Los impactos de la liberalización comercial en lxs campesinxs

África, que comprende muchos países de ingresos bajos y de ingresos medios-bajos, se enfrenta actualmente a la difícil tarea de satisfacer las aspiraciones sociales, económicas y políticas de más de 1.400 millones de personas. El continente alberga a una población mayoritaria que vive en la pobreza, el hambre y, en algunas regiones, en conflictos armados.

La mayoría de las economías africanas, dependientes de la exportación de materias primas (productos agrícolas y minerales), se derrumbaron cuando los precios mundiales de estas exportaciones se desplomaron en las décadas de 1970 y 1980. A continuación se aplicaron los programas de ajuste estructural prescritos por Occidente, con lo que los Estados se retiraron de sus funciones de desarrollo y adoptaron políticas neoliberales. La privatización y la liberalización del mercado se extendieron a todos los sectores. Esto acabó con el sueño de la liberación tras la independencia, agravó las crisis de deuda y abrió la tierra, los recursos naturales, los mercados nacionales y las industrias incipientes a nuevas oleadas de apropiación por parte de las élites nacionales y extranjeras, a menudo a expensas de los campesinos.

Hoy en día, muchas economías africanas siguen estando muy endeudadas y estructuralmente dependientes del Norte Global. Los gobiernos, bajo presión para obtener resultados de desarrollo, tratan de atraer inversión extranjera para estimular el crecimiento y crear oportunidades para unas poblaciones en rápido crecimiento y cada vez más descontentas.

Sin embargo, en lugar de promover un desarrollo genuino, los modelos de comercio e inversión predominantes agravan la desigualdad, socavan la soberanía alimentaria, desplazan a las comunidades rurales y mercantilizan la tierra y la naturaleza para el capital global. África, una vez más —al igual que en la década de 1880— está siendo reorientada para servir a los intereses comerciales externos.

La Organización Mundial del Comercio (OMC), creada en 1995, ha funcionado como un instrumento de control, utilizado por los países ricos del Norte para reforzar e imponer sus normas e intereses a los países en desarrollo del Sur Global. Desde su creación, numerosos estudios han demostrado cómo los acuerdos de la OMC han socavado la soberanía económica, las perspectivas de desarrollo, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad alimentaria en los países más pobres. Los países desarrollados han ampliado los mandatos de la OMC a ámbitos como la inversión, la política de competencia, la contratación pública y los aranceles industriales, en gran medida en beneficio propio.

Estructuras comerciales en África

El continente alberga numerosas comunidades económicas. Actualmente, hay 14 comunidades económicas regionales (CER) que se solapan en África. Entre ellas se incluyen:

Además de estos marcos regionales, los países africanos celebran acuerdos comerciales bilaterales con países no africanos (Estados Unidos, China, Rusia, países europeos, Emiratos Árabes Unidos, etc.). La mayoría de los países africanos son también miembros de la OMC y, por lo tanto, se rigen por sus acuerdos sobre comercio y aranceles.

Más recientemente, entró en vigor la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo por número de países participantes. Reúne a 54 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana y crea un mercado único de más de 1.400 millones de personas, incluidos más de 400 millones de jóvenes de entre 15 y 35 años, con un PIB combinado que supera los 3 billones de dólares.

Los objetivos principales de la AfCFTA son promover el desarrollo económico, diversificar las economías y reducir la dependencia de las materias primas. El acuerdo tiene como objetivo impulsar el comercio intraafricano mediante la eliminación o la reducción significativa de los aranceles sobre el 90 % de los productos, abordando las barreras no arancelarias y eliminando otras restricciones comerciales.

Sin embargo, la AfCFTA también puede servir como puerta de entrada para que las empresas internacionales accedan a una amplia base de consumidores y a una clase media emergente. Si bien se espera que atraiga inversión extranjera directa, introduzca nuevas tecnologías y apoye el desarrollo de la cadena de valor, persisten las dudas sobre quién se beneficiará y si se protegerán los sistemas alimentarios campesinos.

