Ecuador en el tablero de Trump

Viento Sur | 22 de Abril, 2026

Por Alberto Acosta Espinosa y Luciana Ghiotto

El mundo cambia, rápido y de manera sorprendente. Hace 25 años, empujados por la globalización económica, comenzaron a proliferar los tratados que tenían por objetivo reducir al máximo los aranceles, a la vez que desregular y garantizar al capital global la tan preciada “seguridad jurídica”. Sin embargo, no fue fácil imponer tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, instrumentos siameses, que sirven para aplicar normas destinadas a que nuestros países mantengan su posición sumisa en el concierto internacional. En ese entonces, las sociedades de Nuestra América, Ecuador incluido, se movilizaban en contra del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, impulsado por Washington. Incluso después de que se desbarató esa pretensión, la resistencia a los tratados bilaterales fue vigorosa.

Tan es así que, en Ecuador, por mucho tiempo, se bloqueó esa posibilidad. Hasta que, en el año 2016, el gobernante que había afirmado públicamente que no suscribiría uno, negoció y aceptó un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea, que abrió la puerta a varios TLC en este país andino. No todos son exactamente iguales en cuanto a los compromisos que exigen, pero todos fueron cortados con la misma tijera aperturista y liberalizadora: el Acuerdo con el Reino Unido; el Acuerdo de Asociación Económica Inclusiva con el EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia); el Acuerdo Comercial con China; el Acuerdo de Asociación Comercial con Costa Rica; el Acuerdo de Complementación Económica con Chile; el Acuerdo Comercial con Corea del Sur; a los que se sumaría el TLC con Canadá. En suma, son todos tratados que consagran la posición de economía primario exportadora, con un casi nulo margen de acción autónomo.

Lo que nos interesa en estas páginas, con bombos y platillos, el gobierno de Daniel Noboa comunicó que se ha suscrito Acuerdo de Comercio Recíproco con los EEUU, que podría entrar en vigencia en agosto de 2026. Lo que sorprende es que este convenio preocupe inclusive a quienes defienden los TLC convencionales y que por años han exigido llegar a un acuerdo comercial con ese país.

Antes de revisar algunos puntos clave de dicho Acuerdo, vale la pena exponer el siguiente argumento: se nos ha repetido hasta el hartazgo la idea de que el libre comercio existe en la práctica y beneficia siempre y a todos los países. Esto es simplemente una falacia. La reciprocidad es un mito.

La base de la actual estructura de comercio exterior, en especial, entre países del Norte y del Sur globales, se sustenta en las tradicionales ventajas comparativas formuladas teóricamente por David Ricardo (1817), economista inglés que recomendaba que cada país debía especializarse en producir aquellos bienes con ventajas comparativas o relativas, y adquirir de otro aquellos bienes en los que tuviese una desventaja comparativa. Esta tesis, tan mencionada y utilizada por muchos economistas, no transparenta que se trató simplemente de la lectura de una imposición imperial de Inglaterra sobre Portugal: los portugueses comprarían paños y otros textiles a Inglaterra y, como contrapartida, los británicos concederían trato favorable a los vinos portugueses. Esto se mantiene hasta nuestros días, consolidado por los TLC que, de acuerdo a sus panegíricos, aseguran relaciones de armonía dignas de ser preservadas…

A escala internacional, la libertad de comercio nunca ha existido.

En la actualidad, la narrativa librecambista está siendo pulverizada por Donald Trump. Las recetas del neoliberalismo -neocolonial en su esencia- ya no servirían para la brutal fase de expansión de los capitales transnacionales y de los poderes oligárquicos globales, que van estructurando un capitalismo tecno-feudal. Así, hoy se desvanecen en el aire los mal llamados tratados de libre comercio, al fragor de la guerra arancelaria desatada por Trump en contra de sus socios comerciales contiguos (Canadá y México), contra China, su némesis geopolítica y económica y contra otros países, como los de la Unión Europea.

En la práctica el “libre comercio” ha sido inmoral, ineficiente e injusto. Incluso ha conducido al caos a sociedades enteras y ha destruido la Naturaleza. Creer que funciona la “mano invisible” siempre ha permitido la acción impune de manos visibles…Y en la actualidad presenciamos cómo se desbarata el cuento del libre comercio, como parte de una estrategia cocinada con anticipación por la misma oligarquía transnacional que lo respaldaba.

Dejemos esas constataciones y analicemos el Acuerdo suscrito con los Estados Unidos.

