Después de 13 años con denuncias de representación ilegal, comunidad indígena de Tepoztlán elige Comisariado de Bienes Comunales
El pasado domingo (22), la Asamblea Comunitaria de Pueblos, Barrios y Colonias de Tepoztlán, Morelos, eligió un nuevo Comisariado de Bienes Comunales, un hecho extraordinario en el que una comunidad indígena aspira no sólo a nombrar su autoridad agraria, sino avanzar hacia una representación más equitativa.
En la última década, los bienes comunales han estado “secuestrados” por parte de un grupo de comuneros que, de acuerdo con habitantes permitieron construcciones ilegales y la venta de tierras comunales. También han denunciado que las asambleas para renovar al comisariado han sido manipuladas mediante censos y listas de comuneros no reconocidos por el Registro Agrario Nacional (RAN).
Esta situación no es nueva. Hace más de 30 años, autoridades agrarias, municipales y del estado de Morelos facilitaron la compra por parte del corporativo KS-GTE de varias hectáreas de los bienes comunales, así como los permisos necesarios para la construcción de un desarrollo inmobiliario que incluía un club de golf.
En ese contexto, la reciente asamblea se llevó a cabo en el auditorio municipal Ilhuicalli (La casa de la festividad), cuya fachada representa una celebración con imágenes de músicos y chinelos, que fueron dibujados por niñas y niños de Tepoztlán, y posteriormente plasmados en un gran mural elaborado con mosaicos de colores. Una representación característica de la cultura e identidad de las y los tepoztecos.
Ante un auditorio lleno, así como la presencia de autoridades comunitarias como ayudantes municipales, mayordomos y el consejo del barrio de Santo Domingo de Guzmán, en punto de las 18:06 horas, se dio inicio a la asamblea. No era para menos advertir que serían varias horas de asamblea, pues la elección de las nuevas autoridades agrarias sería a mano alzada y se votaría una planilla única de 23 comuneras y comuneros reconocidos ante el RAN.
“Va a ser una asamblea larga, pero los pueblos estamos acostumbrados a eso. Así que, por favor, les pedimos que aguanten. Si ya aguantamos una década, ¿qué nos cuesta un par de horas más?”, comentó la presidenta de la mesa, quien a su vez anunció que en la asamblea también se encontraban como observadores representantes de la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el gobierno del estado, así como investigadores del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos y un notario público.
Lucha y resistencia: del Ayuntamiento libre a la recuperación de los bienes comunales
En Tepoztlán, la venta de tierras comunales es una actividad que ha sido permitida por los gobiernos municipal y estatal, sobre todo ante el crecimiento de las zonas urbanas y el desarrollo de centros turísticos en la entidad. Esta situación implica, por un lado, cambios de uso de suelo, y por otro, la cesión de derechos a terceros, que lleva a su vez al fraccionamiento de tierras y la edificación. Cabe destacar que más de la mitad del territorio morelense tiene uso de suelo agropecuario y/o agro-forestal, de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Estos cambios comenzaron en los años setenta y se legalizaron a partir de las reformas al artículo 27 constitucional impulsadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ante este contexto y de la mano con el reconocimiento de Tepoztlán como centro de atracción turística, en los años noventa una empresa privada buscó construir un desarrollo inmobiliario con un club de golf en tierras comunales –y actualmente de conservación–, a pesar de la negativa de gran parte de la población de los barrios y pueblos nahuas de Tepoztlán.
“Lo que yo tengo presente por relatos de mi familia, es que cuando fue la lucha de ‘No al club de golf’ en la primera mitad de la década de los 90, en el 94, se desconocieron a las autoridades municipales, entre ellas del Ayuntamiento municipal, presidente (municipal) Alejandro Morales, y quien era en ese entonces el Comisariado de Bienes Comunales, que estaba encabezado por Abraham López”, comentó una joven tepozteca, cuyo padre es comunero*.
Además, aseguró que, en aquellos tiempos, se desconocieron a ambas autoridades (agraria y municipal), pues ellos fueron quienes se prestaron a firmar los contratos con los cuales se cerró la venta de las tierras de Montecastillo - zona forestal y de cultivo, protegida y reconocida por tribunales agrarios como propiedad comunitaria - con la empresa Klad-Sobrino (KS), “por eso se les dice ‘KS’ a los traidores en Tepoztlán”, agregó la joven.
