Mendoza. Entrevista a Federico Soria. “En todos los territorios han ido surgiendo focos de resistencia, un trabajo de hormiga”

Huella del Sur [HS]: Qué lectura estás haciendo, a mediados de mayo de este 2026, sobre cómo viene la lucha en defensa del agua, particularmente en Mendoza, viniendo de lo que fue el tratamiento legislativo del tema glaciares, que se sumó a lo que había sido la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge en la legislatura provincial, y todo lo que implica el activismo de resistencia en este sentido ¿Qué estás viendo vos en este momento?

Federico Soria [FS]: Tiene varias aristas la lucha por la defensa del agua en Mendoza. Nosotros venimos ya desde el año pasado con la aprobación de la minera San Jorge y los episodios de represión, la criminalización de la protesta social que hemos venido teniendo en los últimos meses, o el último año, y de todos modos, a pesar de todos esos golpes, la lucha estaba fortalecida a nivel territorial, en diversos sectores de la población que están involucrados en un tema que nos atraviesa a todas y todos. Y entendemos además que el gobierno, a pesar de que está avanzando fuertemente, tiene bastante miedo y saben perfectamente que lo que están haciendo no es bueno para el pueblo. Por eso, los colectivos que estamos involucrados en esta lucha aprovechamos cada oportunidad para poder expresar nuestro total desacuerdo con la avanzada extractivista y con todo lo que eso implica: el riesgo de las fuentes de agua, acentuado de la ley de glaciares y todo lo que además nos quieren seguir metiendo.

Hace unos días, por ejemplo, estuvimos en un evento que se lleva a cabo todos los años en Mendoza, una maratón que le llaman “Otoño por la Vida”, donde un montón de gente participa. Y desde las asambleas nos hicimos presentes con corredores y como parte del público, es una maratón cortita de 2 km, fuimos con remeras en alusión a la lucha por la defensa del agua.

Y así aprovechamos cada movida para ir metiendo, ir persistiendo con el tema de la resistencia, que no estamos de acuerdo y no otorgamos licencia social, en particular al avance de la megaminería contaminante, en el caso de Mendoza, pero en general a todos los proyectos extractivistas.

HS: En el caso del proyecto San Jorge, luego que se aprobó la DIA, se pasó también al terreno judicial y a las presentaciones de inconstitucionalidad, iniciativas que tienen que ver con lo jurídico-legal, además de la lucha callejera y la presencia en diferentes ámbitos de la vida pública mendocina. ¿Cuáles son los distintos planos donde está transcurriendo ahora la resistencia en el caso del proyecto San Jorge? Y te consultamos también por la situación actual en la Estancia Yalguaráz, donde se encuentran los yacimientos en cuestión, ¿hay ya instalaciones construidas o han observado movimientos de vehículos con materiales por la zona?

FS: Bueno, por un lado, como vos decías, la instancia judicial se está llevando a cabo con tres acciones de amparo, las tres abordan enfoques distintos. Lamentablemente el poder judicial lo que está haciendo es tratar a las tres por igual. De hecho, recientemente han acumulado los amparos, pero la justicia debe emitir fallo respondiendo los argumentos de las tres…

Una de las tres acciones de amparo va por el derecho indígena y el derecho de la naturaleza. Hay otra que va por la ilegalidad de la Declaración de Impacto Ambiental que se emitió de manera “condicionada”, y la otra va por la cuestión hídrica, sobre todo haciendo hincapié en la escasez del caudal del Arroyo del Tigre que sería insuficiente para abastecer al proyecto.

La medida cautelar en primera instancia ha sido rechazada por las tres en un solo fallo que es idéntico. Ya después en las instancias de apelación se han ido separando un poco. La medida cautelar de los derechos indígenas y de la naturaleza está en la Corte Suprema de Mendoza. Ya la Corte admitió que va a fallar en plenario, o sea, que tienen que fallar los siete jueces de la Corte en esa medida cautelar. La instancia de fondo todavía ni siquiera la están tratando en primera instancia. Pero como te dije, recientemente acumularon las tres causas.

Y con respecto a los recursos de inconstitucionalidad, que son varios, yo tengo conocimiento de seis, pero entiendo que hay más presentados por distintas organizaciones, eso va directamente a la corte mendocina.

La corte ha admitido las causas, pero todavía ni siquiera se ha manifestado, tendrían que convocar a una audiencia pública y fallar de manera plenaria, como hicieron cuando fueron los juicios contra la 7722, que es un tema importante, relevante, digamos, para la trascendencia de Mendoza, por eso debería deberían fallar en plenario, también, en este caso.

Todavía no se han presentado denuncias penales en contra de los funcionarios que han aprobado la Declaración de Impacto Ambiental, sobre todo en el aspecto de la inexistencia de una licencia social, como ha quedado demostrado en numerosas oportunidades, como por ejemplo en la audiencia pública del pueblo en Uspallata, ante lo cual la minera se vio en serios problemas para justificar, o tratar de inventar o simular una licencia social, recurriendo a firmas en planillas que se descubrieron que eran apócrifas o con firmas que no son de Mendoza.

