Ecuador: afectados por contaminación en Pacayacu ganan juicio a Petroecuador

Al estar esta demanda fundamentada no sólo por la moral y la Justicia, sino en el Derecho, la Corte Nacional de Justicia, en mayo del 2013, aún cuando a través de una sentencia muy conservadora, resolvió a favor de los demandantes. La sentencia manda a Petroecuador a reparar integralmente la zona afectada, a compensar socialmente a la población afectada y a indemnizar por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales a los demandantes.

La sentencia requerirá que en la etapa de ejecución se determinen las acciones de reparación y se liquiden las indemnizaciones. Sin embargo, se espera que las instituciones públicas responsables acuerden con la población el mecanismo que adoptarán para hacer efectiva esta resolución sin prolongar el litigio.

El impacto de la actividad realizada en Pacayacu se refleja, en lo que respecta a las afectaciones al ambiente y a la población en varios instrumentos públicos, que constaron en el proceso, entre otros: el Informe de Inspección del Ministerio del Ambiente de 2003; la Resolución de la Defensoría del Pueblo de Nueva Loja de 2004; y, el Informe de Auditoría Ambiental de la Contraloría General del Estado de 2005, que determinaron, todos estos, los daños ocasionados y el incumplimiento de la normativa ambiental, y por tanto la responsabilidad legal, de Petroecuador.

De las verificaciones hechas por estos organismos al campo petrolero Libertador, se concluyó que efectivamente la parroquia Pacayacu se encuentra altamente contaminada, se observó abundantes residuos de petróleo y de aguas de formación y petróleo puro en considerables cantidades.

Esta sentencia, pese a que es muy conservadora como se ha puntualizado, ha otorgado el derecho que les correspondía a los accionantes aún en contra de una empresa estatal como es Petroecuador, que en este caso, también en su momento y a través de una de sus empresas ya liquidadas, causó daños al ambiente y a la población.

Tenemos conocimiento que Petroecuador pretende que la Corte Constitucional acepte un recurso extraordinadrio de protección para anular la sentencia expedida en este caso. Sin embargo, seguimos confiando en que la Corte Constitucional no dará paso a esa pretensión, contraria a la política de protección del ambiente que ha difundido e impulsado el Gobierno, y que podamos ratificar que en el Ecuador sí hay Justicia, no importa si una empresa transnacional o una local, privada o pública, dañan el entorno natural.

Atentamente,

Comité de afectados por la explotación petrolera
Pacayacu Sucumbíos

Fuente: Tegantai