El 24 de agosto de 1995, las y los tepoztecos, así como avecindados, tomaron el Palacio Municipal, corrieron al presidente y a su cabildo, y llamaron a asamblea para cambiar no sólo al presidente municipal, sino al Comisariado de Bienes Comunales, ambos por asamblea comunitaria. “La comunidad se organizó barrio por barrio, pueblo por pueblo, y se logró un ayuntamiento libre. Llevó más tiempo que se pudiera, a través de la comunidad también y de la organización, nombrar a un nuevo comisariado”, comentó. Además, agregó que fue hasta finales de los noventa que se convocaron a los comuneros y la gente interesada de Tepoztlán para que se pudiera resarcir el vacío de autoridad de bienes comunales. Es importante señalar que en los noventa sólo existía el censo de comuneras y comuneros de los años 1990-1991, sin embargo, este se amplió en 1998.
Cabe destacar que, en los primeros meses del año 2001, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 18 ordenó que se debían anular los contratos para la construcción del club de golf y ordenó al representante de Pirámide y Convento S.A de C.V (antes KS-GET), la empresa constructora, regresar las tierras a la comunidad. Sin embargo, la constructora metió un recurso de revisión, el cual obtuvo como resolución la revocación de la decisión del TUA, impidiendo así la restitución.
A partir de este momento, se desencadenaron una serie de juicios de amparo en diferentes tribunales agrarios para detener el proceso de devolución. A pesar de diferentes demandas, exigencias y protestas, los comuneros y habitantes de Tepoztlán no obtuvieron una resolución favorable hasta que el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En 2018, 19 años después de la primera denuncia contra el proyecto del club de golf, la corte ordenó restituir las tierras que habían sido vendidas.
Obras de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla durante el año 2014. Foto: Aldo Santiago
A pesar de que el proceso legal se encontraba activo, en el 2011 comenzaron las gestiones para la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, una obra que es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), que aunque fue suspendida en diferentes ocasiones, en febrero del 2021, el expresidente Andrés Manuel López Obrador instó a la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT) a concluirla.
“Como en Tepoztlán las tierras son –bueno, el territorio y la superficie municipal– son de propiedad social, pues se necesitaba el permiso de los bienes comunales y como, por ejemplo, este tramo carretero abarca tanto tierras comunales como tierras ejidales, se necesitaba permiso de los dos (…) Como fue un proyecto impositivo, ni el ejido ni la comunidad estaban de acuerdo”, comentó la misma joven.
Para renovar el comisariado, en 2013, durante el gobierno de Graco Ramírez, se llamó a asamblea en el auditorio municipal, sin embargo, las condiciones llevaron a que un grupo perteneciente al pueblo de San Juan Tlacotenco encontraran una oportunidad para controlar los bienes comunales. “ Estuvo rodeada de granaderos, se dejó entrar a los comuneros a modo, o sea a quienes les convenía que estuvieran adentro. Recuerdo cómo empezó a llegar gente en camiones, personas mucho más jóvenes, que pues, de acuerdo con el estatuto comunal de Tepoztlán, pues no tenían derecho a ser comuneros. Y bueno empezaron a llenar el auditorio con gente que iba a favorecer la votación hacia un comisariado que posteriormente permitiera y diera todos los permisos para este proyecto” de la ampliación carretera, sentenció.
Asimismo, ella también señaló que tanto el gobierno estatal, el comisariado de bienes comunales y el ayuntamiento tuvieron que implementar una estrategia que consistió en colocar gente dentro del comisariado que se prestara a colaborar con ellos e instar a la asamblea de comuneros a aprobar el proyecto. Cabe destacar que en 2013, el movimiento Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán denunció en conferencia de prensa esta situación y expresaron que en aquella asamblea de cambio de autoridad agraria habían jóvenes que no eran comuneros, sino “gente contratada por el gobernador y el Edil”.
Es a partir de este momento, que el comisariado fue controlado por un grupo “cada tres años que había un cambio de administración de bienes comunales, siempre ha quedado, pues alguien de la familia Cuevas (Clemente Cuevas), Lucio Cuevas, Félix Cuevas, Miguel (Ángel) Cuevas. Entonces todo el tiempo ha sido así”, dijo la joven.
En agosto de 2014, la entonces Registradora Integral de la Delegación Morelos del RAN, Elizabeth González Vallina, aseguró en el oficio incluido en el expediente Agrario de Tepoztlán (SR/3281/2014), obtenido por el Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán, que no se localizó el padrón de comuneros en los que constatara como tales a los ciudadanos “Clemente Cuevas Romero, Florian Silvano Puebla Durán y Ubaldo Romero Palma, toda vez que no se expidieron Certificados de Bienes Comunales a sus integrantes”.
