Laudo CIADI firme: Perú enfrenta deuda creciente de más de US$67 millones con minera canadiense Lupaka

El tribunal emitió el fallo el 30 de junio de 2025 y ordenó al Perú el pago de una indemnización que asciende actualmente a aproximadamente US$67 millones, monto que aumenta por la aplicación de intereses anuales del 9%.

Este laudo adquirió firmeza luego de que el Perú no solicitara su anulación dentro del plazo legal previsto por las normas del CIADI. El Estado contó con 120 días para interponer ese recurso, plazo que venció el 28 de octubre de 2025 sin presentación alguna.

Así, el fallo quedó definitivo, exigible y sin posibilidad de revisión o apelación.

El arbitraje se originó en los hechos que afectaron al proyecto aurífero Invicta, ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Lima.

La iniciativa enfrentó bloqueos comunitarios que impidieron el acceso y el desarrollo normal de las operaciones. Esa situación provocó la paralización total de las actividades y derivó en la pérdida de la inversión. Durante el proceso arbitral, Lupaka sostuvo que las autoridades peruanas no adoptaron medidas efectivas para proteger el proyecto ni para restablecer el orden.

La empresa también argumentó que dicha falta de acción ocurrió pese a tratarse de una inversión extranjera protegida por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Tras varios años de procedimiento, el tribunal arbitral concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales clave.

En su decisión, el CIADI determinó la vulneración del deber de otorgar trato justo y equitativo, así como de la obligación de brindar protección plena a la inversión. Asimismo, atribuyó al Estado los efectos de los bloqueos debido a su falta de actuación.

Las normas del CIADI establecen que la ausencia de una solicitud de anulación dentro del plazo correspondiente cierra de manera definitiva el caso.

En un comunicado oficial, Lupaka señaló que espera el cumplimiento voluntario del pago ordenado por el tribunal. No obstante, la empresa confirmó el inicio de acciones orientadas a identificar activos del Estado en el extranjero que podrían quedar sujetos a embargo, conforme a los mecanismos previstos en la Convención CIADI.

La demora en el pago incrementa el costo financiero para el Estado, ya que los intereses continúan acumulándose sobre el monto principal. Este escenario también afecta la reputación internacional del país como destino de inversión, en un contexto donde la seguridad jurídica resulta relevante.

Fuente: Bilaterals