Los efectos de la liberalización comercial en la agricultura campesina africana

La importancia de la agricultura campesina para el continente africano queda subrayada por el hecho de que más del 70 % de la población obtiene sus medios de subsistencia principalmente de la agricultura y de actividades relacionadas con la tierra. Por lo tanto, la tierra ocupa un lugar central en la vida económica, social y política de la mayoría de los países africanos. Más de 33 millones de pequeñas explotaciones agrícolas aportan más del 80 % de los alimentos que se consumen en la región del África subsahariana en condiciones difíciles. Constituyen una importante fuente de empleo, ya que más de la mitad de la mano de obra total se dedica a la agricultura, en su mayoría mujeres.

Los campesinos son los propietarios y los trabajadores de estas pequeñas explotaciones agrícolas. Entre ellos se incluyen pequeños agricultores, mujeres, jóvenes, pastores, pueblos indígenas, comunidades marginadas, la población urbana pobre y personas que viven en zonas de conflicto. Estos grupos ya se enfrentan a numerosos retos, entre los que se cuentan la propiedad limitada de la tierra, el acceso restringido a la financiación, el cambio climático, la volatilidad de los precios y el acceso limitado a los mercados.

Programas de ajuste estructural: la puerta de entrada a la explotación de los campesinos africanos

¿Cómo es que el continente africano, que en las décadas de 1960 y 1970 producía excedentes de alimentos, se convirtió en un importador neto de alimentos que depende en gran medida de la ayuda alimentaria? A mediados de 2025, la FAO informó de que África estaba atravesando su crisis de hambre más grave en décadas, con más de 282 millones de personas —más de una de cada cinco— que padecían hambre. La desnutrición sigue siendo generalizada.

Para comprender la difícil situación actual del continente, es importante centrarse en uno de los factores clave que sigue perpetuando la inseguridad: la adopción y aplicación de medidas de austeridad a través de los Programas de Ajuste Estructural Económico (PAEE) por parte de los gobiernos africanos en un intento de hacer frente a los déficits fiscales.

Los programas de ajuste estructural se presentaron como una solución a la crisis económica africana. Sin embargo, adoptaron un enfoque único para todos que desmanteló los programas estatales de bienestar social en materia de salud, educación y agricultura, al tiempo que promovía la privatización de las empresas públicas. La supresión del apoyo estatal a la agricultura y la apertura de los mercados nacionales a la competencia extranjera provocaron un mayor colapso de la incipiente agricultura campesina, tanto directa como indirectamente.

De manera directa, las grandes empresas agroindustriales expulsaron a los pequeños agricultores de sus tierras o de los mercados. La liberalización del comercio ha contribuido a la concentración de la propiedad de la tierra en países como Mozambique, Zambia, Tanzania, Kenia y Uganda, donde las adquisiciones de tierras han desplazado a los agricultores y aumentado la desigualdad en muchas comunidades. Los gobiernos también promovieron la producción orientada a la exportación para obtener las divisas que tanto necesitaban con las que pagar los préstamos extranjeros. Este cambio afectó negativamente a la producción de alimentos. Algunos campesinos fueron incorporados a acuerdos de agricultura por contrato para cultivar tabaco, algodón y hortalizas, principalmente para la exportación.

Las políticas comerciales han socavado, por tanto, la soberanía alimentaria: el derecho de los pueblos y las naciones a determinar sus propios sistemas alimentarios. La eliminación de las subvenciones, el aumento de los costes de los insumos y el incremento de las importaciones de alimentos han afectado de manera desproporcionada a las mujeres, que producen una parte significativa de los alimentos en muchos países africanos.

