Perú: Retratan abuso de Yanacocha contra Máxima Acuña
Compartimos el reportaje que el programa periodístico Cuarto Poder emitió anoche con motivo del abuso que viene sufriendo Máxima Acuña y su familia por parte de la empresa minera Yanacocha. El reportaje es de Anuska Buenaluque.
Los enfrentamientos con Yanacocha datan de 2011, año en el que la minera la denuncia por el delito de usurpación agravada del terreno conocido como Tragadero Grande, que se ubica en las alturas de Cajamarca, en el corazón del proyecto minero Conga.
Lo cierto a la fecha es que la empresa no ha podido demostrar que el terrero le pertenece.
Lo que sí ha hecho, y de esto existen diversas pruebas, es violentar en numerosas ocasiones los derechos de Máxima y su familia.
Los ataques más recientes se registraron los días 20 de enero, 3 y 5 de febrero de este año.
El 3 de este mes, agentes de la empresa de seguridad Securitas, al servicio de Yanacocha, ingresaron de forma violenta, con apoyo de la policía, al predio ocupado por Máxima y su familia (ver noticia).
Lo que hicieron en el lugar fue destruir los cimientos de la casa de tapial (barro compactado) que venía construyendo la familia. Máxima quedó con el cuerpo herido.
El jueves último la empresa instaló muy cerca de la casa de la campesina de 44 años, un cerco y una caseta de vigilancia. Es decir, en adelante cada paso suyo será literalmente seguido por la empresa minera (ver noticia).
De otro lado, uno de los actores que viene siendo cuestionado por lo que está ocurriendo, es la Policía Nacional (ver noticia). Tal como se puede apreciar en el reportaje, todo parece indicar que el papel de la citada institución se reduce a la de ser cómplice de todo lo que Yanacocha hace en la zona.
Lo cierto a la fecha es que el 17 de diciembre la justicia determinó la inocencia de Máxima y su familia en los cargos que la empresa le asignaba por el supuesto delito de usurpación agravada (ver noticia).
Más aún, un elemento que no se toma en cuenta y que el gobierno ha obviado de todos los modos posibles es la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordena al Estado se proteja la vida e integridad de Máxima, su familia, y otras personas más que defienden sus territorios ante la amenaza del proyecto minero Conga de Yanacocha (ver noticia).
Ver reportaje: Aquí
Fuente: Servindi
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