PIACI: negacionismo y economías ilegales

9 de mayo, 2026.- Aunque la idea de que la Amazonía es un espacio vacío carente de habitantes persiste en el imaginario urbano y principalmente en los representantes políticos del país y empresarios, en el territorio viven cientos de comunidades indígenas, algunas de las cuales se mantienen en aislamiento voluntario y otras en contacto inicial.

Incluso, el Estado peruano ha reconocido a seis reservas indígenas y dos reservas territoriales, por lo cual su existencia está confirmada y negarlo es contradictorio.

Históricamente, estas poblaciones fueron diezmadas y hasta exterminadas con la llegada de colonizadores, evangelizadores y empresarios del caucho que bajo la falsa idea de desarrollo llevaron a su territorio enfermedades, padecimientos y esclavitud. Su autodecisión de permanecer aislados y no ser contactados se originan en estas violencias históricas. 

Evaluando este pasado, sería lógico legislar en salvaguarda de los PIACI y tomar acciones inmediatas para garantizar su seguridad; sin embargo, sucede todo lo contrario. El discurso negacionista de su existencia se reproduce y expande, motivado por intereses económicos ligados a actividades extractivas. 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) lanzó una nueva alerta sobre la intención de ciertos grupos de poder de negar la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI) para impedir la creación de la Reserva Indígena solicitada Napo Tigre, ubicada entre las provincias de Loreto y Maynas, en la región Loreto.

En pocos días se realizará la próxima sesión de la Comisión Multisectorial en los que se evaluará los resultados preliminares de los productos 2 y 3 del Estudio Adicional de Categorización de la Reversa Indígena solicitada Napo – Tigre.

Precisamente, en estos días, estos grupos y actores de influencia emprendieron la difusión de cartas y videos negando la existencia de los pueblos Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane y Záparo. Esto ocurre a pesar de que estos pueblos fueron reconocidos por el Estado peruano mediante el Decreto Supremo 010- 2022-MC.

Aidesep precisa que desde el 2004 cuando se solicitó la creación de la Reserva, personas vinculadas a empresas petroleras y de otros rubros económicos, así como autoridades regionales, funcionarios del Ejecutivo y hasta congresistas han dificultado el reconocimiento, haciendo que el proceso se extienda hasta por 22 años.

Pero este no es el único caso negacionista que enfrentan los PIACI, principalmente en Loreto. En abril de este año, Aidesep realizó otro comunicado extenso, alertando la presentación de proyectos de ley que amenazan a estos pueblos y que podrían conllevar a un genocidio de no ser evaluados adecuadamente y promulgados.

Se trató de los Proyectos de Ley 14288/2025-CR y 11822/2024-CR formulados por el congresista Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso) y Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) respectivamente. Ambos proyectos buscan ingresar en áreas naturales protegidas donde viven los PIACI para iniciar actividades extractivas.

En el caso de Salhuana Cavides, que presentó el proyecto 14288/2025-CR, propuso priorizar la explotación de gas en el Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, todos estos territorios de gran biodiversidad y en los que Aidesep, precisa, existen PIACI.

Aidesep aseguró entonces que el cuestionable proyecto había sido derivado a la Comisión de Energía y Minas, y la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que pretenderían aprobarlo sin consulta, afectando los derechos al territorio de las comunidades nativas y de los PIACI.

Por otro lado, también se presentó el proyecto de Ley N°11822/2024 formulado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi que precisa modificar la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, para facilitar la extracción de hidrocarburos y otros recursos en parques nacionales y otras categorías que actualmente están prohibidas.

Si bien la iniciativa fue archivada por la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), el proyecto permanece en la Comisión de Energía y Minas, pese a que existen informes técnicos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Cultura, que la desestiman.

Otras iniciativas al ataque

Estos proyectos no son los únicos. En 2023, el congresista Jorge Morante Figari y en 2025 el congresista, Juan Carlos Mori Celis también buscaron modificar la Ley PIACI con la finalidad de que la responsabilidad de reconocimiento de esta población pasara del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales y que su categorización fuera renovable.

Estas acciones se dan a pesar de que el Perú ratificó en los años noventa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la Ley N° 28736 o Ley PIACI  que  tiene por objetivo establecer el régimen especial transectorial de protección de esta población, garantizando en su derecho a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad.

Contradiciendo su deber legal en setiembre de 2025, la Comisión Multisectorial PIACI desaprobó el Estudio Adicional de Categorización (EAC) que se requería para reconocer la Reserva Yavarí Mirim. Esto se hizo a pesar que se busca el reconocimiento de esta área hace más de 20 años.

Cabe destacar que entidades como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Defensa, del Interior, el Gobierno Regional de Loreto y hasta las municipalidades provinciales de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas se opusieron a dicha creación.

La negatividad se produjo incluso cuando existen estudios antropológicos que registraron 113 evidencias de la existencia de pueblos en aislamiento Matsés, Matis, Korubo, Kulina – pano y Flecheiro en el territorio, donde actualmente se generan alertas de narcotráfico, deforestación, trata de personas y otras economías ilegales.

Tras la decisión, el presidente de la Federación de Comunidades Tikuna y Yahuas del Bajo Amazonas (FECOTYBA), Francisco Hernández Cayetano dijo al medio Vigilante Amazónico que la deforestación se incrementaría en el territorio producto de la expansión del sembrío ilegal de hoja de coca, tala ilegal y otras economías ilegales. La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente ( ORPIO) alertó de 95 mil alertas de deforestación en el área solicitada para la reserva indígena.

Además, ORPIO detalló que se estima que al menos 640 personas indígenas en aislamiento dependen del  Yavarí Mirim. Su existencia es irrefutable y se sustenta en resultados del Estudio Adicional de Categorización (EAC) en el que se identificaron malocas, chacras, cerámicas y ollas de barro, utensilios, fogatas, arcos y flechas, así como testimonios de encuentros fortuitos y avistamientos.

En este punto podemos sostener que la existencia de esta población no debería ser cuestionada, pero se pone en duda porque no va acorde a los intereses de quienes gozan de poder. Para estos el bosque es un espacio vacío carente de valor del que se sí puede aprovechar sus múltiples recursos, pero no así reconocer a su gente, porque son diferentes, es decir, en el fondo también existe un sesgo racista y discriminatorio.

Negar la existencia del que es diferente, solo porque no viste o concibe la vida como ellos la perciben en el mundo moderno, parece un simple acto de gustos e inclinaciones, pero resulta peligroso desde el poder, pues son ellos quienes tienen las riendas del país en sus manos, son ellos los que deciden qué hacer con el territorio, ese que para ellos solo es un pedazo de tierra, pero que para los pueblos indígenas tiene un valor complementario y espiritual.

El debate debe extenderse y no tomarse como simples alertas intermitentes, Perú debe empezar por aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su sistema y en sus políticas públicas, a fin de que el territorio no sea más arrebatado y las poblaciones puedan vivir libres de amenazas y peligros de exterminio.

Actualmente el Estado tiene cinco solicitudes postergadas para la creación de reservas indígenas, esto al margen de la existencia de evidencias acumuladas y a más de dos décadas de lucha de las organizaciones indígenas. Se trata de las solicitudes de reserva Napo, Tigre y afluentes, Pupuña, Atacuari, Yavarí Mirim en Loreto y Tamaya – Abujao en Ucayali las que aún están pendientes.

Fuente:  www.servindi.org