Instan a frenar el fracking en América Latina

Además, apuntó, las localidades tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos. Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, con respeto a las comunidades, deben fomentarse e impulsar para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental.

En conferencia de prensa, en la que participaron representantes de algunas de las cerca de 50 organizaciones que integran la alianza, se presentó un pronunciamiento en el que hicieron un llamado urgente para que los gobiernos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y así demuestren su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.

Recursos prospectivos

Explicaron que según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos se estima que diversos países cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas en sus territorios. Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, en los que el desarrollo de fracking está en distintas fases.

En Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo, en tanto que en otros países, como México, Colombia, Bolivia y Brasil están en fase prospectiva o exploratoria, y se busca desarrollar esta técnica en los próximos años.

El fracking consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se están atrapados el gas y el petróleo.

Pidieron a los gobiernos que informen sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada y sustancias empleadas en el fracking y sus impactos en las personas y el ambiente a largo plazo.

También demandaron políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura.

Fuente: La Jornada