Así que está pendiente presentar también una denuncia penal para determinar la nulidad de todo el proceso. Esto en el terreno judicial.

Después, a nivel de la resistencia, es más bien que se ha territorializado, no es que hay una sola movida, sino que en todos los territorios han ido surgiendo espacios o focos de resistencia. Es muy fuerte el trabajo que se está haciendo en ese sentido, todo un trabajo de hormiga.

En las movilizaciones más grandes donde hubo episodios de represión, se llevaron a algunas compañeras y compañeros, privados ilegítimamente de la libertad, lo cual ha derivado en la generación de causas armadas. Yo estoy en una de esas, somos varios los que estamos en esta situación. Y a su vez también hemos impulsado por nuestra parte contra-denuncias, se han ido presentando denuncias contra la policía de Mendoza, contra el accionar policial.

No solo por los apremios ilegales durante las represiones, torturas, etc., sino también por hostigamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se presentó recientemente, por ejemplo, una denuncia contra la retención de un carruaje que se pretendía llevar en la contramarcha de la vendimia, luego de que el propio gobierno lo autorizara.

Nosotros hemos presentado particularmente en la causa donde estoy yo, una denuncia contra la policía de Mendoza por espionaje ilegal. Durante la audiencia pública del pueblo nos metieron 50 espías de la policía de Mendoza, después nos enteramos que querían hacer un fichaje de nosotros para armarnos una causa por sedición. Como nosotros nos adelantamos haciendo la denuncia por espionaje, no lo pudieron concretar.

También hemos denunciado a la vicegobernadora por incitación a la violencia, al intendente de Las Heras, porque nos quisieron meter un atentado de falsa bandera, adjudicándonos a nosotros un atentado incendiario que fue provocado por personas vinculadas a la Unión Cívica Radical de Las Heras. También denunciamos al fiscal Juan Manuel Sánchez por prevaricato y privación ilegítima de la libertad. Y así sucesivamente, obviamente que la mayoría de las denuncias son rechazadas, puesto que la justicia y el ministerio público fiscal están virtualmente subordinados al poder ejecutivo. A las denuncias que se han hecho en particular contra algunos policías, como no van al centro del poder, a veces les dan curso. Son bastante selectivos en ese sentido.

De a poco vamos también tratando de ir viendo por dónde se le puede entrar al marco institucional que está ejerciendo un abuso de poder y de posición dominante sobre la población en general y sobre quienes nos oponemos en particular.

Así es que, en los distintos planos, se va acentuando la resistencia. Y el otro tema con respecto al proyecto San Jorge, en relación a los movimientos observados en la zona: Uspallata es un punto donde convergen varias rutas, hay un camino que une Uspallata con Calingasta en San Juan. A mitad de camino se ubica la entrada a la mina San Jorge, que no está sobre el camino, sino metida campo adentro, en la Estancia Yalguaraz. Desde hace muchos años venimos viendo circulación de vehículos mineros, camionetas o camiones con equipo, todo con logo de empresas mineras.

Fuente: parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com

Por ahí la mayoría de la gente no está al tanto de eso. Sabemos que hay muchísimas empresas de servicios mineros que trabajan en las explotaciones mineras de San Juan. Entonces, permanentemente hay circulación de ese tipo de vehículos. Y la gente que está atenta, cada vez que ven un vehículo de esos, da la voz de alerta.

Pero igual nos hemos desplazado al sitio y logramos corroborar que en este momento no hay actividad en relación a la construcción de la mina. Como decía, la mina San Jorge está retirada del camino y no hay una visión directa, es una zona bastante llana, pero sí hemos accedido a un punto panorámico y con telescopio hemos podido mirar que no hay mayor actividad, más allá del movimiento de vehículos menores.

La minera ha anunciado que van a hacer perforaciones con equipos específicos, con trépano. Como si estuvieran haciendo una exploración avanzada, cosa que en realidad lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero no ha habido anuncios de iniciar la construcción de la mina en breve, por lo menos por parte de la empresa. En los últimos días empezaron a mencionar el año que viene, ahora que desde el gobierno nacional anunciaron su incorporación al RIGI.

El gobierno de Mendoza sí, en un discurso que dio hace poco el gobernador, salió a decir que a fin de año iniciarían la construcción de la mina, pero lo cierto es que algunos funcionarios provinciales, desde hace ya dos o tres meses, están haciendo viajes al exterior tratando de atraer inversores.

Y lo que nosotros sabemos es que, por un lado, Solway, que es la dueña de Minera San Jorge, una empresa offshore radicada en paraísos fiscales, que tiene su sede corporativa en Malta y su sede comercial en Zug, de Suiza (ex rusos). Esta empresa es insolvente, o sea, no tiene capacidad económica, no tiene la cantidad de dinero que se necesita para llevar adelante el proyecto y por eso ha recurrido al socio local que es la Corporación Alberdi. Y esta corporación, no lo sabemos, pero estimamos que sí debe tener el dinero (por eso la metieron y le cedieron el 30% de la empresa), necesitan entre 500 y 600 millones de dólares. 