Los programas de subsidios a los insumos adoptados por los gobiernos han promovido a menudo el monocultivo, el uso excesivo de agroquímicos y la degradación ambiental. Por ejemplo, el plan de «agricultura dirigida» de Zimbabue apoyó en gran medida la producción de maíz y trigo, beneficiando a los proveedores agroindustriales de semillas comerciales y productos agroquímicos, al tiempo que marginaba las semillas conservadas por los campesinos y los sistemas de conocimientos tradicionales. Esto ha aumentado la dependencia de los pequeños agricultores respecto a los insumos corporativos. Como resultado, las empresas obtienen el control sobre los sistemas agrícolas y explotan a los agricultores mediante precios bajos de los productos, altos costos de los insumos y acuerdos contractuales abusivos.

Los países europeos y Estados Unidos, que estaban a la vanguardia de la defensa de la eliminación de los programas de apoyo de los gobiernos africanos, estaban aumentando ellos mismos las subvenciones a sus propios agricultores. También ofrecían incentivos a la exportación a las empresas, que buscaban asegurarse nuevos mercados en África y otras partes del mundo. Los programas de subvenciones de la Ley Agrícola de EE. UU. y la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, que benefician en gran medida a las grandes empresas agroindustriales, siguen socavando la agricultura africana mediante el dumping de importaciones baratas.

En la actualidad, las cadenas agroalimentarias mundiales están dominadas por unas pocas empresas transnacionales que se benefician de las economías de escala y del poder de monopolio. Las grandes empresas ejercen un enorme poder financiero, influyen en las políticas nacionales y configuran los marcos normativos para garantizar una rentabilidad continua, lo que a menudo socava la soberanía nacional.

Por ejemplo, KFC, de Yum Brands, opera más de 750 establecimientos en África y ha promovido la producción intensiva de soja en Mozambique y Zambia para la alimentación avícola; Tongaat Hulett gestiona empresas de caña de azúcar y maíz en África meridional.

La empresa estatal de algodón de Malí fue parcialmente privatizada como resultado de las reformas del sector algodonero, lo que dejó a los agricultores vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales. Mientras que la inversión en cultivos alimentarios se estancó, la dependencia de un único cultivo comercial aumentó la vulnerabilidad a las crisis de precios, a pesar de que el algodón se convirtió en una importante fuente de ingresos por exportación.

En la década de los noventa, Uganda aplicó políticas de liberalización que redujeron los servicios de extensión del Gobierno, privatizaron las empresas paraestatales y eliminaron los controles de precios y las subvenciones. El apoyo a los productores de cultivos alimentarios fue escaso a medida que aumentaban las exportaciones de café. Los gastos de producción de los pequeños agricultores aumentaron como consecuencia de la retirada del Estado del suministro de insumos y de su mayor dependencia de las empresas privadas de semillas y productos agroquímicos.

Las experiencias de estos países son indicativas de un cambio estructural más amplio: los gobiernos redujeron la inversión en cultivos alimentarios nacionales en favor de la producción de productos básicos orientada a la exportación con el fin de saldar la deuda externa. Los campesinos quedaron expuestos a la inestabilidad del mercado cuando se desmantelaron las juntas de comercialización, lo que eliminó las medidas de estabilización de precios. Las comunidades agrarias se vieron aún más perjudicadas por la disminución del gasto estatal en investigación, riego, educación y salud rural.

Pérdida de los mercados nacionales frente a las importaciones baratas

Los acuerdos de la OMC a finales de la década de 1990 y en la década de 2000 empujaron a los países africanos a modificar sus políticas y leyes nacionales para abrir aún más sus economías a los bienes, servicios y empresas extranjeras. Las incipientes industrias y explotaciones agrícolas nacionales carecían, en general, de la tecnología, el capital y la capacidad de comercialización necesarios para competir con las grandes corporaciones occidentales y las explotaciones agrícolas industriales.

