídico para dar la protección de migrantes por crisis climática en México de manera transversal, coordinada con la normativa migratoria y la normativa de cambio climático internacional, sin embargo la política migratoria actual en México, caracterizada por la militarización y la detención, limita el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres que buscan protección.
En las recomendaciones del informe se solicita a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) elaborar lineamientos institucionales claros que aseguren que los daños relacionados con el cambio climático se consideren en las decisiones sobre reconocimiento de la condición de persona refugiada conforme a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y otras formas de protección internacional.
Por otro lado, plantea que el Instituto Nacional de Migración (INM) garantice el otorgamiento de la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) y otras visas humanitarias en casos vinculados a impactos del cambio climático. Además de reconocer los impactos del cambio climático como factores clave en el análisis de violaciones masivas de derechos humanos.
Un ejemplo de la gravedad de los impactos es lo que ocurre en Honduras, donde su población padeció con particularidad la destrucción de viviendas por las inundaciones durante los huracanes Eta e Iota en 2020 y, al mismo tiempo, las personas migrantes encuestadas padecieron extorsión y persecución criminal, “presiones acumuladas hicieron insostenible la vida en sus comunidades”.
La Comar, según el informe, confirmó haber reconocido al menos una solicitud de asilo de Honduras relacionada con el desplazamiento posterior al huracán, que expuso al solicitante a una situación de violencia generalizada. Ese año (2020), según la comisión y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), las personas desplazadas por las inundaciones se vieron imposibilitadas de regresar a sus hogares, incluso por las amenazas de violencia de grupos criminales.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó los impactos del cambio climático y el aumento de la vulnerabilidad a la violencia al profundizar la pobreza, exacerbar la inestabilidad política y limitar el acceso a la protección.
Las panelistas relataron que, desde hace años, las historias de migrantes en su paso por México describen devastación por el cambio climático, un problema que hasta ahora ha sido invisibilizado, incluso en discursos académicos. Exhortaron al gobierno mexicano a reconocer el cambio climático como un factor de migración hacia y dentro del país, con el objetivo de desarrollar leyes y políticas públicas especializadas que aseguren el acceso a servicios y mecanismos de protección.
Fuente: avispa.org
