Los afectados que esconde la crisis energética en Lima por explosión de gasoducto
Las comunidades indígenas de la cuenca baja del río Urubamba (región Cusco), en el Perú, donde ocurrió la reciente explosión del ducto que transporta gas natural del proyecto Camisea, pilar energético del país ubicado en la selva del Cusco, son la población afectada que invisibiliza la crisis de desabastecimiento de combustible en Lima.
La única red que abastece a Lima fue dañada por la explosión, ocurrida el 1 de marzo, por lo que se priorizó la distribución de gas de uso doméstico y gas natural vehicular (GNV), este para movilidad masiva, lo que generó una crisis de transporte particular en la capital peruana. Las clases escolares se trasladaron a la virtualidad, los precios de la gasolina y alimentos aumentaron.
Según la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), la deflagración fue ocasionada por una fuga durante labores de mantenimiento en el kilómetro 43 del gasoducto, en el distrito Megantoni. Habitantes de la comunidad amazónica Saringabeni, la más cercana a este punto, manifestaron malestares como mareos, náuseas, dolor de cabeza e irritación en los ojos tras el incidente.
El Instituto de Defensa Civil (Indeci) reportó 60 familias afectadas y el Ministerio de Salud registró atenciones a 35 personas. Sin embargo, las demandas de los habitantes de Megantoni son desestimadas por el Ejecutivo.
“Tenemos dudas e inseguridad, venimos para ser escuchados, pero no nos muestran respeto. Nuestra propuesta es que se forme una comisión multisectorial para declarar al Bajo Urubamba como zona de prioridad nacional. Si no lo conseguimos, tendremos una asamblea de todas las comunidades para tomar acciones. Es probable que venga un conflicto social, que se paralice la cuenca. Venimos a buscar diálogo, sin tolerancia a que nos falten el respeto”, declaró para Avispa Mídia el presidente del Comité de Gestión del Bajo Urubamba, Hitler Sebastián Pascal.
El miércoles (11) la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, abandonó la reunión con los dirigentes, quienes consideraron la imposibilidad de conversar con la funcionaria como una muestra de desinterés del gobierno.
El Comité de Gestión del Bajo Urubamba (CGBU) reúne a representantes de los 24 pueblos originarios, de las etnias matsigenka, asháninka y yine, y cuatro anexos pertenecientes a los distritos Megantoni y Sepahua. El primero ubicado en la provincia cusqueña La Convención, de donde se extrae el gas de Camisea; el segundo, situado en la región Ucayali, zona de transporte y logística.
La emergencia cotidiana
Los líderes indígenas exponen la desatención del Estado a los problemas en sus territorios, a diferencia de las medidas ante la emergencia energética en Lima. Como paradoja, el costo de vida en el Bajo Urubamba es mayor que en las ciudades, debido a la falta de carreteras, los altos precios del transporte fluvial y las redes de comercio.
“Para nosotros esto es todos los días. Pagamos más que en Lima por todos los productos, las medicinas, el balón de gas cuesta tres veces más que en Lima. El costo de vida es altísimo. Desde que llegó la empresa no hay cambios en nuestras comunidades. Por eso pedimos la declaración de un decreto de urgencia para que se dé atención preferente al Bajo Urubamba”, añade el presidente del CGBU.
La organización plantea la activación de un plan que contemple mecanismos de comunicación con las instancias estatales, su participación en toma de decisiones y la generación de un fondo de emergencia ambiental.
En Megantoni, con una población de alrededor de 8 mil personas, no hay hospital y el valor de obras públicas se eleva por la dificultad de trasladar materiales. Con la declaración de un decreto de urgencia, las comunidades amazónicas buscan transferencias de presupuestos para construcción de rutas, instalación de energía, implementación de educación escolar de calidad y acceso a estudios superiores, entre otras necesidades.
La mayoría de las familias del distrito cusqueño se dedica a la agricultura, su principal fuente de ingreso, a la par del turismo. Desde los pueblos nativos denuncian que las emisiones de humo de las operaciones en Camisea, al condensarse con las lluvias, impactan en el río y suelos, poniendo en peligro sus cultivos.
“Hemos denunciado contaminación por residuos sólidos en quebradas, esto llega a los ríos. Los organismos ambientales tienen conocimiento desde el año pasado y no responden”, expuso el presidente de la comunidad Saringabeni, Ricky Vera, en un conversatorio organizado en Lima por las organizaciones de Urubamba.
