Sed de justicia: democracia extractiva y modelo colonial
"A más extractivismo, menos democracia", es una consigna que desde hace años resuena en los territorios afectados por la explotación de la naturaleza. El desguace de la Ley de Glaciares es un ejemplo obsceno: entrega el agua de millones de personas a las multinacionales mineras. Un modelo colonial y violento, que arrasa vidas y llama a pensar otras respuestas
Por Darío Aranda
Allanamientos violentos. Cárcel durante semanas sin motivo alguno. Represiones. Censura en las escuelas y medios de comunicación. Jueces y fiscales adictos. Robo de tierras. Despojo de lo más vital para la vida: el agua. Es lo que sucede en las regiones con megaminería en Argentina. Dos casos emblemáticos: Andalgalá y Jáchal. No es casual que esos pueblos hayan acuñado un término que interpela: "Dictadura minera".
Para los desentendidos, "dictadura minera" o "ecocidio" pueden parecer exageración. Pero quienes viven en esas localidades afirman y dan pruebas cotidiana de que la democracia no llegó a los lugares donde hay megaminería. Las multinacionales —Barrick Gold, Glencore, Lundin Mining, Liex-Zijin, FMC Lithium y Yamana, entre otras— son más que patrones de estancia: dominan al poder político y judicial. Lucía Corpacci y Raúl Jalil en Catamarca; José Luis Gioja, Sergio Uñac, Marcelo Orrego, en San Juan, son claros ejemplos.
Los gobernadores dicen y hacen a pedir de las corporaciones mineras. Eso incluye, también, reprimir si es necesario. Y, claro, sacan su tajada: las migajas que derraman de la minería la utilizan para su clientelismo e intentar atornillarse en las casas de gobierno.
Argen-Potosí
Potosí (el Cerro Rico, en Bolivia) fue y es emblema del saqueo de cinco siglos, de la plata robada y destinada a enriquecer a Europa. Aún hoy es testimonio vivo del despojo. Andalgalá y Jáchal son herederas de Potosí.
Existen innumerables pruebas de que ningún pueblo con megaminería se desarrolló ni salió de la pobreza. Ninguno. Algún iluso/a bienintencionado señala a Chile y su cobre. No hace falta ser investigador de posgrado para dar cuenta de la desigualdad en el país vecino, la pobreza y las sequías que padecen.
Ignorancia no es no saber. Ignorancia es no querer aprender. Alcanza con visitar los pueblos afectados para confirmar la falacia del relato extractivo. Para quienes no puedan (o no quieran) llegarse hasta las zonas cordilleranas, el libro 15 mitos y realidades de la minería trasnacional en Argentina tiene más de una década de publicación. Desarma uno a uno los relatos extractivos.
Pero no suele tratarse de falta de información. Quienes impulsan la megaminería, sobre todo funcionarios de gobierno, tienen un accionar que responde a un horizonte de dos años, hasta la próxima elección. Entonces, la entrada de dólares de corto plazo (sin importar las consecuencias) les suma en sus intentos de permanecer en el gobierno.
En cambio, quienes rechazan la megaminería, y que la gran mayoría de las veces viven en los territorios afectados, piensan y actúan por el largo plazo, por sus hijos y nietos. Por el aire, la tierra y agua que quedará contaminada y hará (más) difícil la vida allí.
¿Qué democracia?
Diputados, senadores, gobernadores y el Presidente decidieron entregar el agua a multinacionales mineras y dejar de lado a la población. Aunque siete millones de personas dependen del agua de los glaciares, igual el poder político decidió que sea para el extractivismo. La "democracia" funcionando a pleno.
No se esperaba algo distinto. 137 diputados dieron la estocada final. Los mileístas, el PRO, mayoría de la UCR y peronistas de gobiernos promineros. El Frente de Izquierda y Unión por la Patria votaron en contra.
No importó la opinión de las 100.000 personas inscriptas para la audiencia pública (y que no les permitieron hablar), desoyeron las pruebas científicas, desestimaron la experiencia y saber histórico de las personas que ya padecen la minería. Nada importó. Porque no les importan los argumentos, las pruebas, ni los territorios ni las personas que allí viven.
Son públicos los casos de legisladores y gobernadores con negocios con las mineras. Algunos ejemplos: la senadora salteña Flavia Royón ( denunciada por negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y cohecho), y el diputado Nicolás Massot y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por ser parte de una empresa del sector minero (Ronaliem SRL).
No es solo una ley, es un sistema
Incendios recurrentes en Patagonia. Ciudades asfixiadas por la quema de humedales. Inundaciones que arrasan campos y regiones urbanas. Ocho millones de hectáreas desmontadas por el agronegocio. Alimentos con agrotóxicos. Epidemias de enfermedades, como el cáncer, en zonas fumigadas. Abortos espontáneos y niños con malformaciones. Niños fallecidos por fumigaciones. Hasta se detectó glifosato en el agua de lluvia. Y en la sangre de personas, tantos del campo como de ciudades.
No hacen falta más estudios, ni pruebas, ni denuncias. La violencia y las consecuencias del modelo está probada y a la vista de todos los que quieran ver.
A 50 años de la última dictadura cívico-militar —y con tres décadas de extractivismo como política de Estado— la violación del derecho humano al agua es un hecho gravísimo pero al mismo tiempo un botón de muestra para entender la época. La entrega de los glaciares a las mineras no se trata solo de un tema "ambiental" (asociado a lo conservacionista o a clases medias urbanas), sino que se trata de un derecho imprescindible para la vida de los pueblos.
Ahora se abrió la puerta a tres acciones judiciales. Una de la Asociación Americana de Juristas de Argentina y el Foro Ecologista de Paraná (una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y otra de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, que convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva y ya llevan más de 500.000 adherentes. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto —junto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos— presentó un amparo contra el desguace de la Ley de Glaciares.
Nadie sabe qué hará el Poder Judicial, que ha actuado como engranaje del poder de turno. Lo que es seguro es que las poblaciones locales —comunidades indígenas, asambleas socioambientales, organizaciones campesinas— seguirán en la defensa del territorio y en rechazo al modelo que arrasa territorios y vidas. Siguiendo la senda de Esquel, Loncopué, Famatina-Chilecito, Malvinas Argentinas y Las Coloradas, entre otros de una larga lista de pueblos dignos.
Y también es seguro que, a esta altura de una democracia tan corrompida y al servicio del capital, la solución de fondo no está en las próximas elecciones, en el voto al menos malo, en la delegación del hacer. No se trata de izquierdas o derechas, sino de los de arriba declarando la guerra a los de abajo.
Como dice la canción: "Si quieres cambio verdadero, pues camino distinto".
Fuente: agenciatierraviva.com.ar
