El plan de EEUU contra narcoterrorismo en Latinoamérica legitima intervención militar y criminalización

En el acuerdo de seguridad regional firmado entre EEUU y alrededor de 20 países latinoamericanos, el 5 de marzo, la potencia norteamericana se atribuye la capacidad de intervenir unilateralmente, con el pretexto de “promover la paz a través de la fuerza” en el hemisferio.

Tras el pacto, en Ecuador soldados estadounidenses participan en intervenciones contra el narcotráfico y la minería ilegal. Según organismos internacionales, este país es el corredor del 70% de la producción mundial de cocaína, concentrada por Colombia y el Perú. 

De esta forma, Washington amplía su operación Lanza del sur, iniciada en 2025 con ataques aéreos a embarcaciones entre las costas de Venezuela y Trinidad y Tobago. Hasta este martes 5 de mayo, más de 170 personas sindicadas de tráfico de drogas, la mayoría pescadores, fueron asesinadas en los mares Pacífico y Caribe. Bajo estos lineamientos, la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica conlleva riesgos de criminalización de habitantes de los Andes y la Amazonía, donde se encuentran los cultivos de coca. 

En el Perú, a pesar de los veinte años de militarización -con cooperación de EEUU- en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), el 70% de la cocaína se fabrica en esta zona de emergencia. Entre 2010 y 2021, la producción local de la droga pasó de 360 a 785 toneladas anuales.  

“No ha cambiado nada en las líneas maestras del narcotráfico en el Perú. En una región supervisada, vigilada por las fuerzas armadas, la policía, la DEA (Administración para el Control de Drogas), uno se pregunta cómo es que la potencia que se dice a sí misma la más poderosa del mundo, no puede identificar a los fabricantes. La región es parte de un aparato que cubre la fabricación y envío, la droga sale en avionetas que no son atacadas. También por el puerto del Callao, que en buena parte es una caja secreta, bajo dominio de la marina peruana y norteamericana, que tendrá más presencia por la nueva base naval que construirá”, observa el sociólogo Héctor Béjar en conversación con Avispa Mídia.

El académico, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pedro Castillo, señala el poder del narcotráfico en la política nacional y la dinámica económica internacional. 

“La red de producción y distribución también les permite financiar la política, hay estudios que señalan que los bancos peruanos lavan dinero, les es imposible controlar el dinero del tráfico, hay lavado en casinos, inversiones inmobiliarias. Es una red amplia, antigua. El privilegio de una moneda como el sol que tiene estabilidad frente al dólar se da justamente por el alto tráfico de droga, pues gran parte de la cocaína va a Estados Unidos, además del oro, legal e ilegal”, explica. 

Disputa global y regional por minerales 

En el país andino, la presencia militar de Washington está en tensión con el predominio económico de China. En abril, la potencia norteamericana presionó al Perú para iniciar el proceso de compra de una flota de aviones de guerra, valorizada en 3,500 millones de dólares, a la empresa estadounidense Lockheed Martin. La transacción genera diferencias entre la presidencia y el Ministerio de Defensa.

El mandatario transitorio, José María Balcázar, optó por dejar la decisión de finalizar la adquisición al gobierno que será elegido en junio, mientras que el sector militar defiende la legitimidad de la licitación y niega coacciones diplomáticas de Estados Unidos. La negociación derivó en el cuestionamiento del embajador de China en Colombia a mensajes que consideró “coercitivos” para el Perú por parte del representante de Washington en Lima.

“Perú está en una situación cruzada, su principal mercado es China, pero en relaciones militares tiene a Estados Unidos como socio político. Los minerales, el cobre, la energía eléctrica local son de China. En el sistema productivo, el cobre y los bancos son una red de poder, y China tiene el banco más importante del mundo. El Perú es un punto de la dominación capitalista global, donde se juegan contradicciones fuera de toda información, fuera de control, existiendo una megaoligarquía internacional”, considera Héctor Béjar.

El despliegue militar de Estados Unidos en la región apunta a  obtener más materias primas, disputadas con China. Tras la invasión a Venezuela en enero para hacerse de sus reservas de petróleo, pretende un mayor control sobre los extractivismos, base del modelo de las economías latinoamericanas. 

El sociólogo enfatiza la importancia del cobre como factor económico de primera magnitud en la puja de las potencias, así como en las relaciones internacionales en Sudamérica. En Chile, primer productor mundial del mineral, el complejo industrial plantea la creación de una empresa nacional de minería en el Perú -segundo productor- para adquirir, procesar y comercializar oro y cobre peruanos.

“En el caso peruano la explotación de cobre significa la destrucción del país, se realiza en las montañas, en Chile es en el desierto. Aquí hay más contaminación, menos agua, más destrucción de lagunas en cumbres andinas, destrucción de la gente, de niños en zonas andinas con plomo en la sangre. El Perú está siendo destruido sistemáticamente, sacrificado para la industria mundial global”, manifiesta Béjar.

Lucha antiterrorista como estigmatización  

El uso del término terrorismo por parte de Estados Unidos, en esta nueva etapa de lucha contra el crimen organizado en América Latina, se alinea a su manipulación en el discurso político peruano y a la ampliación de la legislación antiterrorista de países de la región, que incluye delitos transnacionales no vinculados a la insurgencia. 

En vísperas de las elecciones presidenciales realizadas en abril en el Perú, las operaciones militares en el VRAEM, donde confluyen ríos andinos y amazónicos, se intensificaron. El 29 de marzo, dos personas señaladas por las fuerzas armadas como integrantes de Sendero Luminoso fueron abatidas en la región Ayacucho. 

Luego, el 25 de abril, cinco habitantes del distrito Colcabamba, ubicado en la región Huancavelica, fueron  asesinados por el ejército en un montaje de operación antidrogas. Los militares acusaron a las víctimas de abrir fuego, pero no se encontraron evidencias. Un sobreviviente fue amenazado para firmar un acta en la que afirma haber trasladado droga.  

“Es una violencia motivada, prevista, siempre ocurre en procesos electorales. Sirve de pretexto a la derecha peruana para decir que el terrorismo todavía existe, que Sendero Luminoso todavía existe, sirve para la campaña política de la derecha, que acusa a todos los otros sectores de ser terroristas, es así desde 1990. Lo que llamamos derecha en el Perú es un conjunto de grupos delictivos, mafias que se alimentan de todos los tráficos y parasitan el presupuesto público”, añade Béjar.

Aunque Sendero Luminoso se haya disuelto, abandonado la lucha armada y posiciones ideológicas en 1993, tras la captura de su líder, Abimael Guzmán, antes de las elecciones de 2011, 2016 y 2021 se ejecutaron operaciones contra el terrorismo, según la narrativa sostenida hasta hoy por las instituciones castrenses para deslegitimar a las izquierdas y movimientos sociales.

En ese sentido, el Departamento de Defensa de EEUU subrayó el carácter ideológico del acuerdo, por lo que excluyó a México, Brasil y Colombia, bajo administraciones que considera Washington como socialistas. A la vez, el 6 de mayo, la Casa Blanca presentó su estrategia antiterrorista, en la que señala a los cárteles como una de las principales amenazas a la seguridad nacional y reitera la posibilidad de atacarlos por cuenta propia, trasladando la amenaza a gobiernos que consideren que lo apoyan o facilitan.

Fuente: Avista Midia