Sin soberanía. Fallo por Aerolíneas Argentinas: un nuevo ataque de los fondos buitre

Este martes, el Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, falló contra la Argentina en la causa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ordenando al país pagar una suma que, con intereses acumulados, ronda los 340 millones de dólares. La jueza desestimó la apelación por el Estado argentino e hizo lugar al reclamo de Titan Consortium para ejecutar la resolución del 2017 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La decisión deja abierta la posibilidad de que el fondo avance sobre bienes argentinos en el exterior para intentar cobrar la sentencia.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el fallo vuelve a mostrar cómo funciona una arquitectura jurídica internacional diseñada para garantizar los intereses de las grandes corporaciones y del capital financiero. La demanda contra la Argentina sólo fue posible por el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado en 1991 entre el gobierno de Carlos Menem y el Estado español, en pleno auge de las privatizaciones.

Ese tratado, como decenas de otros suscriptos durante los años noventa, habilitó a las empresas extranjeras a demandar al Estado argentino ante el CIADI, un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial creado para proteger las inversiones internacionales. En la práctica, estos acuerdos implican una renuncia parcial a la jurisdicción nacional, ya que las controversias dejan de resolverse en los tribunales argentinos para pasar a organismos internacionales que históricamente han fallado a favor de las multinacionales.

Ese mecanismo de sumisión se firmó sin fecha de vencimiento y los gobiernos que se sucedieron en las décadas siguientes mantuvieron intacta la vigencia del tratado y de toda la red de TBI firmada en el apogeo neoliberal. Incluso durante la expropiación concretada en 2008 bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se mantuvo la competencia de estos tribunales internacionales, dejando la puerta abierta para el chantaje judicial.

Argentina es, de hecho, uno de los países que más litigios enfrentó ante el CIADI. A lo largo de las últimas dos décadas acumuló decenas de demandas vinculadas principalmente a las privatizaciones de los años noventa y terminaron pagando millas de millones de dólares mediante acuerdos o laudos arbitrales. El caso Aerolíneas se suma así a una larga lista de condenas que muestran el carácter estructural de este mecanismo de subordinación.

De la privatización del menemismo al negocio de los fondos buitres

La historia de Aerolíneas Argentinas durante las últimas tres décadas sintetiza buena parte de ese proceso. En 1990, el gobierno de Menem privatizó la empresa entregándola primero a Iberia y luego al grupo español Marsans. La gestión privada estuvo marcada por el vaciamiento sistemático, la venta de activos estratégicos, el abandono de rutas, el fuerte endeudamiento y el deterioro progresivo del servicio.

Hacia 2008, bajo el control de los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata (ambos condenados posteriormente en España por fraude y delitos fiscales) la situación era crítica. La flota se encontraba parcialmente paralizada, no se pagaban los salarios, crecían las deudas y la continuidad misma de la compañía estaba comprometida. En ese contexto, los trabajadores desarrollaron distintas acciones de resistencia frente al vaciamiento y el deterioro de la empresa, mientras el Estado avanzaba finalmente con la expropiación para evitar el colapso del servicio aerocomercial.

Marsans inició una demanda ante el CIADI invocando el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991. Más tarde, los derechos sobre ese litigio fueron adquiridos por Burford Capital, uno de los mayores fondos internacionales especializados en financiar y comprar juicios con multas especulativas; el mismo que fue protagonista del juicio por la estatización parcial de YPF. Su negocio consiste en adquirir litigios por una fracción de su eventual valor para obtener luego enormes ganancias si logran cobrar las indemnizaciones.

Posteriormente, Burford transfirió los derechos del caso Aerolíneas a Titan Consortium, otro fondo que ahora busca ejecutar el fallo y quedarse con cientos de millones de dólares. Así, una empresa vaciada por sus propios dueños termina convirtiéndose años después en un nuevo negocio financiero para fondos especializados en especular con litigios internacionales.

El fallo y el proyecto privatizador de Milei

La sentencia conocida este martes no solo expresa las consecuencias de las privatizaciones impulsadas durante los años noventa. También muestra cómo el entramado jurídico construido en aquella etapa continúa vigente y sigue garantizando enormes negocios para las multinacionales y los fondos financieros.

En ese sentido, existe una clara continuidad entre aquel régimen de privatizaciones y la orientación que hoy impulsa el gobierno de Javier Milei. Mientras mantiene entre sus objetivos la privatización de Aerolíneas Argentinas y ataca permanentemente a los trabajadores aeronáuticos, el actual gobierno profundiza un modelo basado en ampliar las garantías para el capital privado, fortalecer los mecanismos de arbitraje internacional y consolidar nuevas cesiones de soberanía mediante instrumentos como el RIGI.

La propia historia de Aerolíneas demuestra hacia dónde conduce esa orientación. La privatización significó vaciamiento, pérdida de rutas estratégicas, deterioro del servicio y transferencia de recursos públicos para sostener negocios privados. Años después, el mismo andamiaje legal construido para favorecer esas inversiones termina habilitando nuevas condenas millonarias contra el país.

Mientras subsistan los Tratados Bilaterales de Inversión y la jurisdicción del CIADI, cualquier intento de recuperar empresas estratégicas o adoptar que afecten las medidas de ganancias de las grandes corporaciones seguirá expuesta al chantaje permanente de multinacionales y fondos especulativos.

Por eso, para defender el transporte aéreo como un pilar de la soberanía, resulta indispensable luchar por la anulación de los Tratados Bilaterales de Inversión, el desconocimiento de los fallos del CIADI y la ruptura con todos los mecanismos de subordinación al capital financiero internacional. Solo sobre esa base puede plantearse una Aerolíneas Argentinas completamente pública, bajo gestión democrática de sus trabajadores junto a comités de usuarios, al servicio de las necesidades sociales y no de la rentabilidad de los grandes grupos económicos.

Fuente: Bilaterals