Tucumán bajo el agua: una crisis anunciada

Distintas estimaciones indican que alrededor de 15.000 personas han sido evacuadas o autoevacuadas en toda la provincia, mientras que más de 1.000 permanecen alojadas en centros de evacuación, en su mayoría escuelas.

Según reportes del sistema provincial de emergencia, hay evacuados o personas trasladadas en diversas localidades, entre ellas La Madrid (el caso más crítico por el desborde del río Marapa), Aguilares, Juan Bautista Alberdi, Bella Vista, Graneros, Los Gómez, Santa Ana, Mancopa, Ingenio Leales, Santa Rosa de Leales, Esquina, Garmendia, Romera Pozo, Los Pereyra y sectores de San Miguel de Tucumán. En Banda del Río Salí hubo evacuaciones preventivas en barrios cercanos al río Salí.

En toda la provincia las clases fueron suspendidas desde el martes 10, con numerosos caminos rurales cortados y más de 30 escuelas con problemas de acceso. Si bien la emergencia se concentra principalmente en el sur de Tucumán, el fenómeno abarca al menos una docena de localidades y numerosos parajes rurales, dejando a miles de personas desplazadas.

Las Zonas más complicadas

Una de las zonas con mayores dificultades es La Madrid, en el departamento Simoca, localidad que tiene niveles de agua que alcanzan hasta 1,5 metros dentro de las viviendas. Más de 300 familias están refugiadas en zonas altas o se quedan sobre la Ruta 157, luego de haber tenido que abandonar sus casas.

En el sur y sudeste de la provincia, los departamentos Graneros, La Cocha, Leales y Alberdi presentan múltiples comunidades anegadas. En varios parajes rurales el auxilio debe prestarse por vía aérea o fluvial, mientras que algunas zonas cercanas a Taco Ralo y La Cocha quedaron incomunicadas por el aumento del caudal de los ríos.

La capital y el crecimiento urbano

En San Miguel de Tucumán el temporal provocó anegamientos en varios barrios, especialmente en las zonas bajas del sur y sudeste de la ciudad. Hubo calles completamente inundadas, ingreso de agua en viviendas, evacuaciones puntuales, rotura de veredas y cordones por la presión del agua y desagües pluviales saturados.

El crecimiento urbano desde la década de 1970 avanzó sobre zonas naturalmente inundables, redujo las áreas de absorción del suelo y multiplicó las superficies pavimentadas. De este modo, cuando llueve el agua ya no puede infiltrarse en la tierra, circula rápidamente por calles y superficies impermeables y termina acumulándose en los barrios más bajos. A esto se suma un sistema de drenaje pluvial insuficiente, con desagües antiguos y de escasa capacidad, lo que provoca anegamientos incluso ante lluvias que no siempre son extremas.

Este problema no se limita a la capital, sino que forma parte de una dinámica más amplia de urbanización y gestión del territorio que atraviesa a todo el Gran San Miguel de Tucumán y se expresa también en las recurrentes inundaciones de localidades cercanas al río Salí.

Una explicación que no puede reducirse a la lluvia

Las lluvias intensas son un factor real. En algunas zonas se registraron hasta 170 milímetros de lluvia en pocas horas, un volumen extraordinario para la región. Sin embargo, explicar lo ocurrido únicamente por la cantidad de agua resulta insuficiente. Distintos estudios ambientales señalan que estas situaciones son también el resultado de transformaciones territoriales acumuladas durante décadas.

En este contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo declaró que “sí, hay problemas; sí, llovió mucho; y sí, el Gobierno está atendiendo a los vecinos”, en referencia al operativo desplegado por la provincia para asistir a las zonas afectadas.

Sin duda, las precipitaciones registradas fueron muy intensas y provocaron un impacto inmediato sobre un territorio que evidentemente no cuenta con la infraestructura necesaria para absorber grandes volúmenes de agua en pocas horas. Sin embargo, limitar la explicación del problema únicamente a la intensidad de las lluvias desplaza del análisis otras causas más profundas.

