Declaración de La Vía Campesina sobre El Niño y la crisis climática de cara a la COP31
El cambio climático se está convirtiendo en una gran amenaza para el campesinado a escala mundial, afectando a comunidades de todas partes. Los Estados y la CMNUCC (las COP sobre el clima) nos han fallado, empujando a nuestro planeta hacia un calentamiento de +3/5 °C para finales de siglo, en un fenómeno que se acelera. Las catástrofes climáticas suelen ser utilizadas por intereses corporativos privados para invadir territorios y apropiarse de sus recursos.
El fenómeno de El Niño forma parte de la historia natural del planeta y de la memoria colectiva de los pueblos, cuyos conocimientos han permitido históricamente adaptar la agricultura y prevenir el hambre. Sin embargo, la crisis climática impulsada por el capitalismo, el extractivismo, la guerra, la deforestación y la quema masiva de combustibles fósiles está alterando los patrones meteorológicos y agravando los impactos de estos fenómenos naturales. El episodio de «Súper El Niño» previsto para 2026-2027 se suma a profundas injusticias estructurales, a la especulación corporativa y a las perturbaciones energéticas derivadas de guerras y genocidios, amenazando con empujar a entre 49 y 50 millones de personas más hacia el hambre aguda.
En un planeta asediado por la crisis climática, el fenómeno de El Niño amenaza con intensificar los fenómenos climáticos extremos a escala mundial. Se esperan lluvias extremas e inundaciones en países de África Oriental, partes de Asia Central, el sur de Europa, el oeste de América del Norte y el sureste de América del Sur, mientras que es más probable que se produzcan sequías en el subcontinente indio, el sur y el este de Australia, el sur de América Central y partes del Caribe, el noroeste de América del Sur y el norte de Europa.
Sus efectos ya se sienten en los territorios campesinos y pesqueros. En Honduras, Guatemala y El Salvador, la sequía está golpeando la producción de granos básicos. En Honduras, casi once meses consecutivos de escasas precipitaciones y temperaturas de hasta 10 °C por encima de lo normal han impedido que más de 350.000 pequeñxs productorxs siembren durante las temporadas de siembra, devastando los cultivos de maíz y frijol. En Haití, la degradación del suelo agrava los efectos de las lluvias torrenciales y las inundaciones. En la Amazonía brasileña, el descenso del nivel de los ríos y los incendios afectan a las comunidades indígenas, quilombolas y ribereñas, mientras que el sur de Brasil sufre inundaciones. En Perú, la crisis de la anchoveta está golpeando la pesca artesanal; y en India, Pakistán, Bangladés y Nepal, el calor extremo y los cambios en los patrones del monzón amenazan las cosechas y la salud de quienes trabajan en el campo. En la región del Himalaya, los desastres inducidos por el clima han aumentado la vulnerabilidad de la criosfera y el riesgo de desastres en cascada. Los desastres de Bhotekoshi y las inundaciones de Budhigandaki, en Nepal, demuestran cómo el deshielo de los glaciares, las lluvias extremas de tipo cloudburst y las intervenciones no reguladas en las cuencas fluviales arrasan en un instante los asentamientos campesinos aguas abajo, las tierras agrícolas en terrazas y las vitales vías de comunicación de montaña. En Indonesia, la cuenca del Mekong, Australia, Europa Occidental, Zimbabue y los países de África Oriental, las sequías y los incendios agravan la escasez de agua y amenazan la producción alimentaria.
Estos impactos no se distribuyen por igual. Golpean con mayor dureza a quienes disponen de menos recursos para hacerles frente. Las mujeres campesinas y jornaleras, los Pueblos Indígenas, las comunidades quilombolas, la juventud rural y quienes dependen de la pesca artesanal y la ganadería sufren pérdidas de ingresos, riesgos para la salud y dificultades para acceder al agua y mantener sus medios de vida. El acaparamiento de tierras y agua, los desalojos, las condiciones laborales precarias y la falta de políticas públicas adecuadas agravan estas consecuencias y limitan la recuperación de las comunidades. Por tanto, no nos enfrentamos a una sucesión aislada de desastres naturales, sino a una crisis socioambiental mundial cuya gravedad también depende de las estructuras económicas y políticas que generan vulnerabilidad.
