El hidrógeno verde reabre el debate ambiental en el río Uruguay

Los vecinos y vecinas de Colón, en Argentina, y Paysandú, en Uruguay, conviven a un lado y otro de las orillas del río Uruguay: un gran cauce marrón, barroso y tranquilo de unos tres kilómetros de ancho. Argentinos y uruguayos son, en esa frontera, amigos, familia y compañeros de laburo; y desde mediados de 2024 comparten también una preocupación: la construcción de una planta de  hidrógeno verde sobre la costa charrúa. Se trata de una proyecto de la empresa HIF Global dedicada a la producción de combustibles sintéticos. ¿Para consumo local? No, para exportar a Europa. 

Uruguayos y argentinos están conectados por el Puente Internacional General José Gervasio Artigas, un gigante de hormigón de unos 2.350 metros, por donde cruzan miles de personas por día en temporada turística y unas cientos cuando se trata simplemente de lo cotidiano. El emprendimiento de HIF (Highly Innovative Fuels) Global —de capitales chilenos y estadounidenses— viene a plantear otra infraestructura: industria pesada, almacenamiento de sustancias químicas, plantas energéticas asociadas y un uso intensivo del agua. 

Su instalación está proyectada a unos 15 kilómetros del centro urbano de Paysandú y lindera con el Área Protegida Islas del Queguay, pero a solo 4 kilómetros, en línea recta, del centro urbano y la costanera de Colón. Los impactos ambientales y en la salud, los riesgos industriales y los efectos sobre el turismo, la producción de alimentos y el uso recreativo del río configuran un escenario de incertidumbre de corto y mediano plazo que afectará por igual a comunidades de ambos lados del río. Hace 20 años, ambas orillas vivieron la tensión de la instalación de la pastera finlandesa Botnia, que actualmente funciona bajo el nombre de UPM Fray Bentos, 140 kilómetros cauce abajo.

HIF Global, el agua del río Uruguay para la movilidad europea

HIF Global  se presenta como una empresa que “convierte la energía renovable en e-combustibles” para autos, barcos y aviones sin necesidad de modificar motores ni infraestructura. La planta que quiere instalar en Paysandú produciría hidrógeno “verde” mediante un proceso de electrólisis —en el que se divide el agua (H2O) en hidrógeno y oxígeno—. El agua será tomada del río Uruguay y el proceso será alimentado con energía proveniente de un parque eólico (Elena Wind Park) y otro solar (Lucía Solar Park) de uso exclusivo, construidos por la empresa a pocos kilómetros del río. Ese hidrógeno se combinará después con dióxido de carbono —por quema de residuos forestales y agrícolas— para obtener combustibles sintéticos líquidos.

En su sitio oficial, HIF Global muestra su única planta operativa en funcionamiento. Está ubicada en Punta Arenas, Chile, y produce e-Combustibles con energía proveniente de parques eólicos. También informa que tiene cinco proyectos en etapa de desarrollo avanzado, uno de ellos es el de Paysandú, al que presenta como “el mayor de Sudamérica” y acompaña con un dato: creará tres mil puestos de trabajo durante la construcción y unos 300 empleos directos durante las operaciones.

La información sobre esta empresa comenzó a aparecer con cuentagotas a ambos lados de la costa del río. Y la resistencia comenzó a gestarse de a poco. Lo primero que hicieron los vecinos y vecinas fue investigar. “Ya sabemos que aunque hablen de 'hidrógeno verde', es una refinería de producción de combustible sintético, de metanol y amoníaco, todo para exportar a Europa”, dice Leonardo Balassi, militante del movimiento Paysandú por un Uruguay Soberano-UPM Dos No, al otro lado del río. Y denuncia: “También sabemos que le vamos a regalar toda el agua del río que ellos necesiten para esa producción. Y que de la inversión que ostentan de más seis mil millones de dólares no va a quedar absolutamente un peso en el Uruguay”.

Colón en movimiento por su modelo de vida

La ribera de Colón, Entre Ríos, es el alma y corazón de la ciudad. Todo pasa ahí. Es, dicen sus vecinos y vecinas, ese punto desde donde crece la localidad. No se trata sólo del disfrute del verano. El río y su paisaje son parte de la cotidianidad de la vida urbana. La planta de HIF Global va a estar ubicada en frente.

Si eso ocurre, cualquier lugar de la costanera que se use para tomar unos mates o una cerveza, la vista de un paso en bici o una remada, tendrá como vista de fondo las cuatro chimeneas de 80 metros que se prevén para la planta de hidrógeno. El viento que sople desde el este va a pasar por esas chimeneas y, segundos después, por la costa entrerriana.