El aumento de la competencia, combinado con el dumping de importaciones baratas por parte de las empresas transnacionales, expulsó a los productores locales de los mercados a medida que se disparaban los costes de producción. Los intereses corporativos de los países ricos presionaron a sus gobiernos para que negociaran una mayor liberalización en ámbitos como la política de inversiones, la contratación pública, la política de competencia, la facilitación del comercio, el comercio electrónico y las normas medioambientales y laborales.

Los sectores lácteo y azucarero de Kenia se liberalizaron, lo que permitió las importaciones subvencionadas de leche en polvo y azúcar, principalmente de la Unión Europea y otros grandes proveedores. Las importaciones de azúcar barato han perjudicado periódicamente a las fábricas de azúcar locales en lugares como Mumias y Nzoia, lo que ha provocado el cierre de plantas, la pérdida de puestos de trabajo y retrasos en los pagos a los agricultores. Del mismo modo, la afluencia de ropa de segunda mano (mitumba), procedente principalmente de países occidentales, ha socavado la otrora próspera industria textil y de confección de Kenia, a pesar de los esfuerzos regionales de la Comunidad del África Oriental (CAO) por revitalizar la producción local.

En Mozambique, la liberalización del comercio contribuyó al colapso de partes de la industria avícola autóctona a principios de la década de 2000, debido a las importaciones de trozos de pollo congelado, que a menudo estaban subvencionadas, procedentes principalmente de Brasil y la Unión Europea. Los productores locales tuvieron dificultades para competir con estas importaciones de bajo coste, lo que provocó una reducción de la capacidad de fabricación nacional. Además, las importaciones de arroz procedentes de Asia han desplazado con frecuencia al arroz de producción nacional, lo que ha frenado la inversión en proyectos locales de procesamiento y riego. A pesar del potencial agrícola de Mozambique, el país se ha vuelto más dependiente de las importaciones de alimentos.

En Uganda, la apertura de los mercados dio lugar a un aumento de las importaciones de aceites vegetales, productos lácteos y cereales, lo que afectó a los procesadores agrícolas y a los agricultores nacionales. Por ejemplo, la leche en polvo importada ha competido con la leche fresca de producción local, especialmente durante las temporadas de máxima producción, cuando los precios son más bajos. Los productores de arroz ugandeses también han tenido que competir con importaciones más baratas procedentes de países como Pakistán y la India. Las importaciones de productos procesados de pollo a bajo coste han supuesto un reto para los productores avícolas locales, que se enfrentan a mayores costes de producción debido al elevado precio de los piensos y a las limitadas subvenciones gubernamentales.

Exclusión y restricciones a la circulación transfronteriza de los productos agrícolas

Las medidas no arancelarias, a menudo más restrictivas que los aranceles, crean importantes barreras estructurales para los pequeños productores. Las normas y los requisitos reglamentarios —frecuentemente diseñados e influenciados por organismos internacionales y socios comerciales poderosos— elevan los costes de cumplimiento y a menudo dan lugar al rechazo de los productos de los pequeños agricultores. En la práctica, estos requisitos favorecen de manera desproporcionada a los grandes agricultores, las plantaciones y las empresas agroindustriales que poseen el capital, la tecnología y los sistemas de certificación necesarios para cumplir con ellos.

Como resultado, los pequeños agricultores quedan sistemáticamente excluidos de los mercados transfronterizos. Los intermediarios y los grandes comerciantes se aprovechan de este desequilibrio comprando productos a precios de producción deprimidos a agricultores que no pueden comerciar a nivel regional debido a normas restrictivas y costosos procesos de certificación. Esta dinámica persiste a pesar de la existencia de múltiples Comunidades Económicas Regionales (CER) que afirman promover el comercio intraafricano. En efecto, la promesa de la integración regional deja de lado a los campesinos, mientras que el poder de mercado se concentra aún más en manos de las empresas.

Además, muchas de estas normas entran en conflicto con las prácticas agrícolas tradicionales, los sistemas locales de semillas y los métodos de conservación de la biodiversidad. En lugar de fortalecer los sistemas alimentarios, aceleran la marginación de la agricultura campesina y profundizan la dependencia de las cadenas de suministro controladas por las empresas.

