Gobierno de Kast cierra UBAFI cuando Noruega publica informe que confirma las adopciones ilegales en dictadura

El Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales, grupo de trabajo estatal que investiga irregularidades, abusos y falsificación de documentos en adopciones ocurridas en décadas pasadas en países como Países Bajos y Noruega, entregó el pasado 22 de junio un documento de 772 páginas al Ministerio de Infancia y Familia.

Se trataba de una investigación de 3 años llamada “Responsabilidad, riesgo y confianza” en la que reconocían la llegada de 20.000 niños al país, evaluando si habían irregularidades, faltas a la ética o fallas cometidas por el sistema noruego de adopción internacional. En este documento, reconocieron como error la entrada ilegal de más 300 niños y niñas chilenos y chilenas desde la época de la dictadura, 1985 y 2016.

Según el informe noruego, la organización mediadora Adopsjonsforum tenía convenios con el sistema judicial chileno, ya que el abogado de esta (que permanece anónimo) recibía 1.000 dólares por cada caso tramitado y otorgó un préstamo personal y un anticipo de viaje a la jueza de menores de Temuco. La organización nunca informó de estos pagos a las autoridades noruegas.

Ese mismo día ocurrió una “respuesta” tajante pero no del todo inesperada por parte del gobierno chileno, pues la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile anunció el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), encargada de investigar adopciones ilegales y forzadas, además de planes para crear un Banco de Huellas Genéticas.

Si bien la unidad llevaba operando 4 meses desde su creación en febrero de 2026 durante el mandato de Gabriel Boric, desde 2019 existe la exigencia para la creación de esta junto con un banco de ADN para facilitar los reencuentros e investigaciones, dado que gran parte de la documentación original fue alterada o destruida por mandato legal bajo la Ley 16.346 que instauró el secreto de la adopción.

Las adopciones ilegales existían desde los años 60’s en adelante, pero fue en la dictadura, que alcanzaron el mayor número de estas, según explicó Marisol Rodríguez, presidenta de la fundación Hijos y Madres del Silencio, que apoya a las víctimas de estos casos. En conversaciones con Radio JGM, explicó que en 2019 existía la petición de la creación del mencionado banco de ADN, en una comisión de la Cámara de Diputados, en la que el ministro de Justicia de ese tiempo, Hernán Larraín, se comprometió a crear la banca de huellas genéticas.

El operativo se llevó a cabo en marzo del 2020, en el Museo de la Memoria, donde se tomaron 58 muestras a personas de la agrupación. Tiempo después, se comunicaron con Larraín para conocer los avances del procedimiento, a lo que les respondió: “esto no va más”, sin ninguna otra explicación. 

“Por lo tanto, ahora lo que se pedía era restablecer la banca de huellas genéticas. ¿En qué nos favorece? Si bien hay una investigación judicial con más de 1.600 denuncias, solo quienes las hacen tienen acceso a tomarse el ADN en el servicio médico legal, pero hay muchas personas que buscan su origen pero no la hacen porque piensan que van a comprometer a los que los criaron, que no son padres adoptivos al no adoptarlos legalmente”, aclaró Marisol.

El cierre de esta unidad implicó la desvinculación de especialistas técnicos y dejó el plan de la creación del Banco de Huellas Genéticas abandonado. El plan es necesario porque, según cuenta Marisol, como organización hoy no tienen un lugar definido para su labor, cosa que le han reprochado al Estado por años: “El año pasado fuimos a Bienes Nacionales, en el cual se comprometieron (a encontrarles un lugar para trabajar), pero hasta el momento no ha habido una solución a eso. Nos encontramos en lugares que nos prestan por hora, en donde hacemos contención, sobre todo a madres que buscan, que necesitan ayuda psicológica y acompañamiento y la UBAFI iba a cumplir estos requerimientos”.

Según Marisol, el gobierno debería haber recibido el informe noruego, pues les llegó a su fundación como a todos los que participaron de cierta forma en el documento. La acción del gobierno de Kast, que abiertamente ha apoyado el legado de Pinochet, pareciera que se busca ocultar los crímenes ocurridos en dictadura: “Se tapó con tierra. Han pasado varios procesos sobre ello pero nunca dieron noticias desde el gobierno ni una respuesta de por qué se cerró, sino que hay una indolencia tremenda”, comenta Marisol.

Costos y ganancias en las adopciones ilegales

Durante la dictadura, el control absoluto de las instituciones infantiles estaba a cargo de las esposas de los miembros de la Junta de Gobierno. El modus operandi consistía en engañar a las madres al decirles que su bebé nació con problemas y falleció de forma inesperada, sin embargo, nunca mostraban el cuerpo o algún certificado de defunción. 

Muchas de estas madres eran mujeres de bajos recursos y estratos sociales vulnerables, que eran descritas con «atraso social y cultural» o de «bajo coeficiente intelectual», según el informe noruego. También hay que destacar que varias eran mujeres indígenas, y en al menos 20 casos, se utilizó la «ascendencia araucana» como una justificación explícita para descartar la adopción dentro de Chile y enviarlos al extranjero, es decir, se decía que no fue posible ubicar al niño en una familia chilena.

Como se dijo antes, las adopciones ilegales no son exclusivas de la dictadura, pero se usaron en esta época para mejorar la imagen del régimen a nivel internacional, pues se encontraba bajo el escrutinio público por violaciones a los derechos humanos. Buscaban demostrar que en Chile existían políticas de protección a la infancia y compromiso con la superación de los menores en situación irregular. Además, se quería generar vínculos diplomáticos entre la dictadura y estos países.

Sin embargo, tras esa fachada existía una motivación aún más fuerte: el dinero. Se estima que los niños eran transados por montos entre 60.000 y 150.000 dólares. Solo en el caso de Temuco, una jueza fue señalada por haber recaudado más de 180 millones de pesos mediante estos contactos con agencias de Noruega, Suecia y Suiza. Según Marisol, otro motivo es que se buscaba “eliminar a la casta animal”, que en este caso serían las personas de escasos recursos.

El informe noruego muestra también que no se trata de un hecho aislado, pues menciona la participación de varios países europeos, quienes además de admitir haber adoptado de forma ilegal a niños en la dictadura, han creado comisiones investigadoras y leyes para tomar medidas en estos casos:

Todos estos países han tomado cartas en el asuntos para corregir el error que fue haber participado en las adopciones ilegales, excepto el país donde se origina todo: Chile. 

“No estamos tampoco en el programa de búsqueda, a pesar que son desapariciones forzadas, por lo tanto, estamos en el limbo, necesitamos respuestas. Nuestras madres están falleciendo, se nos acaba el tiempo. Son miles de niños que fueron sacados de Chile, y muchos también fueron apropiados acá por lo tanto, una gran cantidad de personas chilenas fueron vulneradas”, concluyó Marisol.

Fuente: Radio JGM