En 2025, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) comprobó el vertido de residuos sólidos en los ríos Saringabeni y Mapitunari por las actividades de Transportadora de Gas del Perú, como consta en un acta firmada por dirigentes y trabajadores de la institución.
“Basta de decir que no hay contaminación, desde que empezó el trabajo de la empresa llegó la destrucción a esta parte de la selva”, expresó el dirigente Raúl Truco Guevara. “Hay efectos en la flora, la fauna, la pesca ya no es como antes por los derrames”, indicó, por su parte, María Tenteyo.
En sentido inverso de reforzar mecanismos de protección, el 5 de marzo los ministerios de Ambiente y Energía y Minas emitieron un decreto que permite que las empresas del sector suspendan el cumplimiento de obligaciones ambientales en casos de crisis energética. El Poder Ejecutivo del Perú permanece capturado por el Parlamento, de mayoría de ultraderecha y conservadora, desde el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo, en 2022.
Cuando Castillo planteó renegociar los contratos del gas de Camisea, con el objetivo de masificar su uso interno, garantizar reservas nacionales y generar mayores regalías, las facciones que hoy ocupan el poder se opusieron.
La propuesta tiene el respaldo de las comunidades amazónicas, rezagadas de los supuestos beneficios de Camisea. Como alternativa al agotamiento de esta fuente antes de lo planificado, el E stado propone la exploración gasífera en el Candamo, una de las áreas de mayor biodiversidad del planeta.
La abogada Rocío Trujillo, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), observa detrás de Camisea un genocidio cotidiano de pueblos originarios, mediante su invisibilización y la negación de derechos y posibilidades de reparación cuando son vulnerados.
Los entrampamientos de Camisea
El Consorcio Camisea, con la compañía argentina Pluspetrol como principal inversionista, opera los yacimientos desde el año 2004, bajo cuestionamientos por las modificaciones del contrato original que habilitaron la exportación de gas de lotes reservados inicialmente para uso nacional, así como por la concentración de la explotación, distribución y venta al extranjero en manos de las mismas transnacionales. Asimismo, por los precios de exportación y para empresas de generación eléctrica, menores que los del gas destinado a casas y vehículos en el Perú.
Los especialistas advierten que hacia el año 2040 la producción de gas natural no cubrirá la demanda local, de no explotarse más lotes en esta u otra área. Camisea exporta 600 mil pies cúbicos diarios de gas natural frente al consumo local de 700 mil pies cúbicos.
Hunt Oil (Estados Unidos), SK (Corea del Sur), Tecpetrol (Argentina), Sonatrach (Argelia) y Repsol (España) también integran el Consorcio Camisea.
En diciembre de 2025, la estadounidense EIG Global Energy Partners adquirió la mitad de las acciones de Transportadora de Gas del Perú —operadora del ducto desde la selva de Cusco hacia la costa— al fondo de inversiones canadiense CPP. En el proyecto que presentó el año pasado TGP para ampliar su contrato de 2034 a 2044, no considera la construcción de un canal alternativo, a pesar del riesgo de depender de una sola instalación para abastecer a Lima.
Comunidades amazónicas en la región afectada por la explosión del gasoducto del proyecto Camisea.
Cuando se adjudicó a TGP la licitación para el traslado hacia la capital peruana, en el año 2000, el grupo estaba conformado por cuatro de las compañías a cargo de la explotación del yacimiento: Pluspetrol, Hunt Oil, SK y Sonatrach. A su vez, la concesionaria de la exportación, Perú GLP, pertenece a Hunt Oil, SK y Repsol.
La infraestructura para masificar el uso en viviendas nacionales continúa pendiente, mientras el país importa entre el 20% y el 30% de gas licuado de petróleo (GLP), pues la producción local es menor que la demanda interna. En contraste, el Perú es el segundo mayor exportador de gas natural de Latinoamérica.
La venta al exterior, destinada principalmente a México, China, Japón, Corea del Sur, España y el Reino Unido, se mantiene suspendida hasta la normalización del flujo.
La reparación del gasoducto fue finalizada el sábado (14), se espera que el abastecimiento para autos se normalice en las próximas semanas.
Fuente: Avispa Midia
