Elsa Cabrera y Juan Carlos Cárdenas

La captura corporativa del Estado chileno avanza sin freno: mientras las y los defensores ambientales enfrentan criminalización, violencia y abandono institucional, el poder empresarial se integra en las instancias que debieran proteger la naturaleza. A seis años del Acuerdo de Escazú, la impunidad de industrias como la salmonicultura y los grandes gremios agrupados en la CPC amenaza con vaciar de contenido las políticas ambientales, profundizando un modelo extractivista que pone en riesgo la vida, los territorios y los derechos humanos.

"Durante el último semestre del 2025, tres ballenas muertas han sido registradas en áreas protegidas del sur de Chile, adyacentes a centros industriales de engorda de salmones, asociado a un activo tráfico diario de aproximadamente 1.000 naves de carga vinculadas a esta industria exportadora. Los casos ocurrieron en el Seno Glacier (Reserva Nacional Kawésqar), región de Magallanes, y en el Parque Nacional Laguna San Rafael, región de Aysén, evidenciando que los impactos derivados de la expansión de la salmonicultura industrial en aquellas zonas, que teóricamente son resguardadas por el accionar estatal, no disminuyen en intensidad".