La entrevistada, quien decidió compartir su testimonio de manera anónima por cuestiones de seguridad, agregó que, en el 2013, mientras ocurría aquella asamblea en el auditorio, un grupo de comuneros –que no pudieron ingresar al recinto– realizó una reunión paralela en la iglesia y nombró un comisariado diferente. Al mismo tiempo, el resto de personas comuneras, inconformes con la elección realizada en el auditorio y considerando ilegítimo al comisariado de Clemente Cuevas, dejaron de asistir a sus asambleas. “Se le fue permitiendo que ellos siguieran su juego, con sus propias reglas, pero porque, pues para la gente, los comuneros del pueblo, el resto de los comuneros que no pertenecían a su grupo, pues ese comisariado jamás tuvo legalidad ni legitimidad”, concluyó.
Sobre acciones (i)legales e irregularidades
Los habitantes originarios de Tepoztlán siguieron manifestando varias irregularidades y acciones ilegales por parte del comisariado de bienes comunales del grupo de los Cuevas. Estas denuncias van desde la emisión de constancias en zonas prohibidas dentro del parque nacional El Tepozteco y el Corredor Biológico Chichinautzin –que son los sitios de reserva y abastecimiento de recursos naturales para la comunidad de Tepoztlán– hasta la realización de actos ilegales, como modificar a conveniencia el padrón de comuneros, ya sea inflándolo o depurándolo, con el fin de mantener el control de la situación agraria en el municipio.
Para octubre de 2022, las y los comuneros convocaron a una asamblea para elegir a una nueva representación, sin embargo, el grupo de los Cuevas volvió a ganar. Algunas y algunos comuneros comentaron que en la “asamblea hubo truco”, pues “vinieron personas de no sé dónde a decir que eran comuneros que ni están registrados en el RAN (Registro Agrario Nacional), por ahí hay gente que todavía ni hereda tierra porque el abuelito no se ha muerto y fueron a la asamblea”, aseguró un comunero de Tepoztlán. Es importante señalar que, en el mes de octubre de 2025, el TUA del distrito 18 ordenó una suspensión de la elección de bienes comunales en Tepoztlán luego de detectar al menos 371 irregularidades en el padrón oficial de comuneros.
“También había personas que ya habían fallecido y otras que todavía son menores de edad en su lista de comuneros… no es justo que ellos (los Cuevas) tengan el control del comisariado, no son legales”, comentó “E”, una mujer comunera, quien consideró que es necesario recobrar el control sobre el territorio comunal, principalmente por el tema de los recursos naturales.
Otra habitante, nieta de tepoztecos, comentó que sus abuelos y su padre le han contado cómo ha cambiado Tepoztlán a raíz del actuar irregular de las autoridades agrarias: “Me contaban que antes el río de Atongo siempre tenía agua todo el año y ahora sólo en temporada de lluvias. ¿Qué hay alrededor de él? fraccionamientos, grandes hoteles, casas enormes con albercas y pozos de agua (ilegales) que nos quitan el agua del pueblo”.
Venta de terrenos y edificaciones irregulares han proliferado en las inmediaciones de Tepoztlán pese a que la zona forma parte del corredor biológico Chichinautzin.
Asimismo, compartió que para ella es importante tener una autoridad agraria comunal, legítima y legal, pero también que sea representativa, es decir, que considere a los pueblos, barrios y colonias, así como a las mujeres. “Es importante porque en los últimos 13 años, con la imposición violenta con granaderos, los Cuevas han hecho del comisariado de bienes comunales una empresa de bienes y raíces, provocan incendios casi año con año para cambiar el uso de suelo y que empresas y personas puedan construir hoteles, casas para rentar como airbnb. Esa urbanización forzada es la que nos está destruyendo los bosques, los cerros, dejando a los animalitos sin hogar. Nos quita el acceso a lugares sagrados, históricos y también de reserva natural, incluso de los caminos prehispánicos (…) sobre todo nos están dejando sin agua”, explicó la joven.
Tepoztlán enfrenta escasez de agua, además de que la situación es crítica en torno a los incendios forestales. “No sé si sabes, pero acá se dice que detrás de un incendio está el cambio del uso de suelo”, agregó la comunera “E”. Al menos en los últimos años, Tepoztlán ha enfrentado varios incendios que han devastado la flora y fauna de los cerros. Tres de los incendios más devastadores fueron en el 2021, 2022 y en el 2025. Este último duró poco más de una semana y afectó cerca de mil 200 hectáreas, según informó el presidente municipal Perseo Quiroz.
En el mes de febrero, Alan Dupré, secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Morelos, declaró que en lo que llevamos del año, el 80% de los incendios forestales de todo el estado se concentran en Tepoztlán.
