Informe de la ONG Cristosal revela corrupción institucionalizada en cárceles bajo el régimen de Bukele

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La organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal reveló a través de un informe publicado este martes la corrupción institucionalizada que opera dentro de los centros penitenciarios de El Salvador bajo el régimen de excepción del Gobierno de Nayib Bukele.

Se han confirmado 419 muertes dentro de las cárceles, muchas bajo condiciones de tortura, desnutrición y falta de atención médica, afirmó la organización.

Cobros ilegales, extorsiones y pagos de miles de dólares

La investigación precisa que se ha documentado sobre cobros ilegales, extorsiones y pagos de miles de dólares que familias desesperadas deben realizar para ejercer derechos básicos. En este sentido, Cristosal ejemplifica que estos han sido “desde acceder a información sobre sus parientes detenidos, obtener atención médica o hacer llegar medicamentos, hasta conseguir una visita de 20 minutos”.

La denuncia, según evidencia el negocio oculto del sistema penitenciario de El Salvador e identifica tres modalidades principales de corrupción que va desde sobornos obligatorios disfrazados de “donaciones” para permitir visitas o dar información; pagos directos a custodios y personal penitenciario para obtener beneficios ilegales; y la participación de abogados que actúan como intermediarios, cobrando hasta 570 dólares por una visita y 800 dólares por una eventual liberación.

“Estos hallazgos exponen una estructura organizada que involucra a custodios, personal técnico, autoridades penitenciarias y actores externos. No son casos aislados: las cadenas de sobornos y favores llegan hasta las direcciones de penales y altos funcionarios, y es un ejemplo más de cómo la criminalidad de las pandillas ha sido sustituida por la criminalidad de un estado autócrata”, reconoció la organización.

Ofrecer beneficios a quienes colaboran con sus ilegalidades

Los datos mostrados por Cristosal confirman que “todo sistema autoritario necesita ofrecer beneficios a quienes colaboran con sus ilegalidades, como ocurre con los operadores de las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas que cobran su cuota a las familias salvadoreñas más pobres”.

Asimismo, al indicar que la corrupción penitenciaria no es solo dinero, y se traduce también en hambre, enfermedad y muerte, la entidad describe que representa un mecanismo de extorsión estatal que se aprovecha del miedo y la desesperación hasta convertirse en un castigo indirecto no solo a quienes están detenidos, sino también a sus familias y seres queridos.

Finalmente, “Cristosal hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a todas las voces comprometidas con la libertad y la justicia para que se exija transparencia, rendición de cuentas y respeto a la dignidad humana en El Salvador”.

Fuente: Nodal

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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