El reciente acceso al RIGI podría acelerar la lluvia de dólares y los tiempos de ejecución. Pero es evidente, como grandes especuladores que son, la Corporación Alberdi no quiere poner la plata para la inversión aún teniéndola. Por eso el gobierno de Mendoza ha salido a buscar inversores.

Fuente: parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com

Con la pantalla de los supuestos distritos mineros, que ya hay tres en Malargüe, uno que quieren avanzar acá en Uspallata, un cuarto para Malargüe también. La conclusión que hemos sacado nosotros es que nadie quiere poner plata para la mina San Jorge, que estaría siendo difícil para el gobierno de Mendoza conseguirla.

Algo similar pasó, por ejemplo, con el proyecto de potasio del Río Colorado hace un par de años atrás, cuando el gobierno también salió de giras mundiales, supuestamente había grandes corporaciones transnacionales interesadas, y se lo terminaron dando a José Luis Manzano. El proyecto del Río Colorado, recordemos, estuvo a cargo primero de Río Tinto, después pasó a la brasileña Vale, que lo abandonó cuando ya estaban por empezar la extracción, con la mina construida. Pero lo abandonó y dejó un tendal de despidos, deudas, etc. Y el gobierno de Mendoza terminó expropiando el proyecto y subsidiando las deudas de la minera con la comunidad y el empresariado local. Salieron a buscar a inversores y no los encontraron en ninguna parte, de manera que se lo entregaron servido en bandeja a José Luis Manzano, que tampoco está cumpliendo, porque tenía que reactivarlo en 6 meses y bueno, ya han pasado 2 años.

Hay que decir además que hay todo un enorme negocio inmobiliario de las concesiones mineras y de las aprobaciones ambientales, muchos políticos y lobbystas locales se están llenando de guita con eso. Pero al momento de llevar a cabo las grandes explotaciones, parece que algunos inconvenientes entre ellos están teniendo.

HS: ¿A qué lo atribuís?

FS: Bueno, nosotros llevamos muchos años en esto y sabemos desde un principio que ellos tienen su interna. De hecho, el proyecto San Jorge estuvo bloqueado durante 30 años por esas internas entre ellos. Pero también para los inversores la situación viene con ciertas complicaciones que no quieren abordar y esperan que el Estado se haga cargo, que tienen dificultades de acceso a la energía, a las comunicaciones, los caminos son un desastre. Eso también los limita. Y sobre todo bajo esta política del gobierno que busca desentenderse de la obra pública y que los privados se hagan cargo de esas inversiones, los privados obviamente no las quieren hacer. El mismo José Luis Manzano está exigiéndole al Estado que le construyan un ferrocarril hasta la mina de potasio, por ejemplo, cosas delirantes, así que bueno, todo converge.

Y lo interesante de la resistencia es que también se está apuntando a los inversores para decirles, “Miren, van a venir a invertir en este lugar donde ni tienen licencia social, ni tienen condiciones logísticas aseguradas”.  Así que hay una convergencia de motivos y es muy importante que persiste la resistencia, porque es lo que ayuda a amalgamar o a visibilizar todas estas otras situaciones que hay detrás.

HS: Vinculado al tema San Jorge y al Valle de Uspallata, ¿qué consideraciones hacés en relación al horizonte propositivo más allá de la resistencia? Coméntanos sobre el proyecto de creación de un Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, ¿en qué consiste la propuesta?

FS: El proyecto de ley, de iniciativa popular, para crear el Área Protegida Uspallata-Polvaredas se presentó por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, apenas se conforma en el año 2008-2009; se presentó la legislatura de Mendoza, como proyecto de ley. Toma como base la ley marco de Áreas Protegidas de Mendoza, que es una ley sancionada en 1992. Fue escrita por el CONICET, es una ley bastante extensa, con numerosos artículos; hay uno que prohíbe expresamente la actividad minera y petrolera en las áreas bajo su jurisdicción. Y el requisito fundamental de las áreas protegidas para la provincia de Mendoza, o sea las áreas protegidas provinciales, es que sean sancionadas por ley.

Se tienen en cuenta, además los antecedentes de otras asambleas que ya han logrado la aprobación de Áreas Protegidas, como la de San Carlos con la Laguna del Diamante, la de Tunuyán con Portillo Piuquenes, en Tupungato donde además hay que recordar que fue, yo creo que la primera vez en la República Argentina, que se perforaron glaciares para explorar metales. Los glaciares del Cerro Santa Clara fueron perforados en 1997 para la búsqueda de oro y cobre, y eso cuando todavía no estaba muy consolidada la legislación ambiental, se desafectó una parte del Parque Tupungato que después se volvió a restituir con otra ley. Y en Luján de Cuyo el área protegida del Cordón del Plata que, también fue promovida por el CONICET.