“Ellos hablan de hidrógeno verde porque al sentido común suena más ecológico, más limpio”, dice Evangelina Baez, integrante de la Multisectorial Somos Ambiente, desde la costa argentina. “De lo que no se habla mucho es de cómo estos proyectos impactan sobre los territorios donde se llevan a cabo, ¿no? Todo lo que pase en esa empresa nos va a afectar. Esta planta es un antes y un después para nuestro futuro”.

Según explicó, no hay información clara sobre cuáles son los residuos líquidos o gaseosos que la empresa va a volcar al río o a la atmósfera. “No podemos pensar con datos científicos técnicos cuáles son las afectaciones que puede llegar a tener sobre la salud de los pobladores”, advirtió.

Tampoco se sabe cómo va a impactar en las matrices productivas más importantes de la zona. Por un lado, está la gran pregunta de qué sucederá con el turismo cuando el río pierda su magia en manos de la industria. Por el otro, cómo impactará con la producción avícola, de nuez pecan y vitivinícola que caracteriza a la zona. “No sabemos cómo estos afluentes van a afectar a la producción de alimentos y las normas de calidad que tienen que cumplirse. No existe un proyecto de estas características tan cerca de una población”, apunta Evangelina.

“Si pensamos en nuestra identidad y cultura, sí nos preguntamos qué va a pasar cuando se modifique nuestro paisaje y se instale el miedo de que en algún momento haya una falla, un derrame, una contingencia negativa. ¿Cómo nos va a afectar colectivamente estar viviendo con miedo a que pase algo en la empresa? Toda la situación nos pone en estado de incertidumbre y vulnerabilidad”, reflexiona. 

Desde el año pasado, las localidades de la “Tierra de los Palmares” —que abarca las localidades de Colón, San José, Pueblo Liebig y Villa Elisa— se vienen movilizando contra la instalación de esta planta. Y de ser un puñado de personas, son cada vez más los que se suman a las caravanas al puente Artigas, las caravanas náuticas, los festivales, concentraciones y marchas.

“Hoy somos un montón de sectores los que se suman. La problemática trascendió la cuestión medioambiental porque es una afectación a todo nivel la que se percibe”, sostuvo Mariana Moricz, también integrante de la Multisectorial Somos Ambiente. “Esta ciudad se hizo mirando al río, es nuestro ordenamiento territorial de facto, y ahora nos dicen que este territorio se va a dedicar a la industria. Es una imposición bastante difícil de tolerar, ¿no?”.

Uruguay avanza

En febrero de 2025, antes que el nombre HIF Global comenzara a ser conocida entre los habitantes de las costas del río Uruguay, las 440 hectáreas donde se emplazará la planta de producción de combustibles sintéticos fueron recategorizadas: un circuito administrativo y burocrático determinó que ya no eran rurales, sino industriales. Estos terrenos forman parte de un territorio de mayores dimensiones, que, en agosto de ese año, el gobierno uruguayo declaró reserva natural al área conocida como Islas del Queguay. 

Es decir, se prevé que la producción de metanol, amoníaco y demás químicos se hará rodeada de un área protegida, donde quedó prohibida la urbanización; extracción de minerales; plantaciones forestales de especies exóticas; vertidos de residuos, liberación de emisiones contaminantes; y hasta ciertos aprovechamientos y usos del agua; entre otras restricciones. 

Sin embargo, en noviembre, el Ministerio de Ambiente de Uruguay le dio a HIF Global la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) del predio. La resolución clasifica el proyecto como de Categoría C, que incluye iniciativas con potencial de impactos ambientales significativos e implica un nuevo trámite: la Autorización Ambiental Previa (AAP) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) bajo régimen de alta complejidad. La VAL reconoce que la ubicación física del proyecto es “ambientalmente adecuada”, según los criterios técnicos definidos por la autoridad uruguaya, pero remarca que es necesario evaluar posibles efectos ambientales, sociales y culturales.

Por eso, HIF Global aún debe presentar un estudio de impacto ambiental completo con audiencias públicas incluidas, en el que se analizarán en profundidad: efectos sobre la calidad y disponibilidad de agua (incluida el agua del río Uruguay); impactos sobre ecosistemas terrestres y acuáticos; contaminación atmosférica y acústica; gestión de residuos; riesgos industriales y de accidentes; afectación al paisaje y a usos sociales, como la pesca, la navegación y el turismo. A pesar de no estar habilitado ese mismo noviembre comenzó a desmontar el predio donde construirá la fábrica, algo que le valió una multa de 45 mil dólares del Ministerio de Ambiente uruguayo al constatar la tala de monte nativo sin autorización previa.  

