Histórica «resolución de Vanuatu» para la justicia climática
La pequeña nación insular Vanuatu doblega a los gigantes fósiles en la ONU y logra un dictamen climático histórico
Fecha de Publicación: 22/05/2026
Fuente: Portal Climática
País/Región: Internacional - Vanuatu
La Asamblea de la ONU, con los votos en contra de países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia, Israel e Irán, respalda el dictamen de hace un año de la Corte Internacional de Justicia que atribuye responsabilidad legal a los países que no frenen el uso de combustibles fósiles.
Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico sur que se hunde, literalmente, bajo el peso de una crisis climática que no provocó, ha logrado que la Asamblea General de la ONU adoptase este miércoles noche una resolución histórica en la lucha contra los combustibles fósiles y el cambio climático.
El germen de este hito diplomático se remonta a julio de 2025, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió una opinión consultiva trascendental. En aquel dictamen, el máximo órgano judicial de la ONU determinó que los países tienen obligaciones ineludibles bajo el derecho internacional para proteger el sistema climático. El fallo estipulaba que no actuar con la urgencia y equidad necesarias frente a la emergencia climática, o no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, constituye una violación directa de dichas obligaciones legales.
La resolución recién aprobada fue diseñada precisamente para «acoger» y cimentar aquel dictamen en el seno de Naciones Unidas, la fórmula multilateral empleada para dotar al texto de peso político y normativo. Horas antes de la votación, la expectación era máxima. Activistas y especialistas en derecho ambiental, como Sébastien Duyck, anticipaban el momento en redes sociales haciendo un llamado a la comunidad internacional para que votara a favor de la justicia climática, subrayando la importancia de construir un futuro mejor sobre el histórico fallo del Tribunal Internacional.
El resultado no decepcionó. El texto final, aprobado con 141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, ha contado con «75 copatrocinadores», tal y como ha explicado a El País Lee-Anne Sackett, la enviada especial de justicia climática de Vanuatu. No obstante, es crucial señalar un matiz legal determinante:los dictámenes de la Asamblea General de la ONU no son jurídicamente vinculantes ni de obligado cumplimiento para los Estados. Sin embargo, su relevancia política y diplomática es innegable. Al hacer suyas las opiniones consultivas del Tribunal, el documento consagra un estándar normativo global que servirá como una herramienta clave para la sociedad civil en la creciente ola de litigios climáticos, dificultando enormemente que los Gobiernos puedan eludir sus responsabilidades climáticas en los tribunales nacionales e internacionales.
Aun así, el camino hacia esta victoria estuvo plagado de obstáculos. La minúscula Vanuatu tuvo que enfrentarse en los pasillos de la ONU a una agresiva maquinaria de presión orquestada por los petroestados y por la Administración Trump. La Casa Blanca llegó al extremo de instar a otras naciones a presionar a Vanuatu para que retirara la resolución, argumentando abiertamente que el texto suponía una «gran amenaza para la industria estadounidense». Tammy Bruce, embajadora adjunta de EE. UU. ante la ONU, tildó el documento de «altamente problemático» para justificar su rechazo.
Finalmente, Estados Unidos cumplió su amenaza y lideró el bloque del «no», acompañado de grandes emisores y productores de petróleo: Arabia Saudí, Rusia, Israel, Irán, Yemen, Liberia y Bielorrusia. Por su parte, Turquía (sede de la próxima cumbre del clima, la COP31), India, Catar y Nigeria optaron por la abstención.
«Celebro la aprobación de la resolución de la Asamblea General sobre la opinión consultiva de la CIJ sobre el cambio climático, una poderosa afirmación del derecho internacional, la justicia climática, la ciencia y la responsabilidad de los Estados de proteger a las personas de la creciente crisis climática», señalaba António Guterres, secretario general de la ONU, en una publicación en X.
Detrás de este triunfo diplomático late un fuerte componente generacional. La semilla de esta resolución no germinó en despachos gubernamentales, sino en la frustración de un grupo de estudiantes de Derecho (agrupados en la organización Pacific Islands Students Fighting Climate Change), quienes iniciaron la campaña hace años. Su director, Vishal Prasad, celebró el resultado de la votación como el compromiso definitivo para «hacer realidad» sus demandas. Horas antes, el embajador de Vanuatu ante la ONU, Odo Tevi, aterrizó el debate recordando que esto no es solo un pulso jurídico: «Debemos ser honestos sobre por qué importa esto. Importa porque el daño es real y ya está aquí, a lo largo de nuestras islas y costas, golpeando a comunidades que se enfrentan a sequías y cosechas fallidas».
Para las comunidades del Pacífico, esta resolución es mucho más que un texto diplomático: es una cuestión de pura supervivencia. Estos territorios insulares ya están sufriendo en primera persona los embates más devastadores del calentamiento global, desde la alarmante subida del nivel del mar hasta la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos. Han sido estas mismas comunidades las que han liderado la lucha para exigir una eliminación rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles. Además, la resolución aboga firmemente por el establecimiento de compensaciones económicas para aquellas naciones más expuestas al clima extremo y que menos han contribuido históricamente a la acumulación de gases de efecto invernadero.
La sociedad civil también ha celebrado el resultado de la votación como un punto de inflexión. Desde organizaciones como Greenpeace Internacional se ha destacado que este avance consolida la idea de que la inacción climática ya no es solo una negligencia moral, sino una infracción legal con todas las letras. Rebecca Newsom, líder política global de la organización ecologista, enfatizó que el máximo tribunal del mundo ha dejado claro que la acción climática es una obligación jurídica irrefutable, y el apoyo mayoritario en la Asamblea General demuestra un compromiso creciente de los Gobiernos para reflejar y acatar esa nueva realidad.
El gran desafío pendiente sigue siendo la financiación de esta transición energética sin precedentes. Organizaciones medioambientales y naciones en desarrollo insisten en que la inmensa factura de los daños climáticos no puede seguir recayendo sobre los hombros de los más vulnerables. La propuesta que cobra cada vez más fuerza, y que respalda la sociedad civil, es financiar la transición mediante la imposición de impuestos más altos a las grandes contaminadoras y empresas fósiles, además de exigir a los países del norte global que cumplan, de una vez por todas, con sus obligaciones internacionales en materia de financiación climática.