Todo ese bloque de Áreas Protegidas determinó que esos departamentos del Valle de Uco, como Tunuyán, Tupungato y San Carlos, desde hace 20 años y hasta la actualidad, sea zona libre de megaminería. Incluso con la baja de la ley de Glaciares, los glaciares de esa zona aún siguen protegidos. Y bueno, ese es el modelo que en Uspallata hemos querido implementar, porque ha servido para, por lo menos, frenar el avance de la frontera extractivista, en este caso, la megaminería.

El proyecto se plantea como alternativa, ambiental, social y económica, y cuenta con toda la fundamentación técnica, legal, científica y jurídica para que la legislatura lo apruebe y el gobierno de Mendoza lo implemente sin mayores dilaciones.

Evidentemente el interés de la megaminería tiene lobbystas que operan incluso dentro de la legislatura de Mendoza, por eso lo vienen pisando desde hace tiempo. La asamblea ha tratado que tome estado parlamentario, porque en Mendoza no tenemos regulada la iniciativa popular como una modalidad para presentar leyes, sino que la única forma de que las leyes tengan estado parlamentario es que la firme algún legislador o la presente el gobernador. Entonces, estuvimos unos cinco años para encontrar un legislador que le ponga la firma. Curiosamente, el que lo firmó fue el entonces legislador radical Tadeo García Salazar, que actualmente es ministro de Educación de Mendoza, y uno de los promotores de la megaminería junto a Cornejo, prácticamente su mano derecha. Está sonando además como futuro gobernador. Pero en aquel entonces era un pseudo ambientalista, que se arrimó a la asamblea y bueno, le puso la firma al proyecto.

Desde entonces tiene estado parlamentario. Cuando lo archivan, cada tanto logramos desarchivarlo, a pesar de los años que han pasado desde que la asamblea lo viene impulsando.

Estamos, obviamente, como ha pasado también con todas las otras áreas protegidas, en una situación bastante desfavorable, y únicamente va a salir cuando exista una masa crítica, y en esa tarea estamos, tratando de generar conciencia de que también es una forma de frenar el avance del extractivismo. Tratar de generar un manto protector adicional al que ya tienen los glaciares específicamente o la ley 7722 que restringe la megaminería en cuanto al uso de sustancias tóxicas, y así otras normativas que protegen el ambiente, el agua y el territorio en Mendoza. Así que nosotros como asamblea seguimos trabajando en la difusión del proyecto y en tratar de que, de una manera u otra, se pueda mover y de una buena vez se pueda llegar a concretar.

Sabemos que es bastante difícil porque tenemos todo el lobby en contra, tenemos los partidos de ultraderecha que incluso han realizado una campaña difamatoria en contra del proyecto y en contra nuestra, nombrándonos específicamente con documentos bastante críticos y elevados de tono, y que lamentablemente han sido difundidos y tomados como verídicos incluso dentro de nuestros espacios de resistencia.

El gobierno de Mendoza tenía la obligación de considerar el proyecto en función de la Ley General del Ambiente de Mendoza. La Ley 5961, establece que todas las iniciativas para defensa, protección y mejoramiento del ambiente automáticamente están declaradas de interés provincial, por eso debería haberlo considerado en el informe de impacto ambiental y lamentablemente lo omitió (entendemos que a propósito). Y bajó línea además para que todos los dictámenes sectoriales omitieran el proyecto, o sea, como si no existiera directamente. Eso fue bastante perjudicial porque debería haber habido un análisis ambiental, social y económico del proyecto dentro del estudio de impacto ambiental de la minera San Jorge, como alternativa al mismo, pero eso no ocurrió. Incluso en uno de los amparos, el que reclama los derechos indígenas y la naturaleza, se hace esa observación, como una ilegalidad de la declaración de impacto ambiental de minera San Jorge.

Tenemos el apoyo de las asambleas de Mendoza nucleadas en la AMPAP y en la Asamblea por Necesidad de Urgencia, que son los dos colectivos de segundo grado que hay en Mendoza que aglutinan a todas las asambleas del territorio. Tenemos el apoyo de la Cámara de Comercio de Uspallata y de los pueblos originarios huarpes, mapuches y collas de Mendoza, que también han expresado el apoyo al proyecto de área protegida y que lo han reclamado en el proceso de consulta libre previa e informada. No sólo rechazando a Mina San Jorge, sino que reclamando también la sanción del proyecto de la asamblea, con el cual están de acuerdo. Nosotros cuando formulamos el proyecto, primero le consultamos a ellos, si estaban de acuerdo o no, cosa que también debería hacer, por ejemplo, el gobierno. Y no lo hace, no consulta a los pueblos originarios, ni siquiera para otorgar una concesión minera en su territorio. Así que bueno, estamos también junto con ellos en esta cruzada para proteger el entorno de Uspallata.

Y algo que hay que hacer notar, con esto que se viene ahora del “distrito minero” en Uspallata, es que el otorgamiento de concesiones mineras está disponible únicamente en aquellos territorios que no cuentan con áreas protegidas dentro de la provincia de Mendoza. Y si uno observa el mapa de catastro minero, va a poder ver que donde existen áreas protegidas, prácticamente no hay concesiones. Ya que las Áreas Protegidas mendocinas prohíben expresamente la minería.

