Empoderamiento o explotación. La falsa promesa de un acuerdo comercial incluyente de las mujeres

Empoderamiento o explotación. La falsa promesa de un acuerdo comercial incluyente de las mujeres

por bilaterals.org y Puanifesto

13 de marzo de 2026

En el Día Internacional de la Mujer, 2026, la enviada canadiense  expresó que Canadá está comprometido a ratificar su acuerdo comercial con Indonesia este año, lo cual es descrito como un acuerdo comercial incluyente de las mujeres. No obstante, este abrazo retórico de igualdad de género oculta una realidad más profunda: el acuerdo implica una sofisticada cooptación del lenguaje feminista para impulsar intereses económicos neoliberales en vez de promover una agenda de justicia económica verdaderamente feminista.

El mito de la inclusión

Quienes proponen un acuerdo comercial (conocido como Acuerdo de Asociación Económica Integral o CEPA por sus siglas en inglés) presumen la cifra de Indonesia de que las mujeres poseen 64.5% de los negocios micro, pequeños y medianos (MSMEs), cerca de 37 millones de empresas. Esto lo interpretan como prueba del empoderamiento de las mujeres y como la base de un enfoque incluyente de género. Sin embargo, esta narrativa distorsiona esencialmente las realidades económicas de las mujeres indonesias.

La gran proporción de estos negocios (compactados en las siglas en inglés MSMEs) es un reflejo de la precariedad de las mujeres y no la imagen de un empoderamiento. Debido a la ausencia de oportunidades de empleo formal o a las desproporcionadas responsabilidades de cuidado que deben sobrellevar, las mujeres se ven forzadas a emprender los negocios pequeños que predominan en el sector informal. Estos negocios tienen por lo común márgenes de ganancia muy bajos, poco capital, acceso restringido a los mercados y casi ninguna protección social. Las barreras estructurales que mantienen a las mujeres en los sectores más vulnerables de la economía quedan ocultas cuando este empresariado de sobrevivencia es presentado como “empoderamiento”.

Las previsiones de género incluidas en CEPA son un ejemplo de lo que las académicas feministas refieren como “neoliberalismo incluyente [o inclusivo]” que implica el uso de la equidad de género como instrumento para legitimar y ampliar las políticas orientadas al mercado. Los países del Norte global y las organizaciones internacionales refuerzan los mismos sistemas económicos que mantienen la inequidad de género mientras crean la apariencia de promover cambios progresistas sólo por utilizar un lenguaje de género en los acuerdos comerciales.

Esta tendencia es exactamente lo que Canadá hace cuando lidia con CEPA. Además de apalancar el acuerdo para que promueva los intereses de las corporaciones canadienses en el Sureste asiático, el gobierno de Canadá lo presenta como un mecanismo que “posibilita que las empresas propiedad de mujeres obtengan un mejor acceso a los mercados”. No obstante, este enfoque se contradice con el hecho de que valora que las mujeres se involucren en los mercados sin cuestionar la explotación de género en que estos mercados suelen basarse. Las previsiones de género en los acuerdos comerciales tienden a despolitizar las injusticias estructurales más profundas, en vez de transformarlas.

Quién se beneficia

Millones de mujeres indonesias que poseen pequeños negocios no serán las beneficiarias principales de CEPA, pese a las promesas de la inclusión de género. Serán las exportadoras y corporaciones canadienses y multinacionales que buscan expandir sus operaciones al Sureste asiático quienes más se beneficien de las reducciones arancelarias y del acceso a mercados que posibilita el acuerdo.

Debido al déficit comercial de 970 millones de dólares estadounidenses que Indonesia guarda con Canadá en 2025 y a que las importaciones de Canadá son cercanas a los 2700 millones de dólares, es probable que las empresas canadienses se beneficien enormemente de un mayor acceso al mercado gracias al acuerdo entre Canadá e Indonesia. Mientras, sin sistemas de apoyo suficientes, las importaciones canadienses supondrán una mayor amenaza para las productoras indonesias, en especial aquellas involucradas en el sector agrícola y en la industria manufacturera informal.