Hacemos un llamado a nuestras organizaciones miembros y aliadas para que reconozcan la importancia crítica de los próximos meses, desarrollen proactivamente estrategias y movilicen los recursos necesarios para apoyar al campesinado en caso de crisis o desastres. Asimismo, hacemos un llamamiento para que se adopten las siguientes medidas:
Alivio financiero, moratoria bancaria y subsidios para la siembra :
Exigimos que los Estados suspendan y congelen inmediatamente las ejecuciones hipotecarias, los embargos y los procedimientos de cobro de deudas contra pequeños productores afectados por El Niño; cancelen íntegramente las deudas derivadas de préstamos destinados a cultivos destruidos; y proporcionen crédito público sin intereses para garantizar la resiembra en el siguiente ciclo agrícola 1. Esta medida debe complementarse con compensaciones estatales por las cosechas perdidas, mediante indemnizaciones calculadas sobre la base del Precio Mínimo de Apoyo (Minimum Support Price, MSP) o de los costes reales de producción, así como con transferencias directas de ingresos de emergencia para las personas trabajadoras agrícolas asalariadas sin tierra que hayan perdido sus jornales debido a sequías extremas y olas de calor 2. Las compensaciones deben basarse en evaluaciones de las pérdidas de cosechas para garantizar un apoyo justo y adecuado a los agricultores de las zonas afectadas por la sequía. La experiencia de las comunidades afectadas por la sequía en Honduras, donde la pérdida de cosechas y de ganado ha debilitado gravemente los medios de vida de lxs campesinxs y su capacidad para reinvertir, pone de manifiesto la necesidad de una compensación que cubra no solo las cosechas perdidas, sino también el deterioro de su capacidad productiva.
Los Estados deben garantizar el desembolso inmediato de las indemnizaciones de los seguros agrícolas, sin obstáculos burocráticos, y asignar fondos de emergencia constituidos con recursos públicos nacionales, superando los regímenes ordinarios de gestión de desastres que retrasan la asistencia. Esta intervención estatal integral es esencial para evitar la quiebra masiva de las unidades de producción campesina, frenar la dramática ola de suicidios provocada por el endeudamiento bancario rural coercitivo y contener el despoblamiento rural y la migración forzada.
La respuesta no debe depender exclusivamente de los presupuestos nacionales de los países del Sur Global, asfixiados por las deudas coloniales y las desigualdades sistémicas. Exigimos que los gobiernos, la CMNUCC y los distintos foros mundiales de gobernanza climática transformen radicalmente los mecanismos de financiación. Estos no deben canalizarse mediante préstamos bancarios que generen deuda -como los instrumentos FAST y TFFF del FMI y el Banco Mundial-, sino adoptar la forma de reparaciones climáticas incondicionales y no reembolsables, asignadas directamente a los países y comunidades afectados por El Niño y la crisis climática.
Exigimos, además, la cancelación de las deudas soberanas injustas e insostenibles que impiden a los países del Sur Global responder a los desastres climáticos, apoyar a las comunidades afectadas y financiar una transición agroecológica justa. Los países más responsables de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero deben cumplir sus obligaciones climáticas proporcionando reparaciones adecuadas y reconociendo su responsabilidad histórica por una crisis cuyos impactos afectan de manera desproporcionada al campesinado y a las comunidades rurales del Sur Global. La rendición de cuentas en materia climática también debe abordar la contribución de las empresas multinacionales, especialmente las radicadas en el Norte Global, a la crisis climática y a la explotación de las personas y la naturaleza.
