Varapalo para Berkeley: el Banco Mundial pone en pausa su batalla de 1.250 millones contra España
Primero deberá resolver si el Ciadi tiene competencia para analizar el caso. La guerra legal podría retrasarse un año.
Varapalo para la minera australiana Berkeley. La batalla judicial contra España por el proyecto de la mina de uranio de Salamanca queda suspendida hasta resolver primero si el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, tiene competencia para analizar el caso.
Así lo ha decidido el tribunal arbitral del Ciadi. La decisión supone un revés procesal para la minera australiana, ya que, aún dando luz verde al análisis del caso, los plazos habituales en este tipo de arbitrajes podrían retrasar en torno a un año la batalla que ha abierto contra España.
Pese al revés, Berkeley ha tratado de restablecer importancia al alcance de la decisión. En un remitido al mercado, la compañía sostiene que se trata de un paso procesal previsto y recuerda que el Estado español ya había solicitado que las cuestiones de jurisdicción se resolvieran antes de entrar en el fondo del litigio.
Las acciones del grupo cayeron este lunes cerca de un 4%. Desde el día 24, cuando el Ciadi publicó su resolución, los títulos de la minera caen cerca de un 10%.
El origen del conflicto se remonta al proyecto para explotar una mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), una de las mayores inversiones de este tipo planteadas en Europa en las últimas décadas. Aunque la empresa obtuvo distintos permisos autonómicos durante la tramitación del proyecto, la iniciativa fue acumulando una fuerte oposición social, política y ecologista por su posible impacto ambiental.
Las principales objeciones se centraban en la generación de residuos radiactivos, el riesgo de contaminación de acuíferos y del río Yeltes, la afección a espacios protegidos de la Red Natura 2000 y el impacto sobre especies de alto valor ecológico presentes en la zona. A ello se sumaban las dudas sobre la restauración ambiental de la explotación una vez finalizada su vida útil y los posibles efectos de la actividad minera sobre la ganadería y el turismo rural, dos de los principales motores económicos de la comarca.
El golpe definitivo llegó en 2021, cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe desfavorable para la autorización de la planta de concentrados de uranio necesaria para poner en marcha la explotación. Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica denegó la autorización y el Gobierno impulsó una reforma legal que, en la práctica, impide conceder nuevos permisos para la explotación de minerales radiactivos cuando no existe un interés estratégico debidamente justificado.
Berkeley sostiene que esas decisiones frustraron una inversión millonaria realizada durante más de una década y vulneraron las garantías de protección a la inversión recogidas en el Tratado de la Carta de la Energía. Por ese motivo presentó en junio de 2024 un arbitraje internacional contra España en el Ciadi, reclamando una indemnización que hoy asciende a 1.200 millones de dólares.
Si el tribunal concluye que sí tiene competencia, el arbitraje se reanudará y comenzará el análisis del fondo de la reclamación. Si, por el contrario, se aceptan las objeciones planteadas por España, el procedimiento podría cerrarse sin llegar a examinar si existe o no responsabilidad del Estado.
Mientras tanto, la decisión conocida esta semana deja en suspenso la batalla multimillonaria entre Berkeley y España y aleja, previsiblemente hasta 2027, una resolución sobre el fondo del caso.
Fuente: Bilaterals