Por otro lado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Agua (2024), de las 85 concesiones de agua que hay en Tepoztlán, 23 son de uso público urbano, mientras que 10 son agrícolas y 41 para servicios institucionales, como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, 6 son privadas y 2 para diferentes usos, que están nombres de privados y empresas inmobiliarias.
De manera adicional, según información de Casa Tecmilco, un proyecto que investigó la geohistoria de Tepoztlán, hasta 2023 registraron un incremento significativo de visitantes durante los fines de semana y las temporadas vacaciones, lo cual ha causado un aumento de hoteles, posadas y casas de huéspedes: más 230 lugares de hospedaje, con 2 mil cuartos.
En varias ocasiones se ha buscado enfrentar la problemática de la representación agraria en Tepoztlán. Por un lado, a través de varios juicios en diferentes tribunales agrarios y por otro, a través de asambleas comunitarias. Sin embargo, no fue hasta el 2025, cuando se dio la oportunidad. A partir de septiembre se iniciaron y/o activaron varios juicios en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 18 para anular la asamblea de cambio de autoridad agraria de ese mismo año, y con ello, cuestionar el padrón de comuneros.
En octubre de este mismo año, el TUA del distrito 18 estableció que el Comisariado de Bienes Comunales debía emitir una nueva convocatoria para elegir a nuevos representantes. Sin embargo, la Procuraduría Agraria emitió un acuerdo días antes de la asamblea de comuneros, argumentando que “no respaldaba” esta segunda convocatoria.
A esta situación se suman las notificaciones –emitidas el 16 de octubre– de la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, y del alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, expresando que no existían condiciones de seguridad pública para realizar la asamblea en el centro de acopio agrícola Casa Verde.
Por esta razón, la Procuraduría determinó suspender su intervención, coadyuvancia, vigilancia y apoyo institucional en el desarrollo del proceso de elección comunal, argumentando como prioridad la seguridad de los comuneros.
Es importante mencionar que, a principios de noviembre del 2025, a través de uno de los juicios, bajo el expediente 525/2025, el TUA concedió una medida cautelar que evita que el Comisariado de Bienes Comunales electo expida constancias de posesión, realice convenios a nombre de la comunidad y tampoco que pueda convocar a asamblea.
Un comisariado que represente a la mayoría
Ya ha pasado poco más de una hora desde que comenzó la asamblea comunitaria. A pesar de que es domingo, las y los habitantes de la comunidad indígena de Tepoztlán, provenientes de pueblos, barrios y colonias, continúan votando por los últimos cargos del Consejo de Vigilancia, el cual es parte del Comisariado de Bienes Comunales. Una habitante de Tepoztlán, cuya familia se encuentra también en la asamblea (a quien llamaremos “A”, para cuidar su identidad) está emocionada, principalmente por la oportunidad que representa este momento.
"Es necesario que el pueblo unido recupere el comisariado de bienes comunales para detener a estos que venden tierra, urbanización, daño a las zonas naturales protegidas, los incendios provocados año con año, que cuando nos damos cuenta después del incendio vemos construcciones”, dijo “A”.
Ella, quien también pidió su anonimato por cuestiones de seguridad, estuvo siguiendo el proceso de organización de la asamblea, pero también de varias asambleas locales de tipo informativa que se realizaron desde octubre del 2025 y los primeros meses del 2026 en los barrios, pueblos y colonias de Tepoztlán.
“Lo importante es que no haya un control de los bienes comunales de un grupo de poder, sino que haya diversidad y que haya representación de pueblos y barrios. Que las personas que estén allí sean personas de confiar y que realmente velen por el territorio y protejan a nuestro pueblo (…) Ojalá que se hicieran así siempre todas las elecciones (para comisariado), que no sólo participen comuneros reconocidos, sino toda la población”, completó “A”.
En estas asambleas locales se habló con las autoridades comunitarias (mayordomías, ayudantes o consejo de barrio) y se informó sobre la situación legal en la que se encuentra la representación comunal; los derechos establecidos en el artículo 2º constitucional; y, por último, acerca de la propuesta de una Planilla Única del Pueblo de Representación Comunal (acordado por la asamblea comunitaria), conformada por comuneras y comuneros reconocidos por algún censo.
Las y los candidatos que conformaron la planilla única son 23 personas de los siguientes pueblos, barrios y colonias: los pueblos de San Andrés Tenextitla, Amatlán, Santo Domingo Ocotitlán y Santiago Tepetlapa; los barrios de San José, La Santísima Trinidad, San Sebastián, Santo Domingo de Guzmán, Santa Cruz, San Pedro y Los Reyes; y de la colonia Los Ocotes. Es importante mencionar que a pesar de que se hicieron asambleas locales en Santa Catarina, San Miguel o San Juan Tlacotenco, en algunos casos no llegaron comuneras ni comuneros censados o no hubo convocatoria. Particularmente en el caso de San Juan, la ayudanta comentó que la comunidad no estaba en condiciones para dicha asamblea.
