Mecanismo de la OCDE reconoce vínculos entre productos de Bayer e impactos negativos, pero evita analizar violaciones de derechos humanos

Después de más de dos años de tramitación, incumpliendo abiertamente los plazos establecidos en el reglamento que rige el tratamiento de este tipo de denuncias, el PNC de Berlín dio a conocer su decisión sobre la queja presentada en abril de 2024 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), Terra de Dereitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR).

En su declaración final, el PNC reconoce que los productos de Bayer están plausiblemente vinculados a los impactos negativos descritos en la denuncia. Sin embargo, descarta cualquier posibilidad de analizar las consecuentes violaciones de los derechos de las comunidades a la salud, la alimentación, la tierra, el agua y un medio ambiente sano.

Para las organizaciones denunciantes, esta decisión evidencia el fracaso de los mecanismos existentes de lo que se conoce como «derecho blando». «Las regulaciones no vinculantes no brindan a las comunidades del Sur Global, afectadas por abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas alemanas, un acceso efectivo a la justicia. Ha quedado demostrado en la denuncia que las políticas de debida diligencia de Bayer son absolutamente ineficaces, a pesar de que la empresa se niega a reconocer su responsabilidad».

Durante el prolongado tiempo que demoró la resolución del PNC de Berlín, Bayer intentó en reiteradas ocasiones contactar directamente a las comunidades afectadas por fuera de los procedimientos oficiales, buscando eludir los mecanismos formales previstos en las Directrices de la OCDE.

Ante esta conducta evasiva, las organizaciones denunciantes decidieron rechazar la propuesta de diálogo informal planteada por el PNC, al considerar que la empresa pretendía limitar el proceso a un intercambio no vinculante y sin mecanismos de rendición de cuentas.

Mientras tanto, los impactos negativos provocados por el paquete tecnológico producido y comercializado por estas empresas, especialmente los pesticidas, continúan afectando a comunidades rurales e incluso a poblaciones urbanas. Estos casos han sido documentados en materiales audiovisuales realizados en Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil.

Cabe recordar que Paraguay fue el primer país del mundo condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por incumplir su obligación de controlar el uso de pesticidas en la producción agroindustrial, en el caso Portillo Cáceres y otros. No obstante, Bayer sostuvo en su respuesta a la queja que desconocía dicho precedente.

Finalmente, las organizaciones denunciantes reiteran la urgente necesidad de aprobar leyes vinculantes sobre debida diligencia corporativa. En ese sentido, recuerdan que expertos de las Naciones Unidas han reclamado recientemente regulaciones más estrictas para el sector agroindustrial, a fin de garantizar los derechos de los agricultores, las comunidades indígenas y demás poblaciones afectadas.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)