Ya hay un fallo de la Corte Suprema que dice que las concesiones petroleras o mineras dejan de ser “ejercitables”, si se otorgan dentro de un área protegida o si quedan comprendidas en la ampliación de otras. Está mencionado eso también en el Código de Procedimiento Minero: la Dirección de Minería tiene la obligación de consultar si un proyecto minero está comprendido o no dentro de las áreas protegidas.

Y en el mapa de catastro minero hoy se puede ver que en la zona de Uspallata, prácticamente no queda espacio dentro del territorio que no esté comprendido dentro de una concesión minera metalífera.

Hasta hace poco, era un secreto guardado bajo llave, y después de años y cientos de notas y pedidos, el gobierno Mendoza publicó un mapa interactivo con el catastro minero, y lo que se ve concretamente es que prácticamente todo el territorio de Uspallata está cubierto de concesiones mineras, son más de 300.

El límite que tiene esa expansión de la ocupación por concesiones mineras son precisamente las áreas protegidas. El Valle de Uspallata y todo el entorno montañoso está rodeado por el Parque Aconcagua que está al oeste, la Reserva de Villavicencio que está al este, el Parque Provincial Cordón del Plata que está al sur y el límite con San Juan al norte. Eso forma un polígono que rodea el entorno montañoso de Uspallata. Y es lo que el gobierno pretende desarrollar como el “distrito minero Uspallata”. De manera que, vale insistir, en Mendoza actualmente la frontera a esa expansión extractivista únicamente la están marcando las Áreas Naturales Protegidas existentes.

Proyecto de Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas

Así que por eso rescatamos la importancia del proyecto, y también obviamente hacemos un llamado de atención para defender las áreas protegidas que hoy tenemos en la provincia de Mendoza, porque así como el gobierno ha ido avanzando sobre distintas leyes, como la ley de Glaciares, o pretende avanzar también con la ley de Bosques, seguramente en algún momento, como ya lo pidieron los mineros hace unos años atrás, pretendan avanzar también con la ley de Áreas Protegidas de Mendoza. Así que destacamos e insistimos en la importancia que tiene eso para frenar el avance del extractivismo. 

HS: Con respecto al tema de Glaciares, ¿qué estás analizando actualmente sobre esa lucha en curso?

FS: En relación a la ley de Glaciares se está articulando en todo el país la demanda colectiva, ya en la provincia de Santa Cruz la Justicia federal lo ha frenado, y ahora la demanda colectiva se ha presentado en la provincia de La Pampa, donde supuestamente habría un juzgado federal que podría dar lugar a una medida, por lo menos una medida cautelar de primera instancia que frenara un poco esto. Hay que ir viendo también los alcances verdaderos que tiene esta ley que sancionaron ahora.

En la provincia de Mendoza, por ejemplo, la oposición política al gobernador Cornejo ha presentado un proyecto de ley que más o menos tiene los mismos parámetros que lo que era la Ley de Glaciares nacional que modificaron recientemente.

También en relación a las áreas protegidas tenemos que decir que, al tener un doble o triple manto protector legal, aproximadamente las dos terceras partes de los glaciares de Mendoza están comprendidos dentro de Áreas Naturales Protegidas, por lo cual no tendría alcance esta modificación de la ley de glaciares, por lo menos en las dos terceras partes de los glaciares de Mendoza.

Pero sí hay glaciares como los que rodean Uspallata, por ejemplo, que no cuentan con esa protección y que son parte del “distrito minero Uspallata”, de manera que es importante buscarle un manto de protección. Porque esos glaciares en particular están comprometidos, lo mismo que los glaciares de la Cordillera de Malargüe, que no cuentan con área protegida, un territorio bastante extenso que es parte de la cuenca del Río Colorado, que es un río interprovincial, sujeto al Principio de las Cuencas Compartidas. Así es que ha despertado la polémica en su momento cuando se pusieron a consideración los informes de impacto ambiental de los distritos mineros de Malargüe, tanto la primera versión y sobre todo la segunda, había varias concesiones mineras que están localizadas en ambiente glaciar y periglaciar, y el gobierno de Mendoza decidió avanzar, incluso sancionó una ley anterior a la modificación de la ley de Glaciares, una ley provincial donde aprueban un protocolo elaborado por las empresas mineras para intervenir en ambientes glaciares y periglaciares.

Fuente: parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com

Por eso Milei después salió a decir que Cornejo fue el que le tiró la idea de modificar la ley de glaciares, porque ya el gobierno de Mendoza con la ley 9685 aprobó, antes que se modificara la ley de Glaciares, que las mineras intervengan en estos ambientes, incluso violando lo que en ese momento eran los presupuestos mínimos para la aplicación de la ley de Glaciares.

Así que es complicado, en ese sentido, en lo que refiere a las regiones de Uspallata y la zona de Malargüe, cuyos glaciares son los únicos de la provincia de Mendoza que han quedado desprotegidos.