Garantizar el derecho universal al agua, las infraestructuras públicas hídricas y una protección estricta contra el acaparamiento industrial del agua :
Exigimos una prohibición absoluta de la privatización y el desvío de ríos, acuíferos, fuentes de agua agrícola e infraestructuras de riego para megaproyectos industriales, comerciales o tecnológicos, estableciendo la prioridad jurídica inalienable del consumo humano y la producción alimentaria campesina frente a cualquier uso corporativo 3. Como reivindicación política fundamental, las autoridades públicas deben garantizar agua potable gratuita, segura y apta para el consumo humano para todas las personas y el ganado, disponible las 24 horas del día, incluso durante las sequías. Esta protección debe aplicarse estrictamente a los sistemas fluviales frágiles y las cuencas de alta montaña, deteniendo los megaproyectos hidroeléctricos no regulados y el extractivismo en los cauces fluviales que destruyen los ecosistemas ribereños, desestabilizan las laderas de las montañas y aumentan la vulnerabilidad a las inundaciones aguas abajo. También debe abordar los impactos del aumento de la temperatura del mar en la pesca artesanal, incluida la pesca del salmón, las sardinas, las anchoas y las caballas, que son esenciales para los medios de vida locales y la soberanía alimentaria.Las autoridades del agua deben cancelar las concesiones y licencias industriales que monopolizan el agua agrícola, detener los trasvases que secan las cuencas fluviales durante las sequías e implementar planes de inversión pública a gran escala para instalar pozos comunitarios, sistemas de captación de agua de lluvia, plantas de tratamiento de agua y redes permanentes de distribución de agua en comunidades rurales e indígenas aisladas 4. Estas medidas deben prevenir situaciones en las que las sequías graves obliguen a las comunidades a depender de pozos profundos contaminados con nitratos, fluoruro y otros contaminantes, que amenazan la salud pública y, según informes de algunas zonas de la India, exponen incluso a los recién nacidos al fluoruro a través de la leche materna de sus madres. Estas infraestructuras públicas y comunitarias son esenciales para evitar que las familias rurales se queden sin agua, impedir que la escasez de agua paralice la producción alimentaria y romper definitivamente la dependencia de respuestas de emergencia insuficientes, como los camiones cisterna, que no garantizan la soberanía hídrica.
Exigimos además que los gobiernos y la CMNUCC detengan la expansión del «colonialismo verde» y de la bioeconomía promovidos por las multinacionales del Norte Global, que utilizan la transición energética como pretexto para apropiarse de cuencas hidrográficas y tierras agrícolas en los países del Sur Global. Rechazamos los mercados de carbono y los mecanismos de compensación de emisiones que mercantilizan los bosques, la tierra, el agua y las funciones ecosistémicas, permiten que los contaminadores sigan emitiendo gases de efecto invernadero y socavan los derechos y la soberanía territorial de las comunidades campesinas e indígenas 5.
Reforma agraria popular, fin definitivo de los desalojos y plena aplicación de los acuerdos territoriales
Exigimos una prohibición permanente y definitiva de todos los desalojos forzosos y violentos de las comunidades campesinas e indígenas, junto con la titulación, delimitación y reconocimiento formal de las tierras de la agricultura familiar y los territorios ancestrales 6, así como la implementación de reformas agrarias integrales para distribuir las tierras públicas e improductivas entre quienes las trabajan, con el fin de garantizar la producción pública de alimentos.Los gobiernos deben asignar los recursos presupuestarios necesarios para resolver los conflictos agrarios, aplicar plena y estrictamente los acuerdos bilaterales firmados con organizaciones campesinas, como el Acuerdo Agrario de 2024 en Guatemala, y promulgar los marcos normativos e instrumentos legislativos de reforma agraria que actualmente están bloqueados en los parlamentos, como el Proyecto de Ley de Reglamentación de la Reforma Agraria en Indonesia. Las garantías jurídicas y la seguridad en la tenencia de la tierra son un requisito previo esencial para resolver la crisis alimentaria, ya que, sin seguridad territorial, resulta imposible emprender iniciativas comunitarias a largo plazo para la retención de agua, la conservación del suelo y la adaptación climática. Poner fin al despojo erradica la violencia institucional que condena al abandono a miles de familias y frena la migración campesina forzada.
También exigimos garantías territoriales estrictas y planes de reasentamiento seguro, con el restablecimiento de los derechos de las poblaciones desplazadas por los impactos de El Niño y otros fenómenos naturales agravados por la crisis climática.
