La problemática agraria, la gran deuda del gobierno de Arévalo

Por Rony Ríos

“Las ofertas de campaña son un pacto con la ciudadanía que escoge su gobierno y deben servir como medida de cumplimiento. En el Movimiento Semilla nuestra palabra empeñada es compromiso asumido”, rezaba el plan de trabajo que presentó Bernardo Arévalo en la campaña electoral de 2023.

Sin embargo, a más de dos años de gestión, este compromiso se refleja principalmente en espacios de diálogo y medidas administrativas, sin que se traduzca en transformaciones estructurales en el acceso a la tierra o en la reducción sostenida de la conflictividad.

Durante la campaña, el Movimiento Semilla planteó “reducir la conflictividad agraria mediante mecanismos de diálogo, prevención de desalojos y soluciones institucionales”. En 2024, el gobierno firmó el Acuerdo Agrario con organizaciones campesinas, marcando el inicio de esa ruta.

Desde entonces, el Ejecutivo ha impulsado mesas de diálogo y reactivados mecanismos institucionales. Sin embargo, los resultados en el territorio no han reflejado una reducción sostenida de los conflictos ni de los desalojos. El balance, hasta abril de 2026, apunta a un cumplimiento parcial y bajo de los compromisos en campaña.

Lejos de las promesas de campaña, al levantamiento indígena y mestizo se sumaron miles de campesinos y campesinas en todo el país, una fuerza que se integró en el levantamiento indígena de 2023. En el Paro Nacional Indefinido fueron miles de guatemaltecos y guatemaltecas quienes garantizaron la toma de posesión de Arévalo en enero de 2024 y quienes desarticularon la instalación de un régimen autoritario que pretendía instalarse a través de las urnas y al perder las elecciones, con un golpe de Estado. 

Presentan amparo contra el presidente

El 7 de mayo las organizaciones campesinas: el Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) presentaron un amparo ante la CC contra Bernardo Arévalo por omisión al compromiso del Acuerdo Agrario.

Los campesinos señalaron durante la presentación del amparo que el mandatario “ha incumplido el Acuerdo Agrario. Que durante su administración han continuado los desalojos violentos ejecutados por la Policía Nacional Civil y particulares, en los que se vulneran los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y campesinas”.

Daniel Pascual señaló que el 13 de marzo pasado solicitaron de forma urgente una audiencia al presidente y no han obtenido respuesta.  Señalaron la ineficacia e incapacidad del Fondo de Tierras, el Registro de información Catastral, el Registro de la Propiedad y a la Procuraduría General de la Nación y las ministras de Agricultura y Economía, por no apoyar la producción campesina, el apoyo a la economía social y la falta de regularización del derecho de posesión de las comunidades.   Los integrantes del CUC señalan que pese a los compromisos con el gobierno se han ejecutado varios desalojos.

La firma del Acuerdo Agrario en Guatemala 

El Acuerdo Agrario, firmado el 7 de febrero de 2024 entre el gobierno de Arévalo y organizaciones campesinas, es un instrumento político y programático orientado a atender uno de los problemas históricos más profundos de Guatemala: la conflictividad por la tierra y la exclusión rural.

En el acuerdo se estableció una hoja de ruta con cinco ejes principales: atención a la conflictividad agraria, acceso a la tierra, impulso de la economía campesina, articulación del desarrollo rural y creación de un espacio político de seguimiento entre el Estado y las organizaciones y con ello se pretendía, no solo responder a crisis inmediatas —como desalojos o disputas territoriales—, sino también abrir la posibilidad de abordar el problema agrario desde una perspectiva más integral.

Su importancia radica en que representó un reconocimiento formal, al más alto nivel del Ejecutivo, de la legitimidad de las demandas campesinas y de la necesidad de construir soluciones mediante diálogo político. Además, se firmó en un momento clave, ya que se dio a pocas semanas después del inicio del gobierno, lo que generó expectativas sobre un cambio de enfoque frente a administraciones anteriores.

Sin embargo, más allá de su contenido, el Acuerdo Agrario también fue importante porque llegó después de años de debilitamiento de la institucionalidad agraria, donde se fomenta la alta concentración de la tierra y la persistente desigualdad rural. En ese sentido, el acuerdo no solo planteó acciones concretas, sino que abrió un espacio político que, aunque con limitaciones, permitió reactivar la interlocución entre el Estado y el movimiento campesino en torno a un tema históricamente conflictivo.

