David Núñez

"En la actualidad, las comunidades de pueblos originarios no tienen ninguna injerencia en la toma de decisiones que afectan el mar y las zonas costeras. En este contexto, la ley 20.249 abre una puerta para que las comunidades retomen al menos en parte el control de sus recursos, posicionándoles como actores legítimos en la administración del borde costero".