Lo real es lo que cuenta, no la propaganda

El 13 de marzo del presente año se suscribió el mencionado Acuerdo Comercial Recíproco que, aunque no tiene todos los elementos de un TLC convencional, se mantiene en la línea liberalizadora y aperturista, con elementos mucho más agresivos y profundos. Bien sabemos que estos tratados no son solo de comercio y que tampoco son libres. Lo que interesa en este caso, teniendo en consideración la coyuntura internacional, son sus alcances geopolíticos.

En noviembre de 2025, la administración Trump anunció marcos de acuerdo de “comercio recíproco” con cuatro países del hemisferio occidental: Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala. En las primeras semanas de 2026 estos marcos se formalizaron en sendos acuerdos: El Salvador y Guatemala, a fines de enero; Argentina, en febrero; Ecuador, en marzo. Esta oleada coordinada de acuerdos no es casual: responde a una estrategia deliberada de Washington para consolidar una zona de influencia económica y política en América Latina, asegurando el alineamiento de los gobiernos de derecha de la región bajo la égida trumpista. Los países firmantes comparten un rasgo común: presidentes que han expresado su adhesión ideológica al proyecto político de Trump y su disposición a subordinar la política exterior y comercial a los lineamientos de EEUU.

El objetivo geopolítico de estos acuerdos es explícito: desplazar la influencia de China en la región. Todos los textos contienen cláusulas que obligan a adoptar medidas contra “economías manipuladoras del mercado” (eufemismo que designa a China) en sectores estratégicos como minerales críticos, infraestructura digital y telecomunicaciones. En el caso del acuerdo con Argentina, el país queda obligado a priorizar las inversiones estadounidenses por sobre las de países considerados una amenaza para la “seguridad nacional” de EEUU y a cooperar con las sanciones y controles tecnológicos que Washington imponga, incluso en ámbitos no multilaterales. La misma lógica anti-China aparece en el acuerdo con Ecuador, que obliga al país a alinear sus regulaciones sobre inversión extranjera con los criterios de seguridad nacional estadounidenses en sectores como energía, infraestructura y datos. En definitiva, estos acuerdos trasladan al territorio económico y regulatorio del Sur Global la disputa geopolítica que Washington libra contra Beijing. América Latina es tablero de esa guerra.

Estos acuerdos tienen además una característica institucional que los vuelve inéditos: Trump no cuenta con la Autoridad de Promoción del Comercio (Trade Promotion Authority o “fast track”), el mecanismo mediante el cual el Congreso delega al Ejecutivo la facultad de negociar y someter a ratificación expedita los tratados de comercio. Sin esa autorización legislativa, los acuerdos negociados por la administración Trump no pueden seguir el proceso convencional de ratificación parlamentaria. En lugar de recurrir al Congreso, la administración invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para declarar “emergencias de seguridad nacional” vinculadas a los déficits comerciales, usando ese pretexto para imponer aranceles unilateralmente y luego negociar su reducción como moneda de cambio en acuerdos bilaterales. Esta vía convertía a estos instrumentos en acuerdos sui generis, sin el respaldo ni el escrutinio del Congreso.

Sin embargo, el 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional el uso del IEEPA para imponer aranceles, señalando que esa potestad corresponde al Congreso. Los acuerdos con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala son, en definitiva, también hijos de una crisis política interna de EEUU: emergieron de poderes ejecutivos declarados inconstitucionales, se sostienen sobre una amenaza arancelaria de vigencia incierta y están atrapados en la fractura entre un presidente que legisla por decreto y un Congreso que no lo acompaña.

Cabe subrayar que estos acuerdos no son recíprocos en ningún sentido sustantivo. Los cuatro países latinoamericanos asumieron compromisos extensos, vinculantes y de carácter estructural: apertura arancelaria amplia, adopción de estándares regulatorios estadounidenses, alineamiento geopolítico anti-China, cesión de soberanía en sectores estratégicos y restricciones a la capacidad del Estado para orientar la inversión o proteger la producción nacional. Estados Unidos, en cambio, ofreció concesiones acotadas, temporales y políticamente frágiles: reducciones arancelarias solo sobre productos que el propio país no puede producir en cantidad suficiente y beneficios que dependen de una autoridad ejecutiva cuestionada judicialmente y sin respaldo legislativo garantizado. La llamada “reciprocidad” es, una vez más, el nombre elegante de una asimetría estructural.

