Redistribución, Restitución, Reconocimiento y Regulación cuatro ejes mutuamente reforzados para una Reforma Agraria Integral

La Vía Campesina en CIRADR+20

En África, Asia, América Latina, el Caribe, la región árabe -incluida Palestina-, así como en toda Europa y América del Norte, los movimientos por la Soberanía Alimentaria se enfrentan a presiones históricas y recientemente intensificadas sobre la tierra, el agua y los territorios. La huella de la conquista colonial y la expansión imperial continúa estructurando las formas de control, acceso y propiedad. Al mismo tiempo, la creciente demanda capitalista actual de minerales, energía, mercados de carbono, la expansión y aceleración de la agricultura industrial y las guerras geopolíticas y sus esferas de influencia están creando una nueva ola de despojo.

Palestina, incluso antes de convertirse en el escenario de una guerra genocida de extrema brutalidad, constituía uno de los ejemplos más explícitos y continuados de colonialismo de asentamiento, en el cual la tierra y el agua son apropiadas sistemáticamente por medios militares, legales y de infraestructura, con absoluta impunidad. La ocupación israelí -facilitada por las potencias imperiales- impone un régimen de fragmentación territorial, expansión de los asentamientos, expropiación de tierras, apartheid del agua y destrucción deliberada de la agricultura y la pesca. A lxs agricultores palestinxs se les niega el acceso a sus propias tierras, mientras que los recursos hídricos son desviados a los asentamientos y controlados mediante una compleja matriz de órdenes militares, régimen de permisos y sistemas de vigilancia. En ese marco, la reforma agraria en Palestina no puede entenderse al margen de la lucha política contra la ocupación. Si bien Palestina constituye un caso paradigmático de las luchas por la tierra, el agua y los territorios, estos patrones de despojo se repiten en todos los continentes y regiones.

El poder estatal sin control, otorgando concesiones fiscales y territoriales a entidades privadas, ha facilitado la concentración de las tierras fértiles, los bosques y los recursos hídricos en manos de corporaciones e inversionistas extranjeros, socavando los medios de vida y derechos de campesinado, pueblos Indígenas, comunidades pastoriles y pescadoras.  La financiarización de la naturaleza -esto es, el proceso por el cual las finanzas globales “ponen precio” a la tierra y los ecosistemas- transforma los territorios naturales en activos especulativos y habilita la inversión masiva de fondos de pensiones, bancos y gestores de activos, profundizando el despojo, la degradación ambiental y la mercantilización de los bienes comunes.

Las reformas vinculadas al mercado promovidas activamente por instituciones como el Banco Mundial, refuerzan un modelo de propiedad privada individual, que conduce al despojo de lxs pequeñes agricultores, pueblos afrodescendientes y los Pueblos Indígenas, y favorece la expansión de monocultivos orientados a la exportación, megaproyectos de infraestructura, agricultura industrial y zonas económicas especiales Estas reformas profundizan las desigualdades, socavan los sistemas de tenencia comunal y consuetudinaria, debilitan la Soberanía Alimentaria y consolidan las jerarquías patriarcales, de castas y racializadas en el acceso a la tierra, el agua y los territorios.

El enfoque del Banco Mundial basado en el principio de “comprador dispuesto, vendedor dispuesto” concibe a la tierra como una mercancía en lugar de como un derecho histórico y colectivo. Al priorizar los títulos de propiedad individuales, este modelo desarticula los sistemas comunales e indígenas, afectando especialmente a las mujeres y los grupos marginados, y canaliza la tierra, el agua y los territorios hacia la agroindustria comercial, reforzando aún más la producción orientada a la exportación en detrimento de la Soberanía Alimentaria.

A menudo, el mito de la tierra “sin usar” o “Terra Nullius,” se invoca para legitimar este despojo, pese a que gran parte de la denominada tierra baldía sostiene prácticas esenciales como el pastoreo, el cultivo itinerante, la recolección y las prácticas culturales. En todas las regiones, la evidencia muestra que las reformas impulsadas por el mercado erosionan la Soberanía Alimentaria, rara vez mejoran los medios de vida y por el contrario, tienden a consolidar estructuras profundamente desiguales de control del acceso y la propiedad.