Es más o menos la mitad de la cordillera, los glaciares por ahí son menos porque la mayor reserva de glaciares está en la zona del cordón limítrofe del centro de la provincia Mendoza, y alrededor del cerro Aconcagua, que como decía también es un área protegida. Salvo el caso del río Tunuyán, el resto de los ríos tienen sectores donde hay glaciares que pueden ser afectados por la megaminería.

Además, algunos proyectos, como en el caso de la mina San Jorge, si bien no están situados en ambiente glaciar o periglaciar, van a generar material particulado, que el viento los puede llevar por una deriva de varios kilómetros, ya hemos visto en la zona de Barreal que el viento puede transportar el material particulado a unos 50 km, en ese caso es arena nomás, pero en el caso de las escombreras mineras que tienen metales pesados, eso puede caer arriba de los glaciares y aumentar el índice de derretimiento por su oscurecimiento, además de contaminarlos con metales pesados.

Hay un estudio sobre la cantidad de arsénico que se puede liberar, estamos hablando de toneladas diarias de arsénico que se pueden liberar a la atmósfera, y eso podría afectar también, cosa que no está contemplada en ningún plan de monitoreo del gobierno o la empresa.

Ahí hay que aplicar la ley de Residuos Peligrosos, la 24051, que habla de las emisiones de residuos tóxicos, pero bueno, es una ley que poco se aplica. Nosotros tenemos buena legislación en algunas materias, las leyes de presupuestos mínimos son legalmente las más sólidas y por eso las están atacando. 

HS: Con respecto al “distrito minero Uspallata”, ¿qué podés agregar sobre el tema?

FS: Desde un principio nos imaginábamos que el gobierno Mendoza, apenas aprobara lo de San Jorge, iba a tratar de reflotar otros proyectos que hay en el entorno montañoso de Uspallata, donde hay más de 300 concesiones mineras metalíferas. Hay proyectos de vieja data como Paramillos, por ejemplo, que es un proyecto que está a 20 km de Uspallata, y tiene una envergadura enorme, asimilable a Pascua Lama. Eso es una cosa realmente gigantesca. Y es un yacimiento que era explotado incluso desde la época de la conquista y colonización española, y hay antecedentes también de que los incas venían a buscar oro y plata de Paramillos. Como estos, hay muchos otros yacimientos en el entorno de la minera San Jorge.

Hace ya unos tres o cuatro meses atrás, el gobierno de Mendoza abrió una oficina de la empresa Impulsa, que es la empresa estatal minera de la provincia de Mendoza y sabíamos que seguramente venía por el lado de avanzar con una aprobación exprés de varios proyectos mineros al mismo tiempo.

Lo que están haciendo en Malargüe, que es aprobar entre 30 y 40 proyectos por tandas, así, de una sola vez, para prospección y exploración, y esto se ha confirmado ya hace alrededor de dos, tres semanas atrás, el gobierno llamó a un concurso, solicitud para buscar a una consultora para elaborar el informe de impacto ambiental del distrito minero, que no le quieren poner Uspallata, seguramente deben tener algún prurito para eso, le han puesto “distrito minero Mendoza Norte”. Pero los mapas que muestran al entorno montañoso de la localidad de Uspallata, flanqueado por las áreas protegidas de Villavicencio al este, Aconcagua al oeste y el Cordón del Plata al sur, todo lo que está ahí encerrado en ese territorio, y los límites de San Juan al norte, es lo que conformaría este distrito minero donde hay más de 300 concesiones, 70 de las cuales pertenecen a la minera San Jorge, pero también hay otros nombres.

En el caso de Paramillos hay una opción para explotarlo a favor del grupo Lundin, que es uno de los grupos mineros líderes a nivel mundial que está, por ejemplo, con los proyectos de Vicuña, José María en San Juan, que están despertando muchísima polémica en este momento por el problema que hay jurisdiccional entre San Juan y La Rioja.

Y después hay un proyecto en las cabeceras del Arroyo San Alberto que incluye los glaciares del Barauca y el Tambillo, que son la fuente de agua de Uspallata, en favor de empresas subsidiarias de Glencore, que también es una de las grandes corporaciones a nivel mundial, que en este momento están con Pachón en San Juan y con Mara en Catamarca.

Es decir que hay grandes jugadores a nivel mundial a través de empresas subsidiarias locales, que están queriendo también empujar ahí el distrito minero de Uspallata. Así que entendemos que es cuestión de meses, seguramente convocarán a una audiencia pública, también simulacro fraudulento, como todas las otras que ha habido. Seguramente como han hecho en Uspallata la llevarán a una zona alejada, a terreno amigo, para evitar la oposición social. Y armarán nuevamente el circo para aprobarlo en la legislatura, que recordemos a partir del primero de mayo hubo recambio legislativo y después de las últimas elecciones ya tiene mayoría de quórum propio en ambas cámaras el oficialismo de los radicales, que hoy está diluido con La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza.

