Glaciares en la mira: entre el avance extractivista y la desprotección ambiental

En el marco de las sesiones extraordinarias, el Congreso argentino debatirá una modificación de la Ley de Glaciares. Comunidades en los territorios, organizaciones socioambientales y especialistas en derecho alertan sobre las consecuencias de esta reforma: pérdida de protección ambiental y avance extractivo sin control de la mano de un modelo que niega la crisis climática en curso.

La Ley 26.639, sancionada en 2010, fue producto de años de movilización social y debate legislativo. Establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio nacional. Reconoce a estos ecosistemas como reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la agricultura, la recarga de cuencas hídricas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. Entre sus disposiciones clave, la ley prohíbe toda actividad que pueda afectar los glaciares y los suelos congelados de montaña, incluyendo la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.

Además, la norma dio lugar al Inventario Nacional de Glaciares, realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que identificó más de 16.000 cuerpos de hielo en Argentina. Aunque gran parte de la superficie glaciar está en la Patagonia, el 70% del total de glaciares se ubica en provincias del norte y oeste, como San Juan, Mendoza y Catamarca, donde cumplen un rol hídrico central. Allí, el ambiente periglacial —formado por suelos saturados en hielo, invisibles a simple vista— también tiene una función crítica como regulador del agua en un país cada vez más afectado por la escasez hídrica.
Mientras se impulsa la modificación de esta norma ambiental clave, la Patagonia enfrenta incendios forestales que ya arrasaron más de 230.000 hectáreas entre bosques, pastizales y áreas productivas. La emergencia ígnea alcanzó niveles sin precedentes en provincias como La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advierten que los incendios y el ataque a la Ley de Glaciares no son hechos aislados: forman parte de una misma política ambiental basada en la negación del cambio climático, el retiro del Estado y un cambio en la reconfiguración de la tierra en favor de grandes grupos económicos. En ese esquema, bosques y glaciares quedan expuestos y desprotegidos; los incendios son consecuencia directa de la falta de prevención, el desfinanciamiento ambiental y el abandono sistemático de las funciones públicas de cuidado.

Ahora, el Gobierno libertario impulsa una modificación sustancial de la ley. Bajo la justificación de “aclarar interpretaciones”, el proyecto enviado al Congreso propone acotar el alcance de la protección sólo a aquellos glaciares o geoformas periglaciares que cumplan una “función hídrica efectiva”, y traslada a las provincias la decisión sobre qué se protege y qué no. También otorga a las autoridades provinciales la facultad de incluir o excluir zonas del inventario nacional, lo que desmonta el sistema científico y nacional de conservación.

Este cambio implica reemplazar un criterio ambiental basado en conocimiento técnico y federalismo de concertación por uno político, sujeto a conveniencia y presión empresarial. La reforma se da además en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que busca acelerar la instalación de proyectos extractivos con menos controles, en un contexto de crisis climática y debilitamiento de los marcos regulatorios.
Para entender qué implica esta modificación, hay que poner el foco sobre tres puntos claves: las implicancias legales, lo que ya ocurre en los territorios y el vínculo con la crisis climática. 

Un retroceso legal que pone en riesgo el derecho ambiental

“El proyecto de modificación a la Ley de Glaciares representa, en términos jurídicos, un retroceso grave en materia de protección ambiental”. Así lo sostiene Cristian Fernández, coordinador del área de legales de FARN, quien señala que “si hablamos de modificar esta ley, tendría que ser para reforzar la protección, no para debilitarla. Lo que se propone es un desmantelamiento del sistema de presupuestos mínimos”. El concepto de presupuestos mínimos —incluido en el artículo 41 de la Constitución Nacional— establece que el Estado nacional debe fijar un piso de protección ambiental que ninguna jurisdicción puede reducir, aunque sí complementar.

La reforma impulsada por el Ejecutivo no solo elimina ese piso común, sino que delega a las provincias la decisión sobre qué glaciares proteger y bajo qué condiciones, habilitando un esquema de gestión que fractura el enfoque ecosistémico. Para Fernández, este enfoque “rompe con la lógica científica del inventario nacional y transforma la protección ambiental en una decisión política, sujeta a intereses locales”. Esta descentralización no es neutra: ocurre en un contexto de presión del lobby minero sobre gobernadores y legislaturas provinciales.

Otro punto crítico es que el proyecto ignora la jurisprudencia existente. En 2019, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, desestimando los argumentos presentados por empresas mineras que cuestionaban su aplicación. Fernández recuerda que “ese fallo dejó en claro que el Congreso tiene la competencia para establecer presupuestos mínimos, y que no se puede retroceder en el estándar de protección ya alcanzado”.

La propuesta también vulnera compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina en 2021. Este tratado obliga a los Estados a garantizar el principio de no regresión ambiental, es decir, que las políticas públicas no pueden retroceder respecto de lo ya conseguido. “El derecho ambiental siempre va hacia adelante. Este proyecto va para atrás, y eso lo convierte en inconstitucional e ilegítimo”, advierte el abogado.

Finalmente, el intento de modificar la ley no solo afecta a los glaciares, sino que abre un precedente peligroso para desarmar otros marcos normativos ambientales. Si se permite retroceder en una norma con amplio consenso científico, jurisprudencial y social, ¿qué garantías quedarán en pie frente a nuevas reformas regresivas?

