Mensis horribilis para el gobierno boliviano de Rodrigo Paz
Seis meses bastaron para que el gobierno de Rodrigo Paz entrara en una espiral de desgaste. Lo que comenzó como una protesta por salarios, combustibles y tierras terminó en la ruptura entre el oficialismo y la base popular que lo llevó al poder. Entre bloqueos, fracturas sociales, represión, disputas territoriales y una ultraderecha que también capitaliza el desgaste. Bolivia ingresa otra vez en un escenario conocido: "el poder dual"
¿Quién no desea ser presidente? En Bolivia, hoy, nadie. El gobierno de Rodrigo Paz atraviesa el momento político más delicado desde su llegada al poder, hace tan solo seis meses.
Lo que comenzó como un conflicto sectorial alrededor de demandas salariales, un pedido de mejora de la calidad de la gasolina y la abrogación de la Ley 1720 (de reclasificación de la propiedad de la tierra) terminó convirtiéndose, en menos de un mes, en una crisis múltiple de gobernabilidad: hoy hay bloqueos, fracturas internas, sindicatos de distinta índole movilizados, tensión territorial, desgaste gubernamental y un país confrontado por clivajes regionalistas activos.
La crisis tuvo un punto de inflexión el 1 de mayo. El cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de El Alto para conmemorar el Día del Trabajo no fue un mero acto sindical sino un hecho político nacional.
Allí se aprobó simbólicamente una agenda que iba mucho más allá de las reivindicaciones laborales: rechazo a la Ley 1720, defensa de las empresas estatales, oposición a las privatizaciones, defensa de la Constitución Política del Estado, una reposición salarial que compense la inflación y la exigencia de un “plan país” que haga frente al deterioro económico que sufre el país (se espera una recesión este año, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en un decrecimiento de 3% del Producto Interno Bruto).
El conflicto, que tiene raíz económica, también se nutre de causas políticas. Muchos sectores sociales quedaron sin representación en las elecciones de fines del año pasado
El movimiento obrero mostró que todavía tenía capacidad de articulación. Maestros urbanos, trabajadores en salud, fabriles, juntas vecinales de La Paz, sectores campesinos y organizaciones indígenas comenzaron a coordinar sus medidas de presión con la COB.
Esta renovó su acuerdo político con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), ampliando la base territorial del conflicto. La explicación es que el malestar no solo es corporativo; es político y de base ancha.
En respuesta, el Gobierno insiste en reducir todo a una operación dirigida por el expresidente Evo Morales. Esta estrategia oficial tiene la finalidad de polarizar y, entonces, encolumnar a los sectores sociales que aplaudieron la caída de Morales en 2019 detrás de Paz. Pero ha pasado mucho desde entonces.
Como es lógico, el llamado “evismo” intenta capitalizar la crisis organizando una marcha desde Caracollo a La Paz, con el propósito de devolverle centralidad a la figura de Morales. Sin embargo, pensar que decenas de sectores movilizados responden únicamente a la conducción vertical del expresidente es absurdo.
La gente lo sabe. Y es que hoy existe una articulación mucho más compleja, los actores son distintos, incluso contradictorios entre sí, y los unifica la molestia frente al Gobierno.
El conflicto, que tiene raíz económica, también se nutre de causas políticas. Muchos sectores sociales quedaron sin representación en las elecciones de fines del año pasado, porque las autoridades electorales les bajaron las siglas políticas.
Entonces advertimos que la acción de este bloque, que ya no podía ser institucional, tendría que ser callejera. Pero, además, algo más grave.
El votante popular que favoreció a Paz-Lara no ha encontrado una forma de identificarse con el Gobierno, porque este decidió girar y aliarse con la derecha, esto es, constituirse en un gobierno de la élite social tradicional del país que ha despreciado de manera sistemática a las organizaciones sociales y a los indígenas. No solo el malestar explica la crisis; también el agravio.
La respuesta estatal no ha mejorado el escenario. Por ejemplo, una toma simbólica del Ministerio de Trabajo terminó con dirigentes aprehendidos y escenas de represión, de las que luego las autoridades quisieron retractarse. En el momento en que esta nota fue escrita, fuerzas conjuntas de la Policía y las Fuerzas Armadas estaban desbloqueando carreteras, una operación que, aunque hasta ahora no ha causado víctimas, siempre es delicada en un país como Bolivia.
Una toma simbólica del Ministerio de Trabajo terminó con dirigentes aprehendidos y escenas de represión, de las que luego las autoridades quisieron retractarse
El Gobierno también intenta frenar la movilización con métodos consensuales. Por eso ha decidido abrogar una ley aprobada hace poco por el Parlamento para poder saltarse la protección constitucional a las parcelas pequeñas de tierra o solares campesinos, que gracias a ella no pueden ser embargados.
La Ley 1720 autorizaba a los propietarios a “reclasificar” sus pequeñas propiedades como si fueran medianas, con los que podrían eludir la prohibición constitucional y acceder a créditos bancarios, pero también ser embargadas y rematadas en caso de impago. La norma fue promovida por las asociaciones de terratenientes del oriente de Bolivia.
Los sectores campesinos se oponen a esta ley porque temen que dé lugar a una reconcentración de la tierra, que en Bolivia, a diferencia de otros países latinoamericanos, ha sido ampliamente distribuida entre millones de pequeños propietarios desde la reforma agraria de 1953.