Financiación pública para la transición agroecológica, prohibición de los agrotóxicos y protección de las semillas nativas y criollas
Exigimos la reorientación inmediata del gasto público, sustituyendo los subsidios a la agroindustria por financiación directa, subsidios no reembolsables, así como préstamos a interés cero y subvenciones no reembolsables para la transición agroecológica, los sistemas agroforestales y las redes comunitarias de semillas nativas y criollas 7. Exigimos la prohibición de los agrotóxicos, pesticidas químicos peligrosos, y de los organismos genéticamente modificados (OGM) 8, así como la regulación o prohibición de su importación e introducción, según cada contexto, para proteger la salud de las comunidades rurales, las personas trabajadoras agrícolas y los ecosistemas, detener la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo, y fortalecer la resiliencia frente a la crisis climática.Los Estados deben apoyar esta transición mediante un aumento de la financiación pública para la agroecología, la contratación pública preferencial y las infraestructuras locales de semillas. Este apoyo también debe incluir una compensación adecuada para las personas campesinas que experimenten pérdidas temporales de ingresos durante la transición, garantizando que no se vean obligadas a asumir los costes económicos de afrontar una crisis climática de la que son las menos responsables. Rechazamos los esquemas de agricultura de carbono (carbon farming) y agricultura climáticamente inteligente (climate-smart agriculture) que refuerzan los modelos agrícolas industriales, el control corporativo sobre las tierras agrícolas o la dependencia campesina de los insumos corporativos y del endeudamiento, en lugar de apoyar la agroecología campesina y la soberanía alimentaria.
A escala internacional, exigimos la reorientación masiva de los subsidios militares y a los combustibles fósiles del Norte Global hacia un fondo internacional de reparaciones destinado a popularizar la agroecología campesina como la verdadera solución para proteger la producción campesina, restaurar suelos vivos y biodiversos capaces de retener más agua y fortalecer la capacidad de las comunidades para hacer frente a las sequías asociadas a El Niño.
Regulación pública de los mercados, precios garantizados para los productores y contratación pública para combatir la especulación corporativa
Exigimos la intervención pública inmediata en los mercados alimentarios mediante el establecimiento de Precios Mínimos Sostenibles basados en los costes reales de producción y de Precios Máximos para las Personas Consumidoras, con el fin de eliminar la especulación de las empresas y los intermediarios durante las emergencias climáticas, incluidas las sequías, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos extremos 9.Los Estados deben implementar programas preferenciales de contratación pública descentralizada que den prioridad al campesinado, sistemas de alerta temprana centrados en las comunidades campesinas que movilicen a la población local y utilicen redes de radios comunitarias, programas de compra directa a agricultores familiares y productores indígenas afectados por El Niño, establecer reservas públicas estratégicas de cereales e intervenir en la distribución de alimentos a través de agencias estatales de abastecimiento, como BULOG en Indonesia. Esta regulación es esencial para combatir los aumentos excesivos de los precios de los productos alimentarios básicos, cuyos precios mundiales podrían subir más de un 15 % como consecuencia de El Niñ 10. Estos aumentos están impulsados por monopolios e intermediarios que elevan el coste de la cesta de la compra incluso cuando existen cosechas o reservas suficientes, mientras pagan precios de miseria en origen y condenan al campesinado a la ruina. A escala mundial, exigimos un nuevo marco de comercio internacional basado en la solidaridad y la justicia fiscal global, con una fuerte tributación de las empresas transnacionales especulativas y de las personas superricas.
Protección laboral frente al calor extremo, salud comunitaria e institucionalización de brigadas de emergencia autogestionadas
Exigimos la adopción urgente de normativas laborales vinculantes para el trabajo agrícola expuesto a temperaturas elevadas (>40 °C), que establezcan jornadas laborales más cortas con garantía del salario íntegro, la provisión obligatoria de zonas de sombra, agua potable, botiquines de primeros auxilios y cobertura médica en las explotaciones agrícolas, así como compensaciones económicas públicas por los días no trabajados debido a episodios de calor extremo 11.
