Un ICE a la europea

El Parlamento Europeo ha dado un nuevo paso hacia el endurecimiento de la política migratoria de la UE al ratificar el nuevo Reglamento de Retorno para migrantes. A principios de este mes de marzo, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) aprobó la  posición negociadora de la Eurocámara sobre el texto, una norma que pretende reformar profundamente el sistema de expulsión de migrantes y refugiados, y que autoriza la creación de centros de deportación en terceros países fuera de la Unión Europea.

Básicamente, el objetivo del nuevo reglamento es deportar a más, hacerlo más rápido y, si es posible, que los migrantes no pisen suelo comunitario. Ya aprobada, la normativa busca acelerar los procedimientos burocráticos y facilitar acuerdos con terceros países que puedan albergar los centros de detención en los que los migrantes serán trasladados antes de su deportación definitiva. El texto también elimina la propuesta de establecer un mecanismo independiente de supervisión de derechos humanos para los centros de deportación situados fuera de la UE, algo que lleva años preocupando a las organizaciones humanitarias.

La Comisión lanzó la propuesta en marzo de 2025 –que ya recibió numerosas críticas por las violaciones de derechos humanos en que incurre–, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior  la avaló en diciembre de ese año, el pasado 8 de marzo el LIBE sacó adelante un texto aún más duro gracias a la alianza entre PPE, ECR (Conservadores y Reformistas), PfE (Patriotas por Europa) y ESN (Europa de las Naciones Soberanas), y finalmente, con los votos de los conservadores y la extrema derecha, ha sido aprobado por la Eurocámara este 26 de marzo.

Una extensión del Pacto de Migración y Asilo

Esta nueva propuesta fortalece los cimientos del Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024, donde Bruselas ya consolidó su giro drástico hacia el  endurecimiento de la política migratoria del bloque. El nuevo Reglamento de Retorno amplía notablemente las herramientas de los Estados miembros para ejecutar deportaciones.

Uno de los elementos más controvertidos, además de los centros de deportación en países fuera de la UE, es la introducción de sanciones para los migrantes que no cooperen con su expulsión –algo que queda totalmente a la interpretación de las autoridades–. El texto también prevé la posibilidad de imponer prohibiciones de entrada permanentes o de larga duración en la UE para quienes incumplan órdenes de expulsión o vuelvan a entrar en territorio europeo después de haber sido deportados.

Además, la reforma amplía la detención administrativa de personas migrantes –pasa de 18 a 30 meses prorrogables– mientras se preparan los trámites de expulsión o se coordinan acuerdos con países de destino, y prevé la imposición de medidas de libertad vigilada –pulseras electrónicas de geolocalización, obligación de presentarse en comisaría periódicamente, etc.– incluso para menores, algo que choca con el principio de no devolución, la Convención de Ginebra y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, tal y como han señalado Amnistía Internacional y la ONU.

Con la aprobación del nuevo reglamento “tememos que se normalicen e incentiven las prácticas violentas ya existentes en materia de control migratorio, como la vigilancia invasiva, la discriminación por motivos raciales y las redadas tanto en espacios públicos como privados”, comenta Gianluca Cesaro, portavoz de  PICUM, una red europea de organizaciones que trabaja por los derechos de los migrantes.

Reshad Jalali es responsable de Políticas del  Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), y cuenta que una de las principales preocupaciones de este organismo es que el concepto de centro de retorno “externaliza de facto las responsabilidades de la UE en materia de derechos fundamentales sin garantizar procesos judiciales adecuados” para las personas migrantes. En definitiva, explica, “estas medidas de externalización son intrínsecamente propensas a violaciones de los derechos fundamentales y al sufrimiento humano, independientemente de las salvaguardias, como lo ilustran modelos comparables de tramitación extraterritorial como el modelo australiano”.

En cualquier caso, esa externalización de la política migratoria europea no es algo nuevo, sino un proceso que comenzó en 2015, cuando la guerra en Siria provocó un aumento sin precedentes en el número de llegadas a través de las fronteras exteriores y de solicitudes de asilo, y que la UE ha ido externalizando poco a poco.

Cesaro describe las redadas que a lo largo de 2025 llevó a cabo Francia, con el despliegue de hasta 4.000 gendarmes en estaciones de tren y paradas de autobús para detener a migrantes indocumentados. En Bélgica, explica el portavoz de PICUM, “el Gobierno está estudiando una propuesta para permitir que la policía realice redadas en domicilios particulares en busca de personas indocumentadas. Lo que vemos ahora es la normalización de estas prácticas, y que el Reglamento de Retorno podría incentivar en toda la Unión”.

En la punta del iceberg están los centros de deportación extracomunitarios, con el modelo Meloni en Albania a la cabeza. Varios gobiernos de la UE han comenzado a explorar la posibilidad de financiar estos centros en terceros países para que los migrantes que vayan a ser deportados ni siquiera entren en territorio comunitario.