Lo que sorprende en esta ocasión es que esos elementos propios del librecambismo han desatado críticas de fervientes defensores de los TLCs, como CORDES (Corporación de Estudios para el Desarrollo, del neoliberal expresidente Oswaldo Hurtado Larrea), para citar un ejemplo. Reconocen que el Acuerdo con EEUU no es solo comercial. Incluso afirman que se trata de un acuerdo de alineación, que, en la práctica, implica, tercerizar -léase mejor subordinar- decisiones clave: comercio, inversión, regulación e incluso política migratoria. Eso sí, no dudan en expresar su malestar porque uno de los puntos del Acuerdo establece que en Ecuador se podrían introducir cambios en su normativa laboral facilitando la creación de sindicatos por rama.

-Alineación económica automática

Empecemos resaltando este tema crucial. Si los EEUU llegan a bloquear un producto o país, Ecuador debe hacer lo mismo; por ejemplo, si los EEUU dicen que se prohíbe importar carros de determinado país, Ecuador deberá tomar una medida igual. Además, Ecuador estaría obligado a cooperar con sanciones y controles tecnológicos impuestos por EEUU, inclusive en ámbitos no multilaterales. Si Ecuador llegara a firmar acuerdos que afecten a los EEUU, este país puede dar por terminado el Acuerdo que estamos analizando. De esta manera, de facto se limita la autonomía comercial futura, el presente se proyecta en el tiempo como inamovible.

No solo hay una subordinación en el terreno comercial, sino que Ecuador deberá controlar las inversiones de otros países con criterios de una “seguridad nacional” alineada a los intereses geoestratégicos de Washington. Infraestructura, energía, datos… todo bajo la lupa del gobierno de EEUU. Adicionalmente, sin importar las restricciones constitucionales en el campo de los sectores estratégicos, el Ecuador deberá abrir estos sectores para las inversiones norteamericanas para petróleo, minería y energía.

La sed geoestratégica de minerales y recursos naturales por parte de los EEUU avanzará sin considerar los pasivos socio-ambientales que aumentarán masivamente con una mayor cantidad de actividades extractivistas. Recordemos que el Ecuador y los EEUU suscribieron, el 4 de febrero de 2026, un acuerdo marco para la cooperación en el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras. Con este convenio se busca fortalecer el papel de este país andino en la cadena global de suministro de materias primas que forma parte de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, difundida a fines del 2025.

Además, con el Acuerdo de Comercio Recíproco se expone al país a demandas de arbitraje internacional, cuando trate de instrumentar políticas económicas apegadas a intereses nacionales, en procesos que, bien se sabe, están cargados de opacidad e inobservancia de principios constitucionales.

De paso, como algo aleatorio, se cierra la puerta para acuerdos con empresas estatales de otros países, con el fin de abrir los sectores estratégicos al capital transnacional… norteamericano. Inclusive se pretende que las empresas públicas operen sin “distorsiones” estatales, como podrían ser los subsidios.

Es decir, la política exterior del Ecuador, no solo en el ámbito económico, se diseñará y controlará desde Washington. Y como si lo anterior no fuera excesivo, incluso, en contra de disposiciones constitucionales, Ecuador deberá exigir visas a nacionalidades consideradas de “riesgo” por los EEUU.

-Imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias

En línea con lo anterior, Ecuador también deberá aceptar estándares técnicos de los EEUU, lo que limitará la capacidad y autonomía regulatoria del Estado ecuatoriano. Reconocer los estándares técnicos de los EEUU en materia agrícola llevaría a aceptar sus estándares sanitarios, que permiten el uso de ciertos componentes que no son tolerados en Europa, por ejemplo. Este compromiso sería solo para cumplimiento de Ecuador.

Según el Acuerdo, Ecuador no puede sostener ni imponer medidas no científicas, discriminatorias y preferenciales que perjudiquen las exportaciones estadounidenses, incluso como resultado de la celebración de acuerdos o entendimientos con terceros países. Aquí entra, por ejemplo, la cuestión de semillas de maíz transgénico, que están prohibidas en Ecuador, y que Estados Unidos considera una decisión anticientífica.

Hacer automático -o eliminar- el régimen de licencias de importación y la eliminación del Sistema Andino de Franja de Precios es otro de los puntos considerados en el Acuerdo. Ambos temas no fueron eliminados en los tratados comerciales firmados por Ecuador con la Unión Europea (UE), con Corea del Sur y con China.

Eliminar las restricciones sobre productos re-manufacturados es otra cuestión a considerar: con ello, podrían ingresar a Ecuador productos usados, de segunda mano o con arreglos; una práctica prohibida en sectores como calzado, textiles e incluso automóviles; esta prohibición se mantuvo en los acuerdos comerciales con la UE, China y Corea del Sur.