Lxs pequeñxs comerciantes de maíz y cereales de Uganda que exportan a Kenia y Sudán del Sur se enfrentan a prohibiciones periódicas en función de los criterios de aflatoxinas. Si bien la seguridad alimentaria es vital, el equipo de análisis de los agricultores rurales es inadecuado y caro, lo que les empuja a vender a intermediarios a precios bajos. Los comerciantes informales de leche también han tenido dificultades para cumplir las normas de pasteurización y envasado requeridas para el comercio transfronterizo legítimo.

Los pequeños agricultores que venden sus productos a países vecinos de la Comunidad del África Oriental (CAO), como Tanzania y Uganda, a veces se enfrentan a cierres de fronteras y a cambios en la normativa. Incluso cuando sus productos cumplen las normas de seguridad locales, a los comerciantes transfronterizos informales —muchos de los cuales son mujeres— a menudo se les confiscan sus mercancías por carecer de certificación oficial. Por lo general, se da preferencia a los grandes exportadores frente a las cooperativas campesinas en lo que respecta al cumplimiento de los sistemas de certificación regionales y de la Oficina de Normalización de Kenia (KEBS).

UPOV91 y los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Los acuerdos comerciales protegen los derechos de propiedad intelectual de las empresas de semillas, permitiendo las patentes sobre semillas y técnicas agrícolas (Recuadro 1). Esto limita los derechos de los agricultores a conservar, intercambiar y reproducir semillas, prácticas que son fundamentales para la agricultura campesina. Es importante señalar que los campesinos proporcionan más del 70 % de las semillas plantadas en África a través del conocimiento intergeneracional y los sistemas locales de semillas.

La armonización con marcos jurídicos como el Convenio de la UPOV de 1991 amenaza aún más la soberanía de los campesinos sobre las semillas.

Estamos asistiendo a un creciente interés por el sector de las semillas comerciales en Zimbabue. Las empresas de semillas locales han sido adquiridas por corporaciones multinacionales de semillas. Syngenta, SeedCo, Pannar y otras empresas compiten por suministrar semillas, principalmente para cultivos de comercio (productos básicos) que cuentan con cadenas de valor bien establecidas y respaldadas, tanto en las fases iniciales como en las finales, en Zimbabue, Malaui, Mozambique, etc.

Recientemente, el Gobierno parece estar avanzando hacia la adopción del Convenio de la UPOV de 1991 con el fin de potenciar la innovación agrícola, ampliar el acceso a variedades de cultivos de élite para abastecer los mercados de exportación y promover el comercio de semillas a nivel regional y mundial. Esta modernización de las leyes de protección de las variedades vegetales ha recibido un fuerte respaldo internacional y está estrechamente vinculada a los flujos comerciales internacionales. Zimbabue opera actualmente al amparo de la Ley de Derechos de los Obtentores Vegetales (Capítulo 18:16). Si se logra la armonización con el Convenio de la UPOV de 1991, se allanará el camino para la adhesión plena al organismo internacional de la UPOV.

Los cambios en la legislación de Uganda sobre la protección de las variedades vegetales han suscitado un debate entre las asociaciones de agricultores y la sociedad civil. Según los críticos, unos derechos más estrictos para los obtentores harían ilegal continuar con los métodos tradicionales de conservación e intercambio de semillas. Las empresas multinacionales están influyendo progresivamente en el negocio de las semillas de Uganda mediante el suministro de semillas de hortalizas y maíz híbrido.

Los intentos de los donantes internacionales por reestructurar el sector de las semillas en la República Democrática del Congo (RDC) se centran en formalizar los procedimientos de certificación de semillas. No obstante, la mayoría de los agricultores siguen dependiendo de sistemas no oficiales. Estos agricultores podrían verse perjudicados si no se reconoce oficialmente a los cultivares locales para cumplir con leyes de propiedad intelectual más estrictas.