Una ley de inspiración trumpista

El nuevo Reglamento de Retorno no se entiende sin el actual contexto en el que la agenda política está profundamente marcada por los discursos de la extrema derecha, y tiene enormes paralelismos con el enforcement migratorio de Estados Unidos impuesto por Donald Trump y ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ambos enfoques son idénticos al enmarcar la migración desde el orden, la seguridad y el castigo, nunca desde la integración.

Aunque el sistema europeo se rige por normas jurídicas distintas, la lógica de la UE también tiende a priorizar las deportaciones, ampliar la capacidad de detención administrativa y facilitar la cooperación entre países miembros para realizar expulsiones masivas, tal y como sucede a nivel federal en Estados Unidos.

El ICE practica detenciones que duran meses, deportaciones mediante vuelos chárter, redadas en lugares de trabajo y espacios públicos. El Reglamento de Retorno europeo pretende emular esto con herramientas que permitan eludir procedimientos judiciales y litigios largos bajo el paraguas de la seguridad nacional.

La estrategia desde las posiciones conservadoras más extrema, pero también asumida por gran parte de los partidos socialdemócratas en todo el continente, es la de presentar la migración como un problema cuya solución pasa, sí o sí, por la dureza contra las personas migrantes. Reshad Jalali asegura que “Europa no se enfrenta a una crisis migratoria. Plantear la migración como una crisis constante corre el riesgo de distorsionar la realidad de este fenómeno, que es muy complejo, y refuerza narrativas que benefician a la extrema derecha”.

Mikel Araguás, de la  Federación SOS Racismo, dice que “el discurso de la deportación es una dicotomía fácil entre el nosotros, los blancos, el pueblo elegido, y los otros, las personas racializadas a las que se presenta como el enemigo”. Araguás incide en que esta es una visión simplista de una realidad muy compleja como son las migraciones, pero que cala muy bien en la opinión pública. “Hay mucho malestar entre las clases trabajadoras por el empobrecimiento que sufren, y se está utilizando a los migrantes como chivo expiatorio, como si ellos tuviesen la culpa de la situación económica o de las condiciones laborales”.

En la misma idea insiste Cesaro cuando explica que “la migración es una realidad de la experiencia humana. Lo que se denomina crisis migratoria es, en realidad, una crisis política en la que los líderes europeos prefieren estigmatizar a las personas que llegan a Europa y distraer a los ciudadanos de los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos, desde el cambio climático hasta el recorte de los sistemas de bienestar y el aumento de las desigualdades”.

Un reglamento ‘inhumano’ que viola derechos básicos

La oposición al nuevo Reglamento de Retorno se remonta a hace más de un año. Este pasado mes de febrero, más de 70 organizaciones pro derechos humanos y de las personas migrantes lanzaron  un comunicado conjunto exigiendo el rechazo a la norma antes de que se votase en el LIBE. Esta movilización se suma a la de  más de 200 entidades desde marzo de 2025, que, desde el arranque de la propuesta de la Comisión, denuncian el reglamento, que consideran “inhumano”, “traumático” y que viola derechos básicos.

Uno de los principales argumentos de ONG como Amnistía Internacional es que el texto permitirá violaciones del derecho de asilo y de protecciones básicas de los migrantes, especialmente si se implantan centros de deportación fuera del territorio de la UE sin suficientes contrapesos jurídicos. Las organizaciones humanitarias también alertan de que hay un alto riesgo de que estas instalaciones se conviertan de facto en cárceles donde los miles de migrantes –en la mayoría de los casos sin vínculos con el país receptor– quedarían en un limbo legal sin acceso efectivo a protección o recursos legales.

Algunos Estados miembros también han mostrado sus reservas, aunque se verían obligados a cumplir con el texto al aprobarse en el Parlamento Europeo. España ya rechazó en diciembre de 2025 las propuestas de retorno a “terceros países seguros”, y Francia y Portugal expresaron preocupaciones similares sobre esta externalización. Sin embargo, la movilización choca frontalmente con el auge de discursos racistas y xenófobos por parte de políticos electos que se amplifican en las redes sociales.

Araguás y Cesaro coinciden en que la respuesta a las migraciones es adoptar medidas que prioricen a las personas y promuevan los derechos humanos y la justicia social. “Una medida clave es la regularización, otorgar permisos de trabajo dignos y pleno acceso a los derechos laborales para todos los trabajadores”, afirma el portavoz de PICUM.

En SOS Racismo insisten en que “lo primero es apartar el ruido político y empezar a no creernos a los que dicen que tienen soluciones mágicas. A partir de ahí debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos y gestionar los flujos migratorios cumpliendo el derecho internacional, mejorar la situación de los países de tránsito y origen, y tratar a los migrantes como seres humanos, garantizando sus derechos”.

En la misma dirección se expresa Jalali al comentar que “las medidas de la UE, cada vez más coercitivas, no conducen a un control migratorio más eficaz o a mayores tasas de retorno […] Los sistemas de retorno eficaces se basan en el acceso a procedimientos justos y transparentes, y en garantizar un trato digno para los migrantes. Cuando las personas perciben el sistema como arbitrario o injusto, son menos propensas a cooperar, lo que las empuja aún más hacia situaciones de irregularidad documental”.

Fuente: www.ctxt.es