Exigimos la transferencia directa de fondos públicos a organizaciones campesinas e indígenas para que puedan gestionar de forma autónoma la prevención de desastres y equipar sus brigadas territoriales para responder a incendios, inundaciones y otros desastres relacionados con el clima, tomando como referencia la experiencia de organizaciones brasileñas y amazónicas que reclaman financiación para el Plano de Manejo Integrado do Fogo (Plan de Manejo Integrado del Fuego); el despliegue de embarcaciones y balsas de servicios sanitarios móviles en zonas aisladas afectadas por la sequía; y la congelación o subvención de las tarifas de electricidad y agua durante las emergencias climáticas. Esta regulación e inversión son urgentes para reducir las hospitalizaciones de las personas trabajadoras agrícolas asalariadas sin tierra, en su mayoría mujeres, debido a golpes de calor, insuficiencia renal y estrés cardiovascular; compensar la pérdida de jornales en los días no trabajados; detener la destrucción de bosques e infraestructuras causada por incendios incontrolados; y evitar que los sistemas comunitarios de bombeo de agua y conservación de alimentos queden fuera de servicio debido a facturas de electricidad inasequibles.
Exigimos que los gobiernos, la CMNUCC y las instituciones multilaterales garanticen que el Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños (FRLD) y los fondos más amplios de adaptación climática establezcan mecanismos de financiación directos, sin deuda e incondicionales, accesibles directamente a las organizaciones campesinas de base, y que los fondos de adaptación climática y las compensaciones por pérdidas y daños se entreguen directamente a las organizaciones campesinas e indígenas de base en forma de reparaciones, reconociendo el trabajo de cuidados de las mujeres rurales y garantizando los derechos laborales en los procesos de transición agroecológica justa. Su asignación debe reflejar las desigualdades climáticas: los países y las comunidades del Sur Global, a pesar de sus menores emisiones y consumo per cápita, suelen sufrir impactos climáticos desproporcionados. Por tanto, la financiación debe priorizar las necesidades y el liderazgo de las comunidades campesinas e indígenas afectadas.
Los impactos de El Niño, agravados por la crisis climática antropogénica, no pueden abordarse trasladando sus costes a quienes producen nuestros alimentos ni mediante una asistencia temporal que deje intactas las desigualdades estructurales y el modelo capitalista que generan vulnerabilidad. Mientras las comunidades afectadas afrontan la pérdida de cosechas, viviendas, infraestructuras y medios de vida, los intereses empresariales y los actores financieros pueden aprovechar la emergencia para profundizar el endeudamiento, concentrar la tierra, privatizar recursos esenciales y ampliar la dependencia de los sistemas alimentarios industriales. Esto es capitalismo del desastre: convertir el sufrimiento de las personas en una oportunidad de lucro y despojo. Exigimos que los Estados traduzcan estas reivindicaciones en políticas públicas, presupuestos adecuados y medidas eficaces, con la participación decisiva de las organizaciones campesinas y las comunidades afectadas.
Por lo tanto, nuestra estrategia debe ir más allá de la ayuda de emergencia y vincular la solidaridad inmediata con la organización colectiva a largo plazo. Debemos fortalecer y ampliar las iniciativas mediante las cuales las comunidades campesinas ya están desarrollando su capacidad para afrontar la crisis, incluidos los sistemas agroecológicos y agroforestales, los bancos comunitarios de semillas nativas y criollas, y las brigadas territoriales. Esto implica preparar brigadas de justicia climática antes de que se produzcan las emergencias, ampliar los intercambios Campesino a Campesino, fortalecer las redes comunitarias de respuesta ante desastres y garantizar la participación significativa de las mujeres, los jóvenes, las diversidades, las personas mayores y otros miembros de nuestras comunidades. Los gobiernos deben apoyar estas iniciativas con recursos públicos, respetando al mismo tiempo el liderazgo y la autonomía de las comunidades, en lugar de utilizar la asistencia de emergencia para imponer la privatización, las tecnologías corporativas u otras formas de dependencia. Después de un desastre, reconstruir no debe significar volver a las mismas condiciones de vulnerabilidad, sino restaurar y fortalecer la producción alimentaria campesina, proteger el acceso colectivo a la tierra y al agua, y consolidar los sistemas locales de cooperación y ayuda mutua. Las personas más afectadas por los desastres climáticos no deben ser tratadas simplemente como víctimas o beneficiarias de la ayuda, sino reconocidas como actores políticos capaces de liderar su propia recuperación. Al vincular la acción de base con nuestras reivindicaciones políticas más amplias, podemos transformar los momentos de crisis en oportunidades para fortalecer la soberanía alimentaria y el poder colectivo.