Que el objetivo real de la ley es la reconcentración parece indicarlo el que esta norma haya sido enérgicamente defendida por los representantes de derecha de la zona agropecuaria del país. Por eso su abrogación es hasta ahora la victoria más clara de las movilizaciones.
Pese a esta concesión, el conflicto no ha dejado de escalar. Las juntas vecinales están en las calles en contra del encarecimiento del costo de vida y la crisis de combustibles. Dejaron completamente inmovilizada a la ciudad de El Alto. Los maestros urbanos ejercen presión por salarios y presupuesto.
El transporte pesado, que había llegado a un acuerdo, decidió dejarlo de lado y seguir protestando por la mala calidad y escasez de los carburantes. El país ha comenzado a entrar en una lógica de movilización acumulativa y escalonada, como lo advirtió la COB después del Cabildo.
En medio de esta tormenta, el pasado fin de semana Paz intentó recuperar la iniciativa convocando en Cochabamba a un “gran encuentro nacional”. Fue probablemente la primera medida estrictamente política que adoptó desde el inicio de su gestión, pues hasta ahora había respondido a la crisis con discursos grandilocuentes, parches por aquí y por allá, una comunicación errática y algo de represión policial.
La convocatoria al encuentro pareció reconocer que Bolivia atraviesa un problema de gobernabilidad y no solo un desajuste económico. Admitió que, por más esmero que haya en publicar encuestas favorables, al Gobierno no le alcanza solo. Así que debe buscar acuerdos extrapartidarios, romper bancadas parlamentarias, construir alianzas territoriales, etc.
El encuentro también mostró las limitaciones del oficialismo. Las ausencias fueron importantes: no estuvo la COB ni los sectores movilizados ni representantes del bloque popular e indígena. Tampoco participaron algunas figuras políticas importantes.
En medio de la crisis, el histriónico vicepresidente Lara, que no fue invitado a Cochabamba, dio una muestra de sensatez. En una carta pública reconoció que las promesas de campaña de Paz y él son compromisos políticos que no se han cumplido y que la decisión del presidente de relegar a la base social que lo llevó al poder y convertirse en el gobernante de quienes, en cambio, no votaron por él, ha terminado convirtiéndose en una forma de agravio político.
El dirigente “evista” Reynaldo Ezequiel se disponía a dar una conferencia de prensa en Santa Cruz cuando fue atacado físicamente por tres representantes de la Unión Juvenil Cruceñista
Como es usual en estos casos, algunos actores contribuyeron a la polarización echándole sal a la herida histórica de Bolivia, el racismo. El dirigente “evista” Reynaldo Ezequiel se disponía a dar una conferencia de prensa en Santa Cruz cuando fue atacado físicamente por tres representantes de la Unión Juvenil Cruceñista, que desde hace décadas es el grupo de choque de la élite de Santa Cruz, la región más conservadora del país.
Este grupo se alimenta de violencia simbólica, regionalismo y racismo. Cada vez que un conflicto social tensiona a la sociedad, emerge el subsuelo colonial de esta y entonces lo indígena, lo popular y lo campesino vuelven a ser objeto de desprecio abierto.
Otro problema para Rodrigo Paz, que se nota menos, pero está ahí, es que su desgaste comienza a ser capitalizado políticamente por la derecha. Jorge “Tuto” Quiroga está logrando ocupar cada vez más espacio como voz crítica del oficialismo, mientras señala el “deterioro prematuro” del Gobierno.
Parte importante del desencanto empresarial y conservador se debe a que esperaban políticas más derechistas como las que propone Quiroga. Este está dando los pasos necesarios para mostrarse como una alternativa de orden frente a un gobierno que luce errático y sin conducción clara.
Mientras tanto, la inflación avanza, el gabinete se contradice sobre un eventual acuerdo con el FMI, un magistrado del Tribunal Agroambiental murió asesinado por sicarios y, en fin, se genera la sensación de descontrol gubernamental.
El Gobierno entró demasiado pronto en la zona de desastre. Es probable que estemos ante el inicio de una erosión acelerada de su legitimidad
Muchos de los actores de las protestas piden la renuncia de Paz. Es improbable que esta consigna tenga efectos prácticos, pero muestra la gravedad del malestar generado por el giro del presidente votado por los pobres hacia las clases dominantes tradicionales del país. El Gobierno entró demasiado pronto en la zona de desastre. Es probable que estemos ante el inicio de una erosión acelerada de su legitimidad.
Y eso, en Bolivia, es gravísimo.
El país entra una vez más en un terreno que conoce bien, el de la “dualidad de poderes” que ya explicaba René Zavaleta Mercado en 1974. Volvemos a ver la convivencia entre un Estado burgués (restaurado por Paz) y un poder popular que se resiste a obedecer.
En suma, el Gobierno conserva el aparato estatal, pero muy desorganizado y débil; los sindicatos recuperan su capacidad en la calle y el “evismo” vuelve al centro del tablero. Por derecha, Tuto capitaliza el desgaste, mientras el malestar popular se multiplica sin una conducción única.
El conflicto ha dejado de ser uno por demandas sectoriales y se ha convertido en una disputa abierta por la visión que debe guiar el cambio del país.
Fuente: www.diario-red.com