Por cierto, todo este paquete de imposiciones puede repercutir en los TLC suscritos hasta ahora. Porque, partiendo del principio de “Nación Más Favorecida”, las contrapartes que suscribieron dichos TLC pueden exigir una revisión de lo acordado.

-La afectación para la agricultura

Una de las principales áreas del convenio radica en la agricultura. En este ámbito, el Ecuador se compromete, en materia arancelaria, a otorgar un trato preferencial para más del 90% de los productos agrícolas importados desde EEUU, mediante la eliminación o reducción de aranceles, mientras que ese país no modifica para nada su estructura de producción agrícola y ganadera altamente subsidiada.

Esto provocará varias afectaciones. Puntualicemos algunas:

Las importaciones de 25.000 toneladas anuales del maíz estadounidense -producto altamente subsidiado- afectarán a la agricultura campesina y a la pequeña y mediana producción, que sirve de base para las empresas procesadoras de alimentos. En el Ecuador el maíz es cultivado sobre todo por pequeños y medianos productores. El maíz estadounidense podría llegar al país a 16 dólares el quintal, cuando el precio mínimo en Ecuador es de 17,35 dólares. Además, estas importaciones provenientes de los EEUU terminarán por desplazar la compra de esos insumos alimenticios que hace Ecuador de algunos países vecinos.

La importación de lácteos estadounidenses, que también gozan de altos subsidios, impactará en la producción ganadera particularmente de la Sierra, en donde se procesa más de las tres cuartas partes de la leche. Esta actividad genera mucho empleo. Se trata de uno de los pocos rubros que en los últimos años ha dado un ingreso relativamente seguro y creciente a los pequeños productores. Más de medio millón de personas dependen directamente de la producción de leche, entre ellas muchas mujeres. Esa producción garantiza el autoabastecimiento del Ecuador y contribuye fundamentalmente a la seguridad y soberanía alimentaria del país.

El Acuerdo contempla, inicialmente, cero aranceles para hasta 500 toneladas de lácteos, que incluye la leche en polvo y evaporada, crema de leche, quesos frescos y quesos de pasta azul. Se excluye la leche líquida, pues la leche se exporta siempre como leche en polvo.

El Acuerdo abre la puerta a la importación de carne de ave, cerdo, res, cordero, algunas especies de peces de agua dulce (como las truchas), langosta, aceite de soya (transgénica), con distintos calendarios de desgravación.

Quienes ya se han pronunciado preocupados son los productores de cerdos y de aves, que temen una caída en sus actividades debido a la competencia de carne estadounidense, más barata por menores costos de producción. Esto se debe a que el Acuerdo contempla la eliminación progresiva de aranceles para carnes de cerdo, pollo y res importadas desde ese país en un plazo de hasta cuatro años. Algunos productos podrán ingresar sin aranceles desde el inicio, pero con cupos limitados, mientras que otros tendrán una reducción gradual hasta llegar a 0%. En este lapso, muy difícilmente se podrá mejorar la competitividad de estos productos en el Ecuador, mientras que los EEUU no asumen ninguna obligación, por ejemplo, para disminuir el subsidio a los productores de esos alimentos.

Curiosamente, en estos días se dispuso un ajuste del IVA al 15% a unos 60 productos alimenticios procesados, que son de consumo popular y que antes no pagaban dicho impuesto. Este incremento, más allá de la simple lógica neoliberal, se explicaría como consecuencia del Acuerdo Comercial Recíproco con los EEUU, en tanto abre la puerta a la importación de muchos productos alimenticios.

Sin que se entienda como una valoración positiva de su producción y uso, otro producto crítico es el etanol de caña que, en Ecuador, se utiliza para la gasolina Ecopaís. Con el Acuerdo, entrará etanol sin aranceles por una cantidad de hasta 1.000 toneladas; esto es 1.000.000 de litros por año.

Un punto a tener en cuenta son los productos que quedaron fuera del Acuerdo, es decir, que no tendrán beneficios arancelarios y seguirán pagando el arancel actual: arroz, azúcar, leche líquida envasada. El camarón no ha sido exonerado; este producto paga actualmente una sobretasa de 10%.

-Más imposiciones para Ecuador que para los EEUU

En suma, Ecuador daría beneficios permanentes a EEUU, mientras los que otorga Washington podrían ser solo temporales. Además de los puntos mencionados, por ejemplo, las sobretasas que están vigentes por parte de los EEUU tendrán, en principio, una validez de apenas 150 días (hasta agosto de este año) y, si la justicia de ese país no autoriza su renovación, el Ecuador no habría ganado nada.

