“Gobernanza criminal” se consolida en la Sierra-Fronteriza de Chiapas

En las presentaciones del informe en San Cristóbal de Las Casas y la Ciudad de México, los panelistas coincidieron en que la disputa por el control territorial en la región Sierra-Fronteriza incluye acuerdos con actores políticos que han permitido la continuidad de estructuras de macrocriminalidad. 

A lo largo de 120 páginas, la Red TDT, el Frayba, Colibres, Voces Mesoamericanas y Serapaz, que integran el grupo trabajo, contrastan la narrativa oficial con testimonios recabados en localidades de Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Concordia, La Grandeza, La Trinitaria, Mazapa de Madero, Montecristo de Guerrero, Motozintla y Siltepec.

Las desapariciones y los desplazamientos —incluidos los intermitentes— han aumentado, mientras la narrativa oficial presenta al Estado como un destino seguro y los indicadores oficiales reportan una disminución de la violencia, precisó Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Esta “simulación estadística”, señalaron, está vinculada a la estrategia de seguridad y pacificación promovida por el gobierno desde diciembre de 2024, con el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en municipios fronterizos. 

“El desafío no está solamente en recuperar la seguridad, sino en recuperar capacidad para poder vivir sin miedo para ejercer el derecho y decidir sobre los territorios y no estar sometidas ni a las armas ni al silencio”, destacó Carla Lomelí Zamora.

Estado de negación

En 2024, organizaciones de la sociedad civil documentaron un aumento significativo del desplazamiento forzado en México, que situó a Chiapas como la entidad más afectada. De acuerdo con la Universidad Iberoamericana, Chiapas concentró 61.8 % de los casos registrados a nivel nacional.

Entre enero de 2021 y octubre de 2025, el Frayba registró 24.290 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas, originarias de municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.

Los desplazamientos se originaron principalmente por la necesidad de las comunidades de evitar enfrentamientos, amenazas o reclutamiento forzado, de acuerdo con los registros del documento. Estas versiones contrastan con las declaraciones públicas del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien ha negado la existencia de desplazamiento forzado en el Estado.

En el informe también se leen testimonios que visibilizan las consecuencias del desplazamiento forzado de familias integradas por niñas, niños, adolescentes y jóvenes; describe la falta de condiciones para un retorno seguro y los cambios de dinámicas comunitarias, ahora bajo el control de la delincuencia organizada.   

La falta de voluntad del gobierno Estatal para atender y reconocer el desplazamiento forzado interno se expresa en la ausencia de reglamento, registro y fondo de contingencias previstos en la Ley Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, destacó Pedro Faro. Añadió que, tras un juicio de amparo promovido por organizaciones ante instancias federales, el gobierno de Chiapas presentó una nueva iniciativa de ley sobre desplazamiento que limita a seis meses el reconocimiento de esta condición, sin considerar los contextos de violencia que la originan.

Desaparición selectiva

Emanuel Bran, de Voces Mesoamericanas, recordó que el 28 de octubre de 2025, Eduardo Ramírez declaró públicamente que no era responsable de los casos de personas desaparecidas del gobierno anterior. “¿Es una autoridad de Estado o no?, ¿cuál es el objetivo de la política de seguridad?”, cuestionó el defensor.

Pero, solo en el primer año de su administración —del 8 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025— se registraron 416 personas desaparecidas en Chiapas, de las cuales 44 corresponden a municipios fronterizos como La Concordia, Frontera Comalapa, Ángel Albino Corzo, La Trinitaria, Chicomuselo, Bella Vista, Motozintla, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera y Siltepec, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En el periodo analizado, la región concentró el 10.58% de las desapariciones registradas en el Estado.

El informe también recaba que el Diagnóstico General de Análisis de Contexto del Estado de Chiapas (enero 2019–julio 2023), de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Chiapas (CEBP), reconoce el reclutamiento forzado de jóvenes por organizaciones criminales y admite que los municipios de la Sierra y la frontera han sido seriamente afectados por este fenómeno.

A partir de una solicitud de información del Grupo de Trabajo Región Frontera, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la Dirección General de Servicios Periciales reportó 13 fosas en el mismo periodo, entre finales de 2024 e inicios de 2025. “Únicamente en el municipio de La Concordia han sido localizados restos de al menos 28 personas”, precisa el documento.

Además, documenta que la desaparición sigue siendo selectiva y, en algunos casos, opera como una forma de venganza o ajuste de cuentas. También se emplea como mecanismo de castigo o disuasión para el despojo de propiedades a familias opositoras o con roles de liderazgo comunitario.

Juguetes de guerra

El informe señala que la falta de mecanismos efectivos de protección institucional y la presencia de fuerzas de seguridad en la región han intensificado la tensión en la vida cotidiana y en las relaciones sociales. En algunas entrevistas, estas corporaciones son señaladas como responsables de abusos y violencias contra la población.

Pese a este contexto de violencia criminal, Valentina Auletta, de SweFor, afirmó que el gobierno de Chiapas insiste en impulsar una estrategia de recuperación territorial basada en una narrativa de pacificación difundida mediáticamente, con amplios recursos, acompañada del despliegue de operativos sustentados en tecnologías de vigilancia, control, detenciones masivas y violaciones a derechos humanos.

Frente a este panorama, el Grupo de Trabajo Región Frontera solicitó garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a seguridad, en particular de la FRIP, mediante la publicación de información sobre contratación de personal, adquisición de armamento y equipamiento, así como la realización de auditorías independientes que permitan el seguimiento público del gasto.

“Estamos observando toda esta estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal, que seguramente va a llevar una deuda pública muy grande, solicitando armamento sofisticado millonario”, dijo Carla Zamora Lomelí, socióloga investigadora de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

“Se presumen juguetes de guerra”, dijo Pedro Faro, pues sostiene que el uso de helicópteros, drones y una reciente ley que permite a la policía emplear armas de alto poder evidencia un enfoque de seguridad basado en la militarización.

Entre otras peticiones, las organizaciones llamaron a adoptar una estrategia integral de seguridad, con enfoque preventivo y de derechos humanos, que incluya objetivos claros de reducción de la violencia, y de las violaciones a derechos humanos, y establezca un plan de desmilitarización progresiva de la seguridad pública.

Asimismo, plantean fortalecer las capacidades y herramientas de investigación de redes criminales orientadas a su desmantelamiento, priorizando el análisis estructural y financiero por encima de enfoques exclusivamente reactivos.

De manera reciente las organizaciones solicitaron un diálogo con el gobierno federal para exponer la situación en Chiapas, pero no obtuvieron respuesta. “Tenemos mejor recepción con la comunidad internacional y habrá una reunión amplia con varias embajadas”, señaló Valentina Auletta, de SweFor.

Fuente: Avispa Midia