En 17 años de lucha y resistencia contra la minería las comunidades denuncian connivencia entre los intereses privados de la empresa y los funcionarios públicos del gobierno mendocino «conformándose entre ambos una suerte de unidad ejecutora del proyecto haciendo un sólo actor de presión». Asimismo, denuncian la represión, persecución judicial y la presión ejercida contra la población que levanta su voz en favor de la conservación del ambiente, el agua y las especies que allí habitan.