En los últimos años distintos estudios advierten que el cambio climático está modificando los patrones de precipitación en muchas regiones, incluido el norte argentino, generando eventos más extremos y concentrados en períodos cortos de tiempo. Este fenómeno constituye un factor relevante que debe ser tenido en cuenta en cualquier política de planificación territorial. Pero al mismo tiempo, reducir el problema exclusivamente a la variabilidad climática invisibiliza procesos sociales, económicos y ambientales que también contribuyen a aumentar la vulnerabilidad frente a las inundaciones. Entre ellos se encuentran el crecimiento urbano sin planificación adecuada, la ocupación de zonas inundables, el deterioro o la insuficiencia de los sistemas de drenaje y la falta de obras hidráulicas sostenidas en el tiempo. A esto se suman cambios en el uso del suelo vinculados a modelos productivos intensivos, el agronegocio, desmontes y transformaciones del paisaje rural que alteran la capacidad natural del territorio para absorber y regular el agua.

En ese marco, las inundaciones que se repiten periódicamente en distintos puntos de la provincia no pueden ser entendidas solo como catástrofes naturales. Son también el resultado de procesos históricos de ocupación del territorio, de decisiones políticas y de modelos de desarrollo que han ido configurando condiciones de creciente vulnerabilidad para amplios sectores de la población.

La asistencia a las familias afectadas es indispensable y constituye una responsabilidad básica del Estado. Sin embargo, si la respuesta se limita únicamente a la gestión de la emergencia, el riesgo es que el problema continúe reproduciéndose como hasta ahora.

Un problema histórico

Las inundaciones no son nuevas en Tucumán. En el interior de la provincia la situación suele ser aún más grave que en la capital, ya que numerosas localidades han sufrido episodios repetidos durante décadas sin una política sostenida del Estado para resolver el problema.

Entre las localidades que han vivido inundaciones reiteradas se encuentran La Madrid, Juan Bautista Alberdi, Graneros, Arcadia y diversas zonas rurales de La Cocha. En muchos de estos lugares los episodios se repiten desde la década de 1990, provocando evacuaciones, pérdidas económicas y aislamiento de las comunidades.

Aunque Tucumán se encuentra en emergencia hídrica desde 2007, no se desarrolló una política sostenida de manejo de cuencas y obras públicas estructurales que permita prevenir estas situaciones. En numerosos casos las respuestas estatales se han limitado a medidas de emergencia, como asistencia social, evacuaciones o reparación de caminos, pero sin abordar las causas de fondo.

Un ejemplo es el proyecto del embalse Potrero de las Tablas, pensado para regular caudales y reducir inundaciones. Este proyecto fue anunciado y reformulado en distintas oportunidades desde mediados del siglo pasado, pero nunca llegó a concretarse. El resultado es que, cada vez que se produce un temporal, pueblos enteros quedan aislados y las familias pierden viviendas y pertenencias que muchas veces les llevó años conseguir (una heladera, una cocina, muebles básicos) y que, en medio de la actual crisis económica, resultan extremadamente difíciles de volver a reponer.

Frente a estas situaciones, la política estatal ha sido en gran medida un esquema de emergencia permanente. Después de cada inundación se despliega la emergencia, se organizan evacuaciones, se distribuyen colchones, alimentos o chapas y se anuncian obras que muchas veces quedan en promesas. Cuando el agua baja, el problema desaparece de la agenda pública hasta la próxima inundación.

Las comunidades más afectadas suelen ser barrios más pobres, trabajadores rurales y pequeños pueblos del interior, lugares con menor infraestructura y menor capacidad de presión política. Por esa razón el problema suele permanecer invisibilizado, salvo cuando el desastre alcanza dimensiones excepcionales.

Reducir la explicación de lo ocurrido a que “llovió mucho” resulta una explicación incompleta y políticamente cómoda. La crisis actual muestra que los desastres no son sólo producto del clima, sino también de décadas de transformación del territorio, degradación ambiental, obras inconclusas y abandono histórico de numerosos pueblos del interior. Sin cambios profundos en la forma de planificar el territorio y en el modelo de desarrollo que lo transforma, las inundaciones seguirán repitiéndose y afectando, como siempre, a las comunidades más vulnerables.

Fuente: Huella del Sur