Pongamos algunas cifras para identificar las asimetrías. Recordemos que los EEUU impusieron a Ecuador una sobretasa arancelaria al 51% de las exportaciones, en promedio, durante los últimos años. De ese 51%, el 36% de productos ya estaba exento, es decir ya no pagaba aranceles (banano, plátano, cacao, algunas frutas frescas y congelados, entre otros). Eso quiere decir que la parte que contempla el Acuerdo solo apunta a casi el 15% de los productos de exportación de Ecuador. De ese 15%, el 12% es flores. Eso significa que el 80% de los beneficios que recibiría Ecuador por el Acuerdo se concentra en el sector floricultor.

Mientas tanto, Ecuador le abriría el mercado a los EEUU en el 87% de las líneas arancelarias (número de productos) y en el 96% del comercio (en valor en dólares). Si se analiza solo productos agrícolas, la apertura de líneas arancelarias de Ecuador para los EEUU sería del 89% (en número de productos) y el porcentaje de comercio total con preferencias para los EEUU alcanzaría el 99% (en valor en dólares).

Por cierto, desde el lado de los exportadores de productos tradicionales, hay voces que aplauden el Acuerdo en tanto les abriría oportunidades en ese país, sobre todo para mantener sus tajadas en los diversos mercados. Inclusive hay quienes esperan impulsar los cambios estructurales necesarios para poder competir con los productores de los EEUU tecnificando las cadenas de producción. Y por cierto hay también personas que confían en un acuerdo aún más amplio a futuro.

Algunas proyecciones económicas elaboradas por el economista Andrés Albuja Batallas, señalan que podría haber un superávit comercial de 1.200 millones de dólares anuales, debido al crecimiento del 15% en exportaciones no petroleras. Según sus datos, este Acuerdo aportaría con un aumento de 1% en el PIB y con la generación de unos 65 mil puestos de empleo gracias al aumento de las exportaciones de productos tradicionales. Inclusive se incorporarían nuevas inversiones estadounidenses sobre todo en el ámbito extractivo, en la búsqueda de minerales críticos o estratégicos.

Estas cifras “positivas” no consideran los probables impactos negativos en términos de empleo en aquellas actividades productivas que sufrirán el impacto de las importaciones de alimentos desde los EEUU, ni las consecuencias ecológicas y sociales de la expansión de los agronegocios y de las actividades extractivas.

Lo de fondo y sin rodeos: más sumisión comercial y geopolítica

Ecuador, en definitiva, asume como propia la política exterior estadounidense, no solo se allana a su política comercial. Por lo tanto, los riesgos geopolíticos de esta creciente subordinación a los EEUU son inocultables.

Para entender la aceptación de este Acuerdo, cabe tener en mente la actual coyuntura. Es importante incorporar la influencia del llamado Escudo de las Américas, impulsado por Trump, quien se encuentra empeñado en consolidar el poder de Washington en todo el hemisferio occidental, su tradicional “patio trasero”. Todo en clave con las disputas inter-imperiales, sobre todo con China.

Con este Escudo no se busca un consenso hemisférico, se propone un alineamiento ideológico y estratégico con gobiernos sumisos a la política del trumpismo. Una prolongación personal del poder presidencial de Trump, vaciándolo de cualquier autonomía institucional o multilateral, como lo que sucede con el Consejo de la Paz, formado por él a inicio del presente año, en Davos, Suiza, al margen de las Naciones Unidas. El objetivo es claro: hacer negocios transnacionales en nombre de la Paz, comenzando por la reconstrucción de un territorio que ha sido destruido sistemáticamente por la acción y la complicidad de muchos de sus propios miembros: ¡Gaza!

Este Escudo se enmarca en la lucha contra el crimen organizado -el narco-terrorismo, en el lenguaje de Trump- bajo una lógica bélica permanente. En este punto hay que incluir los planes norteamericanos para tener presencia militar en Ecuador y otros países del continente.

Esta política imperial allana el camino hacia la militarización crónica de la seguridad ciudadana y la creciente neoliberalización de las economías; proceso que se traduce en el fortalecimiento del aparato represivo del Estado en detrimento de las garantías individuales y colectivas, al tiempo que se limitan los espacios de desenvolvimiento soberano de los países de la región. Visión militarista que, con el discurso de combatir el narco-terrorismo, lo que busca es consolidar el acceso a los recursos naturales del hemisferio.

