Una investigación de la CONGCOOP señaló la producción de etanol como un nuevo ciclo de acumulación y despojo

La investigación “Caña de azúcar y palma africana: combustibles para nuevo ciclo de acumulación y dominio en Guatemala”, contó con la autoría de Alberto Alonso Fradejas, Fernando Alonzo y Jochen Dürr y la colaboración de Gerardo Sub Zacul, Rodrigo Batz y Jorge Estuardo Molina.

La investigación arrancó con el análisis de la situación mundial por el alza en los precios internacionales del petróleo y sus derivados a partir de 2006 y la opinión de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de 2008, en la que se mencionó que “aunque el precio del petróleo está sujeto a varias características como una oferta inestable por razones políticas y a circunstancias monetarias internacionales (como la desvalorización del dólar) no queda la menor duda de que los precios están en aumento por razones especulativas, y en ese sentido, se reclama algún tipo de administración del mercado petrolero porque algunas empresas han declarado que ganan US$80 mil por minuto, cuando a pesar de que los costos de extracción, si bien subieron, están muy por debajo del precio. Hay ganancias extraordinarias de una circunstancia que afecta al conjunto de la economía mundial”.

Trascendió entonces que el Parlamento Europeo votó por reducir de manera significativa las metas de “promoción de biocombustibles”, ante la evidencia creciente de su impacto en el precio de los alimentos, en los pueblos y en la biodiversidad, según publicaciones de Prensa. Además, que investigaciones de antes de 2008 excluyeron impactos ambientales del modelo de producción; uso de recursos naturales como agua y tierra; así como la presión sobre áreas de preservación o producción de alimentos.

En un reportaje de la revista Time del 14 de abril de 2008, se consideró que “la mayoría de los estudios había calculado el potencial de retención de carbono de los agrocombustibles sin tomar en cuenta el impacto de la implantación de monocultivos en áreas donde la vegetación y el suelo acumulan una cantidad mayor de carbono. “Es como si esos científicos imaginasen que los biocombustibles fuesen cultivados en estacionamientos”, se mencionó.

Otras publicaciones de la época demostraron que los efectos de la producción de agrocombustible tenían que ser evaluados a partir “de todo el ciclo de la expansión de monocultivos”. En Brasil, las plantaciones de caña avanzaron rápidamente, al tiempo que empujaron la frontera agrícola, así como las fincas de ganado y soya a la Amazonia, Mata Atlántica y El Cerrado dos de los más importantes corredores tropicales de América del Sur.

La investigación del CONGCOOP no carece de actualidad, pese a que se escribió hace casi 20 años. Se supondría que las previsiones para 2020 podrían haber cambiado a raíz de la pandemia mundial a causa del covid-16 que afectó las economías de los países y ahora, en 2026 por la crisis mundial ocasionada por la guerra promovida por Estados Unidos contra Irán, uno de los principales productores de petróleo en el mundo, y sus acciones de injerencia en el Gobierno de Venezuela. El pasado 20 de marzo, en el marco de los daños a la infraestructura energética en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el crudo Brent (referente mundial del petróleo) subió 1.4 por ciento, equivalente a USD$110.2 por barril y el WTI (referente de EE.UU.) avanzó 0.3 por ciento, USD$95.9

Se analizó en esta investigación que “a causa de los mayores precios del crudo, se alzaron de manera drástica los precios de los agroquímicos a partir del segundo trimestre de 2007. Entre octubre de 2006 y octubre de 2007 el precio DAP (Di-Amonio-Phosphato) subió 75 por ciento; el del Sulfato de Amonio, 99 por ciento; la urea, 54 por ciento y el potasio, 48.31 por ciento. Eso tuvo sus efectos en los precios nacionales, que también casi duplicaron en el caso de la urea y de los abonos NPK. Los herbicidas y fungicidas aumentaron en 10 y 40.32 por ciento. Asimismo, aumentaron en 2007, a más del doble, las ganancias de MOSAIC Corporation, una empresa de CARGILL que es la que controla gran parte de la oferta de potasa y fosfato, dos de los principales ingredientes de los fertilizantes químicos. La mayor empresa productora de potasa del mundo, POTASH Crop de Canadá logró ganancias por más de USD$1 mil millones en 2007, un 70 por ciento más con relación a 2006”.

“Enfrentados al pánico de una crisis mundial muchos gobiernos comienzan a desesperarse por aumentar las cosechas nacionales, confiriéndole a esas empresas la potestad de subir aún más las apuestas. En abril de 2008, la filial comercial offshore, conjunta de MOSAIC y POTASH aumentó los precios de la potasa en 40 por ciento a los compradores del sudeste asiático y en 85 por ciento a los de Latinoamérica”, se mencionó en este documento.

