Paramilitarismo podría frenar reforma agraria
Mientras el gobierno electo planea el desmantelamiento institucional de la reforma agraria, aumentan las denuncias de ataques, amenazas y desplazamientos por parte de paramilitares contra comunidades y campesinos beneficiarios de tierras.
Lideresas de la Ciénega Grande, Vera Márquez y Gabriela Moreno, denunciaron este lunes que reciben amenazas y que sus comunidades sufren desplazamientos por parte del Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, grupos que se disputan la zona.
Estas comunidades, que históricamente han habitado en pueblos anfibios como Bocas de Aracataca, Nueva Venecia y Nueva Vista, se encuentran desplazadas y temen regresar a sus territorios.
Además, señalan que estos hechos han reducido la llegada de turistas, hoy una de sus principales fuentes de ingreso.
En el pasado, sus mismos habitantes estuvieron marcados por la violencia paramilitar y el desplazamiento forzado. Uno de los episodios más trágicos fue una masacre cometida por las AUC en el año 2000, cuando asesinaron a más de diez pescadores.
Igualmente, en días pasados, más de cien familias del Consejo Comunitario Sabaletas, asentadas desde hace más de tres meses en la finca La Floresta, en la zona rural de Tuluá, denunciaron intimidaciones por parte de hombres armados, que quemaron varias de sus pertenencias y algunas chozas de una comunidad indígena vecina.
Según María Yolanda Echeverry, líder de la comunidad, los predios fueron adjudicados legítimamente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Frente Nacional Afrocolombiano (FRENACOL), por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades para que les brinden protección y garanticen su seguridad.
Hace unos días, campesinos en Puerto López, Meta, fueron atacados y torturados para que abandonaran tierras recibidas durante el gobierno de Gustavo Petro. Recientemente, capturaron al autor material, quien, según su versión, actuaba por órdenes del narcotraficante apodado “Salomón”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a esta ola violenta y aseguró que se hace «urgente proteger a quienes se han beneficiado de la reforma agraria. La seguridad física de ellas y ellos, la seguridad jurídica y las garantías integrales han sido un reto que ahora se acentúa».
Director de la ANT llama a defender la reforma agraria
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, retomó su cargo a pesar de haber renunciado para hacer campaña junto a Iván Cepeda. Insistió en que grupos al margen de la ley amenazan e intimidan a campesinos que han recibido tierras en el Magdalena Medio, Meta y Córdoba.
Harman anunció que presentará cinco denuncias ante la Fiscalía por presuntos casos de despojo de tierras ocurridos tras las recientes elecciones.
“No vamos a permitir que el terror, las amenazas y el desplazamiento forzado vuelvan a ser las herramientas con las que las mafias concentran la tierra en Colombia”, afirmó.
Los avances que están en juego
Abelardo de la Espriella propone eliminar, liquidar o privatizar decenas de entidades públicas clave para el desarrollo rural en su documento “Política de Balance Fiscal 2026-2027”. Entre ellas figuran la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras.
Según Harman, durante su administración se ha fortalecido la capacidad de la ANT:
“Pasamos de tener 5 oficinas insignificantes en ciudades principales, donde el campesino debía llegar con su propio levantamiento topográfico, a contar con brigadas de profesionales que viajan a cada vereda para hacer el levantamiento de cada predio”.
El directivo espera que se respeten los avances en la entrega de tierras, ya que son parte del cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 y, además, constituyen una política de Estado.
También se han recuperado más de 450 fincas de la mafia y se ha avanzado en la formalización de resguardos y consejos comunitarios.
Según cifras del Ministerio de Agricultura, la ANT ha gestionado 806.082 hectáreas para proveer al Fondo Nacional de Tierras: 462.562 mediante compra directa por oferta voluntaria, 314.494 por procesos agrarios especiales y 29.026 por transferencia gratuita. La redistribución de tierras de este Gobierno supera en un 3.400 % a la del gobierno de Duque y en un 3.800 % a la de Santos.
Fuente: Colombia Informa
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