Otro intento de entrega de soberanía
La reforma del Gobierno profundiza la concentración transnacional, encarece la producción nacional de alimentos y pone en riesgo la soberanía alimentaria.
El nuevo intento de modificar la ley de semillas es un viejo anhelo de las corporaciones transnacionales, y logró avanzar un casillero al ser incluido en el acuerdo UE-Mercosur el compromiso de adherir al convenio UPOV 91. Este tratado limita sustancialmente el derecho al uso propio de los agricultores y lo convierte en una facultad reglamentada, otorgando a las empresas semilleras el control sobre el material cosechado, la posibilidad de extender el cobro de regalías a cada resiembra y la opción de combinar el sistema con el patentamiento biotecnológico.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación de la Nación, aseguró que el “70% del comercio de semillas es ilegal en la Argentina”. Ese es el marco conceptual del Gobierno: pretende criminalizar a los agricultores que mantengan la práctica consuetudinaria de reutilizar, almacenar o intercambiar semillas.
El cobro de regalías sobre seres vivos altera la relación histórica entre el agricultor y su tierra.
La imposibilidad de almacenar simiente sin incurrir en pagos de patentes acentúa la concentración del mercado en manos de corporaciones transnacionales, encareciendo los costos de producción. En la discusión aparece soslayado que un cultivo promedio tiene entre 25.000 y 45.000 genes, una genética desarrollada colectivamente por generaciones de campesinos agricultores durante más de 10 mil años. Frente a esto, las empresas modifican entre 1 a 3 genes, pero reclaman derechos de propiedad privada sobre la totalidad de la planta y sus generaciones futuras. Según informes de la FAO, a lo largo del último siglo se ha perdido cerca del 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas a nivel mundial; de las 250.000 a 300.000 especies de plantas comestibles conocidas, solo unas 150 a 200 son cultivadas comercialmente a escala. Esto, en buena medida, se asocia a la criminalización del uso de las semillas criollas y a la estandarización global de híbridos y transgénicos patentados.
El mercado de semillas exhibe un nivel de concentración sin precedentes: apenas tres megacorporaciones transnacionales monopolizan más del 60% de las ventas globales de semillas comerciales y patentes biotecnológicas. En la Argentina, el sector moviliza entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales. Una porción significativa de esta cifra se fuga hacia el exterior mediante la importación directa de insumos y el giro de divisas en concepto de licencias y regalías biotecnológicas hacia las casas matrices de los grandes conglomerados.
Para evitar diagnósticos simplistas, resulta indispensable abordar el análisis comprendiendo la complejidad y heterogeneidad de los subsistemas de producción agrícola argentinos. No es posible medir con la misma vara la producción extensiva de cereales y la producción intensiva o de pequeña escala de legumbres y hortalizas. Mientras los primeros operan en esquemas de gran escala altamente capitalizados, el sector hortícola y legumbrero sostiene la producción de alimentos directos para el mercado interno y el arraigo territorial, mediante dinámicas socioeconómicas totalmente distintas.
Asimismo, dentro de la horticultura conviven los cultivos de reproducción agámica o vegetativa (como la papa, el ajo o la frutilla), donde el agricultor multiplica la planta a partir de sus propios órganos vegetativos (tubérculos, dientes o estolones), dependiendo de la reserva de material para sostener su rentabilidad. Estos coexisten con los sistemas de polinización abierta o variedades criollas, en los que los productores seleccionan sus propias semillas año tras año para mantener la adaptabilidad local, a diferencia del modelo de híbridos comerciales donde la semilla se adquiere en cada ciclo. En los cultivos extensivos, el uso propio no fiscalizado y el mercado informal representan entre un 30% y un 50% de las siembras; por el contrario, en la horticultura comercial predomina una alta dependencia de insumos importados, donde entre el 70% y el 90% de las semillas empleadas son híbridos traídos del exterior.
En el mercado hortícola nacional, estimado entre 50 y 60 millones de dólares, las variedades de polinización abierta representan del 30% al 35% del valor total, mientras que el resto corresponde a híbridos importados de alto valor. Mientras los híbridos dificultan el uso propio por derivación genética, las variedades de polinización abierta lo facilitan. El INTA ha desarrollado innumerables cultivares que permiten que los productores puedan reducir sus costos de producción reutilizando semillas de sus cultivos. No obstante, al analizar casos específicos la realidad varía: el cultivo comercial del tomate aparece dominado por híbridos comerciales importados de alto rendimiento. Aquí, el convenio UPOV 91 consolidará un esquema de costos dolarizados, cerrando el margen para el desarrollo y preservación de variedades de polinización abierta y semillas criollas no registradas. A pesar de esto, una buena parte de la agricultura familiar y campesina utiliza semillas criollas y variedades (como la serie UCO desarrollada por el INTA) que permiten el uso propio de la semilla y no requieren de la aplicación intensiva de insumos; por lo tanto, garantizan cierta autonomía del sistema financiero.
La papa se multiplica a través de tubérculos-semilla (reproducción agámica). La reserva de tubérculos para la siguiente campaña es clave para la sustentabilidad del productor. Bajo UPOV 91, la fiscalización sobre el material derivado obligaría a pagar derechos en cada ciclo de multiplicación, afectando las economías regionales de Córdoba, Buenos Aires y el NOA. En el caso del ajo, el productor produce y selecciona su propio material de siembra. Restringir el reúso de esta “semilla” vegetal impactaría directamente en la viabilidad económica del Oasis de Cuyo (Mendoza y San Juan).
La eventual adopción de UPOV 91 reorganizaría el mapa agroalimentario argentino y acentuaría las asimetrías para los pequeños y medianos productores. Esto aumentaría la brecha entre el modelo de commodities altamente capitalizado y el entramado hortícola local enfocado en el mercado interno. Este escenario puede presentar un fuerte impacto en el derecho a la alimentación del pueblo argentino, afectando la soberanía alimentaria y trayendo otras consecuencias ecológicas debido a la pérdida de diversidad genética, lo que expone a los sistemas agroalimentarios a crisis derivadas de nuevas plagas asociadas al cambio climático.
La discusión de la Ley de Semillas debe ser federal y participativa. Debe desbordar el Congreso y permitir que las organizaciones agropecuarias de todo el país, las universidades y los movimientos sociales, sindicales y políticos se informen y aporten en torno a un tema que es tan medular como la tierra a la hora de pensar un país justo, soberano y desarrollado.
* Referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA).
Fuente: Página 12
