Negociar mientras matan: La doble cara del Clan del Golfo

Idioma Español
País Colombia

El grupo narcoparamilitar recrudeció sus amenazas contra organizaciones sociales, liderazgos y comunidades en medio de los diálogos de paz con el Gobierno Petro.

En los últimos días, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, estigmatizó al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Esta organización, dedicada a la defensa de los derechos humanos desde 1972, ha elaborado diversos informes que analizan la presencia y las acciones del grupo criminal en varias regiones del país.

El Clan del Golfo señaló al CINEP de tener vínculos con grupos ilegales, a los que considera sus enemigos. Ante estos señalamientos, la Defensoría del Pueblo, la Embajada de Suiza en Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, junto a otras organizaciones y personas, expresaron su solidaridad con el centro de investigación.

El CINEP es una fundación especializada en temas como educación para la paz, educación popular y ciudadana, derechos humanos, violencia política, memoria histórica, movimientos y luchas sociales, interculturalidad, justicia transicional étnica, mediación, negociación e implementación integral del Acuerdo de Paz.

Clan del Golfo amenaza liderazgos sociales y procesos electorales

Karina Orozco, lideresa social y candidata al Congreso por el sur de Bolívar, denunció amenazas en su contra por parte del Clan del Golfo en el municipio de Simití. La revista Raya reveló chats, vídeos y grabaciones que confirman los señalamientos contra Orozco, quien también es locutora comunitaria y acaba de regresar del exilio.

El mismo grupo paramilitar que la amenaza es responsable del asesinato de otros liderazgos sociales, como Narciso Beleño en 2024 y Jairo Alberto Díaz en 2025.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre las amenazas que enfrentan quienes aspiran a las curules de paz en Córdoba. Marín advirtió que cinco municipios del departamento presentan el nivel más alto de riesgo electoral y exigió una intervención urgente del Estado. También denunció la influencia del Clan del Golfo en varias zonas de Córdoba y las amenazas directas contra los candidatos, lo que pone en peligro los espacios creados para garantizar la representación política de las víctimas del conflicto.

Los alcances del Clan del Golfo

Según InSight Crime, centro de pensamiento especializado en el análisis del crimen organizado, el Clan del Golfo es hoy el grupo criminal y de narcotráfico más grande de Colombia, con cerca de 6.000 integrantes armados.

Surgido de los paramilitares de las desmovilizadas AUC, el grupo protagonizó en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, un paro armado de cinco días en respuesta a la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. En al menos 12 departamentos, la organización cometió crímenes que afectaron gravemente a la población civil.

Desde entonces, el Clan del Golfo persiste en la persecución y amenaza de liderazgos sociales y comunitarios. Impone un modelo de control paramilitar y contrainsurgente en los territorios, mientras las comunidades denuncian la falta de acción de la fuerza pública y sus presuntos vínculos con el grupo.

Actualmente, el Clan del Golfo tiene una fuerte presencia en Urabá, Antioquia y la costa Caribe. También sostiene enfrentamientos con el insurgente ELN por el control territorial en departamentos como Chocó y el sur de Bolívar.

Además del tráfico de drogas, la trata de personas y la minería ilegal, el grupo se financia mediante la extorsión a negocios y empresas en las zonas que controla. Una investigación de Vorágine reveló que el Clan desvió 35.194 millones de pesos destinados a la salud y al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Antioquia y Chocó. La organización también mantiene vínculos con empresarios, políticos regionales e integrantes de la fuerza pública.

En septiembre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro anunció el inicio de diálogos con el Clan del Golfo en Doha, Catar. El grupo paramilitar suspendió las conversaciones en febrero de 2026, tras el encuentro del mandatario colombiano con Donald Trump, pero las retomó el 17 de febrero.

Fuente: Colombia Informa

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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