Así las cosas, cobijada por estas pretensiones imperiales de Washington se puede entender la “guerra comercial” desatada por el presidente ecuatoriano contra Colombia, que tiene como objetivo real debilitar la corriente progresista en las próximas elecciones en ese país.

Seguir confiando en este tipo de Acuerdos -cabría estudiar también los acuerdos con Canadá y los Emiratos Árabes Unidos, en proceso de aprobación- demuestra un elevado grado de ingenuidad. Acuerdos como el aquí analizado, consolidan una modalidad de acumulación primario-exportadora, sustentada sobre todo en diversas formas de “competitividad espuria”, particularmente en la sobreexplotación de la Naturaleza y el trabajo humano. Esto a su vez ahonda la dependencia de una demanda externa volátil, particularmente de una economía con graves problemas estructurales como la estadounidense.

Este tipo de inserción internacional conduce a la desintegración nacional. De hecho, la creciente concentración de los ingresos de exportadores e importadores, dada en pocos grupos económicos, también se realiza en una indudable concentración en pocas regiones del país. En síntesis, se diluirán aún más las posibilidades para un proyecto de vida sustentable y equitativo, inclusive en términos regionales, sociales, ambientales... incluso económicos.

A esto debe sumarse la profunda fragilidad jurídica e institucional de estos acuerdos. Como se señaló, la tanda de acuerdos con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala fue negociada por una administración que carece de la Autoridad de Promoción del Comercio y que montó toda su estrategia arancelaria sobre poderes de emergencia que la Corte Suprema luego declaró inconstitucionales. Los beneficios que Ecuador recibiría (básicamente la eliminación de sobretasas arancelarias sobre las flores y otros productos acotados) descansan hoy sobre la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo de emergencia temporal que vence a los 150 días de su invocación (agosto de 2026) y que requiere aprobación del Congreso para renovarse. En un año de elecciones legislativas de medio término en EEUU, esa renovación es incierta. En otras palabras: Ecuador asumió compromisos permanentes y estructurales -apertura de mercados, alineamiento geopolítico, adopción de estándares estadounidenses- a cambio de beneficios que pueden evaporarse en pocos meses. La asimetría no es solo comercial; es también temporal: el Sur se ata para siempre, el Norte se compromete hasta que le convenga.

La lógica de conjunto revela también que Trump ha encontrado en los presidentes de derecha latinoamericanos -Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador, Arévalo en Guatemala- interlocutores dispuestos a pagar un alto precio político y económico a cambio de la validación simbólica de Washington. Estos acuerdos funcionan, para esos gobiernos, como señales hacia sus propios mercados financieros: demuestran alineamiento, previsibilidad y apertura. Pero el precio de esa señal lo pagan los sectores productivos nacionales, las trabajadoras y los trabajadores, las comunidades rurales y la Naturaleza.

En el horizonte regional, la carrera simultánea de varios países del Sur por obtener acuerdos bilaterales con Washington no hace más que reforzar la posición negociadora de EEUU: cada gobierno que acepta las condiciones de Trump debilita la posición de los demás y hace más difícil cualquier respuesta coordinada desde la región, debilitando aún más la integración regional por la competencia entre los países que ingenua y hasta torpemente pretenden suscribir este tipo de acuerdos. El “libre comercio” provoca conflictos múltiples entre los países del Sur, en tanto cada país, envuelto en un enfrentamiento comercial fratricida con sus vecinos, intenta disputar a costa de ellos y a dentelladas un mercado finito. Este enfrentamiento, que también se registra en el ámbito financiero para atraer inversión extranjera -sacrificando cada vez más el impulso a respuestas propias-, se agudiza en la actualidad por efecto de la competencia desatada en medio de las diversas negociaciones bilaterales en marcha. En síntesis, la fragmentación del Sur es, también, una victoria geopolítica del Norte.

En estas condiciones, una respuesta adecuada exige buscar un régimen social diferente, que no tenga como su eje y meta la inserción sumisa al mercado mundial sino que impulse alternativas estructurales a la actual modalidad de acumulación capitalista, con propuestas de transiciones que tengan permanentemente el imaginario de adónde queremos ir.

Alberto Acosta. Ecuatoriano. Economista. Presidente de la Asamblea Constituyente 2007-2008

Luciana Ghiotto. Argentina. Doctora en Ciencias Sociales (UBA), especializada en acuerdos comerciales y de inversión.

Fuente:  www.bilaterals.org