La violencia criminal apunta a los más jóvenes en Ecuador

Con el aval del Comando Sur, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó hace unos días un nuevo plan de seguridad sin señalar si los anteriores han tenido resultado o si este apunta a objetivos medibles y con resultados en el corto o mediano plazo. Lo denomina “Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029” y, de acuerdo con el decreto presidencial publicado el 14 de julio, “se convierte en política pública” y fija (otra vez) como prioridad neutralizar a grupos armados organizados en Ecuador. 

El mismo día del decreto, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis L. Donovan, visitó unidades militares y pasó revista a las tropas ecuatorianas. Una visita que hizo pública en sus redes sociales: "He concluido mi visita a Ecuador, tras conversaciones muy productivas con el Jefe de Defensa de Ecuador, General Henry Delgado Salvador. También tuve la oportunidad de visitar de primera mano varias unidades militares ecuatorianas para observar sus destacados esfuerzos en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas en apoyo de la America Counter Cartel Coalition”. También valoró el comportamiento del gobierno ecuatoriano que se “convierte en un socio decidido y esencial en la lucha compartida contra el narcotráfico”.

Ecuador enfrenta una aguda crisis de seguridad, que a decir de los documento de la Policía Nacional, tiene como sector más afectado a los jóvenes entre 12 y 34 años. Así consta en el llamado “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026–2029: Ecuador Defiende” que hace un diagnóstico desolador de la situación de los adolescentes a los que señala como el objetivo prioritario de reclutamiento para las estructuras criminales que buscan asegurar su “continuidad generacional”. Los grupos de 18 a 34 años concentran, en promedio, más del 57% de las víctimas de homicidios intencionales en el país.

El dato más alarmante es el incremento exponencial de asesinatos de adolescentes. Entre 2024 y 2025, los homicidios de menores de entre 12 y 17 años crecieron un 44,35%, pasando de 372 a 537 casos anuales. Por eso, el documento destaca: “La violencia letal no solo se concentra en población relativamente joven, sino que se está desplazando hacia edades cada vez más tempranas. Esto demanda un mayor desarrollo e implementación de políticas integrales de prevención, protección y reducción del reclutamiento que prioricen de manera urgente a la juventud y adolescencia”.

El nuevo plan de seguridad de Noboa reemplaza a dos anteriores de los cuales no se han hecho públicas las cifras de los supuestos resultados: el Plan Fénix y el Plan Ofensiva Final. Los dos dentro del llamado Conflicto Armado Interno, decretado en enero de 2024 y renovado en junio último. En ninguno de los dos planes se incoropora lo que dice el informe de la Policía: el reclutamiento no es un evento aleatorio, sino un proceso sistémico que aprovecha las “condiciones de vulnerabilidad social y económica”, pues los grupos de delincuencia organizada utilizan a niños y adolescentes como “mano de obra”, en tareas del microtráfico de droga y la vigilancia territorial (“campaneros”) hasta la extorsión y el sicariato. 

A eso se añade que en las cárceles del Ecuador el 43,5% de las personas privadas de libertad (PPL) tiene entre 18 y 30 años, lo que evidencia el “inicio temprano de la carrera delincuencial”, fruto del reclutamiento por parte de los grupos delincuenciales. Pero sobre eso no hay una acción concreta del Estado para capacitar y rehabilitar a los jóvenes inmersos en esta realidad, pues los centros carcelarios terminan funcionando como “nodos de coordinación criminal y reclutamiento”.

La sumisión a Estados Unidos

La presencia de militares estadounidenses en instalaciones y zonas de violencia, así como en las Islas Galápagos, es cada vez más común y corriente. Los acuerdos de cooperación y de presencia activa son criticados y analizados en el documento “ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL. Antecedentes, cronología, hechos y aspectos de importancia del Decreto Ejecutivo 448 y el PNSI 2025-2029”, entregado a Diario Red, por el general retirado del Ejército, Luis Altamirano, quien cuestiona:

“La cooperación internacional en seguridad se desarrolló, en este período, casi exclusivamente en clave bilateral con Estados Unidos, y con costos crecientes en soberanía. La visita del empresario Erik Prince, fundador de Blackwater, en abril de 2025, en plena campaña electoral, no derivó en ninguna capacitación concreta. El bombardeo conjunto con el Comando Sur estadounidense en Sucumbíos, en marzo de 2026, contra un presunto campamento de los Comandos de la Frontera, desató una crisis diplomática con Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara el hallazgo de una bomba sin detonar en territorio colombiano. Más allá de este impase, esta operación ha dejado más preguntas que respuestas. Claramente, no existen evidencias suficientes que haya llevado al procesamiento judicial de las personas detenidas, sin formulación de cargos, y sin orden expresa de autoridad judicial alguna”.

También denuncia que “embarcaciones pesqueras ecuatorianas -la "Fiorella" en enero de 2026, la "Negra Francisca Duarte II" y el "Don Maca" en marzo de 2026- se hundieron o fueron atacadas en circunstancias atribuidas por organizaciones de derechos humanos a fuerzas militares estadounidenses, con pescadores heridos, desaparecidos y, según denuncias documentadas, sometidos a tortura y detención prolongada antes de ser repatriados”.

Por eso, la declaración de un nuevo “Conflicto Armado Interno” se inscribe en este nuevo plan para los próximos cuatro años, porque a decir de Altamirano, “el Decreto 424, de junio de 2026, formalizó esta lógica de cooperación al otorgar inmunidad al personal extranjero de "Estados cooperantes". Pero la ciudadanía ya se había pronunciado en sentido contrario: en el referéndum de noviembre de 2025, el 60% de los votantes rechazó la propuesta de habilitar constitucionalmente bases militares extranjeras en el país”. 

Las zonas calientes se incrementan

Las cifras oficiales de muertes violentas, en lo que va de 2026, si bien han bajado en general, hay zonas donde se han incrementado, con lo cual el promedio nacional no refleja una política coordinada para actuar en las llamadas “zonas calientes”. El dato nacional más sólido y verificable disponible corresponde al período enero-mayo de 2026: 3.485 homicidios intencionales. En el mismo período de 2025 se registraron 4.085 homicidios, lo que representa una reducción aproximada del 14,7%.

El promedio nacional durante los primeros cinco meses de 2026 fue de alrededor de 23 asesinatos diarios, por lo que sigue siendo el segundo peor inicio de año de la historia del país, pese a la reducción respecto de 2025.

Los datos de la misma Policía indican que la reducción se concentró en algunos territorios históricamente violentos, mientras que 82 cantones registraron aumentos de homicidios durante 2026. Por eso, los especialistas dicen que si se mantuviera el promedio observado entre enero y mayo, Ecuador podría cerrar el año entre 8.300 y 8.600 homicidios, una cifra inferior al récord de 2025, pero todavía extraordinariamente alta para estándares regionales. 

Fuente: Diario Red