Guatemala: radiografía del régimen de protección de inversiones transnacionales
Un nuevo informe del Transnational Institute (TNI) y el Institute for Policy Studies (IPS) analiza cómo el sistema de arbitraje entre inversionistas y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) ha sido utilizado por empresas mineras y energéticas para demandar a Guatemala por cientos de millones de dólares en medio de conflictos vinculados a la defensa del agua, los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.
A partir del análisis de las demandas presentadas contra el país, el informe muestra quiénes demandan, cuánto dinero reclaman, qué sectores económicos concentran los casos y cómo este sistema profundiza las asimetrías entre las corporaciones privadas y las comunidades afectadas por sus proyectos.
El informe destaca cómo el ISDS inclina la balanza a favor de los inversionistas privados y los intereses corporativos. Mientras las empresas cuentan con un mecanismo poderoso para reclamar compensaciones millonarias cuando consideran afectadas sus inversiones o expectativas de ganancias, las comunidades afectadas por los impactos de esos proyectos carecen de herramientas efectivas para exigir justicia y reparación.
El informe también documenta el llamado "efecto disuasorio" del ISDS: la presión que ejercen las amenazas de arbitraje sobre los Estados cuando intentan responder a reclamos ambientales, sociales o de derechos humanos.
La experiencia de Guatemala muestra cómo este sistema puede convertirse en una amenaza para los procesos de resistencia comunitaria y para las decisiones públicas destinadas a proteger el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Algunos datos destacados del informe
- Desde 2007, Guatemala ha enfrentado 13 demandas arbitrales, de las cuales 9 fueron iniciadas bajo Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC).
- Los inversores reclamaron casi 1.700 millones de dólares al Estado guatemalteco.
- Los tribunales arbitrales ya condenaron al Estado a pagar más de 160 millones de dólares a los inversores, equivalente a más de tres veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2025.
- Más del 50 % de las demandas se concentran en el sector energético.
- Guatemala recibió su primera demanda del sector minero por la suspensión de la mina Progreso VII Derivado de la empresa estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).
Casos emblemáticos
Cuando los inversores demandan a su propio país
En 2021, Energía y Renovación Holding inició una demanda por 178 millones de dólares contra Guatemala utilizando un tratado internacional. La empresa, que pertenece a socios guatemaltecos, intentó desarrollar proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas en la Microrregión de Yichk ́isis (Ixquisis) de Huehuetenango pese al rechazo expresado por las comunidades en una consulta comunitaria de buena fe. En 2025, un tribunal arbitral condenó a Guatemala a pagar 64,5 millones de dólares más intereses y costos.
La Puya: siete años de arbitraje tras la resistencia a la minería
La minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates demandó a Guatemala por más de 400 millones de dólares luego de que la justicia suspendiera su proyecto minero en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo por no haber realizado la consulta previa a los pueblos afectados. La Resistencia Pacífica La Puya participó activamente en la defensa del caso. En diciembre de 2025, el tribunal arbitral rechazó la demanda de la empresa y le ordenó pagar una parte de los costos arbitrales del Estado, aunque el Estado igualmente debió asumir millonarios costos legales.
La mina Marlin: El efecto disuasorio impide proteger los derechos indígenas
En el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 18 comunidades indígenas mayas, y ordenó al gobierno guatemalteco suspender la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán en el departamento de San Marcos, de la empresa canadiense Goldcorp, e implementar medidas para garantizar la vida y el bienestar de las comunidades. Sin embargo, el temor de una demanda multimillonaria influyó en no realizar la suspensión de la mina.
- Para descargar el nuevo informe sobre Guatemala (PDF), haga clic en el siguiente enlace:
Más información sobre el sistema ISDS en América Latina y el Caribe: https://isds-americalatina.org/
Fuente: Transnational Institute (TNI)
