BASE Investigaciones Sociales

El análisis de los datos del reciente monitoreo realizado por la organización Global Infancia sobre el tratamiento periodístico del cambio climático en Paraguay revela que, si bien el tema tiene presencia en la agenda mediática, la cobertura carece de profundidad y de una perspectiva crítica que permita dimensionar sus causas y consecuencias reales.

A seis años del fallo del Comité de las Naciones Unidas respecto al caso Yerutí, la Escuela “San Felipe y Santiago” de la Comunidad Yerutí Ñu es una muestra del incumplimiento del Estado respecto a las medidas establecidas en el fallo, el agronegocio continuó avanzando sobre la comunidad y expulsando a la población, al punto de que la escuela fue abandonada y ya no se imparten clases.

Tras una serie de reclamos de pobladores del distrito de Tacuaras, Departamento de Ñeembucú, inspectores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), realizaron una inspección a establecimientos arroceros presentes en la zona, donde detectaron importantes obras hídricas no contempladas en el Plan de Gestión Ambiental aprobado. Desde pequeños productores, hasta representantes de la Cámara de Comercio, reclaman una actuación real y concreta por parte del Estado ante el grave impacto socioambiental que genera el avance del cultivo extensivo de arroz sobre los humedales.

Campesinos del asentamiento «3 de Junio Translumbre», ubicado en el distrito de Alto Vera, Departamento de Itapúa, fueron víctimas de un nuevo caso de desalojo aparentemente irregular. Según los testimonios locales, el operativo se realizó a pesar de que las familias ocupan y poseen el terreno desde hace 26 años, según denuncian el procedimiento busca favorecer al Diputado cartista Avelino Dávalos quien pretende apoderarse de las tierras.

Un nuevo informe especial analiza la coyuntura nacional desde una perspectiva crítica hacia la “democracia de baja intensidad” que se impuso en Paraguay. El análisis detalla cómo, desde sus territorios y espacios de lucha, los movimientos sociales elaboran propuestas para hacer frente al deterioro democrático y la falta de políticas que atiendan las necesidades de los sectores populares.

La Comunidad de San Miguel, Maracaná, Departamento de Canindeyú, que fuera víctima de un violento desalojo el pasado 3 de junio, denuncia que quienes se apoderaron de las tierras han iniciado un proceso de deforestación masiva en el lugar. Los responsables serían Cesar Abente y Alfonso Noria, ambos ligados al poder político en Canindeyú, incluso Noria estaría por asumir como Senador en los próximos días.

Organizaciones campesinas y sociales del Departamento de Alto Paraná hicieron entrega de notas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional en la que plantean el uso de fondos de la Itaipú Binacional para pagar la expropiación de tierras por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. Según funcionarios del INDERT varias comunidades campesinas podrían perder sus tierras debido a que el organismo mantiene una deuda de 280 millones de dólares con propietarios de tierras que fueron expropiadas.

Santiago Peña realizó este martes 1 de julio su segunda rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, durante su discurso reafirmó los lineamientos generales de su gobierno, apego a las recetas neoliberales y un discurso conservador y excluyente. En lo relacionado a la situación campesina, destacó la entrega de “títulos” de propiedad a familias campesinas, sin tomar en cuenta que esta acción es limitada y no representa un avance real hacia la reforma agraria.