Para Adrián Zapata, profesor titular retirado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, (USAC) abogado y notario, doctor en Ciencias Sociales y consultor internacional en temas de tierra y desarrollo rural, el problema radica en los límites estructurales del Estado: el Ejecutivo no tiene control sobre las órdenes judiciales de desalojo y enfrenta una “coincidencia” entre finqueros, Ministerio Público (MP) y jueces que restringe su capacidad de acción. Aun así, reconoce que “los resultados son limitados, a pesar de los esfuerzos realizados”.

Desde los territorios, la lectura es más crítica. Leocadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), sostiene que el abordaje ha sido principalmente técnico, sin decisiones políticas de fondo: “no ha resuelto un solo caso en casi dos años”, afirma, señalando además un aumento en la criminalización de liderazgos campesinos.

Acceso a la tierra: avances legales sin transformación real

El acceso a la tierra fue otro de los compromisos clave de Arévalo. El plan de gobierno planteaba “facilitar el acceso a la tierra y garantizar seguridad jurídica en la tenencia”, con énfasis en atender la desigualdad histórica en su distribución.

En la práctica, se han registrado procesos de regularización y titulación, incluyendo el reconocimiento de tierras comunales y la legalización de predios para cientos de familias. Durante el gobierno de Arévalo, la entrega de tierras a comunidades campesinas se ha concentrado principalmente en procesos de regularización, titulación y reconocimiento legal de la tenencia, más que en una política amplia de redistribución.

Instituciones como el Registro de Información Catastral (RIC) han reportado la legalización de predios para cientos de familias, incluyendo la declaración de tierras comunales y la regularización de posesiones en distintas regiones del país. Estos avances han permitido brindar seguridad jurídica a comunidades que históricamente han ocupado tierras sin respaldo legal, lo que representa un paso importante en términos administrativos y de derechos.

En términos de regularización, el caso más claro se dio en 2024 cuando el RIC reportó la regularización de la tenencia de la tierra para 289 posesionarios en 151 predios, beneficiando directamente a 164 familias, principalmente en la región de las Verapaces. A esto se suma otro proceso en Chiquimula, donde se legalizaron 138 predios en una finca municipal, así como la declaratoria de tres tierras comunales que beneficiaron a 766 personas.

Además, uno de los hechos más relevantes ocurrió el 20 de febrero de 2025 en Nebaj, Quiché, donde el gobierno entregó el informe oficial de devolución de las tierras comunales de Acul, un territorio expropiado durante el conflicto armado interno en 1983, durante un proceso de alto valor simbólico e histórico para las comunidades.

Sin embargo, estos procesos no han implicado una expansión significativa del acceso a la tierra para campesinos sin propiedad o con tierra insuficiente. La compra de fincas a través de mecanismos como FONTIERRAS ha sido limitada, en parte por restricciones presupuestarias y por la falta de una política más agresiva orientada a modificar la estructura de la tenencia.

Zapata fue contundente al señalar que este punto del Acuerdo Agrario está “incumplido”. Aunque se recuperó la representación campesina en FONTIERRAS, no se logró reorientar la política de acceso a la tierra ni asegurar recursos para la compra de fincas.

Las organizaciones campesinas coinciden en esa evaluación, ya que esperaban acceso real a tierra, no solo regularización administrativa.

Avances parciales en la institucionalidad agraria

El Movimiento Semilla también ofrecía “fortalecer la institucionalidad agraria y garantizar espacios efectivos de participación campesina en la toma de decisiones” y aunque se han reactivado instancias como FONTIERRAS, organizaciones señalan que estos espacios han funcionado más como instancias técnicas que como verdaderos espacios de decisión política.

Uno de los logros más claros del gobierno ha sido la reactivación de la institucionalidad agraria, ya que, tras años de debilitamiento, se renovó la representación campesina en el Consejo Directivo de FONTIERRAS y se reabrieron espacios de participación.

Este punto registra un cumplimiento parcial medio, siendo uno de los pocos con resultados institucionales verificables; sin embargo, los cambios no han sido suficientes para transformar el funcionamiento de las entidades. Según Zapata, la reconstrucción de una institucionalidad agraria sólida requiere reformas legales y acuerdos políticos que van más allá del Ejecutivo.