En abril de 2008, (tres años después de que el ministro de Agricultura asegurara en el SICA que Guatemala tenía la capacidad de generar etanol para abastecer a los países del istmo) los agrocombustibles cubrían el 1.7 por ciento del consumo energético. Para 2030, según las proyecciones de la Alianza Mundial para la Bioenergía (GBEP, en inglés), el 20 por ciento de la demanda mundial de energía estaría cubierta por biocombustibles. “En 2060 su potencial alcanzará entre 30 y 40 por ciento”, se indicó.

La GBEP fue una iniciativa internacional creada con la finalidad de poner en marcha los compromisos adquiridos en el Plan de Acción de la 31 Cumbre del G8+5 convocada en Gleneagles, Escocia del 6 al 8 de julio de 2005. Este Plan fue respaldado por Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Japón, India, Italia, México, Rusia, Sudáfrica, el Reino Unido y EE.UU.

En el escenario alternativo que definió en 2008, la Agencia Internacional de la Energía (IEA en inglés) se preveía que el 7 por ciento de la demanda mundial de combustibles sería satisfecha por agrodiesel y agroetanol para 2030. Esta previsión recibió críticas del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, en julio de 2008, Brasil y Estados Unidos comenzaron procesos con el objetivo de definir estándares de calidad, el primer paso para convertir el agroetanol en un commodity, según la investigación de la CONGCOOP.

Con el Decreto de Independencia Energética y de Seguridad, de diciembre de 2007, en EE.UU. se desencadenó la fiebre de los agrocombustibles y se fijó un mandato anual de 36 mil millones de galones de agrocombustibles para 2020, lo que supondría cinco veces el consumo de 2007. “La meta de sustituir en 10 años (2017) el 20 por ciento del consumo de gasolina por agroetanol tiene un carácter netamente geopolítico: reducir en un 75 por ciento las importaciones de Estados Unidos del petróleo venezolano y de Oriente Medio.

Además, el agroetanol de maíz es percibido como la nueva panacea para superar la crisis agrícola que azota la producción del grano en el medio oeste de ese país por las supuestas mejoras en los precios, derivadas del aumento de la demanda interna. Pero, las expectativas de los productores se ven limitadas de nuevo, a causa del control oligopólico de los mercados de maíz por los grandes agronegocios de EE.UU.”, se señaló en este estudio.

Sin embargo, hace 20 años, la Unión Europea (UE) había establecido que para 2020, el 20 por ciento de su oferta energética provendría de fuentes renovables, con un mínimo de 10 por ciento a partir de agrocombustibles. “Mandato legal que pretende alcanzarse empleando lo propio y lo ajeno, promoviendo la producción de biocombustibles en países en desarrollo. Como viene siendo la tónica en los discursos oficiales de la Comisión Europea (CE), la apuesta política por los agrocombustibles se recubre de una jerga ecologista. Demagogia verde, que no encubre los objetivos de nuevos mercados para el azúcar y de reducción de la dependencia energética europea”, se indicó en esta investigación.

El entonces Presidente de la CE, Durao Barroso, recordó en la I Cumbre de Brasil-UE (28 y 29 de junio de 1999), la necesidad para el bloque de reducir su dependencia energética del exterior en gas y petróleo, notablemente de Rusia. “Hoy la UE depende en un 55 por ciento de las importaciones energéticas, en 2030 lo hará en un 70 por ciento”, dijo hace 27 años. A mediados de 2007, Barroso aseguró que “la alternativa de los biocombustibles resulta decisiva”. Sin embargo, en 2008, el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó reducir esa meta a 4 por ciento hasta 2015. Se esperaba una nueva resolución a partir de estudios a profundidad sobre el impacto de los agrocombustibles en los entornos cercanos a los cañaverales.

Para los analistas del banco Goldman Sachs, la cotización de referencia del Brent podría superar en 2026, su máximo histórico de 2008, de alrededor de USD$147 por barril, si las interrupciones en el suministro se prolongan. En el peor de los casos, esta entidad financiera estimó que los precios del Brent podrían rondar hasta los USD$111 por barril en 2027, en caso de que el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz se mantuviera muy bajo por más de dos meses y la producción se estancara en 2 millones de barriles por día, después de la reapertura de esta ruta comercial. No obstante, en un escenario más favorable, Goldman Sachs consideró una recuperación gradual de los flujos de petróleo vía el estrecho de Ormuz a partir de abril, lo que reduciría el precio del Brent a USD$70 en el cuarto trimestre de este año. Trending Economics reporta al mes de mayo de este año que el precio del barril de petróleo Brent ronda los USD$105.70 a USD$109.50.