En diciembre, el camino hacia la instalación de la planta continuó. Se firmó un Memorando de Entendimiento entre HIF Global y el gobierno de Uruguay para acelerar el proyecto. Este acuerdo incluye coordinación en temas energéticos, permisos, infraestructura ferroviaria y otros componentes críticos de implementación. El memorando reafirma el compromiso de avanzar en la planta de e-combustibles, los parques renovables asociados (solar y eólico) y la logística de transporte hacia el puerto de Montevideo, así como estimaciones de empleo tanto para construcción como operación .

Las autoridades uruguayas reconocieron recién en enero de este año un reclamo hecho en noviembre pasado por el intendente de Colón, José Luis Walser, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que piden la reubicación de la planta de hidrógeno. Se incorporó a la ciudad de Colón dentro del área de influencia del Estudio de Impacto Ambiental. La medida implica que deberán evaluarse posibles efectos transfronterizos: emisiones atmosféricas, riesgos de accidentes industriales, impacto visual, consumo y eventual vertido de agua, y efectos acumulativos sobre el ecosistema del río Uruguay.

Pero el gobierno uruguayo sostuvo que ninguna de estas exigencias supone la relocalización de la planta, a pesar de los reclamos del gobierno provincial y municipal desde Argentina y las movilizaciones ciudadanas en contra de la ubicación de la planta.  En la reunión de noviembre también estuvieron presentes el canciller argentino Pablo Quirno y su par uruguayo, Mario Lubetkin; el ministro de Ambiente uruguayo, Edgardo Ortuño, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

Se habló de mantener un diálogo "informativo, fluido y transparente", pero Quirno fue claro respecto de la posición de la Casa Rosada ante las protestas de los vecinos y vecinas de Colón: “El gobierno argentino en este momento no se va a oponer nunca a esa inversión. Nuestros países necesitan inversión para crecer. No hay absolutamente ninguna duda de eso”.

En Colón, las declaraciones encendieron la alarma. “¿Qué inversiones tiene que defender? En nuestra ciudad hay inversiones de hace muchos años, que son las que estamos reclamando que se protejan. Es una cuestión de soberanía y la cancillería debería bregar por nuestros intereses, ¿no?”, se preguntó la integrante de la Multisectorial Somos Ambiente.

La memoria de Botnia vigente

En Entre Ríos, en particular, y en la frontera de los dos países en general, sigue viva en la memoria el conflicto por la instalación de la pastera finlandesa Botnia. A mediados de los años 2000, Uruguay autorizó la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos, frente a Entre Ríos.

La decisión desató una movilización social inédita en Gualeguaychú, con marchas multitudinarias y el corte durante años del Puente Internacional General San Martín. El conflicto escaló hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 2010 concluyó que Uruguay había incumplido el procedimiento de consulta establecido en el Estatuto del Río Uruguay, pero no ordenó el cierre de la planta.

Las asambleas entrerrianas están plagadas de los protagonistas de esa lucha y también de quienes la habitaron durante su infancia y adolescencia. Es un eco vigente. Mientras para algunos se trata de una batalla ya perdida, para otros la esperanza está intacta. En ese sentido, tanto Mariana como Eva marcan una diferencia: mientras que en el caso de Botnia la protesta comenzó cuando la planta ya estaba avanzada, ahora la organización social empezó antes de que la empresa inicie cualquier obra.

También recuerdan que, en los primeros planes industriales sobre el río, se hablaba de instalar varias papeleras. “La movilización logró que finalmente quedara una sola”, sostienen. Para muchos, esa experiencia demuestra que la presión social puede incidir en proyectos de gran escala.

La memoria del conflicto incluye además el clima de fuerte tensión diplomática que se vivió entonces. Años después se supo que el presidente uruguayo de ese momento, Tabaré Vázquez, llegó a considerar escenarios extremos durante la crisis. Por eso, entre los vecinos y vecinas de la costa entrerriana aparece una advertencia repetida: evitar que una discusión ambiental vuelva a transformarse en un enfrentamiento entre pueblos vecinos por intereses económicos extranjeros.