Los gobiernos suelen afirmar que la armonización con el Convenio de la UPOV de 1991 es necesaria para fomentar la innovación, atraer inversión extranjera y abrir nuevos mercados de exportación. Sin embargo, los críticos sostienen que estas reformas anteponen el fitomejoramiento comercial a la agroecología, la conservación de la biodiversidad y la soberanía de los campesinos sobre las semillas. Los pequeños productores, que tradicionalmente han mantenido la variedad de semillas de África, se ven privados de autonomía como consecuencia del progresivo deterioro de los sistemas de semillas gestionados por los agricultores y de su creciente incorporación a las cadenas de suministro mundiales de insumos.

Posibles implicaciones de la Zona de Libre Comercio Continental Africana en los sistemas alimentarios campesinos

Los efectos acumulativos de la liberalización del comercio sobre la agricultura campesina dejan claro que, sin salvaguardias fundamentales, la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) corre el riesgo de intensificar la crisis a la que se enfrentan los campesinos en todo el continente. En lugar de corregir los desequilibrios estructurales, la AfCFTA puede afianzarlos y profundizarlos, debilitando aún más la soberanía alimentaria, acelerando la concentración de la tierra y marginando a los pequeños productores.

La experiencia en las Comunidades Económicas Regionales (CER) ya demuestra que los beneficios son desiguales. En la SADC, Sudáfrica domina los flujos comerciales regionales; en la EAC, Kenia desempeña un papel similar; y en la CEDEAO, Nigeria ejerce una influencia económica significativa. Estas economías dominantes obtienen beneficios desproporcionados de los regímenes comerciales liberalizados. También funcionan como puntos de entrada estratégicos para las empresas transnacionales en los mercados africanos y albergan poderosas empresas multinacionales regionales.

En el marco del AfCFTA, es probable que esta asimetría se intensifique. Las economías más grandes e industrializadas —junto con los actores corporativos— consolidarán el control sobre las cadenas de producción, procesamiento y distribución en todo el continente. Los productores campesinos, que carecen de capital, infraestructura y protección política, corren el riesgo de ser desplazados tanto de la tierra como de los mercados.

Sin salvaguardias deliberadas a favor de los campesinos, la AfCFTA podría transformarse en una plataforma continental para la expansión empresarial en lugar de un vehículo para el desarrollo equitativo y la soberanía alimentaria.

Observaciones finales, propuestas y recomendaciones

La liberalización comercial, en su forma actual, ha agravado las desigualdades estructurales, ha debilitado la soberanía alimentaria y ha marginado a los productores campesinos. Consideramos que la captura de las políticas públicas y la promoción de los Tratados de Libre Comercio son un intento de dominar y monopolizar nuevos mercados con fines de lucro. Ni la naturaleza ni la humanidad son respetadas, sino que, por el contrario, son destruidas y explotadas para maximizar las ganancias.

El futuro comercial de África no debe estar dictado únicamente por el capital global o los intereses externos. Debe estar arraigado en las necesidades, los conocimientos y los derechos de sus campesinos y trabajadores.

La política agrícola debe basarse en los principios de la soberanía alimentaria. Necesitamos una visión clara que adopte la soberanía alimentaria como un camino hacia la construcción de la resiliencia. La resiliencia requiere diversidad, no uniformidad, y es fundamental para la democratización de los sistemas alimentarios.

Los acuerdos de la OMC sugieren que las fronteras nacionales no deberían ser un obstáculo para el comercio y los flujos de capital, pero siguen aplicándose de manera rígida en lo que respecta a la tecnología y la movilidad laboral. Esta asimetría se encuentra en el corazón de muchas normas de la OMC, que sirven principalmente a los intereses de las empresas transnacionales en el proceso de globalización.

Fuente: La Vía Campesina