Frente a la obligatoriedad de la E10

En las declaraciones de los funcionarios actuales sobre el cumplimiento del Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante (Acuerdo Gubernativo 257-2025) no hay espacio a la duda. A partir del 30 de junio, la gasolina Súper y Regular tienen que incorporar un porcentaje de 10 por ciento en el volumen de alcohol carburante y respaldan un positivo impacto ambiental y a la salud pública. Incorporar alcohol carburante en las gasolinas mejora la calidad del combustible y con ello se reducen contaminantes derivados de la combustión y una mejora sostenida de la calidad del aire.

A principios de marzo, Luke Lindberg, subsecretario de Agricultura y Comercio de Estados Unidos visitó Guatemala en respaldo al Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países. El 10 de marzo, la embajada de EE.UU., acreditada en el país, publicó en su cuenta pública de la red social X, que Lindberg había expresado, en la reunión del Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos, que la mezcla E10 de etanol abría oportunidades de colaboración y crecimiento económico para el sector de biocombustibles de EE.UU. y de Guatemala. “Contribuyendo a estabilizar los precios en los puntos de venta”. En este encuentro participó también, el Presidente Arévalo.

En el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la República de Guatemala sobre Comercio Recíproco (Agreement Between the United States of America and the Republic of Guatemala on Reciprocal Trade), que consta de 167 páginas, se incluyó la Sección D “Consideraciones y Oportunidades Comerciales (que es un párrafo):

Artículo 4.1. Etanol: “Guatemala implementará un mandato de mezcla de etanol E10 para el uso en carretera y se esforzará por comprar al menos 50 millones de galones de etanol de Estados Unidos anualmente”. (Guatemala shall implement an E10 ethanol blend mandate for on-road ethanol use and shall endeavor to purchase at least 50 million gallons of ethanol from the United States annuallys). Con este párrafo comienza y termina la página 167, la última del documento.

El Acuerdo de Comercio Recíproco cobraría vigencia al momento en que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, firme una Orden Ejecutiva, aseguró el mandatario guatemalteco. Sin embargo, señaló que ello no amarra al país a la compra en exclusiva de etanol estadounidense, a base de maíz. Tampoco, a productores nacionales, que exportan la mayoría del agrocombustible. La puerta está abierta a agroetanol de distintos países productores y de Estados Unidos fuera de este Acuerdo, afirmó en La Ronda del pasado 24 de marzo.

Explicaciones sobre la producción de agroetanol en Guatemala

De acuerdo con la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (APAG) existe alcohol potable que se utiliza en bebidas alcohólicas; productos farmacéuticos; disolventes, desinfectantes y perfumes entre otros productos, con 96 por ciento de concentración y el carburante que tiene una mayor. Tiene un menor contenido de agua, lo cual lo hace ideal en el proceso de combustión de los vehículos. “Se utiliza como aditivo renovable en el combustible, lo que reduce al menos 70 por ciento la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, se lee en apag.com.gt el sitio oficial de la entidad.

“El alcohol que se produce en Guatemala cuenta con altos estándares de calidad para el uso de etanol en combustibles en diversos países. Por este motivo es muy valorado a nivel internacional”, se mencionó.

Guatemala cuenta con cinco destilerías ubicadas en Retalhuleu, Escuintla y Santa Rosa, que producen 65 millones de galones de alcohol al año, de acuerdo con la APAG, a partir de la melaza (subproducto del azúcar) de los cuales se exporta el 90 por ciento de dicha producción, unos 52 mil millones de galones, a países de la Unión Europea y a California, Estados Unidos, en tanto 10 por ciento se destina al mercado de las bebidas alcohólicas. El ingenio Palo Gordo fue el primero en contar con una destilería.

En el artículo 14, del Reglamento de la Ley de Alcohol Carburante se establece el Registro de Productores y se señala que en el caso de las destilerías que en la actualidad operan en el país “continuarán operando con normalidad mientras obtengan su registro, siempre que tengan dicha actividad económica en el Registro Tributario Unificado de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con anterioridad a la publicación del presente Reglamento, sin perjuicio de su obligación de registrarse de conformidad con los dispuesto por la normativa”.