En junio son las elecciones para el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, que es uno de los centros de altos estudios más importante del país. Y también se ha diluido la Franja Morada con LLA. El vicerrector actual, que es el que sonaría como el candidato oficialista, es el que quiere acceder al rectorado de la Universidad de Cuyo. Las asambleas mendocinas por el agua pura le han mandado una carta, en realidad a todos los candidatos, sobre todo por el tema de la avanzada en contra de la ley Glaciares, y planteando retomar los dictámenes críticos que ha emitido la Universidad de Cuyo, como el del proyecto San Jorge, por ejemplo, pero bueno… se emiten los dictámenes, pero después no los hacen cumplir y ni siquiera hacen mención a ello.

Hay un tema con las universidades públicas y las instituciones científicas que es la injerencia de las corporaciones extractivistas en su funcionamiento, a través de convenios de reciprocidad para la elaboración de planes de investigación y trabajo, para avalar la imposición del consenso extractivista en los territorios, desviando de esa manera el rol que tienen las instituciones públicas de educación e investigación, que es servir a las comunidades locales, al pueblo y no estar a disposición de las corporaciones. Básicamente, otro reclamo relacionado es la descorporativización de estos y otros estamentos del estado.

Recordemos además que la Universidad de Cuyo interviene en los institutos del CONICET que están en Mendoza, que son el IANIGLA, el IADIZA y el INCIHUSA, entre otros. Interviene de manera parcial y simbólica, junto al Gobierno de Mendoza en el financiamiento de esos institutos de investigación, en que la dirección es del CONICET. Por eso tiene una trascendencia fundamental y hoy en día con este tema del financiamiento universitario, el pasado martes 12 de mayo hubo una marcha en Mendoza donde también las Asambleas por el agua pura estuvimos participando y llevando estos reclamos.

HS: En relación a la persecución política, las causas a lxs presxs, ¿cuál es tu situación actual al respecto?

FS: En mi caso, estoy imputado, junto con Mauricio Cornejo, básicamente por estar en contra del proyecto de la minera San Jorge y a favor del proyecto del Área Protegida de nuestra asamblea, que significaría lisa y llanamente el fin de Minera San Jorge y los demás proyectos de ese tipo en Uspallata. Es una causa política armada, con bajada de línea del poder político y económico de Mendoza. Sin embargo, no tienen pruebas ni testigos, sólo varios testimonios no comprobables y contradictorios entre sí, de un denunciante que se han buscado, de lo cual surge una acusación armada a partir de un relato del fiscal que se aparta de la realidad, sin proveer ninguna de las pruebas que presentamos. Por ese mismo motivo, ha tenido varias derivaciones: en un primer momento, cuando nos meten presos, la protesta fue muy fuerte y con repercusiones nacionales e internacionales. Por eso, la jueza se declara incompetente, ya que una de las imputaciones es federal, de ahí que nos liberan de manera condicional, con fuertes restricciones económicas y de circulación. Además, nuestra imputación es muy grave.

Tenemos cuatro imputaciones, pero hay dos que revisten seriedad, por la cantidad de pena que implicaría en caso de ser declarados culpables: una es la de “amenazas coactivas”, que es un delito grave con hasta 15 años de prisión, y la otra, de “agrupación para la cohesión ideológica”, con hasta tres años de prisión y en concurso real, lo cual implica la sumatoria de las penas, o sea, que podríamos enfrentar una condena de hasta 18 años, lo cual obviamente no es excarcelable y podríamos pasar varios años presos en el hipotético caso que así lo disponga la justicia. Pero como la jueza se declara incompetente, se vio obligada a otorgarnos la libertad condicional, una libertad con muchas restricciones, empezando por la imposición de una fianza de 5 millones de pesos a cada uno de nosotros.

Los abogados tuvieron que firmar una caución para que pudiéramos estar libres, así que estamos ahí con una suerte de espada de Damocles, pues si alguno nos deja de patrocinar, tendríamos que pagar esa suma de dinero, por lo menos la caución que creo que es un tercio de ese monto.

Pero además, estamos con una serie de restricciones, no podemos salir de la provincia, ni del país, tenemos que pedir permiso, yo desde entonces ya he salido varias veces. En una de esas salidas, para la cual tenía la autorización de la fiscalía, también fui privado ilegítimamente de la libertad. Fue en agosto pasado, a partir de una invitación que me hicieron en un pueblo de Neuquén, Las Coloradas, donde también hubo un festejo por una conmemoración de los 10 años de la resistencia contra la megaminería. Y cuando llegué a la ciudad de Neuquén me privaron de la libertad, la policía federal, porque el fiscal no había levantado los pedidos de captura que pesaban sobre mí de cuando estuve prófugo más de 30 días. Y como el fiscal no hizo el trabajo que le corresponde y para lo que cobra de la nuestra (las tendría que haber levantado cuando me meten preso), me detienen ahí ilegalmente. Por esto, nosotros no solamente denunciamos al fiscal por su actuar decididamente negligente, sino que pedimos la nulidad de la causa.