Lo que ocurra con la instalación de HIF Global podría abrir otros proyectos que dan vueltas, entre ellos, el de una nueva papelera, impulsada por  el grupo Amberplan y el diputado uruguayo Walter Verri, quien hizo público un diálogo abierto con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.  El proyecto estima una inversión de unos 800 mil dólares y planea producir unas 144 mil toneladas anuales de papel tisú para exportar principalmente a Argentina. En la zona se encuentran las materias primas principales para que la planta funcione: agua y árboles.

Hidrógeno verde, monocultivos y la falsa promesa de resolver el desempleo

Paysandú es una ciudad de unos 81550 habitantes. Es la capital del departamento que lleva su mismo nombre, donde vive aproximadamente el 8 por ciento de toda la población uruguaya y donde se registra una de las tasas de desempleo más altas del país: en 2024, 15 de cada 100 personas estaban desocupadas, un valor superior al promedio nacional, que rondó el 8,9 por ciento de desocupación en ese mismo período.

“Ésta fue una ciudad industrial, pero solo quedan los esqueletos de aquellas industrias surgidas en la década del 40”, describió Balassi. “Tenemos uno de los índices de desocupación más altos por departamento en nuestro país y ese es el principal argumento para instalar la planta de HIF Global, diría que el único que va quedando. Sabemos que no hay ninguna intención de generar trabajo. Estos megaproyectos que son tan rimbombantes, sólo dejan secuelas de contaminación, deterioro social, y de más pobreza”, considera Balassi.

Desde que se conoció la intención de instalar la planta de combustibles sintéticos en Paysandú, existen dos iniciativas de junta de firmas contra HIF Global en el departamento uruguayo. Una exige que se respete el área natural de las Islas del Queguay; otra para que la empresa no se instale en ningún lugar del departamento. Si se alcanzan las 15 mil firmas, la instalación de la planta puede llegar a una consulta popular vinculante.

Balassi es parte de quienes impulsan que la empresa no se instale en ningún lugar del departamento y asegura que si fuera por él y su organización, militaría para que no lo hagan en ningún lugar del país. El nombre del espacio donde milita es Paysandú Soberano UPM 2 NO y destaca que “surge de la lucha contra el  modelo forestal celulósico que impera en nuestro país”. 

El modelo forestal comenzó a implementarse en las décadas de 1960 y 1970, especialmente durante la dictadura militar, cuando se eligió a Uruguay como un país para aplicar un modelo de cultivo forestal que sirva para abastecer a multinacionales de otros países que buscaban esa materia prima y tenían límites a ese tipo de producción en sus territorios para cuidar el ambiente.

Para implementar estos proyectos, se necesitaron leyes que los garantizaran y legalizaran. En la década de los 80, se aprobó la ley forestal, que estableció zonas con prioridad forestal sin límites definidos. Después, se aprobó la ley de inversiones, que otorgaba beneficios como exoneraciones y subsidios a los capitales que se inviertan en el país. Y más tarde la de zonas francas, que permite a las multinacionales ubicar sus proyectos en el territorio uruguayo y registrar toda su producción en la zona franca, lo que les exime de pagar tributos o impuestos en Uruguay, como es el caso de  UPM Fray Bentos y  Montes del Plata.

Según dato del Ministerio de Ganadería y Agricultura de Uruguay, el país tiene 1,3 millones de hectáreas implantadas con especies exóticas (eucaliptos y pinos) y se proyecta alcanzar las dos millones. El modelo, explica Balassi, generó problemas hídricos, extranjerización de la tierra, pérdida de soberanía, modificación del modelo productivo, expulsión de pequeños y medianos productores, reducción de la producción de alimentos de calidad y pérdida de biodiversidad.

Los proyectos de "hidrógeno verde", como el de Hif Global en Paysandú, son considerados un modelo complementario al forestal celulósico. Es decir, son empresas que no se instalarían en Uruguay si no existiera ya una acumulación de plantas de celulosa. Esto se debe a que casi el cien por ciento de la producción de metanol requiere biomasa, que se obtiene del excedente de la cosecha de eucaliptos y pinos.

El modelo productivo basado en la exportación de materia prima —como el modelo forestal celulósico y sojero—, asegura Balassi, fue el que impulsó el cierre de las industrias y al deterioro socioeconómico, que resultó en los altos índices de desocupación en departamentos como Paysandú. Paradojicamente, la generación de empleo es el principal argumento utilizado por el gobierno y las multinacionales para justificar estos proyectos. HIF Global, dice, generará solo 300 puestos de trabajo directos después de su construcción.

Fuente: Agencia Tierra Viva