El movimiento campesino alerta sobre el costo social de las reformas respaldadas por el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prepara una nueva misión a Honduras entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2026 para realizar la sexta revisión del programa económico vigente y abrir conversaciones sobre un nuevo acuerdo de tres años y medio. El Gobierno de Nasry Asfura sitúa el crecimiento económico en el centro de su política, apoyándose en ajustes fiscales y reformas energéticas vinculadas a la crisis financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Sin embargo, desde la perspectiva del movimiento campesino, este crecimiento no responde a las necesidades de las mayorías populares y deja fuera a quienes sostienen la producción de alimentos, mientras los costes de las reformas recaen sobre las familias campesinas y los sectores más vulnerables.

El aumento del costo de la vida golpea a las familias campesinas

En Honduras, la precariedad económica de amplios sectores de la población se ha agravado por el aumento de los precios de los combustibles, que encarece el transporte, la canasta básica y los insumos agrícolas. Para las familias campesinas, esta presión se suma a los costos de producción y a las dificultades para comercializar sus cosechas en condiciones justas.

El acceso a la electricidad es otra fuente de preocupación. Durante el Gobierno anterior se estableció un subsidio que permitió a las familias con consumos mensuales inferiores a 150 kWh recibir electricidad gratuita. Esta medida llegó a beneficiar a más de un millón de familias. El movimiento campesino denuncia la eliminación de este apoyo bajo la nueva administración y la afectación del acceso universal a la electricidad.

Para el movimiento campesino, la apertura del mercado eléctrico a grandes consumidores comerciales e industriales podría aumentar la presión sobre los hogares y alterar la distribución de los costos del sistema, trasladando una mayor carga a quienes tienen menos capacidad de pago y reduciendo aún más los ingresos disponibles para alimentación, salud y otras necesidades esenciales.

También existe preocupación por la continuidad de los subsidios sociales y por la posibilidad de que las comunidades rurales y las zonas históricamente postergadas queden relegadas si las decisiones sobre infraestructura y cobertura eléctica responden cada vez más a criterios de rentabilidad.

Llevar electricidad a comunidades alejadas requiere inversiones importantes, cuyos beneficios económicos no siempre son inmediatos. Para las familias rurales, el acceso a este servicio está directamente relacionado con sus condiciones de vida, la educación, la salud y las posibilidades de seguir alimentando a la población.
El movimiento campesino también señala que, en lo que va de año, se han producido cinco aumentos en el servicio eléctrico, una situación que considera insostenible para muchas familias.

La situación resulta especialmente preocupante en un año marcado por una sequía extrema. En las zonas rurales, donde los ingresos dependen de cosechas cada vez más expuestas a las condiciones climáticas, muchas familias no han podido cultivar con normalidad, lo que amenaza sus ingresos y su acceso a los alimentos. La pérdida de cosechas, sumada al aumento de los gastos básicos, debilita la economía familiar y compromete tanto la alimentación como la continuidad de la producción, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades que dependen directamente de la agricultura para subsistir.

Otro de los puntos señalados por el movimiento campesino es la firma de convenios entre la ENEE y otras instituciones públicas, entre ellas el Instituto de la Propiedad y el Registro Nacional de las Personas. Estos acuerdos permitirían cruzar datos sobre los titulares de los servicios eléctricos, la identidad de los usuarios y la propiedad de los terrenos donde se encuentran instalados los contadores. Las organizaciones campesinas afirman que esto podría generar riesgos para personas que atraviesan dificultades económicas, tienen problemas de titularidad o no pueden regularizar sus conexiones. También manifiestan temor a que el impago o los conflictos relacionados con la instalación de contadores puedan derivar en medidas que afecten a la seguridad jurídica y a la tenencia de la tierra.
En sus denuncias, las organizaciones mencionan posibles consecuencias como la expropiación, la hipoteca de propiedades e incluso el encarcelamiento.

De la deuda externa a la presión sobre la tierra

El campesinado también cuestiona el modelo económico en el que el pago de la deuda externa y los compromisos fiscales condicionan los recursos disponibles para apoyar a la agricultura familiar y a las comunidades rurales. Además, denuncia una política tributaria que ejerce una fuerte presión sobre la población mientras las grandes empresas se benefician de exoneraciones fiscales. Desde esta perspectiva, la disciplina fiscal defendida por el Gobierno y el FMI, traducida en recortes de apoyos sociales y productivos, sin una distribución equitativa de las cargas económicas ni tener en cuenta los impactos en el campesinado, profundizará la injusticia fiscal y desigualdades.
En este contexto, la presión económica puede obligar a más familias a abandonar sus tierras o a desprenderse de ellas para hacer frente a sus deudas y gastos cotidianos.

La próxima revisión del FMI se desarrollará mientras el campesinado hondureño afronta desalojos de sus territorios, el incremento de las tarifas eléctricas, el encarecimiento de los insumos agrícolas y los efectos de la sequía, exacerbada por el fenómeno de El Niño. Las medidas de austeridad promovidas por el FMI debilitarán los apoyos públicos y añadirán presión a una situación que amenaza el acceso del campesinado a la tierra, sus medios de vida, la permanencia de las comunidades en sus territorios y su capacidad de seguir produciendo alimentos para el país. Estas realidades y el impacto de las políticas económicas en el bienestar del campesinado y en su capacidad para garantizar la Soberanía Alimentaria del pueblo hondureño no son tenidos en cuenta ni por el Gobierno ni por el FMI.

Fuente: La Vía Campesina