Defender la tierra, el agua, las semillas, unas condiciones laborales dignas y unos mercados justos significa defender el derecho de los pueblos a decidir cómo producir alimentos y alimentarse. Frente a un modelo que concentra los recursos y profundiza las desigualdades, la Reforma Agraria Popular y la Agroecología Campesina, en el marco de la Soberanía Alimentaria, son esenciales para avanzar hacia la justicia climática y ambiental. La Vía Campesina hace un llamamiento a reforzar la solidaridad internacionalista y la acción colectiva para que ninguna comunidad tenga que afrontar sola las consecuencias de esta crisis.
¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!
1Esta exigencia se sustenta jurídicamente en el derecho campesino a un nivel de vida adecuado y al acceso facilitado a medios de producción, crédito y seguros (Art. 16.1 de la UNDROP), así como en la obligación de los Estados de fortalecer la resiliencia campesina frente a desastres naturales y fallos de mercado (Art. 16.5 de la UNDROP)
2Amparados en el derecho a la seguridad social y a garantías de ingresos básicos (Arts. 13.3 y 22.3 de la UNDROP).
3Esta exigencia tiene su pilar en el Artículo 21 de la UNDROP, que consagra el derecho humano al agua potable y al saneamiento, obligando a los Estados a priorizar las necesidades humanas y la agricultura de pequeña escala e impedir que terceros priven o contaminen las fuentes de agua (Arts. 21.1, 21.2 y 21.5 de la UNDROP)
4Respaldado en el deber estatal de proporcionar tecnologías de riego y almacenamiento apropiadas y accesibles (Art. 21.3 de la UNDROP)
5 Esta demanda se fundamenta en los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París, que establecen, respectivamente, marcos de cooperación internacional que implican transferencias de créditos de carbono y mercados de carbono.
6La UNDROP respalda plenamente esta demanda en su Artículo 17, protegiendo el derecho individual y colectivo a la tierra (Art. 17.1 de la UNDROP), proscribiendo el desplazamiento arbitrario y las confiscaciones (Art. 17.4 de la UNDROP)
7Esta exigencia se fundamenta jurídicamente en el Artículo 19 de la UNDROP, que consagra el derecho inalienable de los campesinos a guardar, usar, intercambiar y vender sus semillas (Art. 19.1.d de la UNDROP), imponiendo a los Estados el deber de apoyar activamente los sistemas de semillas campesinas y la agrobiodiversidad (Arts. 19.2 y 19.6 de la UNDROP)
8Demanda que emana del derecho a un entorno de trabajo libre de sustancias tóxicas (Art. 14.2 de la UNDROP) y de la obligación estatal de proteger la biodiversidad frente a los riesgos de organismos vivos modificados (Art. 20.3 de la UNDROP)
9La UNDROP mandata a los Estados a respaldar los mercados locales con precios equitativos que garanticen un ingreso digno (Arts. 16.2 y 16.3 de la UNDROP), imponiéndoles la obligación explícita de actuar internacionalmente para regular los mercados mundiales, transparentar las reservas alimentarias y limitar la especulación y la volatilidad extrema de los precios de los alimentos (Art. 2.6.e de la UNDROP)
10Citado por Associated Press (AP), «Worsening El Niño threatens Asia with drought, potentially raising food prices globally», 22 de septiembre de 2026. https://apnews.com/article/31c88df9ce8f67bcbfe3ea7f39431d57.
11El Artículo 14 de la UNDROP establece el derecho de todos los trabajadores rurales -incluidos jornaleros, migrantes y de temporada- a condiciones laborales seguras y a retirarse de situaciones de peligro inminente para su salud (Art. 14.1 de la UNDROP), amparado en el derecho a la salud física y mental sin discriminación (Art. 23.1 de la UNDROP)
Esta entrada está disponible también en English.
Facebook Twitter WhatsApp Telegram Em
Fuente: La Vía Campesina