Avance extractivo en Mendoza: territorios en disputa y resistencias activas

En Mendoza, uno de los territorios más afectados por la crisis hídrica y con mayor tradición de resistencia a la megaminería, la modificación de la Ley de Glaciares se entrelaza con conflictos locales cada vez más intensos. A fines de 2025, la Legislatura provincial aprobó dos proyectos de explotación de cobre en zonas cordilleranas, entre ellos el proyecto San Jorge, que ya había sido rechazado por unanimidad en 2011. Esta vez, volvió con mínimos cambios y con un estudio de impacto ambiental cuestionado por CONICET Mendoza, IADIZA y la Universidad Nacional de Cuyo.

El proyecto plantea utilizar el 45% del caudal del arroyo El Tigre, en una provincia donde el 75% de la población vive en oasis irrigados y donde la disponibilidad de agua disminuye cada año. Las críticas técnicas señalan datos desactualizados, omisiones en biodiversidad, deficiencias en la evaluación ambiental y riesgos para el caudal del río Mendoza. A pesar de las objeciones científicas, las autoridades aprobaron el proyecto sin consulta a comunidades ni audiencias vinculantes.

En este escenario, la reforma a la Ley de Glaciares aparece como el paso final para garantizar legalmente el avance sobre zonas hasta ahora protegidas. “No se trata solo de una ley, se trata de garantizar condiciones para que estos proyectos avancen sin obstáculos”, señala Ana Llanos, activista de la Asamblea por el Valle de Uspallata, que acompaña desde hace años las resistencias en la zona. Llanos advierte que el contexto en Mendoza “es cada vez más violento y desgastante para quienes defendemos el territorio. Hay criminalización, persecución y amenazas a compañeras. Genera miedo, pero también organización”.

Para muchas comunidades, el avance minero está directamente relacionado con el empobrecimiento planificado. “Hay familias que, acorraladas por la crisis económica, empiezan a ver a la minería como una salida. Pero también saben que esto está mal, que no hay agua, que las consecuencias son irreversibles. El problema es que nos empujan a elegir entre contaminación o miseria”, sostiene Llanos. En este marco, la debilidad institucional y la falta de controles reales generan un escenario de alta conflictividad socioambiental.

La resistencia, sin embargo, se mantiene activa. En 2019, una reforma a la Ley 7722 —que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería— fue derogada tras diez días de masivas movilizaciones. Hoy, la historia se repite: largas caravanas, concentraciones en plazas y cortes informativos vuelven a ocupar el espacio público. “Las asambleas siguen siendo una referencia, pero también estamos en un momento de transformación. Ya no alcanza con las formas del 2008. Hoy necesitamos procesos más horizontales, donde más personas participen y se reconozcan como defensoras del agua”, dice Llanos.

Crisis climática y modelo extractivo: cuando el futuro se negocia

La modificación de la Ley de Glaciares también debe entenderse en un contexto más amplio: el avance de un modelo extractivista que niega o minimiza la crisis climática, al tiempo que profundiza la entrega de bienes comunes bajo el argumento de una supuesta “transición energética”. En este esquema, el cobre se presenta como un mineral clave para el desarrollo de tecnologías renovables, aunque los proyectos impulsados en la región responden más a intereses del mercado financiero que a una política energética justa y planificada.

Para la socióloga Maristella Svampa, este proyecto no es una excepción, sino parte de una política sistemática. “No estamos frente a un gobierno que articule una propuesta productiva. Lo que hay es un extractivismo puro, una reprimarización de la economía basada en la explotación minera, el fracking y la soja. No hay horizonte de sostenibilidad, ni de justicia ambiental”, advierte la investigadora e integrante de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas. La reforma a la ley, sostiene, “habilita que las provincias tomen decisiones completamente discrecionales sobre zonas estratégicas, con base en intereses empresariales y sin criterios ecosistémicos”.

Svampa destaca que la modificación elimina la protección automática, y con ello deja a los glaciares en manos del mercado. “Intervenir zonas periglaciares implica perder hielo que no se recupera. En un contexto de crisis climática, eso es gravísimo. Las provincias más áridas, como Mendoza, San Juan o La Rioja, dependen de estos ecosistemas. No es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de derechos y de supervivencia”.

El Gobierno nacional, mientras tanto, niega la crisis climática en su discurso público y desmonta las estructuras estatales que podrían prevenir sus efectos. En ese marco, reformas como esta consolidan un modelo que Svampa identifica como parte de una narrativa “pan-capitalista del fin”, donde se naturaliza el colapso para justificar la aceleración extractiva. “Es una forma de fascismo fósil, en la que se entrega todo con la excusa de una falsa urgencia. Pero no hay urgencia hídrica que justifique retroceder en derechos”, afirma.

Por estos días, en el Congreso se define mucho más que una ley. Se define si el país prioriza la protección de sus bienes comunes o si avanza hacia un modelo de entrega total, sin control ni licencia social. Lo que está en juego es la base legal que garantiza el acceso al agua, la sostenibilidad de los territorios y la posibilidad de un futuro habitable. 

Fuente: LATFEM