Dieciséis juristas internacionales cuestionan a la Corte Constitucional de Ecuador por revivir un arbitraje rechazado en las urnas

La discusión parecía enterrada. Los ecuatorianos rechazaron el arbitraje internacional en las urnas, en abril de 2024, cuando se trató de modificar la Constitución de 2008. Sin embargo, una reciente decisión de la Corte Constitucional volvió a abrir una disputa muy sensible: el uso de esa figura para proteger las inversiones extranjeras en el país, que reabre heridas por los casos de las petroleras Chevron y Occidental, que obtuvieron millonarias sumas contra el Estado en tribunales de arbitramento. “La coherencia constitucional no es un lujo académico. Es la condición mínima de legitimidad de toda jurisdicción constitucional”, escriben en rechazo de la decisión un grupo de 16 juristas extranjeros de alto nivel.

La polémica comenzó con el dictamen que declaró compatible con la Constitución el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos en abril de 2026, uno de los acuerdos más importantes impulsados por el Gobierno de Daniel Noboa en su estrategia para atraer capital extranjero.

Esa decisión ha provocado la inusual reacción internacional. Un grupo de juristas, exjueces, exrelatores de Naciones Unidas y exautoridades de organismos internacionales de derechos humanos envió este miércoles una carta abierta a la Corte Constitucional en la que cuestiona la resolución y advierte que el tribunal estaría permitiendo mediante interpretación judicial aquello que la ciudadanía rechazó en las urnas.

Entre los firmantes figuran los exjueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni y Patricio Pazmiño (quien fue presidente de esa misma Corte Constitucional), el exmagistrado español Baltasar Garzón, el exfiscal general de Colombia Luis Eduardo Montealegre, el exjuez constitucional Ramiro Ávila o el exrelator de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter.

“La Corte termina obteniendo mediante interpretación judicial el mismo resultado que no pudo alcanzarse ni mediante reforma constitucional ni mediante consulta popular”, sostienen.

Recuerda que en abril de 2024, el Gobierno de Noboa impulsó una consulta popular para modificar el artículo 422 de la Constitución, una norma nacida en la Asamblea Constituyente de Montecristi de 2008 que prohíbe ceder determinadas controversias del Estado a tribunales arbitrales internacionales. La propuesta buscaba reabrir la puerta al arbitraje internacional de inversiones, algo que los ecuatorianos rechazaron con el 60% al votar por el no.

Para los autores de la carta, ese resultado dejó claro que la voluntad popular se inclinó por mantener los límites establecidos en la Constitución. Por eso consideran que el reciente dictamen representa una ruptura con más de una década de jurisprudencia constitucional que había considerado incompatibles mecanismos similares de arbitraje inversionista-Estado.

Cuando la Corte dio paso al acuerdo, explicó en un comunicado que existe una diferencia jurídica entre las controversias contractuales o comerciales —prohibidas por la Constitución— y aquellas derivadas de tratados internacionales de inversión, que —según alegaban los magistrados— sí podrían ser sometidas a arbitraje.

Pero los críticos no consideran de la misma forma esa distinción. “Durante más de una década, la propia Corte Constitucional del Ecuador entendió el artículo 422 exactamente en ese sentido. Entre 2010 y 2023 declaró, total o parcialmente, la inconstitucionalidad de múltiples tratados internacionales que contenían mecanismos de arbitraje internacional inversionista-Estado”, señala la carta.

La Corte concluyó que no existe cesión de jurisdicción soberana porque los árbitros aplican normas internacionales y no sustituyen a la justicia ecuatoriana. Pero los firmantes responden que sí y que el problema no es solo qué normas se aplican, sino quién resuelve el conflicto, quién tiene la última palabra cuando una empresa extranjera considera que una decisión estatal afecta sus inversiones. “Eso constituye, en términos reales y funcionales, una transferencia de poder jurisdiccional”, señala. “La Constitución no puede ser modificada por interpretación judicial”, advierten.

Los firmantes exponen también su preocupación por el contexto en el que se aprobó este acuerdo de inversiones. En 2025, Noboa abrió un frente directo contra los jueces de la Corte Constitucional, a quienes llamó “enemigos del pueblo”, por suspender de forma cautelar 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas sin mayor resistencia por una Asamblea controlada por el oficialismo.

Las normas, relacionadas con seguridad y orden público, fueron impugnadas por presunta inconstitucionalidad. Para Noboa, esta decisión fue una “traición” a la lucha contra la violencia. “Han decidido darle la espalda a policías y militares”, repitió en varias intervenciones, incluso convocó a una marcha hacia la Corte Constitucional en Quito. El 12 de agosto de 2025, el centro de la capital ecuatoriana amaneció con una valla gigante con las fotografías y los nombres de los nueve jueces de la Corte Constitucional. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, decía el cartel, en una advertencia cuidadosamente orquestada.

La puesta en escena encendió alarmas fuera del país, varios organismos de derechos humanos condenaron la campaña de hostigamiento contra el máximo tribunal. La Corte Constitucional fue durante varios meses un actor incómodo para el Gobierno, no solo por las decisiones que frenan su agenda legislativa, sino por su rol como único contrapeso institucional real. En un país donde el Ejecutivo controla con holgura la Asamblea y otros poderes del Estado, el tribunal representa el último muro frente a un poder que busca avanzar sin cortapisas.

Noboa fue más allá: en el referéndum que convocó en noviembre de 2025, propuso incluir una pregunta para que los ciudadanos decidan si los jueces de la Corte Constitucional deberían ser considerados como autoridades sujetas a juicio político. La pregunta no pasó los filtros constitucionales.

En su carta, los expertos internacionales también expresan su preocupación por la independencia judicial en Ecuador y sostienen que decisiones de esta magnitud exigen una justificación especialmente rigurosa.

El tratado cuestionado forma parte de una estrategia diplomática y económica impulsada directamente por Noboa. Desde que asumió la presidencia, ha viajado en tres ocasiones a Emiratos Árabes Unidos en busca de inversiones, cooperación financiera y alianzas estratégicas. Su Gobierno también abrió una embajada en Abu Dabi, una decisión presentada como parte del fortalecimiento de las relaciones con uno de los principales centros financieros de Oriente Medio.

Fuente: Bilaterals