Aunque se iniciaron los procesos para la recuperación de la institucionalidad, Juracán advierte que, por errores administrativos del Gobierno, se retrasó la implementación.

“La responsabilidad fue dirigida por la Secretaría Privada de la Presidencia y eso significó que a través de un acuerdo gubernativo tuvo que reducir el mandato a la Copadeh”, explicó el representante del CCDA. Estos cambios provocaron que se planteara una inconstitucionalidad, por lo cual el gobierno tuvo que crear en agosto de 2025 la Comisión Presidencial para la Transformación de la Conflictividad, por lo cual, esos errores administrativos provocaron que entre febrero de 2024 y finales de 2025, prácticamente no se avanzó.

Juracán también explicó que solamente existe un equipo técnico, pero que ha afrontado dificultades, incertidumbre y temor para dictar resoluciones o dictámenes de los casos. “Solo emiten opiniones técnicas, pero no dan resoluciones a las comunidades, entonces ha servido de poco. Desde agosto de 2025 hasta abril de 2026 no ha habido una sola reunión política con presencia del presidente o ministros”, lamentó.

El superficial cumplimiento en la producción agrícola

En el ámbito productivo, el gobierno ha mostrado mayor dinamismo. Programas de agricultura familiar han beneficiado a más de 100 mil productores, con asistencia técnica, capacitación y seguros agropecuarios.

Este es uno de los ejes con mayor nivel de cumplimiento (medio), aunque centrado en asistencia más que en transformación estructural del agro.

Zapata advierte que estas acciones, aunque importantes, mantienen un enfoque asistencialista y no convierten a la agricultura familiar en un eje económico estratégico del país.

El gobierno también ha impulsado la Política Nacional de Riego y proyectos de infraestructura rural. Se reportan obras puntuales y programas como Rutas del Desarrollo, enfocados en mejorar la conectividad.

No obstante, estos avances siguen siendo parciales y fragmentados, sin una expansión suficiente para transformar las condiciones productivas a nivel nacional.

Falta de cambios estructurales en el desarrollo rural

El desarrollo rural integral —que incluye reducción de pobreza, articulación productiva y seguridad alimentaria— ha avanzado principalmente a través de programas de capacitación y producción de alimentos.

Aunque hay acciones en marcha, no se ha redefinido de fondo la política agroalimentaria ni se han logrado cambios decisivos en la estructura del campo.

Zapata subraya que el Acuerdo Agrario incluía una visión más amplia, vinculada a la economía campesina y al desarrollo territorial, pero estos compromisos están “sustancialmente incumplidos”.

Los distintos ejes coinciden en un punto: el gobierno ha priorizado medidas administrativas, productivas y de diálogo, pero ha evitado —o no ha podido impulsar— transformaciones estructurales.

No hay una reforma agraria en discusión, no se aborda la concentración de la tierra y las soluciones siguen dependiendo de mecanismos de mercado o intervenciones puntuales.

Para Juracán, esto refleja la falta de decisión política frente a presiones económicas: “hace falta voluntad, claridad y una decisión” para resolver el problema agrario, afirma.

El gobierno de Arévalo ha logrado avances en diálogo, programas productivos y reactivación institucional. Sin embargo, las organizaciones campesinas y analistas coinciden en que los cambios más profundos —aquellos que implican transformar el acceso a la tierra y resolver la conflictividad histórica— siguen pendientes.

A dos años de la firma del Acuerdo Agrario, el balance es claro: el Estado ha abierto espacios, pero aún no ha cambiado las reglas del juego en el campo guatemalteco. El sector antagónico al campesino sigue logrando sin mayores trabajas la aprobación de órdenes de desalojo emitidas por los juzgados y acompañadas de miles de agentes de la Policía Nacional Civil en cada uno de estos. El gobierno de Arévalo ya ha sido cuestionado por la continuidad de los desalojos por diversos sectores en Guatemala y en lo internacional incluso por las Naciones Unidas. 

https://prensacomunitaria.org/2026/04/gobierno-de-arevalo-se-olvida-de-pacto-agrario-y-sigue-con-desalojos-en-las-comunidades-qeqchi/

Fuente:  prensacomunitaria.org