Más aún, el CEPA establece sólidas protecciones para las inversiones de las corporaciones mineras, forestales y de energía, proporcionando un poderoso mecanismo para que las empresas desafíen las políticas públicas y las sentencias de los tribunales que están dispuestos a proteger la salud, el ambiente y los derechos humanos. Un controvertido sistema de resolución de disputas entre inversionistas y Estado (ISDS) que fue  criticado recientemente por dos Relatores de Naciones Unidas por impedir el avance de los objetivos internacionales sobre el clima, fue incluido en el capítulo 13 del acuerdo. El ISDS se ha vuelto una poderosa arma de las corporaciones multinacionales para forzar a los gobiernos a que alteren leyes y regulaciones en su favor, lo que provoca serios impactos negativos para los derechos humanos de las mujeres. El costo promedio de los litigios y el arbitraje de un caso incluido en un ISDS puede llegar a los  8 millones de dólares, pero en algunas situaciones su monto puede ascender a los 30 millones de dólares. Los despachos jurídicos pueden cobrar hasta mil dólares por hora, por abogado —y hay equipos completos de abogados haciéndose cargo de los casos. Además, los árbitros cobran salarios abultados, que pueden llegar hasta el millón de dólares, según se reportó en un caso reciente. Los contribuyentes fiscales asumen estos gastos, que son deducidos de los presupuestos nacionales que podrían haber destinado estas cantidades a respaldar los derechos humanos y los servicios públicos para las mujeres.

Y las mujeres tienden a ser más dependientes de los servicios sociales públicos, en especial por la carga de tener que asumir cuidados no pagados, algo que recae en las mujeres de un modo muy desproporcionado. Por ejemplo, en Asia, las mujeres  realizan labores de cuidado no remuneradas cuatro veces más que los hombres. Limpiar, cocinar, y cuidar de las y los integrantes dependiente de la familia —las infancias, la gente mayor, las personas con discapacidades— siguen siendo “asuntos de mujeres”. La gran mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres, y con frecuencia reciben una compensación inadecuada pese a trabajar en ambientes riesgosos.

El sesgo hacia el Norte global

Es más, el modelo del Canada’s Gender-based Analysis Plus (GBA+) [Análisis de Canadá Plus Basado en el Género], sólo toma en cuenta los posibles efectos de la liberación comercial sobre el empleo de mujeres en Canadá, lo cual, en consecuencia, es usado como sustituto de los sistemas de bienestar. Carece del reconocimiento indispensable de los posibles impactos negativos de la liberalización del comercio. Así, dada la débil aplicación de las leyes relativas a los derechos agrarios de los pueblos indígenas y por la expansión comercial en industrias como la minería y la energía, donde son pertinentes los asuntos relacionados con los derechos agrarios, puede incrementar el peligro de abusos a los derechos humanos. El GBA+ de Canadá incluido en el CEPA no considera la posibilidad de que el comercio y la inversión empeoren las condiciones para las mujeres en Indonesia.

Es inaceptable que el gobierno canadiense promueva políticas exteriores o de comercio feministas que se enfoquen únicamente en los efectos que tendrían sobre las mujeres canadienses, mientras se pasan por alto los efectos sobre las mujeres u otros grupos marginalizados entre sus socios comerciales.

Como tal, el acuerdo se mantiene en silencio en lo relacionado con muchos aspectos críticos de la justicia económica feminista: salarios dignos, derechos laborales, protección del medio ambiente, reforma agraria y democratización de la toma de decisiones económicas. Estas omisiones ponen de manifiesto las limitaciones del comercio «sensible al género» que funciona dentro del marco neoliberal.

Es necesario ir más allá de los enfoques basados en el mercado que explotan la “equidad” de género para beneficio de las corporaciones si es que hemos de lograr una justicia económica verdaderamente feminista. Las políticas de comercio deberían priorizar los derechos laborales, la protección ambiental, la soberanía alimentaria, las economías del cuidado. Más que depender de los grupos de presión corporativos o de los negociadores comerciales, tales políticas deben ser promovidas mediante procesos democráticos que se centren en las voces de las trabajadoras, las productoras en pequeña escala y en la gente que presta servicios de cuidado y asistencia.

Incrementar la participación de la mujeres en los mercados no es el modo en que se debe luchar por la equidad de género, Se requiere cambiar los sistemas que perpetúan y legitiman la injusticia y la explotación, como el CEPA de Indonesia y Canadá. Hasta que confrontemos todo lo que subyace a estos puntos, la celebración de un “comercio inclusivo de género” continuará siendo una retórica que pinta de rosa la situación mientras esconde la explotación corriente en el trabajo y la vida de las mujeres.

Fuente:   bilaterals.org