Nos acusa de haber atacado a las doncellas de la UOCRA que mandó el gobierno de Mendoza y el intendente de Las Heras para pegarnos. Y resulta que fue al revés, porque encima hay un compañero nuestro, Flavio González, que ligó una trompeadera y le quebraron la nariz. Y eso motivó también una denuncia, llamados al 911, etcétera. El fiscal Juan Manuel Sánchez está obviando eso. Que además nuestro expediente se inicia con el llamado de la esposa de Flavio González, que está registrado en el acta policial. Entonces, el fiscal tiene que empezar a investigar eso, pero no, él hace la acusación diciendo que nosotros atacamos a los manifestantes promineros, cuando fue al revés. Hay que decir además que nuestras pruebas no han sido provistas por el fiscal, hemos tenido que usar las pruebas del denunciante para tratar de defendernos. Nos acusan de amenaza solamente por dichos de la persona que nos denuncia, que nunca existieron. Ni siquiera están expresadas en el texto de su denuncia como amenazas coactivas, que es augurarle un mal futuro a alguien, cosa que ni siquiera dijo el denunciante, o sea que el fiscal ha manipulado la causa, el fiscal ha querido armar una acusación a partir de declaraciones contradictorias del denunciante, a quien tuvieron que hacer ir a declarar cuatro veces, porque nunca dio un dato preciso o concluyente y nunca pudo probar esas supuestas amenazas.

Han hecho declarar a unos 30 testigos, ninguno pudo acreditar que nosotros hemos amenazado a esta persona, que el atentado ese que nos adjudican, perpetrado por allegados a la Unión Cívica Radical, tenga que ver con la asamblea y, menos que menos, que hayamos agredido o privado de la libertad a ellos o a las personas que nos denuncian.

Por eso hemos pedido la nulidad de la causa, y accesoriamente su unificación con la denuncia de Flavio González, que estuvo dormida nueve meses hasta que se metió la APDH y la pudo hacer mover. Han robado algunas páginas de ese expediente, del expediente del Flavio, con lo cual recién ahora han acusado a una persona de agredirlo.

Ese pedido de nulidad se ha ido demorando meses, porque lo pedimos en agosto, recién en diciembre nos dieron la primera audiencia, en febrero nos dieron la segunda, pero la suspendieron porque se olvidaron de grabarla, y recién la semana pasada fue mi abogado a la sustitución de la segunda audiencia y todavía estamos esperando la resolución de la jueza.

Entendemos que debería ser favorable para nosotros, pero como la causa está armada puede pasar cualquier cosa. De todos modos si la jueza no da lugar a la nulidad, podemos apelar hasta la corte provincial. A su vez, el fiscal quiere elevar la causa a juicio, a lo cual, obviamente, nos vamos a oponer porque lo único que tiene el fiscal es que nos sitúan a Mauricio y a mí en esa manifestación del 24 de enero, y para él eso pareciera ser motivo suficiente para acusarnos de todos los delitos que nos imputan.

La jueza, antes de elevar la causa a juicio, tiene que volver a declararse incompetente sí o sí, porque el delito de agrupación para la corrupción ideológica es federal, no lo puede juzgar la justicia provincial. Y como el juez federal de Mendoza ya se declaró incompetente y dijo que no hay delito, la causa tendría que pasar a la Corte Suprema de la Nación. Y ahí tampoco quieren que vaya porque seguramente va a morir. Mi abogado defensor me ha dicho que lo que hacen con estas causas armadas políticas es dejarlas dormir, pero como nosotros tenemos una imputación muy grave, pueden llegar a pasar muchos años y se nos puede ir la vida en esto.

Por eso estamos buscando de una manera u otra la nulidad de la causa, para lo cual también estamos recurriendo denuncias internacionales. Hemos denunciado esto ante la Comisión Internacional contra la Tortura, el Centro Internacional de Empresas y Derechos Humanos, a la Organización Internacional de los Defensores de Primera Línea, hemos elevado a la relatoría de las Naciones Unidas y ahora, hace poco, fue una compañera nuestra a la última Conferencia de las Partes del Acuerdo Escazú para también denunciar, no solamente nuestro caso, sino el de aproximadamente 40 personas más que están siendo perseguidas con imputaciones por el gobierno de Mendoza.

Así que entendemos que seguramente va a seguir un tiempo más. Nuestra expectativa es que con algún cambio en el poder político probablemente esto se caiga, toda esta pantalla que han montado en contra nuestro se caiga. Estamos completamente convencidos que todo esto tiene un tinte intimidatorio y amedrentativo para tratar de frenar o tapar la protesta social.

Finalmente, decir que toda esta persecución oficial hacia nosotros demuestra que la megaminería no solo contamina, saquea, depreda y tiene impactos negativos ambientales, sociales y económicos, sino que además viola los derechos humanos, porque como no pueden imponerla por las buenas, el gobierno recurre a la violencia y a prácticas antidemocráticas para intentar tapar la oposición popular a sus planes devastadores.

Fuente:  huelladelsur.ar