Denuncian tratado neoliberal con Canadá que atenta contra los derechos de los pueblos

Este tratado da continuidad a la estrategia neoliberal del gobierno de Noboa y profundiza la subordinación del país andino a la economía global, en medio de una creciente alineación con Trump y otras economías imperialistas. Bajo el pretexto de promesas de liberalización del mercado, crecimiento e inversión, se consolida un modelo que beneficia principalmente al sector agropecuario, hidroeléctrico y minero, poniendo en peligro la democracia y socavando la soberanía económica, jurídica, productiva y territorial del pueblo.

La firma de este tratado es una decisión política que pone en peligro los recursos naturales, los territorios, la soberanía y la capacidad reguladora del Estado, sin que se hayan llevado a cabo procesos de consulta adecuados ni evaluaciones de impacto para determinar sus posibles consecuencias económicas, sociales, ambientales y territoriales.

Contra la Constitución de Montecristi

Diversas organizaciones han denunciado la inclusión de mecanismos internacionales de arbitraje entre inversores y Estados. Esta preocupación se fundamenta en el texto oficial del acuerdo: Canadá informa que Ecuador y Canadá acordaron normas para la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), con compromisos de transparencia en los procedimientos.

Esta disposición debe analizarse a la luz del artículo 422 de la Constitución ecuatoriana, que establece que no se pueden celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a órganos de arbitraje internacionales en controversias contractuales o comerciales entre el Estado y particulares o personas jurídicas.

El problema, por lo tanto, no radica simplemente en la existencia de mecanismos de arbitraje, sino en la tensión que puede surgir entre estos mecanismos y el principio constitucional de soberanía jurídica. Cuando un tratado permite a lxs inversores extranjeros recurrir a mecanismos internacionales para impugnar ciertas acciones estatales, se abre un debate fundamental sobre los límites de la capacidad reguladora del Estado y la primacía del interés público.

El Tratado de Libre Comercio tampoco puede separarse de los intereses de las empresas mineras canadienses. En este sentido, el acuerdo podría reforzar un modelo extractivista que viola los derechos territoriales y colectivos e intensifica las presiones sobre estos territorios. La experiencia de otros países de la región demuestra que los mecanismos de protección de inversiones y los acuerdos comerciales han generado intensos debates sobre la capacidad de los Estados para implementar políticas públicas ambientales, sociales y territoriales.

Derechos en riesgo

Los sindicatos también han advertido sobre las posibles repercusiones del tratado en los derechos laborales y ambientales. En respuesta, rechazan el uso instrumental de referencias a las mujeres, los pueblos indígenas o las pequeñas y medianas empresas (pymes) para presentar como inclusivo un tratado que, por su propia estructura, favorece a las grandes empresas.

Cabe preguntarse: ¿Qué sucederá con la agricultura familiar a pequeña escala? ¿Qué consecuencias tendrá el tratado en materia de regulación minera, protección del agua y derechos territoriales? ¿Quiénes se beneficiarán realmente de la liberalización del comercio y las nuevas oportunidades de inversión?

No podemos aceptar que los derechos de los pueblos se utilicen como recursos retóricos mientras se implementan mecanismos que otorgan mayores garantías y privilegios a las grandes corporaciones.

Un tratado que aumenta la dependencia

La experiencia y la historia en la región demuestran que este tipo de tratados pueden reforzar la exportación de materias primas, la concentración empresarial y la dependencia tecnológica, sin generar necesariamente los procesos de industrialización y transferencia de tecnología que a menudo se presentan como parte de sus promesas.

Desde esta perspectiva, el TLC entre Ecuador y Canadá profundiza un modelo económico basado en la extracción y exportación de bienes, en lugar de promover una transformación productiva soberana destinada a garantizar los derechos de los pueblos y la naturaleza.

Globalicemos la resistencia.

El movimiento campesino internacional La Vía Campesina ha denunciado que estos tratados favorecen la expansión de la agroindustria y amenazan la soberanía alimentaria de los pueblos al someter las políticas agrícolas y alimentarias a la dinámica del libre comercio.

Como se ha argumentado, ante la lógica del libre comercio y la expansión del poder corporativo, los pueblos necesitamos construir formas alternativas de relaciones económicas y comerciales, basadas en la soberanía alimentaria, la cooperación, la solidaridad y la complementariedad entre los pueblos. No se trata de aislarnos del mundo, sino de establecer relaciones comerciales que prioricen la vida, el trabajo, los territorios y los derechos de quienes producen alimentos, en lugar de la rentabilidad de las grandes corporaciones.

Frente a tratados que profundizan la dependencia y priorizan los intereses corporativos, afirmamos el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios, sus sistemas de producción y sus recursos naturales. Estamos comprometidos con la integración entre los pueblos basada en la justicia social, la soberanía alimentaria y energética, la defensa de los derechos de la naturaleza y el fortalecimiento de las economías campesinas y comunitarias.

Los acuerdos de libre comercio no pueden prevalecer sobre los derechos de los pueblos ni sobre la democracia. Cuando las corporaciones gozan de mayor protección que quienes viven y trabajan en el campo, no presenciamos cooperación entre países, sino una nueva forma de subordinación neocolonial.

Fuente: La Vía Campesina