En un comunicado emitido por la organización de la Asamblea Comunitaria de Tepoztlán el viernes 27 de marzo, señalaron que este proceso no fue impuesto, sino que se buscó construir la estrategia para conformar la planilla única del pueblo de representación comunal con la comunidad.
“Todas y todos los tepoztecos tuvieron voz y voto en las asambleas. Para fomentar la participación de las y los comuneros registrados, se les identificó en el censo agrario y en colaboración de las autoridades comunitarias propias cada pueblo, barrio o colonia, se les identificó y entregó una invitación personalizada. Todo comunero registrado en el censo pudo votar y ser votado en su comunidad”, se lee en el comunicado.
Casi dos horas y media después de que comenzó la asamblea comunitaria, los 12 cargos del Comisariado de Bienes Comunales y su Consejo de Vigilancia, tomaron protesta. El acto fue encabezado por Anabell Edith Demesa Labastida, del barrio de la Santísima Trinidad, la primera mujer presidenta del Comisariado en Tepoztlán.
De acuerdo con datos del RAN, si bien Morelos está en uno de los primeros lugares donde las mujeres cuentan con certeza jurídica sobre la tierra, en varios casos las comuneras o ejidatarias no ocupan cargos de liderazgo en la estructura de los comisariados. Es decir, no son presidentas del Comisariado o presidentas del Consejo de Vigilancia. En el caso de Tepoztlán, la asamblea comunitaria eligió a Anabell Edith Demesa como presidenta del comisariado con 105 votos.
“Antes, como las mujeres no heredaban la tierra, la mayoría que están registrados/censados en el padrón comunal son hombres, son muy poquitas mujeres. Entonces fue muy difícil, la mayoría son adultos mayores de la tercera edad y fue muy difícil encontrar mujeres comuneras y luego fue aún más difícil que ellas después quisieran participar, pues en el proceso, también pues ahí está como la deuda histórica que se tiene hacia las mujeres respecto a la tenencia de la tierra”, agregó la joven “A”.
Que una mujer encabece los bienes comunales es un logro, sin embargo, todavía hay varios retos por superar. La joven tepozteca comentó que entre estos desafíos está la apatía de la comunidad, aunque de igual manera hay que resaltar la importancia de actualizar el padrón de comuneros y que represente con equidad a los pueblos, barrios y colonias. “Este nuevo comisariado debería actualizar el padrón, registrar a nuevos comuneros, –cesión y sucesión de derechos agrarios– a personas de todos los pueblos, barrios y colonias, con especial atención hacia las mujeres”, concluyó “A".
Asamblea comunitaria de Pueblos, Barrios y Colonias de Tepoztlán, 22 de marzo de 2026.
Pasaron 13 años desde la última vez que varias y varios de estos comuneros tuvieron la oportunidad de ser elegidos para ser parte del Comisariado de Bienes Comunales. Devolver a la comunidad indígena nahua de Tepoztlán el control sobre la toma decisiones en la elección de su Comisariado de Bienes Comunales, a través de su asamblea, es un hecho que no resulta nuevo para las y los tepoztecos, pues lo hicieron en el marco del movimiento en contra del club de golf. Sin embargo, actualmente las condiciones legales les son más favorables.
El reconocimiento de la comunidad indígena de Tepoztlán, con base en el artículo 2º constitucional –reformado en septiembre del 2024–, otorga la oportunidad a personas tepoztecas y a comuneras a seguir la lucha por la protección de sus bienes comunales a través de una estrategia jurídica alternativa: el fortalecimiento de su asamblea comunitaria como máximo órgano de toma de decisiones y una planilla única de representación comunal por usos y costumbres. Este hecho, representa un momento único para las y los tepoztecos, pues además de potenciar el cambio de autoridad agraria, también busca regresarle a la comunidad el control sobre sus tierras, su territorio y sus recursos, desde una lógica equitativa.
Si bien el respaldo constitucional que reconoce a la comunidad indígena como sujeto de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituye un pilar de esta estrategia, es en el ejercicio de su autonomía y libre determinación —mediante sus usos y costumbres o sistema normativo propio— donde radica su verdadero impulso.
*La identidad de las y los entrevistados se resguarda por cuestiones de seguridad.
Fuente: Avispa Midia
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