Sin embargo, las destilerías que hoy funcionan tienen que presentar al MEM y cumplir varios requisitos:

Pero esta normativa también exige a las destilerías un Plan de Conservación del Medio Ambiente y para ello, las que funcionan en la actualidad deben contar con un instrumento ambiental, con el visto bueno del Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales (MARN), que corresponda a sus actividades. En el caso de que en los meses siguientes exista interés por abrir nuevas destilerías, se debe cumplir con estos requisitos anteriores. Esta norma también establece el Registro de Distribuidores

Según la APAG, Guatemala cuenta con capacidad instalada para producir el etanol que se necesita en la mezcla E10, obligatoria a partir del 30 de junio de 2026. Asimismo, se aseguró que la producción de alcohol carburante cuenta con certificaciones de sostenibilidad sobre el cambio de uso de suelo, biodiversidad, deforestación y cumplimiento de los derechos humanos. “Se verifica que el producto es fabricado con responsabilidad. Por eso, el alcohol guatemalteco es altamente cotizado en el extranjero”.

Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la APAG explicó que a nivel regional por mandato obligatorio en distintos países se mezcla combustible con etanol en distintos porcentajes. Brasil lo implementó en 1976, comenzó con E10 y ahora avanzó a E30. “Se pueden escoger mezclas mayores”. Por mandato federal se obliga en Estados Unidos a mezclar combustible con etanol. Pocos gasolinas tienen la mezcla, pero tienen la obligación legal de comprar bonos de carbono. Todos estos países lo hacen por las mismas razones que nosotros lo hacemos: independencia energética, mejorar la calidad del aire y salud por medio de la reducción de los GEI”, indicó.

“Esto no es algo nuevo para Guatemala tiene años de existir y por 40 años se ha tratado, pero no se ha podido. Simplemente porque hay intereses grandes que se afectan y que son los de los petroleros. Eso es común en los otros países. Los petroleros se opusieron en Estados Unidos, Colombia, Argentina”, indicó.

De acuerdo con Ancheta, el país tiene una historia larga y detallada. No ha sido discutido sino más que discutido, que no ha sido conocida por los sujetos de la cadena de suministro es mentira. La ley existe desde 1985; hay estudios técnicos de 2000 a 2015; hay dos planes piloto en 2015 y 2020; de 2020 a 2022 se instalaron 38 mesas técnicas con todos los actores de la cadena. Con todos nos sentamos horas para discutir los distintos tema”, añadió.

En 2023 se aprobó el reglamento 159-2023 con la finalidad de operativizar la ley de 1985, pero con la toma de posesión del nuevo Gobierno en 2024 se retomó el análisis de este proceso. “Se tomó su tiempo para evaluar si era bueno; si era cierto que era una política pública; si subía o bajaba el precio, si era culpa de los azucareros o los maiceros de EE.UU., ¿quién tiene la culpa? Todavía seguimos viendo quién tiene la culpa. Pero no hay culpa, lo qué es, es una política pública que se impulsa en muchos países. El nuevo Gobierno dijo: me voy a sentar otra vez y voy a llamar nuevamente a las 38 mesas, porque no sé si existieron, ahora fueron 25 mesas. Entonces se emite el nuevo reglamento y entra en vigor la mezcla E10 con una socialización con todos los actores”, recordó.

Los dos reglamentos poseen algunas diferencias, pero según Ancheta tienen los mismos pilares fundamentales: están adaptados a una realidad nacional y un libre mercado (en lo referente a la compra de agroetanol para la mezcla).

“Muchos países no tienen libre mercado. Ahora se ataca la obligatoriedad de la E10, pero es una política pública. Cuándo es una política de Estado no se pregunta nadie y no se está cambiando nada ni se resta ninguna libertad. Ahora el usuario no tiene la opción de elegir qué aditivo se le mezcla a la gasolina. Solo es cambiar un aditivo por otro. Como en 1997, cuando el Gobierno dijo que ya no iba a ver plomo en la gasolina. Lo único es que ahora, como se afecta a los petroleros que traen los aditivos químicos señalan lo de la obligatoriedad”, añadió.

El presidente Bernardo Arévalo habló el pasado 16 de marzo sobre las bondades del producto, su efecto en el ambiente y en el bolsillo de los guatemaltecos. Una semana más tarde, el Gobernante aseguró que, aunque la agroindustria azucarera produce agro etanol, ello no significa que por la demanda del aditivo tenga que extender los cultivos de caña de azúcar, tal como ocurrió en Brasil que se afectó bosque y selva en la Amazonía.

Sobre el sector azucarero que ya produce etanol en Guatemala en 2017 el medio salvadoreño El Faro publicó un reportaje caracterizando el tipo de operación de los azucareros en Guatemala, un oligopolio de empresarios que actúa como un cartel. Son doce en total y que su mayoría están ubicados en la costa sur del pacífico guatemalteco, “un cartel con profundas conexiones políticas y cuyo poder suelen resentir las comunidades en el campo” publicó el reportaje El cartel del azúcar de Guatemala.

Fuente: Prensa Comunitaria