Denuncian persecución de liderazgos sociales en La Salina
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denunció que, en el municipio de La Salina (Casanare), integrantes de la Fuerza Pública y la Fiscalía colombiana realizaron allanamientos ilegales y arbitrarios en las viviendas de liderazgos sociales y campesinos del territorio.
Según la organización de derechos humanos, la señora Margarita Ortiz, presidenta de la Asociación de Mujeres de La Salina (Asomulsa) y afiliada a la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Papayos; el señor Freiman Vargas, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rodrigoque; y el señor Argemiro Valbuena, actual concejal municipal, sufrieron estigmatización, perfilamiento, hostigamientos y allanamientos ilegales.
En la madrugada del pasado 25 de marzo, integrantes del Ejército Nacional, el Gaula militar y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía colombiana (CTI) ingresaron a las veredas Los Papayos y Rodrigoque. Irrumpieron en las tres viviendas de los liderazgos campesinos y sus familias con supuestas órdenes de allanamiento que no verificaron.
La Fundación Joel Sierra, organización que recopiló la denuncia de las comunidades, señaló que las acciones de las autoridades generaron terror y zozobra en los menores de edad que estaban en los hogares.
En la vivienda del señor Argemiro, los uniformados agredieron verbal y psicológicamente a su esposa, Alba, a quien encerraron en una habitación y maltrataron verbalmente. De igual forma, la comunidad denuncia a la fuerza pública por causar daños materiales en dicha vivienda.
Liderazgos campesinos comprometidos con los Tecam
La lideresa y los otros dos líderes sociales son integrantes de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca) en el municipio de La Salina. También impulsan la constitución del Territorio Campesino Agroalimentario (Tecam) Renacer Salinero, Fortaleza del Casanare.
Las comunidades establecieron este Tecam como un símbolo de resistencia y esperanza. Desde hace años, la población lucha por la recuperación de la tierra y la preservación de sus tradiciones agrícolas. Además de ser una respuesta organizada frente a las injusticias históricas, el campesinado de la región apuesta por la construcción de un proyecto de vida sostenible, autónomo y digno.
Exigencias a las autoridades
La comunidad solicitó a la Defensoría del Pueblo velar por la protección y la garantía de los principios fundamentales a la vida, la libertad e integridad de las personas del municipio de La Salina, en Casanare.
Igualmente, exigen a las fuerzas militares (Ejército, Gaula, CTI), junto con la Fiscalía General de la Nación, cesar las acciones de estigmatización, señalamientos, persecución y judicialización contra los liderazgos sociales del territorio.
Asimismo, reclamaron que la Gobernación de Casanare, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal dispongan las medidas integrales de seguridad y protección adoptadas en el Decreto 660 de 2018, cuyo propósito es “la prevención de violaciones, protección, respeto y garantía de los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de comunidades y organizaciones en los territorios”.
La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra reiteró a la comunidad nacional e internacional su llamado a exigir la protección de la población civil y el cumplimiento de los compromisos en derechos humanos a los que está obligado el Estado colombiano, de acuerdo con sus compromisos internacionales.
Fuente: Colombia Informa