La expansión corporativa de las energías renovables impulsada introduce una capa adicional de despojo territorial. Las vastas granjas solares y eólicas en terrenos considerados “vacíos”, tanto en tierra como en agua, las zonas de ““hidrógeno verde”, la extracción de minerales estratégicos para baterías y las plantaciones de compensación de carbono se comercializan como soluciones climáticas. Sin embargo, estas narrativas de lavado verde ocultan el despojo que causan estos proyectos, lo que permite a los Estados y a las empresas enmarcar estas formas flagrantes de apropiación como “desarrollo sostenible”.

Por si fuera poco, las guerras, los conflictos, la competencia geopolítica y la creciente militarización están impulsando una nueva ola de apropiación de tierras, agua y bosques a escala global. Los gobiernos invocan la “seguridad nacional”, la “seguridad energética” y la “soberanía tecnológica” para justificar la conversión de vastos territorios en bases militares, zonas de ensayo de misiles, bases de lanzamiento espacial y zonas fronterizas fortificadas. A ello se suma la carrera global por la energía y por infraestructuras altamente demandantes de agua —centros de datos de inteligencia artificial, plantas de semiconductores, centrales nucleares, mega presas, puertos, corredores logísticos y extracción de minerales estratégicos—, que impone una huella territorial de gran escala.

Todos estos factores están expulsando al campesinado y los Pueblos Indígenas de las zonas rurales masivamente. La juventud que ha crecido en esta era neoliberal observando la desaparición de las pequeñas fincas migra en busca de oportunidades en las ciudades. Lxs campesinxs que han sido despojados de sus medios de vida agrarios, se ven obligados a emprender viajes largos y a menudo peligrosos en busca de una oportunidad de estabilidad económica. Quienes permanecen enfrentan infraestructura en deterioro, falta de servicios y transporte público, y un aislamiento social agudizado. La desruralización ha sido una decisión consciente por parte de decisores políticos y gigantes corporativos sin el consentimiento de la población rural: el capitalismo y el colonialismo han creado violentamente las condiciones para el despojo.

A medida que los países compiten por el poder y las ventajas estratégicas y económicas, las salvaguardias ambientales y los derechos de las comunidades quedan relegados a un segundo plano, mientras quienes se organizan para defender estos derechos enfrentan criminalización, persecución y violencia por parte del aparato estatal y sus dispositivos institucionales. El resultado es un patrón generalizado de concentración de la tierra, financierización de la naturaleza, despojo y profundización de las desigualdades sociales en todo el mundo.

El despojo ha adoptado formas distintas, aunque no menos devastadoras. Más allá del clásico acaparamiento de tierras, la reestructuración agraria, la liberalización de los mercados y las contrarreformas han impulsado la eliminación sistemática de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Este proceso ha socavado la función social de la agricultura campesina-cuya función principal es alimentar a la población- y ha acelerado la despoblación rural y el abandono de las tierras.

A medida que campesinxs son expulsados de la actividad agrícola, las políticas agrarias dependen crecientemente de mano de obra migrante precarizada para sostener el sector primario, mientras que los conocimientos agrícolas locales, la Soberanía Alimentaria y los medios de vida rurales se ven progresivamente debilitados. Al mismo tiempo de los sistemas de protección social y de jubilación para agricultorxs de edad avanzada bloquea la renovación generacional, impidiendo que lxs jóvenes accedan a la tierra y mantengan la agricultura como medio de vida viable. Esta dinámica afecta de manera desproporcionada a las mujeres, lxs jóvenes y las personas de géneros y sexualidades diversas, históricamente más vulnerables ante la falta de tierras y la exclusión. De ahí la urgencia de políticas públicas que fortalezcan a la agricultura campesina, garanticen una jubilación digna, faciliten la transferencia intergeneracional de tierras y reafirme la producción de alimentos como una responsabilidad pública y social, y no como una función subordinada a la lógica del mercado.

Una reforma agraria eficaz debe abordar estas amenazas interrelacionadas protegiendo la tenencia comunal, restaurando la justicia histórica, garantizando el acceso equitativo de las mujeres y los grupos marginados, fortaleciendo la gobernanza local y promoviendo la Soberanía Alimentaria y el control democrático sobre los territorios.

En este panorama mundial en constante evolución, la visión articulada por La Vía Campesina hace hincapié en la necesidad de una reforma agraria que no sea fragmentada ni tecnocrática, sino política e integral, que reconozca las diversas realidades que existen en todo el mundo y que ponga el control de la tierra, el agua y los territorios en manos de quienes los trabajan, los cuidan y los gestionan. Nuestra visión se basa en cuatro ejes que se refuerzan mutuamente: restitución, redistribución, reconocimiento y regulación (las 4 R).

Fuente: La Vía Campesina